No es una pregunta retórica o académica, sino que de la respuesta que le den los europeos en diciembre próximo depende que aumenten aún más las exportaciones del gigante asiático hacia una UE dividida al respecto, en la que aumentan las tendencias proteccionistas. Pekín considera que tiene derecho a acceder al Estatus de Economía de Mercado (EEM) en la Organización Mundial del Comercio (OMC) de forma automática. El llamado “frente antidumping” en la Unión no lo ve así, y esta vez coincide con EEUU, que recalca que China discrimina contra las empresas extranjeras y no respeta el derecho de propiedad intelectual, acusándola de estar a la cabeza del ciberespionaje industrial.
China ingresó en la OMC 15 años atrás, lo que no significa que se haya por ello convertido en una economía de mercado al uso, si bien ha avanzado, con un modelo propio que algunos califican de “capitalismo de Estado”. Países como Australia, Brasil y Suráfrica, entre otros, sí le han reconocido el EEM. La UE suele exigir el cumplimiento de cinco criterios para la concesión de tal condición: la asignación de recursos económicos por el mercado, la abolición del comercio de trueque, el gobierno corporativo, los derechos de propiedad y la apertura del sector financiero. En muchos aspectos, salvo el del trueque, China está aún lejos de cumplirlos, aunque todo es cuestión de grado (incluso si se aplican a las economías europeas).
Ante el temor a la avalancha de productos chinos a bajo precio, el Parlamento Europeo, en un raro gesto de cuasi unanimidad entre derecha e izquierda, votó en mayo que se le niegue a China dicho estatus. Esa es la posición que defienden con ahínco Francia, Alemania, Italia (cuyo primer ministro, Matteo Renzi, es de los pocos que ha expresado su opinión públicamente, probablemente porque varios sectores económicos estratégicos italianos sean de los más expuestos) y España, entre otros. También Eslovaquia, que asume en julio la Presidencia del Consejo comunitario y para la que es vital preservar su industria del acero. A la cabeza de los librecambistas y de otorgar a China el EEM está el Reino Unido, aunque su distracción con la cuestión del Brexit le ha hecho perder peso en el debate (y además tiene que defender puestos de trabajo en el sector del acero e industrial). La Comisión Europea, que es la institución que tiene la competencia en materia comercial en la UE, era más proclive a la tesis de China, pero, tras una serie de debates en su seno, su presidente, Jean-Claude Juncker, señaló en la reunión del G-7 en Japón que Europa no se podía quedar “indefensa” ante distorsiones del mercado.
Como explica un excelente informe para el Parlamento Europeo, actualmente, al ser China reconocida como país sin economía de mercado en su protocolo de adhesión a la OMC, se ven facilitados los procedimientos antidumping para determinar el valor normal del bien, pues se permiten otros métodos que el de los precios internos para calcular el margen de subvención.
Que China obtuviera el EMM dificultaría a la UE aplicar aranceles por dumping en los precios de los productos chinos, y otras medidas. La Unión tendría que retirar muchas de las medidas que tiene frente a China, con el temor a que invada el mercado europeo de productos más baratos que los suyos, gracias a subvenciones públicas encubiertas, o vendiendo a precios inferiores al coste de producción. De ahí las resistencias de muchos gobiernos y empresas europeas, algunas unidas en torno a AEGIS Europe, una alianza industrial.
En medio de este debate ha surgido la cuestión del acero. Francia y Alemania, que han presentado una posición común al respecto, quieren que la UE afile sus instrumentos para protegerse frente al dumping chino. Lo llaman una “modernización equilibrada” de la norma del derecho inferior, según la cual los aranceles o las medidas antidumping se calculan según el daño provocado. Sin embargo, no todos los miembros de la UE están de acuerdo al respecto. EEUU, por su parte, ha impuesto una subida de hasta 500% en los aranceles a la importación de algunos tipos de acero chino. Hay una sobreproducción general en medio de una desaceleración de la economía mundial, pero China también argumenta que se pueden ver afectados por estas restricciones a su acero varios millones de sus trabajadores.
La UE es el primer socio comercial de China, y ésta el segundo de la Unión, aunque lleva cuatro años negociando un acuerdo bilateral de inversiones. Los europeos, todos, temen que una clara negativa por su parte a concederle el ansiado estatus podría llevar a Pekín a tomar represalias ya sea en inversiones o en comercio, elevando aranceles a las importaciones de la UE o abriendo procedimientos por supuestos dumpings. En unos momentos de debilidad económica general, tal perspectiva preocupa aún más. China ha sido, además, el primer país extranjero que anunció su intención de aportar capital –entre 5.000 y 10.000 millones de euros– al Plan Juncker de inversiones. Por ello, para ganar tiempo, se está barajando en Bruselas una posibilidad intermedia muy clásica: la de solicitar a la OMC un informe que aclare la situación. Para acabar en un año o dos concediendo el EMM, con algunas excepciones. Pero China insiste en el automatismo. Y cuidado, pues si China no se siente cómoda en una organización internacional, monta otra, como lo ha demostrado con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras.
