A punto de cumplirse tres semanas del “cierre parcial del gobierno” por la falta de un acuerdo sobre la financiación de un “muro” en la frontera con México, EEUU está a punto de vivir su shutdown más largo de la historia.
Es el segundo gran cierre parcial que vive el país en este siglo XXI después del que sufrió en 2013, bajo la presidencia de Barack Obama. Entonces, de fondo estaba el Obamacare y la batalla sobre los límites del endeudamiento del país. Tanto entonces como ahora el cierre trajo consigo una gran confusión que iba desde el debate sobre quiénes son los servidores públicos que realizan trabajos esenciales y quiénes son prescindibles, el grado de culpabilidad e intransigencia tanto de republicanos como de demócratas y, sobretodo, la puesta en evidencia de la disfunción política del país.
El cierre afecta directamente al departamento de agricultura, de comercio, de justicia, de homeland security, de interior, de estado, de transporte, del tesoro, y de urbanismo o, lo que es lo mismo, a alrededor de 800.000 empleados federales. Algo más de la mitad se quedan en casa; los otros se ven obligados a trabajar sin cobrar porque realizan “trabajos esenciales”. Es precisamente hoy, 11 de enero, cuando dichos servidores públicos dejarán de recibir de forma efectiva su nómina y por tanto a sentir de verdad sus efectos más directos.
Hasta ahora las consecuencias del cierre parcial han sido escasas y limitadas principalmente a Washington DC. Por un lado, porque las vacaciones navideñas tenían entretenidos a la mayoría de los estadounidenses y, por otro, porque alrededor del 75% del gobierno continúa abierto. Sin embargo, a medida que pasan los días crecen los testimonios de personas que no pueden pedir una hipoteca, de agricultores que se quedan sin los subsidios ahora que están en guerra comercial, y de posibles problemas de seguridad alimentaria. Desde la Reserva Federal advierten además del impacto en la economía de este parón gubernamental. Y la gran ironía es que a los 55.000 empleados del servicio de aduanas y protección de fronteras no se les va a pagar, precisamente a aquellos que lidian directamente con la lucha contra la inmigración irregular. ¿Hasta cuándo continuará el cierre sin consecuencias políticas?
Donald Trump se ha quejado de que pocos republicanos y miembros de su Administración han dado la cara por él y han defendido su decisión. De hecho, se van sumando republicanos que piden el fin del cierre y están dispuestos a votar junto con los demócratas para abrir de nuevo el gobierno.
Quizás esa falta de apoyos entre las filas republicanas, pero también de gran parte de la opinión pública, es uno de los motivos por los que Trump decidió comparecer desde el despacho oval en su primer discurso televisado desde la Casa Blanca. Sorprendió que un presidente nada convencional quisiera recurrir a un convencionalismo presidencial –el bully pulpit– para hacer un llamamiento emocional a los norteamericanos para que apoyaran la construcción de un muro o “barrera física”, término al que significativamente recurrió en su discurso: “¿cuánta sangre más hay que derramar?”, llegó a decir.
Sin embargo, Donald Trump no expuso ningún argumento nuevo. Recurrió a los mismos que desde hace dos años y medio viene repitiendo: hay que construir un muro para frenar una inmigración descontrolada que comete crímenes, trafica con drogas y entre los que hay terroristas. Según la versión oficial, esto ha creado una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur que, sin embargo, no está avalada por los datos: las drogas y los terroristas entran por los puertos legales de entrada del país (según el Departamento de Estado, ningún terrorista cruzó la frontera con México en 2017) y el flujo migratorio no está descontrolado, aunque hay un aumento de mujeres y niños entre ellos.
La versión no oficial de la decisión del cierre es que el presidente está mirando a las elecciones del 2020. La reelección comenzó en el momento en el que salieron los resultados de las elecciones de medio mandato del pasado noviembre, y de hecho la inmigración volvió a ser el tema central de su campaña como en 2016. Lo que le importa es su reelección más que el muro en sí, aunque sea de acero, como pide ahora.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
El proceso presupuestario de EEUU es complicado. Hay dos tipos de gastos federales: por un lado están aquellos que financian una serie de programas obligatorios (mandatory programs), entre los que se incluye el medicare, el medicaid y los seguros de desempleo. Se trata de programas con un piloto automático, es decir, con una autorización permanente para financiarse sin necesidad de una supervisión regular del Congreso a no ser que haya una modificación del propio programa. Por otro lado están los gastos discrecionales (discretionary spending), alrededor de un tercio de presupuesto total, en el que se incluye entre otros las inversión en infraestructuras, el servicio de parques nacionales, la ayuda internacional, o la defensa, y que requieren de una autorización para continuar teniendo fondos durante un periodo, normalmente un año.
