(*) Publicado el 22/11/2015 en El País (Sumplemento Ideas).
No fueron suficientes los miles de muertos en atentados perpetrados por los etnonacionalistas de ETA, los ultraizquierdistas de la Fracción del Ejército Rojo o los neonazis de Ordine Nero, entre muchas otras organizaciones terroristas de distinta orientación ideológica activas en Europa Occidental durante las últimas décadas del pasado siglo. Casi tres mil fallecidos el 11 de septiembre de 2001, pero al otro lado del Atlántico, en la más emblemática de las ciudades norteamericanas, fueron los que precipitaron un común antiterrorismo europeo. Que así fuese como se avanzaron importantes medidas judiciales y policiales conjuntas, en lugar de hacerlo antes y por una cuestión de solidaridad entre democracias liberales, será siempre vergonzante.
Sin embargo, hasta que se produjo la matanza terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid, las élites políticas y los ciudadanos europeos no dejaron de percibir el terrorismo yihadista como dirigido ante todo contra Estados Unidos, la mayor potencia del mundo occidental. Incluso entonces, cuando ya era evidente que el terrorismo directa o indirectamente relacionado con al-Qaeda mataba sobre todo musulmanes, en España se planteó frente al mismo la idea, a ese respecto incoherente, de una alianza de civilizaciones. La invasión de Irak, con la falaz excusa de combatir el terrorismo, propició que se vulgarizase una supuesta causalidad entre política exterior y amenaza terrorista, al tiempo que impidió un consenso antiterrorista entre los europeos.
Hubo que esperar a que tuviesen lugar los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres para que la Unión Europea (UE) adoptase formalmente una estrategia colectiva de lucha contra el terrorismo y acordara un plan de acción para implementarla. Esa estrategia subraya, en consonancia con valores propios de las democracias liberales, la necesidad de combatir el terrorismo respetando los derechos humanos. Pero denota algunas más que notables incoherencias. A buen seguro que estas son calculadas y obedecen a supuestos criterios de corrección política, pero suscitan confusión tanto respecto a la naturaleza de la mayor amenaza terrorista que se cierne sobre las sociedades europeas desde hace dos décadas como a los medios requeridos para contrarrestarla.
Una de esas incoherencias reside en el hecho de que la estrategia, con el pretexto de no exacerbar divisiones, elude vincular tipo alguno de terrorismo con el fundamentalismo religioso. Menos aún el actual terrorismo internacional con una determinada manera de entender la fe islámica, pese a que los responsables de matanzas como las ya aludidas del 11-M y del 7-J, o la del pasado 13 de noviembre en París, apelan precisamente a su adhesión a una versión del salafismo para llevarlas a cabo. También pese a que, tras atentados como esos, nuestras autoridades invariablemente hablan de impedir prédicas extremistas en las mezquitas o se reúnen con líderes no radicales de las comunidades musulmanas para recabar de ellos condenas explícitas del terrorismo.
Otra incoherencia apreciable en la estrategia de la UE contra el terrorismo tiene que ver con los medios militares. Son aludidos de manera imprecisa, dentro del apoyo operativo entre países si ocurre un incidente terrorista con implicaciones transfronterizas y para gestión de emergencias. Parece insuficiente en un documento que debe explicar a los ciudadanos qué hacer ante la amenaza más compleja y destructiva del terrorismo, inherente a organizaciones yihadistas con bases fuera de la UE. Aún más cuando por medios militares se desbarató en 2013 el condominio yihadista del norte de Malí que habría supuesto un santuario para al-Qaeda próximo al sur de Europa o cuando hay países de la UE implicados desde septiembre de 2014 en misiones militares contra el Estado Islámico.
En realidad, esto último es reflejo de las disparidades que, aun contando formalmente con un enfoque común, existen de unos países europeos a otros en la percepción de la amenaza terrorista por parte de sus élites políticas y de sus ciudadanos o en los factores legales e institucionales que configuran los respectivos sistemas nacionales antiterroristas. Por eso la implementación nacional de las decisiones vinculantes que en materia de lucha contra el terrorismo se toman en el ámbito intergubernamental dentro de la Unión Europea ha adolecido y adolece de serias deficiencias que inciden negativamente sobre una efectiva cooperación. Sin olvidar los intereses y prioridades nacionales, que en las décadas previas al 11-S incluso la impedían.
Los europeos continúan reaccionando ante el terrorismo global a golpe de grandes atentados. Ahora es Francia, cuyas autoridades se despreocuparon durante décadas de cómo los terroristas de ETA cruzaban en uno y otro sentido la frontera con España, la que exige algo tan obvio como que sean escaneados los documentos de quienes entren en la Unión Europea y cruzar esa información con la base de datos de Interpol y del SIS II. Igualmente perentorio es contar con un registro de nombres de pasajeros y almacenar los datos durante un tiempo que corresponda con el mínimo necesario para dificultar al máximo la movilidad de los terroristas. O repensar los programas europeos de prevención de la radicalización, hasta ahora un evidente fracaso.
Queda mucho por hacer antes de considerar iniciativas que verdaderamente supongan un menoscabo de derechos fundamentales y de libertades públicas. Urge adecuar de una vez por todas los mecanismos de intercambio de información y espionaje entre los países de la Unión Europea. Urge introducir fórmulas que aseguren una real coordinación entre los servicios antiterroristas dentro de cada país. A la hora de explicar cómo fue posible que los terroristas del 11-M consiguieran sus propósitos, qué circunstancias facilitaron la ejecución de los atentados del 7-J en Londres o cuáles han permitido al entramado terrorista coordinado por Abdelhamid Abaaoud intentar desde inicios de 2015 lo que finalmente han logrado el pasado 13-N en París, hay que subrayar antes que cualquier otra cosa los clamorosos fallos de espionaje.
Fernando Reinares
Investigador principal de Terrorismo Internacional del Real Instituto Elcano y catedrático de Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente profesor visitante en American University, Washington | @F_Reinares
