Cleptocracia era un término utilizado frecuentemente para definir a la dictadura somocista. Los recursos del estado nicaragüense parecían estar a su plena y entera disposición y, por ello, los utilizaban sin ningún límite ni control. La frontera entre lo público y lo privado (dada su particular forma de entender ambos conceptos) era muy tenue, casi imperceptible. La deriva del régimen de Daniel Ortega y sus allegados, lo que se puede denominar clan Ortega – Murillo, viene actuando desde hace años de la misma manera, a tal punto que no solo cabe aplicarle la idea de cleptocracia, sino también compararla con la dictadura precedente.
Lo más paradójico del caso fue que la Revolución Sandinista, con su mensaje de justicia, democracia e, incluso, de socialismo, fue la responsable directa del derrocamiento del último Anastasio Somoza. Para resaltar aún más esta paradoja vale la pena recordar que uno de sus principales líderes fue Daniel Ortega. Sin embargo, desde hace tiempo Sergio Ramírez, recientemente galardonado con el premio Cervantes, ha denunciado la traición a los principios democráticos y sandinistas que supuso la gestión de Ortega. En su obra Adios muchachos, publicada en 2007, da buena cuenta del origen del actual descalabro y de la gestación de los mecanismos que han conducido al lamentable estado de cosas vigente en nuestros días.
Ese mismo año de 2007 Ortega volvió al poder y se ha mantenido en él durante más de 11 años, reelecciones mediante. Sus tejemanejes políticos para adoptar una ley electoral que lo beneficiara claramente (con el 35% de los votos y cinco puntos de diferencia respecto al segundo más votado se evita acudir a una segunda vuelta) y sus alianzas contra natura, tanto con la Iglesia católica, gracias a la complicidad del cardenal Miguel Obando, como con la patronal fueron decisivos en su intento de consolidarse en el gobierno.
Ahora bien, todas esas maquinaciones hubieran sido insuficiente de no mediar el decidido apoyo político y económico de Hugo Chávez, incluyendo la financiación de campañas electorales. La incorporación de Nicaragua al ALBA y a Petrocaribe fueron pasos decisivos en ese camino que concluyó con abundantes muestras de brutal autoritarismo. La constitución de ALBA de Nicaragua (ALBANISA), una empresa mixta integrada en su día por PDVSA (51%) y su par nicaragüense Petronic (49%) fue un primer paso en esa dirección. De ese modo y gracias a la cooperación venezolana, cientos de millones de dólares llegaron a Nicaragua y facilitaron la implementación del proyecto danielo-sandinista. Por supuesto que una cantidad considerable de ese dinero fue directamente desviado a los bolsillos de Ortega y de los suyos.
La profunda crisis económica y humanitaria que golpea a Venezuela ha mermado considerablemente el monto de la ayuda que llegaba a Nicaragua. Y si en el pasado la mala gestión podía ocultarse al amparo de subsidios y otros mecanismos de cooptación de potenciales opositores, esto hoy ya no es posible. Ante la falta de recursos, el desgobierno del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) intentó resolverse con una reforma fallida que esquilmaba a los pensionistas, a los trabajadores y a los empresarios.
Ése fue el origen de los disturbios recientes, acabados de momento con al menos 63 muertos. La pregunta que muchos se hacen es si éste será el final de Ortega, de la misma manera que la insurrección sandinista liquidó a Somoza. Como apunta Mateo Jarquín Chamorro, nieto de Pedro Joaquín Chamorro, en un reciente artículo en The New York Times, de momento la respuesta es incierta, aunque es indudable que el futuro de Daniel Ortega y de Rosario Murillo ha dejado de ser lo brillantes que parecía. Caídos algunos árboles de la vida o chayopalos, esos engendros de chapa que intentan simbolizar el nuevo relato sandinista de amor y paz, es tiempo de repensar el futuro. Lo que parece inevitable ante lo ocurrido es que el modelo matrimonial kirchnerista, en el cual la primera dama sucede a su marido presidente al frente del gobierno, ya no podrá aplicarse en Nicaragua.
La respuesta a la pregunta anterior está en el aire y su desenlace dependerá de la correlación de fuerzas entre gobierno y oposición. De momento Ortega y Murillo controlan a la policía y al ejército, junto con los grupos de choque sandinistas. Del otro lado, la rebelión popular, con un fuerte componente estudiantil, requiere de un liderazgo hasta ahora inexistente. Es verdad que el empresariado y la Iglesia han dado la espalda al régimen, pero es hoy cuando se requiere que las estructuras políticas opositoras asuman su papel y den contenido a unas protestas que, caso contrario, pueden terminar esterilizadas, al igual que ocurrió en Venezuela en 2017.
