(*) Publicado el 19/3/2013. Expansión.
El sábado 16 de marzo los países de la zona euro cruzaron otra línea roja que ellos mismos se habían autoimpuesto al principio de la crisis: aplicar pérdidas a los depositantes para abaratar la factura de un rescate demasiado elevado para el tamaño de la economía chipriota. Si se hubieran cubierto, se habría puesto su deuda pública en una senda insostenible, lo cual muy probablemente habría obligado a reestructurar la deuda soberana chipriota pasados un par de años, como se hizo con Grecia. Así, el rescate de Chipre, que ascendía a unos 17.000 millones de euros (una minucia en comparación con los volúmenes de los demsás países que han recibido ayuda), en vez de ser sufragado íntegramente por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y por el FMI, contará con 10.000 millones de estas instituciones y con una participación de los depositantes en los bancos chipriotas de cerca de 6.000 millones. Los depósitos de menos de 100.000 euros, que teóricamente estaban asegurados, sufrirán un impuesto único o de una sola vez (es decir, una quita, si se quiere utilizar un término suave o una confiscación, si se quiere utilizar uno más fuerte) del 6,75%. Los de más de 100.000, que no estaban asegurados, de un 9,9%.
La prensa internacional se ha apresurado a sentenciar que esta decisión es otro gran error de la zona euro en la resolución de la crisis. Se argumenta que cruzar la línea roja de hacer participar a los depositantes asegurados en el rescate podría generar pánicos bancarios en el conjunto de la zona euro. Además, se plantean problemas de equidad, tanto porque los depositantes no asegurados podrían haber sufrido una quita mayor como porque los bonistas de los dos grandes bancos insolventes también podrían haberse hecho cargo de parte del rescate. Y se sitúa a Alemania, al FMI y al BCE como los grandes ganadores y a los países mediterráneos como los perdedores (Chipre, por razones obvias y los demás porque son quienes podrían sufrir un efecto contagio).
Resulta evidente que este acuerdo no es una buena noticia. Implica enormes riesgos para la estabilidad de la zona euro ya que obliga a imponer un corralito en Chipre que podría abrir una ola de inestabilidad de consecuencias imprevisibles justo cuando llevamos varios meses de calma y bajadas en las primas de riesgo en Europa. Sin embargo, si se conjura el riesgo de pánico bancario, el acuerdo tiene lógica dada la complejidad de la situación y los objetivos que pretendía: evitar la suspensión de pagos de Chipre y situar su deuda pública en un nivel considerado como sostenible, que se ha fijado en el 100% del PIB. Veamos por qué.
Cuando la UE forzó a Grecia a reestructurar su deuda porque el gobierno no podía pagarla se insistió en que el caso griego era único e irrepetible. Por lo tanto, la primera prioridad del rescate a Chipre, que en parte ha venido precipitado por las pérdidas que los principales bancos chipriotas sufrieron tras la quita de la deuda griega, era que no implicara una quita en la deuda pública, ya que eso dejaría claro que el caso griego era repetible y abriría la puerta a la inestabilidad ante las dudas sobre sostenibilidad de la deuda en otros países. Ahora bien, precisamente para que la deuda de Chipre no fuera insostenible, el préstamo externo del rescate no debía ser demasiado grande. Y ahí ha sido el FMI el que más ha insistido que Chipre no podría devolver un rescate de 17.000 millones, por lo que, de concederse, se estarían sentando las bases para una futura suspensión de pagos o quita. Eso obligaba a buscar alguna fórmula de bail in (participación de acreedores de los bancos en el rescate) para reducir su factura. Pero Chipre tiene un sistema financiero que supera ocho veces el volumen de su PIB y donde la mayoría del mismo está constituido por depósitos, muchos de los cuales pertenecen a empresas rusas que utilizan el país como centro financiero offshore para el blanqueo de capitales. Por tanto, la única forma de reducir el volumen del rescate era imponer pérdidas a los depositantes. No está claro qué ha llevado a la decisión de imponer pérdidas tanto a los depositantes asegurados como a los no asegurados. Al parecer, el gobierno de Nicosia habría querido que la quita a los depositantes no asegurados no llegara al simbólico 10% y, para ello, ha optado por establecer una quita (que a todas luces es injusta y peligrosa) a los depositantes de menos de 100.000 euros, entre los que están los pequeños ahorradores chipriotas que deberían haber sido protegidos.
En definitiva, Alemania ha impuesto su punto de vista (que no se utilizara dinero del MEDE para rescatar a depositantes rusos), el FMI ha logrado su objetivo (colocar a la deuda de Chipre en una senda aparentemente sostenible) y el BCE también se ha salido con la suya, al no haber sufrido pérdidas en sus títulos de deuda chipriota. Y los pequeños ahorradores chipriotas han sufrido una quita que no es fácil de justificar y que, además, podría ser el germen de un rebrote de la crisis.
El caso de Chipre nos deja además dos lecciones importantes sobre cómo se avanza en la resolución de la crisis del euro. Primero, que cada rescate es distinto y el equilibrio de fuerzas entre los distintos intereses hace imposible generalizar. Así, en Grecia hubo reestructuración de la deuda, en Chipre ha habido un durísimo bail in, en el caso de Irlanda, a quien no se le permitió hacer un bail in en 2011, el BCE ha tolerado un acuerdo de monetización encubierta y, en el caso del rescate bancario español, el bail in ha sido muy reducido, afectando únicamente a las preferentes y subordinadas.
Segundo, que los países acreedores de la zona euro han dejado claro que no se harán cargo de los llamados legacy assets (o activos heredados) de los sistemas financieros a los que rescatan; es decir, que hasta que la unión bancaria esté en marcha y haya un supervisor único que controle los excesos de los sistemas financieros nacionales, cada país tendrá que hacerse cargo de sus irresponsabilidades financieras. Y si al hacerlo su deuda pública crece demasiado se buscarán fórmulas de bail in.
Federico Steinberg es investigador principal de Economía Internacional del Real Instituto Elcano y profesor de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid | @Steinbergf
