(*) Publicado el 1/6/2015 en El Tiempo (Bogotá).
El mundo está viviendo una crisis de refugiados y desplazados de un tamaño sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, según los datos que maneja Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados. Más de 50 millones de personas han pedido asilo en otro país o han tenido que desplazarse dentro del propio a causa de conflictos bélicos, casi la mitad de ellos en África y Oriente Próximo.
Solo de Siria han salido tres millones de personas y otros seis se han visto forzados a trasladarse dentro del país. La dictadura de Eritrea, el Estado fallido de Somalia, la violencia del llamado Estado Islámico, los conflictos en Sudán o Malí, todos ellos han causado en los últimos años un aumento sustancial del número de personas que huyen de su país por razones de seguridad.
Aunque la gran mayoría de ellos se asienta en países vecinos, un buen número intenta llegar a Europa y en ese viaje se suman al flujo ya tradicional de migración económica irregular procedente del África subsahariana que desde los años noventa persigue la entrada en la Unión Europea (UE).
Por razones geográficas y políticas, la UE es el único destino cercano de los que buscan un refugio en el que se garanticen sus derechos humanos y un mínimo de bienestar individual.
La UE ha establecido mecanismos diferentes para abordar ambos flujos, el de los refugiados y el de los inmigrantes económicos irregulares.
Expresado de forma simplista, a los peticionarios de asilo se los acoge mientras su solicitud se examina y a los inmigrantes económicos irregulares se los devuelve a su país o al de paso del que procede.
Ambos mecanismos tienen importantes fallos, pero a ellos se añade que cada vez es más difícil distinguir a refugiados de inmigrantes económicos especialmente entre los que proceden de África.
Las peores dictaduras y los conflictos más mortíferos se producen en países pobres, de modo que los que huyen de esas zonas pueden tener a la vez motivos económicos y de seguridad para marcharse.
En el caso de los refugiados, el problema es la gran desigualdad en las políticas de asilo de los Estados miembros. Alemania se ha convertido en el primer país del mundo, por encima de EE. UU., en el número de refugiados que acoge, y también Suecia y Holanda aceptan un buen número de las peticiones que les llegan, mientras que los Estados del sur de Europa han sido tradicionalmente reacios a conceder asilo. Un hecho que ha provocado una mutua desconfianza entre los Estados del norte y los del sur en todo lo relacionado con la gestión migratoria.
Ricos y pobres
Por otra parte, las grandes diferencias económicas entre los Estados europeos se reflejan en el apoyo social que ofrecen a los refugiados. En los países más empobrecidos obtener el estatus de refugiado equivale a vivir en la calle, pero obtenerlo en Alemania o Suecia garantiza vivienda, ingresos y ayuda para la integración. Diferencias que empujan a los refugiados hacia los países del norte.
Además, las normas europeas exigen que el peticionario de asilo presente su solicitud en el primer país de la UE que pise, es decir, Italia en el caso de los que están llegando por mar desde Libia, o Bulgaria para los que llegan por tierra desde Turquía.
La gran avalancha actual de inmigrantes que llegan de forma irregular a la UE está afectando sobre todo a los países del sur, por vía marítima, y del sureste, por tierra, los países más golpeados por la crisis económica y con menos recursos extra para ocuparse de gestionar adecuadamente esta llegada.
La UE ha puesto en marcha mecanismos de solidaridad, financiera y operativa, como el Fondo para el Asilo, la Migración y la Integración, dotado con 2,4 mil millones de euros para el periodo 2014-2020, o la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), pero eso no evita que la mayoría de los que llegan a Italia, Grecia o Bulgaria intenten pedir asilo en países del centro y norte de Europa, donde confían en tener más posibilidades de conseguirlo y además obtener más protección social.
La opinión pública europea es ambigua respecto a la actual avalancha, como lo es desde hace años respecto a la inmigración y el asilo. Incluso en los países más acogedores, como Suecia, han aparecido importantes corrientes de opinión contrarias al aumento del número de refugiados e inmigrantes, en un movimiento que se extiende por toda Europa y que está alimentando importantes partidos xenófobos.
Junto a esta corriente existe un clima de sospecha ante la inmigración musulmana y su relación con atentados terroristas, que perjudica a los que están llegando a través del Mediterráneo porque la gran mayoría de ellos son musulmanes.
