* Publicado el 19/3/2012 en ElPaís.com.
Durante casi 40 años, Chipre ha constituido un problema político y de seguridad para la comunidad internacional debido a la división de facto de la minúscula isla por la Línea Verde controlada por Naciones Unidas tras la invasión turca en 1974, a raíz de un golpe de Estado impulsado por partidarios de una unión con Grecia.
Actualmente, Chipre, o más concretamente el sur greco-chipriota de la isla (reconocido internacionalmente a diferencia de la parte norte ocupada por Turquía), amenaza con convertirse en un problema financiero gordo a causa del controvertido paquete de rescate. Este incluye un impuesto sin precedentes y enormemente impopular para los titulares de depósitos en los bancos chipriotas que cambia peligrosamente las normas de los rescates diseñados hasta ahora por la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo.
El impuesto, tal como está en este momento, recaudará 5.800 millones de los 10.000 millones de euros que se necesitan para consolidar la economía y recapitalizar los bancos, que están muy expuestos a los bonos soberanos griegos y que sufrieron importantes pérdidas cuando se reestructuró la deuda griega. Chipre también se ha visto afectado por la caída de la demanda de sus productos por parte de Grecia, que es un vecino cercano y un socio comercial, desde que empezó la recesión griega.
El sistema bancario chipriota es desproporcionadamente grande: es aproximadamente siete veces más grande que el PIB chipriota, y por tanto es demasiado grande para que el Gobierno chipriota lo rescate solo (es lo mismo que le sucedía al Gobierno español en 2012), a diferencia del Gobierno británico que en 2008 acudió al rescate de sus bancos afectados por la crisis, Royal Bank of Scotland y Lloyds. Al igual que ocurrió con Irlanda, la causa de la crisis chipriota reside en sus bancos pero, a diferencia de Irlanda, se va a penalizar a los depositantes chipriotas.
Jeroen Dijsselbloem, el ministro de Economía holandés, que preside el Eurogrupo de los ministros de Economía, justifica las condiciones del paquete de rescate para Chipre con el argumento de que como es “una contribución a la estabilidad financiera de Chipre, parece justo pedir a todos los titulares de depósitos que contribuyan”.
Parece que el sufrimiento se está generalizando de forma democrática puesto que el impuesto afecta a todos los depositantes. La UE podría haber penalizado solo a los depositantes no asegurados —los que tienen más de 100.000 euros (un número significativo de los cuáles son rusos)— pero decidió gravar tanto a los ricos como a los pobres. El plan de protección de los depósitos chipriotas cubre los depósitos de hasta 100.000 euros, en caso de que se hunda un banco. Pero no se ha hundido ningún banco (sin los 10.000 millones de euros, todo el sistema bancario podría derrumbarse muy rápido), por lo que el plan no procede.
Puede que este planteamiento respete la letra de la ley, pero no el espíritu de la garantía de depósitos. Se podría proteger totalmente a los depósitos garantizados gravando con un impuesto más elevado a los depósitos que superan el umbral de los 100.000 euros, como sugirió el presidente Nikos Anastasiadis.
Se está obligando a los depositantes más pobres a ayudar a los más ricos, lo cual levanta la sospecha de que el Gobierno quiere salvar lo que pueda del modelo bancario offshore [donde los no residentes no tributan], aunque parece que su atractivo va a disminuir. Si se produce una retirada de fondos masiva cuando los bancos vuelvan a abrir, el centro offshore podría desaparecer. Quizás es lo que quiere la UE.
Algunos analistas en Nicosia dan a entender que la troika está “castigando” a Chipre (es decir, a los greco-chipriotas) por facilitar supuestamente la transferencia ilegal a la isla en la década de 1990 de miles de millones de dólares del Gobierno de Slobodan Milosevic, el expresidente serbio, por rechazar el plan de Kofi Annan en 2004 para reunificar Chipre (aceptado por el 65% de los turco-chipriotas en un referéndum y rechazado masivamente por el 76% de los greco-chipriotas) y por no tomar medidas lo suficientemente duras para evitar que los rusos usen los bancos chipriotas para blanquear dinero.
Esta sospecha puede parecer descabellada, aunque el anterior presidente, el comunista Dimitris Christofias, mantuvo una estrecha relación con Moscú y obtuvo un préstamo de 2.500 millones de euros en 2011, ante la consternación de la UE, en vez de dirigirse a Bruselas para pedir ayuda. A finales de 2012, los bancos rusos tenían cerca de 9.000 millones de euros en los bancos chipriotas, y las empresas 14.400 millones de euros, según la agencia de calificación crediticia Moody’s. Los depositantes de la eurozona son principalmente griegos que han trasladado sus ahorros a Chipre por ser un refugio seguro y para protegerse así de su propia crisis financiera.
El conservador Anastasiadis, elegido en febrero pero sin mayoría en el Parlamento (cuenta con 28 de los 56 escaños), asegura que se compensará a los ahorradores con acciones en sus bancos, lo que podría no tener ningún valor si la crisis bancaria se agrava, o si no, con una parte de la nueva riqueza gasística chipriota.
Debajo del lecho marino de la cuenca de Levante, cerca de Chipre, se calcula que hay 3,45 trillones de metros cúbicos de gas, aproximadamente lo que consume el mundo en un año, según el Estudio Geológico de Estados Unidos. La parte septentrional de la cuenca se encuentra en aguas chipriotas, mientras que gran parte del resto está en aguas israelíes o libanesas.
Turquía, que no reconoce la soberanía de Chipre, y la parte de Chipre controlada por los turcos también han reclamado su derecho sobre el gas y están realizando perforaciones para extraerlo.
El gas podría transformar radicalmente la economía chipriota, pero la producción no se va a iniciar en un futuro inmediato. Mientras tanto, el presente es sombrío.
William Chislett es investigador asociado del Real Instituto Elcano. www.WilliamChislett.com
