(*) Publicado el 12/5/2014 en ElPaís.com (La Cuarta).
La crisis en Europa ha vuelto a mutar. Alejado el fantasma de la ruptura del euro (más por el miedo de líderes políticos y ciudadanos a saltar al vacío que por la satisfacción con el proyecto), calmadas las primas de riesgo por los malabarismos del Banco Central Europeo (BCE) y recuperada cierta esperanza en el crecimiento que vendrá, la zona euro se enfrenta a nuevos riesgos: deflación y estancamiento en lo económico y desafección y anti-europeísmo en lo político.
Aunque esta nueva fase de la crisis se avecina más tranquila, e invita a pensar que lo peor ha pasado y que el euro ya ha sido suficientemente reformado como para sobrevivir a futuras crisis, aún quedan muchas cosas por hacer y enormes obstáculos por superar.
Esa es precisamente la tesis del informe que acaban de publicar el Real Instituto Elcano y el think tank británico Chatham House, que lleva por título Cómo arreglar el euro. Sostiene que los avances conseguidos hasta la fecha en los campos fiscal y bancario, aún siendo importantes, son insuficientes para afrontar nuevas situaciones críticas, y en consecuencia lanza propuestas para completar la unión monetaria con elementos más ambiciosos que abran el camino hacia cierta unión fiscal y política, lo que exigirá reformar los tratados europeos.
En los aspectos bancarios, más allá de que la creación del supervisor único sea un gran paso adelante y que se hayan acordado tanto el mecanismo de resolución como las reglas para que los acreedores de los bancos paguen parte de futuros rescates, sigue sin estar resuelto el problema de retroalimentación entre la deuda soberana y la bancaria, que fue precisamente lo que inspiró la creación de la unión bancaria. Y mientras este problema no se resuelva, ni el crédito podrá volver a fluir con normalidad hacia las empresas y los ciudadanos de los países en dificultades ni el mecanismo de transmisión de la política monetaria funcionará de forma efectiva.
Por lo tanto, es imprescindible que la unión bancaria cuente con un sustento fiscal común más amplio que pueda ser utilizado tanto para recapitalizar bancos como para, en un futuro, operar como un fondo de garantía de depósitos al nivel de la zona euro, algo que todavía no está en la agenda. Además, el BCE, que bajo el actual esquema de la unión bancaria pasará a ser una institución todavía más política y poderosa, debería ver reformado su estatuto tanto para poder actuar como prestamista de última instancia en momentos de pánico financiero como para poder impulsar en mayor medida el crecimiento y luchar contra los riesgos de deflación.
En el campo fiscal es necesario completar los palos con las zanahorias; es decir; es imperativo establecer mayores mecanismos de solidaridad, que son la otra cara de la moneda del armazón de la responsabilidad (con sus límites de deuda y déficit) que los países acreedores han impuesto en los años más duros de la crisis. Así, a los limitados recursos del fondo de rescate y al raquítico presupuesto de la Unión Europea habría que añadir nuevos fondos comunes y centralizados para la zona euro para hacer frente a una amplia gama de políticas y transferencias que permitan amortiguar los shocks asimétricos que se produzcan en la moneda única mucho más allá de lo que lo han hecho hasta ahora los fondos estructurales y de cohesión. Estos fondos comunes también servirían como el amortiguador fiscal de última instancia para la unión bancaria.
En definitiva, se trata de crear un tesoro único para la zona euro con atribuciones de gasto y de ingreso. Se financiaría emitiendo deuda mutualizada, recaudando nuevos impuestos europeos (y luchando también contra el fraude fiscal a nivel nacional y supranacional), así como con contribuciones de los estados miembros. Gastaría en políticas paneuropeas, que podrían incluir desde infraestructuras clave hasta la financiación de la prestación por desempleo de aquellos países que hayan reformado sus mercados laborales siguiendo las directrices europeas.
