Las violencias que sufren las mujeres, tanto en el espacio público como privado, constituyen una de las violaciones de derechos humanos más generalizadas (una de cada tres mujeres en todo el mundo la experimenta en algún momento de su vida), y su incidencia se ha visto incrementada durante la pandemia. La tolerancia social sigue siendo, en términos globales, la norma. La cultura de la violación o normalización de la violencia sexual persiste en muchos contextos, y es una de las principales barreras para erradicar la violencia de género, la violencia sexual como arma de guerra, la trata de mujeres y niñas para fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil.
La violencia sexual ejercida contra las mujeres en el marco de conflictos no fue reconocida hasta el año 2000, con la aprobación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Varias Resoluciones posteriores reclamaron, reiterada y sucesivamente, el cese de la violencia sexual “generalizada y sistemática” contra las mujeres, utilizadas como arma de guerra por las partes en conflicto, convirtiéndose así en una preocupación de paz y seguridad internacionales.
En los últimos años, algunos países han liderado iniciativas para combatir la violencia sexual, como elemento diferenciador de su acción exterior.
En 2012, en colaboración con Naciones Unidas, el Reino Unido promovió la Iniciativa para prevenir y erradicar la violencia sexual en conflictos. Dos años después, acogió una cumbre mundial y lanzó el Protocolo Internacional sobre la documentación e investigación de la violencia sexual en conflicto, cuya segunda edición fue publicada en 2017, y que han utilizado la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas, policía y ONG para reunir pruebas y contribuir a fortalecer las investigaciones sobre estos crímenes. Hace unas semanas, la ministra de Asuntos Exteriores británica (y ministra para las Mujeres y la Igualdad) anunció que el Reino Unido impulsará un nuevo acuerdo mundial para condenar el uso de la violación y la violencia sexual como armas de guerra, y acogerá una cumbre mundial en 2022 para concitar los necesarios apoyos internacionales. La iniciativa se vincula con el compromiso de situar a las mujeres y las niñas en el centro de sus prioridades de política exterior. El gobierno británico destinará veinte millones de libras de nuevos fondos a combatir la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo y la cultura de la impunidad; y 18 millones de nuevos fondos para la erradicación del matrimonio infantil (a través del Fondo de Población de Naciones Unidas y UNICEF) en un total de 12 países africanos y asiáticos.
El debate sobre la prostitución y la explotación sexual, y sus impactos en el logro de la igualdad de género, son, sin embargo, objeto de disenso entre países, en sus políticas internas y su posicionamiento internacional, también en el seno de la Unión Europea. En 2014, el Parlamento Europeo aprobaba una Resolución que abordaba este tema, y en la que recordaba que la prostitución y la prostitución forzada están “intrínsicamente ligadas a la desigualdad de género en la sociedad, que tienen un efecto en la posición social de las mujeres y los hombres, así como en la percepción de las relaciones entre mujeres y hombres y en la sexualidad”; y que toda política relativa a la prostitución “repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a la comprensión de las cuestiones de género, y transmite mensajes y normas a la sociedad, incluidos los jóvenes”. El Informe de la ponente, Mary Honeyball, incluye datos sobre la vinculación entre prostitución y trata con fines de explotación sexual, así como sobre los impactos de los distintos modelos con los que se aborda el problema en la UE.
Más recientemente, el Parlamento Europeo reclamaba medidas más duras y castigos penales para los consumidores de prostitución con víctimas de trata en una Resolución sobre la aplicación de la Directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas. En dicha Resolución, subrayaba la necesidad de que los Estados miembros aborden la aceptación social de la violencia, así como las desigualdades y estereotipos estructurales de género como causas profundas de la trata.
Según el Informe global sobre la trata de personas de 2020 de la Oficina de Naciones Unidas sobre drogas y crimen organizado (UNDOC, en sus siglas en inglés), la trata sigue afectando principalmente a mujeres y niñas, que constituyen el 65% de las víctimas. La explotación sexual se mantiene como la principal finalidad de la explotación (50% de los casos identificados), y el 92% de las víctimas son mujeres y niñas.
En los últimos años, Suecia y Francia han venido liderando la lucha contra la prostitución en el ámbito internacional. Con legislaciones abolicionistas en sus respectivos países (Suecia fue pionera en 1999, y Francia aprobó la ley en 2016), en marzo de 2019 ambos ministros de Asuntos Exteriores publicaban un artículo conjunto bajo el título “Retomamos la lucha contra la prostitución”, en el que anunciaban el inicio de una ofensiva diplomática contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y una estrategia para combatir la trata de seres humanos y la prostitución en Europa y el mundo. Reiterando que el vínculo entre la prostitución y la trata de seres humanos “está bien documentado e investigado”, y posicionándose en contra de la legalización de la prostitución, ambos ministros afirmaban el rechazo de Francia y Suecia a “cualquier noción de la prostitución como forma de trabajo”, señalando que no aceptarían y que combatirían el uso del término “trabajo sexual”, así como su intención de animar a otros países a adoptar legislaciones en la línea de ambos países.
Mientras Alemania, Países Bajos o Austria han aprobado normas que legalizan la prostitución, asimilándola como una forma de trabajo, los países nórdicos (Suecia, Islandia, Noruega) han venido apostando por un modelo que considera que la prostitución no puede ser nunca segura o acercarse a la definición de Naciones Unidas de “trabajo decente”. Este modelo también opera en Francia e Irlanda (y en Irlanda del Norte).
Según una encuesta del CIS sobre percepción social de la violencia sexual (2017), mientras el 97% de los españoles considera inaceptable y siempre debe ser castigado por la ley obligar a una mujer a prostituirse, el 35% considera inaceptable y punible la prostitución, el 23% la considera inaceptable pero no punible, y el 28% la considera aceptable en determinadas circunstancias. España, que fue pionera en aprobar una legislación nacional para luchar contra la violencia de género (aprobando una Ley integral en 2004), podría iniciar el camino hacia un modelo abolicionista, una opción que ha sido planteada por el líder del principal partido de gobierno, y cuyos postulados compartiría el principal partido de la oposición. Esta apuesta seguiría la senda abierta por Suecia y Francia, dos de los países que han expresado su compromiso con una política exterior y una diplomacia feministas, y con la defensa y la promoción de la igualdad plena y efectiva entre hombres y mujeres. La violencia de género, que no cesa, recuerda cada día la brecha que aún existe para alcanzarla.
