(*) Publicado el 26/11/2015 en El País.
Las agendas electorales en España suelen pasar de puntillas por las cuestiones de Defensa, pero en las próximas elecciones generales del 20-D, los responsables de campaña tendrán que proponer algo, y distinto de lo habitual, sobre la política de Defensa. Existen varias razones. Primero, porque el próximo Gobierno se va a encontrar un problema de seguridad que no ha tenido ninguno en democracia. La acumulación de factores de riesgo al Sur: estados débiles, insurgencia, tráficos ilícitos, radicalización, migraciones o la proliferación de grupos yihadistas leales al autodenominado Estado Islámico (Daesh/ISIS) constituye una amenaza a los intereses vitales españoles, tal y como reconoce la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013. A lo del Sur, hay que añadir la preocupación por la situación en el Este de Europa y Oriente Medio.
El Gobierno tendrá que elaborar un plan contra el yihadismo que integre todos sus instrumentos, incluidos los militares. Para ello, y también por primera vez, el próximo Gobierno dispone de una Ley y de un Sistema de Seguridad Nacional que le permite al Presidente del Gobierno subordinar la política de Defensa a una de Seguridad Nacional. Si el Presidente lo desea, podrá definir el marco estratégico de la Defensa desde la Estrategia y el Consejo Nacional de Seguridad, en lugar de recurrir a las Directivas y al Consejo de Defensa Nacional como hasta ahora.
“En la próxima Legislatura se debería discutir menos sobre cuánto se invierte y más sobre cómo se invierte, lo que contribuiría a elevar la corresponsabilidad de los supervisores parlamentarios”
En la próxima Legislatura, el Gobierno tendrá que estabilizar el presupuesto de Defensa mediante un modelo de financiación plurianual que fije el objetivo final de gasto y flexibilice su disposición anual, porque la incertidumbre perjudica el planeamiento militar y el de su base industrial. Deberá mejorar la trasparencia presupuestaria evitando el recurso a los créditos extraordinarios, incluyendo en el presupuesto inicial un cálculo más riguroso de los créditos para operaciones y pagos de equipos que se realizarán durante todo el año. Para reforzar el control parlamentario, se debería facilitar el seguimiento del planeamiento por capacidades, para verificar las inversiones y avances que se realizan, así como el escrutinio de documentos hasta ahora reservados como el Objetivo de Capacidades Militares y los informes de Alistamiento de la Fuerza Conjunta. En la próxima Legislatura se debería discutir menos sobre cuánto se invierte y más sobre cómo se invierte, lo que contribuiría a elevar el conocimiento, corresponsabilidad y cultura estratégica de los supervisores parlamentarios.
Ya que los recursos son limitados, el Gobierno tendrá que establecer prioridades, primando la operatividad y el sostenimiento de la fuerza militar, penalizando los equipos y unidades de la estructura operativa que no se puedan operar o mantener y evitando criterios corporativos de reparto de recursos. Precisamente por la necesidad de adecuar la estructura de fuerzas a la disponibilidad presupuestaria y a las futuras necesidades operativas, habrá que modificar el sistema de planeamiento para alinear estrategias, capacidades y presupuestos. De esta forma, el planeamiento permitiría conocer qué niveles de seguridad y defensa se pueden atender y cuáles no en función del presupuesto disponible. Sólo sobre este planeamiento conjunto y sostenible sería posible individualizar la rendición de cuentas de los responsables políticos y militares de la Defensa. Y para impulsar la trasformación, habrá que consolidar el concepto de Fuerza Conjunta y reforzar el liderazgo del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, superando esquemas caducos en los que cada Ejército trata de mantener la autonomía en la concepción operativa.
“La industria de Defensa debe ser estratégica para todo el Gobierno porque contribuye a la economía real no sólo con empleos, exportación e impuestos sino con tecnología e innovación de uso civil y militar”
Finalmente, hay que integrar la industria de Defensa dentro de la política industrial y tecnológica nacional, restringiendo la excepcionalidad para aquellos aspectos que afecten de forma inequívoca a la Seguridad Nacional. La industria de Defensa no debe seguir siendo sólo estratégica para el Ministerio de Defensa, sino para todo el Gobierno porque contribuye a la economía real no sólo con empleos, exportación e impuestos sino con tecnología e innovación de uso civil y militar. Sindicatos y patronal coinciden en reclamar una Ley de Financiación plurianual que estabilice la inversión, en reforzar el control parlamentario de las propuestas y ejecución de los programas de armamento y, también, en que si no llegan pronto fondos nacionales y/o europeos de I+D, el sector industrial –y especialmente las PYME- perderá en muy pocos años el capital tecnológico actual y el tejido industrial dejará de ser competitivo.
Félix Arteaga
Investigador principal de Seguridad y Defensa, Real Instituto Elcano | @rielcano