Desde 2010 el Congreso de EEUU ha sido incapaz de hacer un programa de gasto total en relación al presupuesto discrecional, por lo que se limita a aprobar una serie de “continuing resolutions” (CR) que permiten seguir financiando el gobierno más o menos a los niveles del año anterior. Si no se aprueba un nuevo proyecto de ley de gastos o un CR, el gobierno cierra, aunque los servicios esenciales continúan.
En septiembre de 2018, el Congreso aprobó y el presidente firmó una serie fondos para construcciones militares, para el departamento de defensa, para educación, para energía, y veteranos. En diciembre, el Congreso, controlado aún en su totalidad por los republicanos, aprobó un CR para financiar el resto del gobierno (al menos hasta febrero) y el presidente no quiso firmarlo si no se incluía una partida para el muro. La línea más dura en temas migratorios dentro del Partido Republicano, entre los que se incluyen Jim Jordan y Mark Meadown, e incluso varios comentaristas conservadores presionaron lo suficiente a Trump para que tomara esta decisión en contra de una mayoría republicana. Le dijeron que si no lo hacía, no se aseguraría los votos de su base para el 2020. De hecho más de 70% de los votantes republicanos apoya algún tipo de una valla adicional en la frontera sur. Aunque para ganar en las próximas presidenciales lo que tiene que hacer el Partido Republicano es precisamente aumentar la base de votantes, pero con esta postura difícilmente enganchará a los independientes y a la población de los suburbios.
¿Qué puede pasar?
Tras el discurso a la nación, un mediático viaje a la frontera, y una posterior reunión con los demócratas que acabo de forma abrupta, Donald Trump ha amenazado con declarar una emergencia nacional en la frontera con México para así obtener fondos para el muro. Y puede hacerlo bajo la denominada National Emergencies Act, donde además no hay una definición de qué es una emergencia nacional, ni los requisitos o criterios especiales que se necesitan para declararla. Una vez hecho, el presidente adquiriría una serie de poderes especiales que le permitirían desviar dinero para el muro.
Sin embargo, en situación de emergencia nacional seguirían existiendo una serie de mecanismos de “checks and balances” para contrarrestar si fuera necesario el posible abuso de los nuevos poderes del presidente. No solo estaría la posible impugnación de los jueces, sino que bajo la misma ley, el Congreso puede dar por terminado un estado de emergencia con una votación en el Cámara Baja y el Senado. Y no sería la primera vez que los congresistas republicanos votaran en contra de su presidente.
Mientras tanto, la percepción de debilidad que transmite EEUU se suma al desconcierto tras las últimas decisiones tomadas en materia de política exterior, como el anuncio de Trump de retirar de forma casi inmediata las tropas de Siria y seguidamente boicoteado por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, de gira por Oriente Medio. Trump además ha anunciado que no irá al Foro Económico Mundial de Davos debido a la “intransigencia de los demócratas con la seguridad de las fronteras”. A todo ello hay que sumar un duro editorial del que fuera candidato a la presidencia de EEUU, Mitt Romney, criticando al actual líder republicano y quizás queriendo ocupar el lugar dejado por John McCain.
La clave está en el retrato que se hace fuera de EEUU sobre la relación entre el Congreso y el presidente estadounidense, y sobre un gobierno que no es capaz de proveer de fondos a su gobierno federal a tiempo. Es una imagen que transmite poca fiabilidad y poca predictibilidad, ambas cualidades imprescindibles para una gran potencia.
Pero hay motivos para la esperanza. Los demócratas piden separar el parón gubernamental de la seguridad de las fronteras y, por lo tanto, abrir el gobierno y negociar sobre lo último. No solo en el pasado ambos partidos acordaron la construcción de barreras físicas, sino que hoy en día hay muchas áreas en las que demócratas y republicanos están de acuerdo como en la necesidad de mejoras tecnológicas, de más personal, de más jueces, y de ayudas para la asistencia humanitaria. Por otro lado, Donald Trump es ideológicamente muy flexible o, dicho de otra manera, no tiene un techo ideológico, lo que deja la ventana abierta a un cambio de dirección. Aún así, hay poco optimismo sobre un final del cierre gubernamental a corto plazo.
