Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias –PASO como se las conoce coloquialmente– no sirven para elegir a ningún cargo ni autoridad, sino solo para seleccionar a los candidatos de las fuerzas políticas en liza que participarán en los siguientes comicios. Más allá de su papel ordenador de las diferencias internas de los partidos y coaliciones, que generalmente suelen ser dirimidas antes de confeccionar las listas electorales, lo cierto es que las PASO funcionan como un gran test, a escala 1:1, que permite medir eficazmente la temperatura política y social de la sociedad argentina.
Desde su implantación en 2009 siempre han sido un indicador avanzado de lo que sucedería un par de meses después. De ahí su importancia y de ahí la seriedad con la que deberían analizar sus resultados tanto las fuerzas políticas como los medios de comunicación y la opinión pública en general. En esta ocasión, los resultados fueron claramente adversos para los intereses del peronismo/kirchnerismo gobernante. Si bien el promedio de las encuestas conocidas permitía albergar la esperanza de un triunfo oficialista, aunque más ajustado de lo que se especulaba cuatro o cinco meses atrás, el desastre electoral fue de tal magnitud que “terremoto” o “tsunami” fueron de las palabras más repetidas para calificarlo.
En esta oportunidad se seleccionaban los candidatos para las elecciones parlamentarias de medio término, que deben celebrarse el próximo 14 de noviembre, y en las que se renovará un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Actualmente el oficialismo cuenta con mayoría propia en el Senado y es la primera minoría en Diputados. Con estos guarismos no tiene garantizada la gobernabilidad, aunque cuenta con un margen de maniobra bastante amplio. Sin embargo, aquellas normas que requieren de mayorías cualificadas son más difíciles de aprobar, al necesitar complejas negociaciones con la oposición, lo que no siempre es posible.
Después de estos resultados y ante la posibilidad de que se repitan (o agraven) en noviembre, una cuestión importante es ver la reacción de los distintos actores políticos y también de los principales agentes económicos. Entre los primeros hay que tener en cuenta lo que ocurre dentro del oficialismo y de la principal coalición opositora, aunque sin perder de vista a la izquierda y los nuevos liberales, así como a los partidos provinciales, que en ciertas circunscripciones (como Neuquén) siguen teniendo una implantación importante.
En el oficialismo tenemos en primer lugar el enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. El matrimonio de conveniencia tejido hace más de dos años atrás, y que permitió recuperar la Casa Rosada, no pasa por su mejor momento. Es más, lo que ha demostrado el fracaso de su gestión de la crisis económica y la mala administración de la pandemia es la disfuncionalidad del sistema de doble comando puesto en marcha, y la incapacidad de la vicepresidenta de aceptar un rol secundario en la administración del país.
Si antes de las PASO la presión del kirchnerismo para torcer el rumbo del gobierno ya era intensa, tras estos resultados está siendo aún mayor. Los trofeos mayores a cobrar son las cabezas de Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, y de Martín Guzmán, el ministro de Economía y responsable de la negociación con el FMI. Según los seguidores de Cristina Fernández y de su heredero Máximo Kirchner, ellos son dos de los principales responsables, aunque no los únicos, del rumbo errado que ha tomado Alberto Fernández y que, según su particular perspectiva, es lo que les ha arrebatado el triunfo.
En realidad, el problema de los desaguisados gubernamentales, que va más allá del aumento de la inflación, del mayor número de pobres, de la corrupción, de los escándalos vinculados a la vacunación VIP y a las fallidas estrategias de producción y adquisición de vacunas y, sobre todo del Olivosgate (la difusión de fotos de celebración del cumpleaños de la Primera Dama en pleno confinamiento en lo más duro de la primera ola de la pandemia) no es pura responsabilidad de Alberto Fernández, sino también de Cristina Fernández. Buena parte de las políticas implementadas, y de los responsables designados para gestionarlas responden a los lineamientos del kirchnerismo más duro.
Con todo, el problema va más allá y está afectando el proyecto unitario que creyó ser el Frente de Todos, donde convergieron kirchneristas y peronistas tras el proyecto invencible de “Cristina Vicepresidenta”. Al peronismo y, sobre todo a sus dirigentes provinciales y locales (gobernadores e intendentes –alcaldes–) la derrota les resulta muy difícil de digerir. De ahí que, si en noviembre el resultado de las PASO se repite, se profundizarán los ajustes de cuentas y el “justicialismo tradicional” comenzará a tomar distancia de los responsables del fracaso. Y uno de ellos, sin lugar a duda, es Cristina Fernández.
Es más, si la coalición Juntos por el Cambio (radicales y macristas) avanza tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, la vicepresidenta no solo perderá su principal bastión de poder (es la presidenta del Senado), sino que la misma gobernabilidad del país se verá afectada. Y en ese caso, especialmente en aquellos proyectos legislativos más controvertidos, habrá que negociar, algo difícil y complicado para quien, como el kirchnerismo, es poco propenso a hacerlo de forma sistemática. Simultáneamente se verán comprometidos los intentos del oficialismo de avanzar sobre la justicia, no solo para frenar los juicios contra Cristina Kirchner, sino también para reformar el gobierno de los jueces, bien a través de la composición del Consejo de la Magistratura, bien a través de la Corte Suprema y del funcionamiento de ambas instituciones.
Junto por el Cambio ha hecho lo más difícil hasta ahora, pero tiene grandes desafíos por delante. Lo primero fue revertir el recuerdo de la gestión de Mauricio Macri y su imagen muy deteriorada. Lo segundo, mantener la unidad de las distintas fuerzas opositoras y de las contradicciones surgidas entre algunos de sus dirigentes. La recompensa salta a la vista, aunque no basta con ganar las PASO. Tienen que repetir la jugada en noviembre, y sobre todo apuntar al premio gordo, la presidencia del país, en octubre de 2023.
Desde la perspectiva de los mercados, la reacción inicial fue la esperada. Alivio frente a la derrota del kirchnerismo, que se tradujo en el alza de las acciones argentinas en Wall Street, baja del dólar y del riesgo país. Son todas reacciones pensando en el medio plazo, pero la gran duda es lo que ocurrirá en las próximas semanas, especialmente con la intención del gobierno de revertir el resultado y ganar en noviembre. Lo más probable es que se mantenga el rumbo ya iniciado y que el endeudamiento, la emisión monetaria y el gasto público continúen su senda ascendente, complicando no solo el equilibrio macroeconómico, sino también un probable y más que necesario acuerdo con el FMI.
El resultado del domingo 12 es una clara expresión del “voto bronca”, o voto del cabreo o del enojo, contra los oficialismos latinoamericanos. Este fenómeno, si bien se venía manifestando desde algunos años atrás, ha cobrado renovadas fuerzas tras la irrupción de la pandemia. Por eso, los tres grandes retos frente a las elecciones de noviembre son: 1) ¿se mantendrá, y cuánto, el “voto bronca” ?; 2) ¿funcionará el voto útil?; ¿qué harán los votantes de las fuerzas menores y a quién apoyarán en noviembre?; y 3) ante la baja participación, ¿cómo votarán aquellos que no acudieron a las urnas en esta oportunidad? De la combinación de estos factores dependerá el resultado de unas elecciones cruciales para el futuro de Argentina.
