El pasado día 16 de febrero, el Real Instituto Elcano organizó un acto público sobre “La contribución de la energía solar fotovoltaica a la autonomía estratégica europea” junto a expertos y actores relevantes del sector privado. Se presenta a continuación un resumen de las principales aportaciones durante la jornada a modo de documento de conclusiones.[1]
Contexto
La invasión rusa de Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022 ha revalorizado el concepto de autonomía estratégica en la Unión Europea (UE), con una prominente dimensión energética y climática estrechamente ligada al Pacto Verde Europeo. En un contexto pospandémico, inflacionario, de desaceleración económica, de crisis energética y climática, las energías renovables han sido identificadas en la respuesta de la UE a la invasión rusa de Ucrania, el plan REPowerEU, como uno de los vectores para el desacoplamiento energético con respecto a Rusia a largo plazo.
La energía solar fotovoltaica está liderando este despliegue renovable en la UE alcanzando en 2022 la histórica cifra de 40GW instalados, con España en un destacado segundo lugar (con aproximadamente 7,5 GW incluyendo autoconsumo) por detrás de Alemania. Esta tendencia confirma un cambio de paradigma tecnológico en el que las energías renovables ya son más competitivas que sus alternativas fósiles en la producción de electricidad en gran parte de las localizaciones a nivel global. Esto abre una nueva etapa en el proceso de descarbonización en la que el recurso renovable ofrece sendas de reindustrialización, electrificación de la demanda energética y refuerzo de la autonomía estratégica.
En el caso de España, con una de las mejores tasas de irradiación solar de Europa (más de 3.000 horas al año), disponibilidad de terreno y una industria renovable muy consolidada, la contribución de la energía solar fotovoltaica a la transición energética es particularmente relevante.
Integración de la energía solar fotovoltaica: optimización, despliegue de redes y almacenamiento
Integrar la tecnología solar en el sistema energético nacional y europeo requiere un desarrollo acompasado de los sistemas de transporte eléctricos, un proceso de electrificación de la demanda y un despliegue medioambiental y socialmente respetuoso con el territorio. La integración de las renovables en el sistema eléctrico requiere optimizar el uso de la red de transporte a través de las tecnologías de digitalización y de información, además de un desarrollo paralelo de la red eléctrica que acompañe la instalación de nueva capacidad de generación. A nivel nacional, dicha optimización requiere planificar la red de transporte para permitir el desarrollo de proyectos en lugares con el mejor recurso solar, el menor impacto medioambiental y la mayor creación de riqueza posible. En este sentido, es necesario un diálogo fluido y continuo entre el gobierno, el operador del sistema, los agentes locales y los promotores de renovables, desde la fase de diseño del proyecto, para asegurar que la nueva inversión en la red y la disponibilidad de los nuevos puntos de conexión estén alineados con criterios de protección ambiental, cohesión territorial y eficiencia económica.
La construcción de nuevas interconexiones internacionales, particularmente el aumento de la capacidad de interconexión eléctrica con Francia a través del golfo de Vizcaya es otra herramienta para dotar al sistema eléctrico ibérico de mayor flexibilidad y respaldo en un contexto de creciente penetración de generación fotovoltaica, al tiempo que incrementa la resiliencia de todo el sistema eléctrico europeo. Sin embargo, incluso con el aumento interconexiones previsto, no llegaremos a cumplir con el objetivo de alcanzar al menos una ratio de capacidad transfronteriza del 15% establecida por la UE para 2030. El retraso en la ejecución de la interconexión hispanofrancesa por el golfo de Vizcaya muestra las dificultades para la integración de la península Ibérica en el sistema eléctrico europeo, incluso en un contexto de aumento de la solidaridad energética en la UE tras la invasión rusa de Ucrania. Revertir esta situación deber ser un asunto prioritario y de carácter estratégico.
La matriz de generación también debe adaptarse a una mayor penetración de la solar fotovoltaica, ofreciendo respaldo para los momentos de salida y puesta del sol por medio de tecnologías de generación eléctrica flexibles (hidroeléctrica, termosolar y ciclos combinados) y almacenamiento (bombeos hidráulicos y baterías). Estas tecnologías de respaldo necesitan una remuneración justa que incentiven su desarrollo y permitan cumplir con los objetivos climáticos.
El autoconsumo, una de las historias de éxito de 2022 al alcanzar 2,5GW de nueva potencia instalada (un crecimiento del 108% con respecto de 2021) ha expuesto los beneficios del desarrollo fotovoltaico para la competitividad de la economía y protección de los hogares españoles. En un contexto de aumento de precios de los combustibles fósiles, la energía fotovoltaica descentralizada permite acercar al ciudadano la transición energética, al tiempo que reduce las pérdidas en la red de baja tensión. Fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas se presenta como una de las herramientas para la protección del consumidor residencial, comercial e industrial ante la volatilidad de precios de los combustibles fósiles.
