(*) Publicado el 8/5/2016 en Infolatam.
El proceso de paz en Colombia no atraviesa un buen momento y en las últimas semanas parece eternizarse. Las dificultades afloran a diestra y siniestra y la sociedad observa, a ratos absorta, las maniobras dilatorias de las FARC, las aparentes concesiones gubernamentales y los agrios reproches del uribismo, sin saber a qué carta quedarse. Todo esto acompañado de una complicada situación económica, agravada por la caída de los precios del petróleo y el desplome de las exportaciones.
La cercanía suele aumentar la percepción negativa de las cosas y los colombianos no son una excepción. Y si bien todos proclaman, como no podía ser de otro modo, sus profundos deseos de paz, el principal problema radica en el precio a pagar por ella. O dicho de otro modo, ¿cuánto se debe ceder para que las FARC abandonen las armas?
“La “constitucionalización” de los acuerdos […] preocupa más a los negociadores de las FARC que al equipo gubernamental, más proclive a convocar un plebiscito”
En el rubro de las concesiones están comprendidas cuestiones esenciales como la duración y el tipo de condena aplicables a los guerrilleros por los delitos cometidos, el papel de la justicia transicional (si debe ser complementaria o sustituta de la justicia ordinaria), el número y tamaño de las zonas destinadas a reunir a los efectivos irregulares que se desmovilicen o las características del desarme.
También hay otros puntos sensibles, como la “constitucionalización” de los acuerdos. Esto es, dotar de rango constitucional a lo que se firme en La Habana con el objetivo de impedir que futuros gobiernos borren con el codo lo que tanto trabajo costó escribir con la mano. Esta cuestión preocupa más a los negociadores de las FARC que al equipo gubernamental, más proclive a convocar un plebiscito para refrendar los acuerdos, siguiendo la opinión del presidente Juan Manuel Santos.
Otro tema que recientemente ha saltado a la palestra y ha hecho correr ríos de tinta es el de los dineros de las FARC. ¿Cuál es el monto de un tesoro oculto y amasado gracias al chantaje y al narcotráfico? ¿Dónde está? ¿Se puede recuperar? La importancia del problema está vinculada al pago de las reparaciones a las víctimas y si el estado debe aparecer, o no, como responsable subsidiario en caso de que las FARC se declaren indigentes.
Por momentos parece que el diálogo se encrespa y se cierran los márgenes de maniobra, aunque todavía muchos confían en que antes de julio se firme algún tipo de cese al fuego que permita seguir avanzando en la construcción de la paz. Según una reciente encuesta de Gallup, el 66% de la población cree que el proceso de paz va por mal camino, una cifra que rondaba el 44% a fines de 2015, y que explica las dificultades existentes.
En buena medida, los temores y resistencias frente a las negociaciones se apoyan en una sobrevalorización de las FARC por la sociedad colombiana. De la encuesta mencionada se desprende que el 41% cree posible que algún día la guerrilla conquiste el poder por la fuerza. De ahí el sentimiento imperante de que la negociación es una gran concesión de privilegios o prerrogativas a las FARC, o peor aún, la entrega definitiva del país al comunismo castro-venezolano.
Pese a todo, buena parte de la discusión política gira en torno al postconflicto. Si bien teóricamente la palabra alude a la construcción de la paz, en la práctica recoge un número mayor de acepciones polifónicas, entre otras aquellas relacionadas con la presencia del estado en áreas marginales, el postergado desarrollo agrario o la participación política de los desmovilizados. Una cuestión no menor es la financiación de los puntos acordados entre las partes, algunos de los cuales ya cuentan con presupuestos aprobados, como la reparación a las víctimas, y otros no, como el arreglo y construcción de vías de comunicación rurales.
“La plena incorporación de la guerrilla a las instituciones políticas, sin ventajismos, debe ser una consecuencia lógica y deseada de la paz”
Todavía es posible cerrar un acuerdo en los próximos meses, pese al creciente escepticismo social de que las negociaciones puedan cerrarse favorablemente antes de fin de año. Una solución positiva al conflicto permitiría crear nuevas oportunidades en un país que arrastra el enfrentamiento con la guerrilla por más de medio siglo. Más allá de los cálculos realizados de cuántos puntos de crecimiento del PIB permitiría la paz, lo cierto es que estaríamos frente a un panorama inédito que aportaría nuevas salidas para la economía y la sociedad colombianas.
Si bien no hay nada escrito, los colombianos tienden a analizar el futuro con la lógica del pasado, lo cual resulta bastante normal. Sin embargo, lo más probable es que las dinámicas abiertas den paso a situaciones desconocidas. Por ejemplo, que tras su desmovilización y entrega de las armas (o al menos a la congelación de los arsenales), las FARC tiendan a desaparecer en el medio plazo. Otra cosa es la participación política de sus jefes, cuadros y militantes, un colectivo inferior a 10.000 personas.
La plena incorporación de la guerrilla a las instituciones políticas, sin ventajismos, en igualdad de oportunidades y con iguales derechos que los demás actores debe ser una consecuencia lógica y deseada de la paz. En la búsqueda de mayorías sería factible una renovación de los liderazgos tradicionales, dada la estrecha vinculación de los actuales jefes guerrilleros con la violencia y el rechazo social que ésta produce. El gobierno eventual de municipios rurales, en áreas donde las FARC estuvieron más implantadas, no debería ser un problema si las instituciones, comenzando por la justicia, funcionan como corresponde.
Colombia se encuentra frente a una encrucijada. Está en condiciones de lograr la paz, una paz que no se construye sin sacrificios, pero que bien vale la pena. Muchos de los dispuestos a avanzar se preguntan de buena fe cuántos sapos, y de qué tamaño, hay que tragarse para que los señores de las FARC acepten cerrar un trato. Pero para ellos tampoco es un camino de rosas. La renuncia a la lucha armada y al protagonismo y reconocimiento social que ella les garantizaba es una profunda quiebra con el pasado glorioso que todavía quieren venderle a Colombia y al mundo.
Carlos Malamud
Investigador principal de América Latina, Real Instituto Elcano | @CarlosMalamud
