(*) Publicado el 14/9/2014 en Infolatam.
El próximo octubre se cumplirán dos años del inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Entonces eran muchos los interrogantes sobre el futuro del proceso, comenzando por la coherencia de las respuestas que podría dar una organización como las FARC. Y también se intuía, antes del comienzo formal de las conversaciones, que el reconocimiento de las víctimas iba a ser uno de los principales obstáculos.
Pese a los temores y dificultades el diálogo siguió avanzando, muchas veces rodeado del ruido cercano de enfrentamientos entre militares y guerrilleros o de atentados terroristas cometidos por activistas de las FARC. Por eso, el solo hecho de que la negociación se mantuviera abierta, superando incluso la prueba de fuego de la reelección de Juan Manuel Santos, es un verdadero milagro.
Los acuerdos parciales en temas espinosos, como desarrollo agrario y rural, participación política o cultivos de drogas ilícitas, muestran la voluntad de las partes de seguir negociando. El pasado agosto se comenzó a discutir sobre el reconocimiento y la reparación a las víctimas, para posteriormente tratar el abandono de las armas y el mecanismo de aceptación por la sociedad colombiana del acuerdo final de paz. La cláusula introducida por el gobierno de que nada está acordado hasta que todo esté acordado se convirtió en una garantía del proceso.
La postura tradicional de las FARC relativa a las víctimas y a los daños causados con su accionar es que ellos no son responsables de nada. Sus conductas han sido siempre respuestas reactivas frente a la agresión de la oligarquía y el imperialismo en vez de actos dictados por su razón y su voluntad. Como ha recordado insistentemente Iván Márquez, su jefe negociador en La Habana y número dos de la organización, ellos no son la causa sino la respuesta a la violencia estatal. Por eso, para discutir la cuestión de las víctimas había que comenzar abordando “el terrorismo de estado”.
Todavía en Oslo, y con ánimo de cubrirse las espaldas al inicio de la negociación, uno de sus portavoces, Jesús Santrich, sostuvo que las FARC no tenían que responder ante ninguna víctima, ya que en su condición de “luchadores revolucionarios” no han cometido “crímenes contra el pueblo”, sólo han ejercido el derecho universal a la rebelión. La cerrazón de las FARC a asumir sus responsabilidades ha sido y sigue siendo proverbial.
Pese a algunos cambios recientes en la materia, Pablo Catatumbo, uno de los principales negociadores de las FARC, aludiendo a las fuerzas armadas colombianas dijo que “El enemigo nunca fue ni ha sido fácil, no se sujetó a normas de combate”. A veces parece que flaquea la memoria de las FARC, si recordamos las “pescas milagrosas”, los ataques indiscriminados con cilindros bombas o las lamentables condiciones en que mantenían en cautiverio a sus “rehenes.
Pese a estos condicionantes, y a que siguen sin arrepentirse de sus actos cometidos durante los “50 años de guerra”, las FARC han decidido hacer algunas concesiones a las víctimas. Probablemente para no bloquear unas negociaciones de las que esperan ventajas importantes. En junio pasado, el gobierno y las FARC acordaron una declaración de principios sobre el tema. También abrieron las puertas para escuchar a las víctimas en la mesa de diálogo y crear una comisión histórica de esclarecimiento del conflicto. Entre los diez puntos del documento destacan el reconocimiento de las víctimas y su reparación, el reconocimiento de responsabilidad y el esclarecimiento de la verdad y el “principio de reconciliación”, ya que “uno de los objetivos de la satisfacción de los derechos de las víctimas es la reconciliación de toda la ciudadanía colombiana para transitar caminos de civilidad y convivencia”.
Hace un año las FARC habían reconocido que su actuación provocó “víctimas y dolor”, a la vez que se mostraron proclives a una “reparación con total lealtad a la causa de la paz y la reconciliación”. Hoy sabemos que el tema será mucho más complicado por su pretensión de que las víctimas sean producto del conflicto y no del accionar concreto de alguna de las partes enfrentadas. Y también porque el objetivo de las FARC es que las víctimas sean un “sujeto político activo”, fundamental para la construcción de una nueva Colombia, “tras la llegada de una paz con justicia social, democracia y soberanía”. Como dijo Iván Márquez, las víctimas deberán ser las protagonistas de un proceso constituyente que conduzca “a la convocatoria de una nueva Magna Asamblea que dé cuerpo definitivo al tratado de paz al que aspiran las mayorías”. Para las FARC las víctimas sólo son un mecanismo útil para el cumplimiento de sus objetivos políticos.
La mayor hipocresía de las FARC en este tema se observa en el artículo “¿Es Clara Rojas una víctima de las FARC-EP?”, publicado el pasado 1 de septiembre en su web. Desde las “montañas de Colombia”, y tras un farragoso relato panegírico, se concluye tajantemente: “Clara Rojas es ahora Representante a la Cámara, en representación de la ultraderecha. Se presenta como una víctima nuestra. Con la mano en el corazón, puedo decirle que no tiene ese derecho”. Curiosa situación en la cual los verdugos pueden elegir quiénes son sus víctimas y quiénes no. Ya no sólo han intentado de forma sistemática quitar la dignidad a quienes eran sus prisioneros (si se puede llamar así a quiénes mantenían encadenados como animales), ahora también pretenden silenciar sus derechos.
Ahora bien, la pregunta obligada en este punto es si sabiendo todo esto el gobierno colombiano debe seguir negociando. Por supuesto que sí. Si los dirigentes de las FARC y sus principales apoyos se guiaran con criterios racionales y pensaran que la política es la vía para resolver pacíficamente los conflictos no se hubiera llegado a esta situación. Si se negocia con ellos es porque se ha concluido acertadamente que es mejor y más rentable para las futuras generaciones colombianas acabar con el conflicto en un plazo prudencial que estirar el ejercicio de la violencia sine die. Más allá de las renuncias que deba hacer el gobierno y de los triunfos que puedan atribuirse las FARC, la cuestión de fondo es dónde se trazan las líneas rojas y cuánta “impunidad” frente a los atroces crímenes cometidos es capaz de soportar la sociedad colombiana y sus instituciones sin fracturarse.
Carlos Malamud es investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano | @CarlosMalamud
