La Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, promovida por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, es el gesto histórico con el que culmina el proceso de reconciliación de España con sus sefardíes. Dicho proceso comenzó en 1900 cuando el senador Ángel Pulido inició un acercamiento hacia los sefardíes, fruto del cual el Gobierno autorizó la apertura de sinagogas en España. Prosiguió en 1910 con la fundación de la Alianza Hispano-Hebrea en Madrid y en 1920 con la constitución de la Casa Universal de los Sefardíes. Se sumó el Real Decreto de 20 de diciembre de 1924, marco jurídico que permitió durante la Segunda Guerra Mundial que algunos diplomáticos españoles ofrecieran protección consular a los sefardíes que habían obtenido la nacionalidad española al amparo de ese Decreto. En 1976, ya en plena transición, la Reina visitó la sinagoga de Madrid y en 1990 se concedió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia a las comunidades sefardíes por su fidelidad hacia Sefarad. Antes de la aprobación de esta ley, ya existían vías para que los sefardíes obtuvieran la nacionalidad española, pero tenían que residir en España como mínimo dos años y se veían obligados a renunciar a su anterior nacionalidad, algo que para los israelíes hacía que aquella opción fuese inexistente.
La ley fue concebida con las mejores intenciones. Buena muestra de ello es el bellísimo preámbulo que expone las razones que subyacen a la ley. El articulado resultante, en cambio, es fiel reflejo del miedo a la avalancha de solicitudes (se hablaba entonces en términos de millones) que se produjo en el período entre el anuncio de la ley y su redacción final. No obstante, creo no equivocarme al decir que es el único caso de aprobación por unanimidad con apoyo de todos los partidos políticos sin excepción. Por cierto, Portugal siguió los pasos de España, pero promulgó la Ley en una fecha anterior y con unos requisitos y un procedimiento mucho más sencillos. Da la impresión de que Portugal estaba dispuesta a recibir con los brazos abiertos a la avalancha de israelíes a los que veía como emprendedores que pudieran contribuir al crecimiento del país.
En Israel, las enormes expectativas que se crearon desde el momento en que se empezó a hablar de la Ley se vieron frustradas por unos requisitos y un procedimiento que los israelíes interpretaron como un mensaje contradictorio, opuesto a la intención de la ley. La prensa se cebó en críticas, que sumadas a la enorme desinformación producida durante el tiempo transcurrido hasta que se aprobó finalmente, así como la dificultad a la hora de interpretarla, llevaron a la mayor parte de los israelíes sefardíes, candidatos en potencia a españoles, a renunciar a intentarlo.
La Embajada de España en Israel ha desempeñado un papel fundamental a la hora de explicar la ley, empezando por una rueda de prensa cuando se aprobó, y siguiendo con diversas presentaciones de la ley en el Instituto Cervantes. Y hablando del Instituto Cervantes, dado que los exámenes de conocimiento del español DELE A2 y la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) son un requisito de la ley, la mejor manera de saber cuántos israelíes están en trámites para solicitar la nacionalidad es contabilizar cuántos se ha inscrito en dichos exámenes. Según el Instituto Cervantes, desde octubre de 2015, mes en que se aprobó la ley, se han inscrito en las pruebas unas 180 personas. Se estima que al finalizar el año sumarán en total unas 350 o 400 personas, un porcentaje ínfimo de los sefardíes en Israel.
Dos circunstancias me colocan en esta encrucijada burocrática. En primer lugar, tengo una estrecha vinculación con la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), a la que pertenece la Comunidad Judía de Madrid que ha sido la mía mientras he vivido en esa ciudad. La ley concede un peso especial a la FCJE como interlocutor del Estado español para las cuestiones relacionadas con el judaísmo. En segundo lugar, soy traductora jurada, la única residente en Israel.
Sólo ahora empiezan a llegar a los notarios españoles los primeros expedientes de solicitud procedentes de Israel. Esperemos que sean comprensivos con las especiales circunstancias de los solicitantes israelíes, unos solicitantes que tienen que soslayar obstáculos burocráticos difíciles de resolver porque a menudo necesitan documentos de países con los que Israel no tiene relaciones diplomáticas.
A los israelíes que se quejan por tener que aprender español y cultura española para pasar los exámenes (a pesar de haber seguido usando la lengua castellana durante cinco siglos fuera de España) les digo que lo miren desde el lado positivo: ganan una lengua hablada por casi 500 millones de personas, la segunda lengua más hablada del mundo. A fin de cuentas habrá en Israel una colonia de españoles que no han vivido nunca en España, pero que conocen la lengua y la realidad del país y que, sobre todo, sienten un especial cariño que les ha permitido mantener el recuerdo de Sefarad vivo en la lengua y las costumbres durante 500 años.
