En el vasto panorama de la atención médica y el desarrollo farmacéutico, uno de los desafíos más apremiantes –y, paradójicamente, menos abordados– es el combate contra las enfermedades desatendidas. Estas dolencias afectan a 1.700 millones de personas en el mundo, pero a menudo se pasan por alto a la hora de desarrollar nuevos tratamientos debido a las complejidades socioeconómicas que las rodean. En este texto explicaremos por qué creemos que el sector público y el sector privado deben unirse en esta causa y cómo esta alianza puede marcar una diferencia.
Enfermedades desatendidas, poblaciones olvidadas
Las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) son un grupo heterogéneo de 20 enfermedades, prevalentes principalmente en áreas tropicales, que afectan a personas pertenecientes a comunidades vulnerables. Las causan diversos agentes patógenos, entre ellos virus, bacterias, parásitos, hongos y toxinas.
Aunque son prevenibles y tratables, suponen una pesada carga para las poblaciones más pobres en diferentes países. Afectan a más de 1.700 millones de personas en el mundo, incluidos más de 500 millones de niños, que a menudo no tienen acceso a diagnósticos adecuados ni a tratamientos efectivos. Esto perpetúa un ciclo de pobreza y sufrimiento que afecta no sólo a las personas enfermas, sino también a sus familias y a las comunidades en las que viven, y que impacta sobre la economía de estos lugares.
¿Por qué se definen como “desatendidas”? Por un motivo muy simple: porque apenas aparecen en los programas de salud mundiales. Incluso hoy, cuando el debate y la atención en materia de salud se centra en cómo lograr la cobertura universal, se destinan muy pocos recursos a este grupo de enfermedades, prácticamente ignoradas por las agencias de financiación global.
En la actualidad, la estrategia predominante para mejorar el acceso a los medicamentos para tratar las ETD son los programas de donación, pero su sostenibilidad es incierta y su alcance reducido.
El dilema económico
Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de tratamientos efectivos para las ETD es de naturaleza económica. Desde una perspectiva de mercado, el dilema es crítico: el bajo poder adquisitivo de las poblaciones afectadas limita los incentivos financieros para promover el desarrollo de nuevos medicamentos.
La investigación y desarrollo de nuevos medicamentos por parte de las empresas farmacéuticas requiere grandes inversiones. Estas son compensadas por leyes de protección de propiedad intelectual, ya que las patentes permiten sostener precios elevados durante períodos suficientemente largos de tiempo como para amortizar dichas inversiones. Dado que los pacientes de las enfermedades desatendidas carecen de la capacidad de pago necesaria para justificar la inversión, el mercado potencial es poco rentable, por lo que no atraen la atención de las empresas farmacéuticas. El resultado es que no hay medicamentos.
El papel fundamental del sector público
El Estado es crucial para afrontar este desafío. Los gobiernos tienen el deber de proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos. A través de agencias de salud pública y financiación a la investigación, pueden impulsar la innovación y el desarrollo de tratamientos accesibles para los sectores excluidos.
Un ejemplo notable de incentivos es el Vale de Revisión Prioritaria (Priority Review Voucher), una iniciativa que ha demostrado su eficacia para fomentar la investigación en ETD. Se trata de un programa desarrollado por el gobierno de Estados Unidos que otorga a las empresas farmacéuticas que aprueben un medicamento para tratar ETD un vale que acelera el proceso de revisión por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Este vale puede usarse para acelerar la revisión de un medicamento futuro de la empresa o puede también venderse a otras compañías farmacéuticas interesadas en acelerar la revisión de sus propios productos.
El mecanismo ha resultado muy valioso, ya que la venta de estos vales a otras compañías genera ingresos significativos a aquellas empresas farmacéuticas que desarrollan medicamentos para las ETD. Es interesante destacar que el sector público no invierte dinero; se limita a conceder un “privilegio” en los tiempos de revisión. De este modo, una innovación de política pública permite generar un efecto tangible en la mejora de la salud global.
