(*) Publicado el 30/7/2014 en Expansion.com.
Desde su creación en 1999, el diseño institucional del euro ha estado desequilibrado. Cuenta con un Banco Central poderoso e independiente y, sin embargo, no cuenta con un contrapeso político a la política monetaria única. Esto supone que no hay nadie sentado al otro lado de la mesa del BCE para articular una posición fiscal común a nivel de la zona euro, de coordinar la política económica del conjunto de los países que forman parte de la unión monetaria o de debatir sobre el nivel más adecuado del tipo de cambio del euro. Este diseño respondió a la visión alemana de cómo debía funcionar la moneda única: con un Banco Central sin intromisiones políticas (a imagen y semejanza del Bundesbank), una gobernanza fiscal bastante tecnificada basada en reglas (el Pacto de Estabilidad y Crecimiento) y sin coordinación de las políticas económicas.
Sin embargo, habida cuenta de la altísima interdependencia económica entre los países del euro y de las externalidades que las políticas económicas de unos estados miembros tienen sobre otros, desde un principio se hizo evidente la necesidad de coordinar (aunque fuera de forma débil) las políticas económicas de los miembros del club. Así nació el Eurogrupo. Primero como reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro y, desde 2004, con mayor nivel de formalidad gracias a la existencia de un Presidente permanente. En 2009 el Tratado de Lisboa, en su protocolo 14, terminó de perfilar su papel, al establecer que para facilitar un mayor crecimiento económico en la Unión Europea se debía “establecer una coordinación cada vez más estrecha de las políticas económicas en la zona del euro” a través del Eurogrupo.
Desde 2010, con la crisis económica, el Eurogrupo se ha convertido en uno de los principales centros de poder en la Unión. Por una parte es el lugar donde se pone en marcha la coordinación de la política económica a través de las nuevas reglas de las que se ha dotado la Unión (Six Pack, Two Pack o Pacto Fiscal, entre otras). Por otra, es donde se deciden los programas de rescate a países en problemas, así como los planes presupuestarios y de reformas estructurales que los países tienen que remitir a Bruselas de forma periódica. Esto supone que ha ido ganando peso político, aunque algunos países, sobre todo Francia, siguen afirmando que debería tener aún más atribuciones y, en particular, poder intervenir de alguna forma en las decisiones de política monetaria, algo a lo que tanto el BCE como el gobierno alemán siempre se han negado.
Dado que es previsible que durante los próximos años el nivel de integración de los países de la zona euro vaya a más, el papel del Presidente del Eurogrupo no hará más que aumentar. Además de continuar tomando decisiones sobre la aplicación de las nuevas reglas fiscales, es probable que tenga cada vez más atribuciones relacionadas con la unión bancaria, con la unión fiscal y con el papel internacional del Euro. Tal y como sugería recientemente un informe del Real Instituto Elcano y Chatham House titulado “How to Fix the euro”, para sobrevivir, la zona euro necesita crear un presupuesto común con capacidad de financiarse con impuestos europeos y emisión de deuda común, y gastar esos fondos en políticas comunes que reduzcan a las disparidades económicas entre los distintos estados miembros, caminando así hacia una auténtica unión fiscal. Todas estas nuevas funciones deberían ser coordinadas por un Ministro de Economía de la zona euro, que no sería otro que el Presidente permanente del Eurogrupo.
Federico Steinberg es investigador principal de Economía Internacional del Real Instituto Elcano y profesor de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid | @Steinbergf
