(*) Publicado el 15/7/2015 en Expansión.
Al final hubo acuerdo. Tras dos Eurogrupos interminables y un Consejo Europeo de 17 horas, se logró evitar la salida de Grecia del euro. Todavía quedan muchos obstáculos. El Parlamento griego tiene que aprobar hoy una larga lista de durísimas medidas sin las que el tercer rescate, de hasta 86.000 millones de euros, no podrá salir adelante. Es la condición que el resto de países del euro ha puesto a Grecia para recuperar la confianza en el Gobierno de Tsipras, que se consideró perdida por la convocatoria unilateral del referéndum hace dos semanas.
Si se supera este escollo, que podría romper la actual coalición de gobierno que lidera Syriza, e incluso forzar un Ejecutivo de unidad nacional que dé paso a nuevas elecciones en otoño, habrá que aprobar el rescate en otros parlamentos de la zona euro. Aquí el mayor obstáculo será Alemania. Seguramente la brutal dureza de las exigencias que Alemania y otros países acreedores mostraron en la negociación respondió, precisamente, a poder presentar a sus electorados a una Grecia rendida y humillada, que, no obstante, seguirá recibiendo ingentes cantidades de dinero de sus socios europeos.
Pero, además, como la negociación de los detalles del rescate durará al menos dos semanas, será necesario establecer una financiación puente para que Grecia pueda hacer frente a los 3.500 millones que tiene que abonar al BCE el 20 de julio, y sin los cuales el Banco Central se vería obligado a dejar caer al sistema bancario griego (en todo caso, aunque los bancos puedan volver a abrir, los controles de capital tendrán que mantenerse meses).
Por último, si todo sale según lo previsto, lo que se habrá conseguido será patear la pelota hacia adelante una vez más: en breve volverán las tensiones sobre la implementación de las reformas, la intensidad de los recortes y su impacto sobre el crecimiento, la magnitud de la (inevitable) reestructuración de la deuda o los vuelcos en el electorado griego, que verá como su voto en el referéndum no habrá servido para cambiar las políticas del Gobierno.
En todo caso, como nos hemos acercado más cerca que nunca al abismo del Grexit y parece que por el momento hemos conseguido evitarlo (e, incluso, se abre una ventana de oportunidad para que Grecia avance de verdad en la modernización de su economía), no está de más tomar un poco de perspectiva y ver qué hemos aprendido los europeos de este lamentable proceso.
El euro es más fuerte de lo que parece y, sobre todo, de lo que piensan los anglosajones. La mayoría de la prensa anglosajona, y en especial algunos de sus comentaristas más incisivos, se ha dedicado durante esta última semana a explicar por qué el Grexit era inevitable. Combinaba una seductora lógica económica (que era esencialmente correcta) con un cierto (e irresponsable) deleite por ver caer un proyecto en el que nunca creyeron. En la Europa continental, sin embargo, los análisis eran mucho más comedidos y mostraban una sincera preocupación que iba más allá de la reacción de los mercados. Ya saben lo que ha pasado al final. Conclusión: los anglosajones no entienden el euro, que es un proyecto político (no sólo económico) en el que hay invertido un capital político inestimable y que la mayoría de la ciudadanía sigue apoyando, desde Grecia hasta Finlandia.
Convendría evitar la visualización del choque de legitimidades. Este episodio ha demostrado que el ejercicio de la democracia en esta imperfecta unión monetaria sin una unión fiscal sólo puede llevarse a cabo mediante la reivindicación de la soberanía nacional, cuyo máximo exponente ha sido, por el momento, el referéndum griego. Pero esto nos lleva a un problema insalvable. En la zona euro hay 19 soberanías nacionales, que nunca coincidirán cuando haya dinero en juego y que, además, carecen de sentido porque dentro del euro la soberanía económica ya es compartida. Habría, por tanto, que evitar que se haga explícito el choque entre legitimidades nacionales expresado dentro del euro. No se trata de no preguntar a los electorados nacionales, sino de trabajar por construir una soberanía europea que pueda expresarse de forma democrática a través de instituciones supranacionales. Eso se llama unión política y, en contra de lo que suele decirse, el principal obstáculo para alcanzarla podría estar en las élites de algunos países –que no ven con buenos ojos la cesión de soberanía, ya que prefieren seguir utilizando en su propio interés político lo que queda del viejo nacionalismo– que sus ciudadanos, que en su mayoría están más que dispuestos a ello, sobre todo en países como España.
El BCE está en una posición imposible. Desde que comenzara la crisis, y no sólo en relación a Grecia, el BCE se ha visto obligado a tomar decisiones clave que han salvado el euro pero que van más allá de su mandato y para las que no tiene ninguna legitimidad democrática, lo que le coloca en una posición imposible. Afortunadamente, salvo en algunos episodios del oscuro periodo 2010-2012, ha estado a la altura en los momentos más críticos: su presidente, Mario Draghi, se sacó de la manga el “whatever it takes” en junio de 2012 que salvó a España y a Italia y, durante los últimos meses, ha optado por no cortar la línea de liquidez de emergencia a los bancos griegos cuando las negociaciones parecían rotas. Según el Bundesbank, ambas medidas son erróneas o ilegales, pero se han mantenido.
Además, según ha trascendido, en el Eurogrupo del pasado sábado Mario Draghi fue el único que se enfrentó al todopoderoso ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, recordándole que el Grexit pondría en peligro tanto la supervivencia del euro como el propio proyecto europeo, recibiendo como respuesta un sonoro “¡no soy estúpido!”. Que una institución técnica como el BCE tenga sobre sus hombros la responsabilidad de salvar periódicamente al euro sin tener un mandato político para hacerlo representa un fallo de diseño garrafal en la zona euro, tal vez el más grave.
Los bancos centrales se inventaron para ser prestamistas de última instancia de los bancos comerciales con problemas de liquidez y, como demuestra la actuación de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco de Inglaterra o del Banco de Japón durante la crisis financiera, ejercen también como prestamistas de último recurso para los estados ante ataques especulativos. Pero el BCE no puede ejercer estas funciones con normalidad. Es cierto que no podrá hacerlo mientras no se avance en la unión política, porque estaría haciendo política fiscal y no monetaria, pero eso sólo quiere decir que hay que dar pasos urgentes para avanzar hacia la unión política europea.
Federico Steinberg
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid | @Steinbergf
