(*) Publicado el 28/8/2016 en Infolatam.
Finalmente todo quedó acordado y el nudo gordiano que condicionó una negociación de más de cuatro años terminó destrabado. Sin embargo, y pese a lo complicado del proceso, se puede decir que hasta ahora sólo se ha hecho lo más fácil. Será a partir de este momento cuando empiece lo difícil, cuando se pongan sobre la mesa los desafíos más duros, aquellos que exigirán un mayor compromiso e imaginación de las partes.
Tras la entrada en vigor del cese al fuego definitivo y bilateral comenzarán a contarse las horas para firmar los tratados, el famoso día D. A partir de ahí habrá que cumplir con los compromisos adquiridos, lo que deberá hacerse de forma escalonada y gradual. Del lado gubernamental el Congreso debe aprobar la convocatoria del plebiscito, programado para el primer domingo de octubre con una pregunta todavía a definir.
Por su parte las FARC han previsto realizar su Conferencia Nacional en San Vicente del Caguán a mediados de septiembre. Los principales cuadros y mandos de la organización guerrillera deberán refrendar en su transcurso lo acordado por sus representantes en La Habana. Será el momento de saber si hay disensiones internas y, en caso de existir, cuál es su verdadera entidad.
“Desde el punto de vista de las víctimas se podía haber ido algo más lejos. Sin embargo esto es lo máximo que se podía conseguir en un contexto como el actual”
Una vez dados esos pasos se firmará la paz entre el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timoleón Jiménez” o “Timochenko”, en un acto que quiere contar con una importante sobrerrepresentación internacional, comenzando por Barack Obama. Pero, el momento crucial será el 2 de octubre, cuando el pueblo colombiano decida si acepta lo logrado por los negociadores en La Habana o se debe retomar el camino de la guerra.
El esfuerzo del equipo gubernamental, encabezado por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo fue ímprobo y a la vez exitoso. Sus periódicas muestras de paciencia y flexibilidad fueron más que necesarias para mantener sentados a la mesa a unos compañeros de ruta poco acostumbrados a fiarse de la palabra de los otros.
Es verdad que los compromisos alcanzados son endebles en muchos puntos. Es cierto, como dice José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, que desde el punto de vista de las víctimas, desde la perspectiva de la impunidad, se podía haber ido algo más lejos. Sin embargo esto es lo que hay, es lo máximo que se podía conseguir en un contexto como el actual y es más que suficiente para comenzar el complicado postconflicto, la verdadera construcción de la paz.
Una vez más, en situaciones de este tipo, se enfrenta en una ecuación irresoluble el legítimo derecho de las víctimas de exigir el castigo a los culpables, con el también legítimo derecho de la sociedad de pasar página. El impreciso límite entre la legalidad y la política debe permitir, como parece está ocurriendo en Colombia, dejar atrás un conflicto que se ha cobrado un suculento precio en pérdidas humanas y materiales.
La sola exigencia de cárcel para los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad hubiera impedido cerrar el acuerdo, dada la negativa de las FARC de ceder en este punto. De ahí la pertinencia de la pregunta acerca del costo de mantener la guerra en lugar de destinar esos mismos esfuerzos y dineros a construir la paz.
“La plena incorporación de los desmovilizados a la economía y a la sociedad colombianas sería un gran triunfo del proceso de paz”
Desde esta perspectiva se ha criticado que los acuerdos incluyan el pago de un salario mínimo a los desmovilizados durante el tiempo que dure el proceso. Existe el precedente de lo actuado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los famosos paramilitares, con un tratamiento similar. Aún en el supuesto máximo de que los desmovilizados de las FARC fueran unos 35.000 efectivos (una cantidad que triplica la estimada por el gobierno) y el pago se realizara durante seis años, el coste total rondaría los 450 millones de dólares.
Otros cálculos más conservadores equiparan la cifra con el precio de seis helicópteros de combate Black Hawk. De todos modos, la plena incorporación de los desmovilizados a la economía y a la sociedad colombianas sería un gran triunfo del proceso de paz.
Otro aspecto en el que se ha centrado la crítica es que los acuerdos de paz abren la puerta a que en un breve espacio de tiempo haya un presidente de las FARC en Colombia, a la vez que se les garantiza representación parlamentaria. Los acuerdos establecen que las FARC podrán contar, a partir de 2018 y durante dos legislaturas, con un mínimo de cinco representantes y cinco senadores, de un total de 102 parlamentarios en el Senado y 166 en la Cámara de Representantes.
La concesión no es graciosa. Para obtener esta cuota los antiguos guerrilleros deben participar en las elecciones. Si no superan el umbral del 3% de los votos se designarán a los candidatos más votados. Si el resultado electoral les garantiza una representación mayor ésa será su cosecha. Ahora bien, lo importante es que participen políticamente y que cambien las armas por la palabra y por los votos.
Si el día de mañana tienen éxito y ganan la presidencia será por la voluntad de los colombianos. Sin embargo, es bueno recordarle a los más alarmistas que Hugo Chávez está muerto y que la quebrada Venezuela de Nicolás Maduro es incapaz de financiar campañas electorales en el exterior como hacía su predecesor, cuando estaba en condiciones de gastar millones de petrodólares para implantar su proyecto bolivariano.
Esta paz no supondrá el fin de la violencia en Colombia pero es más que necesaria. El ELN (Ejército de Liberación Nacional), las Bacrim (Bandas Criminales), los carteles de la droga y otras formas del crimen organizado siguen activos. Parte del esfuerzo del estado deberá dirigirse a consolidar el monopolio de la violencia. Pero el sólo hecho de que se acalle el enfrentamiento con las FARC es fundamental. La desmovilización de las AUC fue otro paso en la misma dirección, aunque el valor simbólico y concreto de lo acordado con las FARC es mucho mayor.
Carlos Malamud
Investigador principal de América Latina, Real Instituto Elcano | @CarlosMalamud
