“Favorecer la disponibilidad de información fiable”: así se expresaban la Comisión y el Parlamento europeos en la revisión de la Directiva de derechos de autor y afines al justificar la necesidad de regular la relación entre productores de noticias y plataformas digitales, reconociendo a las «publicaciones de prensa» –electrónicas o en papel– los derechos de reproducción y comunicación de los que disfrutan artistas, intérpretes o productores. En estos días, el conflicto entre Facebook y el gobierno australiano ha vuelto a hacer emerger este tema en la agenda pública y, aunque la compañía anunció el 22 de febrero un nuevo acuerdo sobre el tema, el debate suscitado pone, nuevamente, el foco en un asunto fundamental: cómo garantizar que se siga produciendo información de calidad y que ésta circule libremente distribuyendo los beneficios que genera en las grandes plataformas digitales como Google, Facebook o Twitter. Australia y la Unión Europea –más particularmente, Francia– son los primeros territorios en los que se está resolviendo este conflicto.
En nuestro contexto, el antecedente clave hay que ubicarlo en la Directiva de Derechos de Autor y Derechos Afines aprobada por la Unión Europea en abril de 2019, completada el pasado diciembre por la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), propuestas por la Comisión Europea para conformar el nuevo marco de regulación europea para la economía de las más de 7.000 plataformas que operan en Europa en todos los mercados digitales. Este nuevo conjunto de normas europeas –que resultarán operativas en torno a 2022– comienza a reconducir el papel de las tradicionales «publicaciones de prensa» (el «antiguo» mercado de la información de actualidad) en las plataformas digitales (el ya poco «nuevo» mercado global de información), empezando por la adaptación de los derechos de autor y afines que tendrán que actualizarse en toda la Unión antes del 7 de julio de 2021. Siguiendo la Directiva europea 2019/790, el Parlamento francés modificó en julio de 2019, la ley de propiedad intelectual para garantizar que las plataformas digitales compartieran los ingresos generados por la difusión en ellas de noticias «de información política y general». A raíz de esa modificación legislativa, en abril de 2020, la autoridad francesa de la competencia consideró como posible abuso de posición dominante las prácticas de Google respecto a las noticias de los medios franceses, y solicitó a la compañía estadounidense que iniciara una negociación con los editores. Casi un año después, a finales de enero de 2021, la Alliance de la presse d’information générale (APIG) llegó a un acuerdo con Google para fijar las condiciones de retribución a los editores franceses. La agencia británica Reuters publicó, hace solo unos días, que ese acuerdo se había concretado en un pago de 76 millones de dólares por tres años a 121 medios franceses por usar el contenido informativo para su nuevo Google News Showcase, respetando la legislación francesa y europea. Esta respuesta de Google no es únicamente francesa, ni europea. La plataforma lleva varios meses trabajando en News Showcase y firmando acuerdos con medios de todo el mundo, hoy 500 en total según la compañía californiana. En Australia, News Showcase es accesible desde principios de febrero, y recoge noticias de más de 50 medios con los que se han realizado acuerdos, entre ellos The Australian, Guardian Australia, Nine Entertainment, Seven West Media, The Conversation Media Group y, especialmente, el gigante de la familia Murdoch, News Corp. Un camino similar ha emprendido Microsoft, que emitió el 22 de febrero un comunicado anunciando que ya trabaja en «una solución que garantice que los editores europeos de prensa sean retribuidos por el uso de sus contenidos», en línea con el sistema que está diseñando Australia.
Porque ha sido, precisamente, Australia uno de los países que ha acelerado este debate llevándolo a su Parlamento en diciembre de 2020 para «apoyar la sostenibilidad del sector informativo australiano, abordando los desequilibrios en el poder de negociación entre plataformas digitales y empresas de noticias de Australia». Aunque el texto está aún en su discusión parlamentaria –ahora en el Senado–, los dos meses de plazo que la norma fija para que haya acuerdo entre plataformas y medios antes de llegar al arbitraje fue contestado por Facebook, bloqueando la posibilidad de compartir publicaciones de medios radicados en Australia. Las conversaciones del gobierno de Scott Morrisson con Facebook, Google y Microsoft han calmado, al menos momentáneamente, las aguas.
En España, el ministerio que entonces dirigía José Ignacio Wert incluyó en la actualización de la Ley de Derechos de Autor de 2014 la compensación a las empresas informativas por la reproducción de sus contenidos en las plataformas digitales, pero lo hacía obligándolas a canalizar el pago a través de entidades de gestión de derechos –es decir, prohibiendo los acuerdos individuales–. Este principio, bautizado entonces como «canon AEDE» –las siglas entonces de la asociación de editores de diarios– hizo que Google decidiera cerrar su portal Google News, «debido a la legislación española», como aún explica la página que Google muestra al acceder desde España a su portal de noticias. Según Reuters, Google solo volverá a España cuando se reforme la legislación «si los grupos de noticias tienen derecho a firmar acuerdos individuales».
Solo Francia, la República Checa y Hungría han traspuesto, a día de hoy, la nueva Directiva de derechos de autor (el plazo termina el 7 de julio), por lo que el seguimiento de la situación en esos países –y en Australia– va a resultar clave para comprender cómo se transforma el ecosistema informativo y, como dice el texto australiano, los «desequilibrios de poder» entre medios y plataformas. Esta relación asimétrica entre medios y gigantes de las redes ha favorecido la circulación de informaciones en las redes procedentes de nuevos medios de toda índole, desde iniciativas periodísticas novedosas y valientes hasta estrategias desinformacionales disfrazadas de medios de comunicación. La transformación vertiginosa de nuestros usos comunicacionales ha dejado a los medios tradicionales en la peor situación económica de su historia, abocados durante años al «todo es gratis» impuesto por la lógica del Big Data, y al tiempo resignados a la sangría que derivaba la inversión publicitaria hacia las nuevas plataformas (en España, en 2019 la inversión publicitaria en el sector digital fue por primera vez líder con el 38,6% del mercado total). Ese desequilibrio de poder es una de las fuentes del orden desinformacional en el que circulan las noticias que nos llegan. Reforzar la producción profesional de noticias, garantizando la viabilidad económica de las empresas que las producen, es una pieza clave –aunque no sea la única– para combatir la desinformación.