En el ámbito de la unión económica es necesario avanzar hacia una mayor coordinación de las políticas económicas de la zona euro que mitigue los efectos externos negativos que las medidas adoptadas unilateralmente por un país puedan tener sobre los demás. Así, el objetivo final es que, en una amplia gama de políticas económicas, haya una visión europea y no una suma de visiones nacionales descoordinadas y contradictorias. Esto exige ceder más soberanía a una Unión, que necesariamente debe ser percibida como más legítima, así como restablecer el binomio solidaridad-confianza entre países del norte y del sur que se ha roto con la crisis.
Al igual que en el caso de la unión fiscal, avanzar pasa por diseñar mecanismos que premien el cumplimiento de las reformas estructurales que se consideren necesarias con mayores fondos europeos y que penalicen el retraso en dichas reformas, algo que afectaría por igual a los países del norte y del sur. En particular, se podría contemplar imponer sanciones tanto por exceso de gasto o desequilibrios persistentes (algo ya incorporado en las nuevas reglas) como por dedicar un gasto insuficiente a partidas consideradas clave para el desarrollo económico del país, como la educación o la inversión en I+D. Esto permitiría aumentar el apoyo ciudadano a la cesión de soberanía a Bruselas.
Para coordinar estas políticas habría que crear un ministro de Economía de la zona euro que podría ser, al mismo tiempo, presidente del Eurogrupo y vicepresidente de la Comisión, y que jugaría el papel de interlocutor con el BCE. Este cargo coordinaría el funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y trabajo, buscaría sinergias y complementariedades entre los planes nacionales de reformas, llevaría a cabo el análisis macro-prudencial junto con el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico y el BCE, diseñaría las políticas paneuropeas y aplicaría sanciones en casos de incumplimiento. Sería, además, la cara del euro ante el mundo. Eso sí, para que su enorme poder de decisión fuera legítimo, debería rendir cuentas ante el Parlamento Europeo.
Lógicamente, las reformas que se plantean aquí tendrán que superar una serie de obstáculos. El motor París-Berlín de la integración europea está en punto muerto. Por cuestiones históricas, Alemania se resiste a tomar el liderazgo. Francia, por su parte, está cada vez más ensimismada, y se opone a ceder más soberanía a Bruselas. Además, en numerosos países, los líderes políticos se resisten a negociar un nuevo tratado porque no quieren repetir la experiencia de ver cómo sus poblaciones vuelven a rechazarlo en referéndum.
Por todas estas razones, lo más probable es que los líderes europeos opten por no reformar los tratados, sino por decisiones intergubernamentales con el respaldo de sus respectivos parlamentos nacionales. Sin embargo, esta vía es peligrosa. La implicación de los parlamentos nacionales tiene la apariencia de dotar al proceso de suficiente legitimidad democrática, pero esa lógica solo es válida para los países acreedores, que retienen el poder de veto en la transferencia de recursos. No es aplicable a los países deudores que están a merced de las decisiones tomadas en parlamentos nacionales ajenos. En este sentido, la propuesta de hacer del presidente del Eurogrupo el ministro de Economía de la zona euro solo puede ser una solución transitoria. Para que este cargo sea realmente legítimo, la ciudadanía europea debería ser capaz de votar directamente, o indirectamente a través del Parlamento Europeo, al presidente de la Comisión, y éste debería elegir al ministro de Economía. Para ello, en algún momento, se necesitará cambiar el tratado sobre la base de una consulta muy concreta a los europeos: ¿están a favor de trasladar su soberanía a nivel supranacional o prefieren volver a las soberanías nacionales?
Ese debate algún día llegará, y lo más deseable es que los ciudadanos entiendan que solo una Europa unida puede hacer frente a los desafíos de la globalización. Por el momento, las elecciones europeas del 25 de mayo deberían ser el primer paso hacia la creación de una soberanía europea. Para ello, es importante que la participación sea alta, y que por primera vez en la historia el próximo presidente de la Comisión sea el candidato líder de la formación del parlamento europeo más votada, y no un candidato compromiso acordado por el Consejo europeo en negociaciones a puerta cerrada a altas horas de la madrugada.
Federico Steinberg y Miguel Otero-Iglesias son investigadores principales del Real Instituto Elcano y autores del informe «Cómo arreglar el euro» (How to Fix the Euro. Strengthening Economic Governance in Europe). Ver también: Presentación en Madrid de «How To Fix the Euro».