Hay otros incentivos fiscales posibles que los Estados pueden implementar. Uno de ellos es la exclusividad de mercado: algunos países ofrecen períodos de exclusividad de su mercado interno durante un tiempo prolongado para medicamentos destinados a tratar ETD. Durante este período, la empresa que desarrolla el tratamiento tiene el derecho exclusivo de venderlo, lo que proporciona un incentivo financiero para la inversión en investigación y desarrollo. Este beneficio tiene limitaciones semejantes a las de las leyes de propiedad intelectual.
Otro incentivo son los proyectos de compra garantizada. Por este mecanismo, gobiernos y organizaciones se comprometen a adquirir ciertas cantidades del medicamento una vez que éste se encuentre disponible en el mercado. Los Estados fijan las condiciones de compra, precios, plazos de entrega, calidad, etc., de modo que no pierden su papel regulador. Esta garantía de compra les asegura a las empresas una demanda para sus productos, lo que puede ser un fuerte incentivo para la inversión en investigación.
También es importante la asistencia técnica y la facilitación del proceso de aprobación: simplificar y acelerar los procesos burocráticos puede ser un incentivo valioso para las empresas farmacéuticas. Por último, podemos mencionar los subsidios, premios y reconocimientos, que representan aportes menores, pero igualmente interesantes, así como algunos beneficios fiscales adicionales, publicidad positiva y reconocimiento público.
La cooperación público-privada
Los esfuerzos del Estado no son suficientes. La falta de una dirección armonizada y sostenida en el destino de los recursos públicos, el cortoplacismo de muchos gobiernos y la escasa disposición de capacidades industriales y tecnológicas de última generación hacen difícil que el Estado desarrolle estos productos. Por eso el mayor potencial de transformación pasa por la alianza con el sector privado.
Esta colaboración genera una serie de beneficios claros. Cuando el sector público contribuye con financiación a una asociación de este tipo, generalmente el sector privado suma también su aporte, incrementando los recursos disponibles, pero con la particularidad de que la participación de las empresas privadas, en general más flexibles, permite dar continuidad a los proyectos, garantizando que lleguen hasta la etapa final del desarrollo.
Al recibir fondos públicos para la investigación, las compañías privadas pueden minimizar sus pérdidas en caso de que un tratamiento no resulte rentable en el mercado comercial, haciendo más atractiva la participación en el desarrollo de este tipo de medicamentos que, como señalamos, muchas veces carecen de incentivos financieros. El sector público también disminuye el riesgo al invertir recursos en una asociación en la que una compañía farmacéutica se encuentra ya comprometiendo recursos económicos y profesionales.
Otra ventaja importante de este tipo de articulación es que las agencias públicas pueden proporcionar una valiosa orientación científica y el acceso a datos epidemiológicos, lo que permite crear un ecosistema de investigación robusto, que se fortalece si además se suman la academia y el mundo de la salud pública. Las compañías privadas disponen de capacidades tecnológico-productivas, experiencia regulatoria y cadenas de logística para el abastecimiento una vez aprobado un cierto tratamiento. El sector público generalmente no cuenta con la tecnología y la infraestructura de vanguardia necesarias, por lo que la alianza con el sector privado le permite acceder a laboratorios avanzados, tecnología de última generación y experiencia técnica especializada, lo que eleva significativamente la calidad de la investigación y la innovación.
Conclusión
Sin embargo, esto es sólo la definición de un modelo. Para cumplir con la expectativa, son muchos los requisitos necesarios. Es crucial contar con una agenda que marque las prioridades de asignación de recursos, evitando dispersiones. Es fundamental también una buena conformación de las asociaciones público-privadas, a partir de vínculos de confianza y espíritu de colaboración, ya que la gestión de estos consorcios no es sencilla. Y, finalmente, es indispensable que la articulación vaya desde la primera idea innovadora hasta llegar al paciente. Por largo que resulte el proceso, todos los interesados deben formar parte del proceso desde el primer momento.
Las asociaciones público-privadas trascienden las fronteras nacionales y fomentan la solidaridad internacional en la lucha contra las ETD. Al unir fuerzas, estas asociaciones permiten abordar problemas de escala global, promoviendo la equidad y la justicia en el acceso a la salud.
