Chile tiene por delante un importante desafío vinculado a la redacción y, eventual, aprobación de su nueva Constitución nacional. Después de las violentas manifestaciones de fines de 2019, se vislumbró la posibilidad de reconducir la conflictividad mediante la convocatoria de una Convención Constitucional. Su misión principal sería la redacción de un nuevo texto, con total legitimidad democrática y que permitiera enterrar la vieja Carta Magna, originada en tiempos de la dictadura de Pinochet, aunque varias veces reformada en democracia.
Fueron sin duda los votantes de izquierda, especialmente de aquella no integrada en la antigua Concertación, los que más se movilizaron frente a este proceso. Esto se pudo constatar no solo en el resultado del plebiscito que aprobó la necesidad de la reforma, como muy especialmente en la posterior elección de los constituyentes. En esta ocasión se produjo un doble fenómeno, que está condicionando claramente el resultado de una serie de hechos que concluirán con el resultado del llamado “plebiscito de salida”.
Por un lado, la emergencia de los candidatos “independientes”, al margen de la disciplina de los partidos tradicionales, especialmente importantes entre la izquierda más extrema y antisistema. A esto se sumaron los representantes de los llamados “pueblos originarios”. Del otro, la elevada abstención de la derecha, que le impidió conquistar al menos un tercio de la Convención, con lo cual hubieran podido ejercer una minoría de bloqueo y negociar en mejores condiciones el texto final.
De este modo, la asamblea constituyente se convirtió en un cuerpo bastante ingobernable, en el cual comenzaron a abrirse hueco posiciones contradictorias, muchas de ellas totalmente ajenas a la tradición política chilena. A día de hoy, las posibilidades de que el nuevo texto defina a Chile como un estado plurinacional, en la estela del modelo boliviano, que diluya la centralidad del Senado e incluso del Poder Judicial, o que cuestione elementos esenciales de la economía de mercado, no solo en lo relativo a la minería del cobre, son bastante elevadas. La Convención debe terminar su trabajo antes del 5 de julio. De mantenerse el calendario, el 4 de septiembre se debería convocar el plebiscito de salida, con voto obligatorio, para aprobar, o rechazar, la nueva Constitución.
La errática labor de la Constituyente y la creciente conflictividad surgida en su seno, con la aparición incluso de insultos y amenazas contra aquellos que en un momento u otro se apartan de la línea de lo “políticamente correcto”, impulsada básicamente por los “independientes” y los más próximos a la coalición gubernamental Apruebo Dignidad, han comenzado a complicar el desenlace del proceso. Hasta hace algunas semanas atrás se daba prácticamente por seguro que, con independencia de su contenido, la nueva Constitución sería aprobada. A tal punto que, solo tres días después de asumir la presidencia, el presidente Boric manifestó de forma contundente que “cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”. Hoy las encuestas comienzan a mostrar una mayoría cada vez más sólida del rechazo, lo que pondría al gobierno, pero también al conjunto de la clase política chilena, en serios problemas.
Descartada prácticamente la opción de que el nuevo texto pueda contar con un apoyo social mayoritario, se abren básicamente dos escenarios frente a una Constitución vista como problemática. La primera, que, como consecuencia de una importante movilización de la izquierda, ésta sea aprobada, aunque con el rechazo de los partidos de la derecha y de los principales actores económicos. En este caso, el mayor quebradero de cabeza para el gobierno Boric será su implementación, tarea para la cual debería contar con un Parlamento no dominado por el oficialismo. Habrá que ver incluso qué nuevas reglas de juego se imponen, reglas de juego que pueden implicar la convocatoria de nuevas elecciones, y, por tanto, condicionar el futuro tanto del gobierno como de los propios parlamentarios.
El segundo escenario sería el triunfo del No, resultado de una importante movilización de la derecha y del centro. En este caso, la diferencia de votos entre el Sí y el No será crucial para determinar las reacciones de los distintos actores políticos y sociales. Salvo que Boric decida tomar distancia de la campaña del Sí ante el plebiscito, después de constatar que se está ante un texto muy polémico y divisorio, el precio a pagar por su gobierno sería mayúsculo. Y aquí surgen nuevas dudas: ¿podrá mantener activas las dos coaliciones sobre las que se sostiene su administración? La primera es Apruebo Dignidad, confluencia del Frente Amplio y del Partido Comunista. La segunda, la que logró sumar a la anterior a algunas fuerzas de la anterior Concertación, comenzando por el Partido Socialista.
Otra duda importante es determinar la viabilidad de la Constitución todavía vigente y si se convoca o no una nueva Constituyente, o se encomienda a la actual la redacción de un nuevo texto. Dada la experiencia de los últimos meses, una salida continuista sería impensable. Por eso habrá que ver cómo se gestiona el fracaso de la experiencia constitucional, al igual que la totalidad de las expectativas frustradas.
Sea cual sea el resultado, las cosas no serán fáciles para Boric, que ya enfrenta un importante deterioro en los índices de confianza popular y un aumento de la polarización, todo lo cual afectaría incluso la confianza en el sistema político. En este contexto, la legitimidad de ejercicio se vería muy afectada, al igual que la gobernabilidad de Chile. La postura que el presidente adopte ante el resultado del Plebiscito, al igual que la de sus socios de gobierno, tendrá repercusiones importantes sobre el inmediato futuro político del país, e incluso sobre la continuidad en el poder del Frente Amplio, el partido del presidente, algo que de momento está en cuestión.
(Actualizado: 29/04/2022).
Imagen: Visita a la Cámara de Diputadas y Diputados del presidente electo Gabriel Boric. Foto: Diputadas y Diputados de Chile/ René Lescornez A. (CC BY-NC-ND 2.0).
