Las protestas en Irán iniciadas en septiembre tras la muerte de Mahsa Amini tienen un vínculo fundamental con la defensa de los derechos de la mujer. Ahora bien, estas protestas destacan también porque han producido que se aplique un cambio, más bien una excepción, dentro del programa de sanciones de EEUU hacia Irán; algo disruptivo a la vez que inusual. Concretamente, el Departamento del Tesoro de EEUU ha lanzado una nueva licencia que flexibiliza el control a las exportaciones de productos tecnológicos desde empresas estadounidenses hacia Irán para dar servicios de Internet, apoyar las plataformas de redes sociales, permitir videoconferencias y servicios en la nube, y apoyar herramientas y software en contra de la censura.
Bloqueos de Internet y el efecto en la seguridad y los derechos
La razón: las autoridades gubernamentales han incrementado los cortes de tráfico de Internet dentro del país y ha aumentado el bloqueo de contenidos en redes sociales como Instagram y WhatsApp, dado que estos espacios se han utilizado para la movilización y para compartir imágenes y vídeos de las protestas. No es algo nuevo, pues ya durante las protestas iraníes de noviembre de 2019 por razones económicas hubo problemas para acceder a servicios como los pagos online.
Irán fue el tercer país del mundo en producir bloqueos de Internet apoyados por el gobierno durante 2021, de acuerdo con la organización AccessNow, por detrás de la India (106 bloqueos) y Myanmar (15). Irán realizó cinco. Las tendencias muestran que se realizan habitualmente en época electoral o en días de protestas.
Muchos de los países que realizan bloqueos de Internet no tienen una industria tecnológica propia fuerte. Sin embargo, algunos sí disponen de autoridades públicas que gestionan las certificaciones sobre la gobernanza de Internet, lo que les permite una mayor autogestión y centralización en la toma de decisiones para redirigir el tráfico de Internet, y les permite aplicar tecnologías de deep pocket inspection, que permiten monitorear, redirigir y alterar el tráfico de Internet. Es el caso del Proyecto de la Red Nacional de Información (National Information Network Project) en Irán.
Ante la tendencia de bloqueos de Internet y de redes sociales, durante las protestas iraníes ha crecido la búsqueda de plataformas alternativas. No se puede utilizar Telegram, ya que en 2018 fue bloqueado. Algunas empresas, por ejemplo de Canadá, han dado acceso a sus servicios de mensajería, lo que hizo que durante unas protestas en enero de 2018 el uso de esta aplicación aumentara de 3 millones a 10 millones en pocos días.
Otras herramientas tecnológicas se han utilizado en Irán por parte de organizaciones civiles a través de la financiación por parte de algunos programas gubernamentales de desarrollo de EEUU, como NERD (Near East Regional Democracy), un programa financiado por el Departamento de Estado para promover la democracia y los derechos humanos en Irán y que incluirá formaciones para activistas iraníes en materia de libertades en Internet, entre otros.
El papel de las sanciones a Irán y el caso tecnológico
Sin embargo, estas dos medidas –la búsqueda de plataformas alternativas proveídas por el sector privado y la financiación con programas de desarrollo– no son suficientes para dar respuesta a los derechos digitales.
La Administración Biden ha aplicado una licencia que da exenciones a las sanciones para exportar productos tecnológicos a Irán que permitan cubrir las necesidades del sector privado y de la sociedad civil. No es una licencia nueva, ya que en 2013 ya se lanzó una primera licencia dirigida en este sentido. No obstante, era una licencia que permitía sólo seis tipos de actividades (mensajería instantánea, chat y email; redes sociales; compartir fotografías y vídeos; navegación por la web; y blogging) y tenía como requisito que hubiera “necesidad de capacitar las comunicaciones”. Esta primera licencia fue criticada por aportar poca seguridad jurídica, lo cual redujo los incentivos a la exportación de tecnologías a Irán durante estos últimos años.
En 2022 la licencia actualizada ha ampliado el número de tipos de servicios que EEUU puede aportar a Irán, y no requiere que se justifique la “necesidad”. Además, para aquellas aplicaciones que “apoyen la libertad de Internet en Irán, incluyendo el desarrollo y apoyo de software anti-vigilancia por desarrolladores iraníes”, el Departamento del Tesoro anima a las empresas a solicitar licencias especiales que puedan expedirse con mayor rapidez. La excepción a las sanciones económicas hacia Irán se aplica sobre todo para software, y no tanto para hardware –lo que puede dificultar la exportación de productos físicos, como la oferta de Elon Musk de proveer servicios de Internet a través de los microsatélites de StarLink–.
Los efectos en la geopolítica global
Puede parecer que la excepción a las sanciones económicas hacia Irán es algo particular. Sin embargo, esta excepción demuestra el papel incremental que la tecnología está tomando a nivel geopolítico, tanto en sus implicaciones en la seguridad y la economía como en los derechos humanos.
El cambio dentro un programa de sanciones que parecía tan compacto y poco poroso a excepciones es casi inaudito. Es probable que esta medida forme parte de la estrategia del presidente Joe Biden para volver a un pacto sobre el programa nuclear que fue rechazado por Donald Trump en 2015, y que la actual Administración de EEUU quiere reavivar, junto con el trabajo que ya se está realizando desde el Servicio Europeo de Acción Exterior.
Por otro lado, el bloqueo de Internet no supone un vacío legal en la normativa internacional. Según el artículo 35 de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), una agencia de la ONU que también ha sido espacio de rivalidad durante este último año, los Estados parte tienen el derecho de “suspender los servicios de telecomunicaciones”, siempre y cuando el país lo notifique inmediatamente a otros Estados parte de la ITU así como a la Secretaría-General. En el caso actual de las protestas en Irán, no se ha informado a la ITU.
Finalmente, este caso despierta la necesidad de ampliar las acciones de la diplomacia tecnológica. En la UE, recientemente se ha finalizado una campaña de concienciación sobre el impacto de los bloqueos de Internet en los derechos humanos entre el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Plan de Acción de Derechos Humanos y Democracia 2020-2024 incluye más de 10 medidas sobre política tecnológica. Y las conclusiones del Consejo de la UE sobre diplomacia digital de julio de 2022 muestran el compromiso de garantizar la seguridad y los derechos en el ámbito de la tecnología a nivel global. Asimismo, el reciente nombramiento del primer embajador de la Oficina de Política Digital y Ciberespacio del Departamento de Estado de EEUU puede permitir una mayor tracción de actividades en este sentido, también basándose en la Declaración sobre el Futuro de Internet. El Grupo de Trabajo 6 del Consejo de Comercio y Tecnología entre la UE y EEUU sobre el uso irresponsable de la tecnología para la seguridad y los derechos humanos necesita acelerar su trabajo.
No es una tarea sencilla. Convertir las declaraciones y campañas en iniciativas diplomáticas, en construcción de coaliciones con terceros países para la toma de decisiones y la definición de la agenda política, y la cooperación en materia tecnológica es tan necesario como estratégico.
Imagen: Protestas en Stuttgart (Alemania) en apoyo a los derechos de las mujeres en Irán, tras la muerte de Masha Amini. Foto: Ideophagous (Wikimedia Commons).
