(*) Publicado el 15/4/2015 en Planeta Futuro (ElPaís.com).
A falta sólo de su aprobación formal en la Asamblea de la ONU en el próximo mes de septiembre, la comunidad internacional ya ha definido los objetivos de la agenda global de desarrollo para los próximos años: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos incluyen la erradicación de la pobreza en todas sus formas y lugares, la mitigación del cambio climático o la generalización del empleo digno.
En paralelo, en el proceso que llevará a la cumbre de Addis Abeba el próximo junio se trata de dilucidar quien y cómo pagar la factura de los ODS. Tras las propuestas de esta cumbre de financiación global del desarrollo llegarán (o no) las decisiones finales que dependerán de cada pagador. No obstante, algunas ideas ya están calando en los países con mayor capacidad de pago y mayor influencia en el conjunto del sistema financiero.
Una de estas ideas consiste en reforzar el control, la persecución y mitigación de los flujos financieros ilícitos. Según las estimaciones de Global Financial Integrity, sólo en 2013 salieron de forma ilícita de los países en desarrollo fondos por importe de 947 mil millones de dólares, lo cual vendría a suponer que por cada dólar de ayuda al desarrollo que entra en estos países, salen 10 de forma clandestina o fraudulenta. Por otra parte, rastrear más exhaustivamente estas transacciones puede servir para detectar y combatir actividades cuyos daños no se pueden cuantificar en dólares, como por ejemplo, el tráfico de drogas o de personas, la corrupción de políticos y funcionarios, o el fraude fiscal.
Dado que el dinero ilícito se mueve aprovechando los escondites del sistema financiero (los cuales no sólo se encuentran en pequeñas islas paradisíacas), este capítulo de la agenda de financiación del desarrollo consiste, fundamentalmente, en la elevación de los niveles de transparencia en los sistemas financieros nacionales y en el incremento y mejora de los intercambios de información entre países. Con este enfoque, el Centro para el Desarrollo Global, incluye desde 2013 un nuevo subcomponente de transparencia financiera en el Índice de Compromiso para el Desarrollo que, de forma general, mide anualmente los esfuerzos de los países ricos en contribuir al desarrollo de países más pobres a través de diversas ayudas (comercio, seguridad, inversión, tecnología, inmigración, medio ambiente y ayuda).
El compromiso de España también ha sido medido con este índice, y (quizás sorprendentemente) arroja una puntuación muy superior a la de la mayoría de sus socios europeos. Nuestros colegas belgas y holandeses, con los que analizamos estos resultados en un seminario celebrado recientemente en Bruselas, también debían de estar muy sorprendidos a juzgar por los esfuerzos con los que revisaban la metodología del índice y por la heterogeneidad de las anécdotas que contraponían a una puntuación que resulta de la síntesis de nada menos que 17 sofisticados indicadores elaborados por una entidad especializada en la materia como Tax Justice Network.
Lo cierto es que España obtiene en este ámbito una puntuación similar a la de países nórdicos como Finlandia, Dinamarca o Suecia, y esto no suele pasar cuando se analizan políticas con enfoque de desarrollo. También es cierto que hay otros indicadores relacionados con la transparencia, como el Índice de Percepción de la Corrupción, que dejan a España en una posición muchísimo peor, pero es igualmente cierto es que el anterior índice es coherente con otras valoraciones, como por ejemplo la que contiene el reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), vinculado a la OCDE, contra el blanqueo de capitales.
Esta aparente contradicción puede explicarse con varias causas que nada tienen que ver con los métodos de medición. En primer lugar, la transparencia financiera simplemente mejora las posibilidades de perseguir delitos de distinto tipo y, aunque a largo plazo pueda reducir la exposición de un país a dichos delitos, no los puede evitar de forma total e inmediata. En segundo lugar, las autoridades españolas han podido encontrar históricamente otras razones distintas del desarrollo para mejorar sus capacidades de detección de transacciones financieras irregulares. A nadie se le escapan las implicaciones que este asunto puede tener para la seguridad o la fiscalidad nacional. En tercer lugar, la agenda de transparencia financiera se ha materializado en una serie de recomendaciones de un organismo internacional como GAFI. España no suele ser un gran líder en este tipo de iniciativas pero sí un buen seguidor.
Hechas estas salvedades y volviendo al inicio del artículo, lo importante es que España se encuentra en una posición de partida favorable para cumplir los compromisos que, en coherencia con los ODS y las ideas preliminares sobre su financiación, deberían ser adoptados por el conjunto de la comunidad internacional en la próxima cumbre de Addis Abeba. Sabiendo que para conducir las buenas ideas a través de cumbres internacionales hasta las políticas públicas de cada país hace falta liderazgo, proponemos que España en esta ocasión no se limite a ser un seguidor sino que aspire a ser un buen líder.
Aitor Pérez (@aitor_ecoper) es investigador asociado del Real Instituto Elcano, e Iliana Olivié (@iolivie) es investigadora principal de Cooperación Internacional y Desarrollo del Real Instituto Elcano y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Ambos son autores del documento Illicit Financial Flows: Policy Responses in Europe and Implications for Developing Countries.