Electrificación, industrialización y nuevas dependencias
La electrificación de los consumos existentes, principalmente del transporte por medio de la electromovilidad y de la producción térmica mediante bombas de calor residenciales o industriales, es un paso necesario para trasladar los beneficios de la competitividad solar española al resto de los sectores económicos. La electrificación directa e indirecta (a través del hidrógeno renovable) ofrece una oportunidad de reindustrialización para España a partir de un suministro energético limpio y autóctono, que puede cumplir también una función vertebradora del territorio. A esta oportunidad industrial se une la necesidad de reforzar la seguridad de la cadena de valor de la tecnología fotovoltaica, concentrada principalmente en China y otros países del Sudeste Asiático. La dependencia de estas importaciones tecnológicas expone la transición energética a posibles tensiones en las cadenas de suministro o a la instrumentalización geopolítica por parte de China de las vulnerabilidades europeas. Urge repensar, en el marco de la nueva política industrial europea, el desarrollo de una cadena de valor solar fotovoltaica autóctona que sea compatible con los objetivos renovables. La respuesta que la UE ha decidido dar al Inflation Reduction Act (IRA) de EEUU, presentando el Green Deal Industrial Plan, representa para España una oportunidad para materializar las aspiraciones industriales bajas en carbono ya planteada en el plan español de recuperación, transformación y resiliencia. Estas estrategias no son ajenas a las condiciones macroeconómicas. Una transformación integral de la matriz energética e industrial necesita de financiación competitiva y una política monetaria que incorpore las necesidades de la transición energética en su toma de decisiones. Igualmente, aprovechando los fondos PERTE, podrían adoptarse deducciones temporales que incentiven la puesta en funcionamiento de proyectos de energías renovables.
Licencia social en un mundo hipocarbónico
Finalmente, el desarrollo solar en España debe contar con mecanismos que garanticen la creación de valor en el territorio de su implantación. Es necesario conjugar la planificación y la protección de espacios protegidos con unos trámites administrativos y permisos ambientales más ágiles. Sin un amplio apoyo de la población local a la implantación renovable, es decir, sin la licencia social para el despliegue de renovables, los nuevos proyectos corren el riesgo de sufrir retrasos y sus promotores problemas reputacionales. Todo ello en un contexto de objetivos de renovables crecientemente ambiciosos que se incluirán, previsiblemente, en la actualización de 2023 del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
La energía solar tiene la ventaja de generar un menor impacto ambiental que otras alternativas renovables, puede permitir la hibridación con otras actividades económicas agropecuarias (por ejemplo, la energía agrovoltaica) y contar con una menor complejidad en su mantenimiento, ofreciendo oportunidades para la creación de empleos de calidad a nivel local y mitigando los procesos de despoblación de ciertas regiones españolas. No obstante, para incentivar estas sinergias positivas en los territorios de implantación son necesarias garantías socioambientales que capaciten y formen a la población local para el aprovechamiento de las nuevas oportunidades económicas asociadas a la instalación de energías renovables. Para ello, se propone la institucionalización de iniciativas de innovación social para el phase-in de renovables. Así, se podrían diseñar “Convenios de Transición Socioambiental (CTS)” basándose en: 1) la experiencia de los Convenios de Transición Justa para el phase-out de instalaciones térmicas o nucleares, 2) las recomendaciones existentes, todo ello adaptando estos CTS a cada proyecto desde la fase de diseño.
Conclusión
La contribución de la energía solar fotovoltaica a la autonomía estratégica europea se articula en torno a la diversificación del suministro, la descarbonización, las oportunidades de reindustrialización y la cohesión territorial. Estas aportaciones de la energía solar fotovoltaica requieren de medidas regulatorias predecibles, estables y efectivas que otorguen seguridad a inversores, promotores y ciudadanos. En un momento en el que el despliegue de la energía solar es especialmente urgente, resulta necesario garantizar que se produce de forma sostenible social, económica y ambientalmente.
[1] Las conclusiones de la jornada no pueden ser atribuidas a ningún ponente en particular y su autoría es exclusiva del Real Instituto Elcano.
Imagen: Torres de alta tensión con líneas de energía eléctrica que transfieren energía de paneles solares fotovoltaicos sobre fondo con la bandera de Europa. Créditos: Chones y Bilanol.