El suceso producido el pasado 15 de abril en una barca que iba de Libia a Sicilia, cuando tras una discusión religiosa 15 inmigrantes de Malí, Senegal y Costa de Marfil tiraron por la borda a 22 inmigrantes cristianos de Nigeria y Ghana, con el saldo de 12 muertos, ha advertido sobre el riesgo de importar a Europa el sectarismo religioso violento por la vía de la inmigración y el refugio.
Respecto a la economía, es sabido que la demografía europea languidece y que necesita la aportación de inmigrantes; de hecho, la Comisión Europea lleva treinta años recordándoselo a los Estados.
Sin embargo, la inmigración que Europa busca es la de alta cualificación, mientras que la inmigración africana que llega a Europa tiene una cualificación media o baja, y en general ha mostrado mayores dificultades de integración laboral y social que la proveniente de otras regiones del mundo, como China, Europa del este, India o Latinoamérica.
Algunos grupos de refugiados, especialmente los que proceden del Cuerno de África, se enfrentan a retos mayores para su integración y sufren altas tasas permanentes de desempleo.
Por otra parte, la inmensa mayoría de los europeos siente que hay que hacer algo para evitar en el Mediterráneo las muertes de los que intentan llegar en barca. 25.000 personas murieron a lo largo del 2014 en esa travesía, según Acnur. Pero ese “hacer algo” carece de concreción y la opinión pública no aceptaría que ese “algo” resultase en un aumento continuo del número de peticionarios de asilo o inmigrantes económicos que llegan a suelo europeo.
Existe un debate dentro de la UE sobre el posible “efecto llamada” que tienen las operaciones de rescate marítimo y algunos Estados europeos, como el Reino Unido, se han negado a aumentar la ayuda para el rescate con el argumento de que este provoca que más individuos se decidan a dar el salto.
Indolencia
Así es como muchos interpretan la experiencia italiana con la operación Mare Nostrum, que, con un costo de nueve millones de euros mensuales, y vigilando muy cerca de las fronteras de Túnez y Libia, recogió a 150.000 inmigrantes durante el 2014.
Esta operación, que Italia se veía incapaz de seguir sufragando, fue sustituida a finales del 2014 por la llamada Tritón, financiada conjuntamente a través de Frontex, pero con un costo muy menor, tres millones de euros mensuales, y con un mandato diferente, especialmente porque se alejaba de la costa africana y dejaba, por tanto, un espacio marítimo mucho mayor sin cubrir con vigilancia. A pesar de este cambio que implica mayor riesgo en la travesía, el número de llegadas de inmigrantes/refugiados no ha disminuido y algunos ven en esto un argumento en contra de la existencia del “efecto llamada”, un argumento discutible si se tiene en cuenta la inercia que domina en los movimientos migratorios y la insensibilidad de las redes que organizan el viaje ante la suerte que puedan correr los inmigrantes.
En cualquier caso, la sucesión de dramas producidos en las últimas semanas ha motivado una activación de los Estados y las instituciones europeas y la decisión del Consejo Europeo de triplicar el gasto en las operaciones Tritón y su equivalente en Grecia, la operación Prometeus, y de aumentar la cuota de refugiados sirios que la UE se compromete a reasentar.
Además, la UE quiere llevar su lucha contra las “mafias” que organizan las travesías hasta el ataque militar en Libia y la destrucción de los barcos que se utilizan para ese transporte, para lo que necesita el apoyo, poco probable, del Consejo de Seguridad de la ONU.
Pero la gran incógnita es cómo puede disolverse con medios militares una “mafia” que consiste básicamente en una red laxa de personas que se comunican por teléfono móvil entre los diferentes países.
En resumen, no hay soluciones claras que satisfagan a la vez todos los requisitos: impedir las muertes en el Mediterráneo, evitar un efecto llamada, controlar el riesgo de importar violencia religiosa, satisfacer a la opinión pública que se conmueve y también a la xenófoba, repartir la carga equilibradamente entre los Estados europeos y respetar la soberanía de otros Estados, aunque sean Estados rotos como Libia.
Cualquier solución será criticada por uno u otro flanco y ante este panorama político hacen falta líderes capaces de elegir el mal menor y de aceptar el rechazo a sus medidas por una parte de la población y de las élites europeas.
Carmen González Enríquez
Investigadora principal de Demografía y Migraciones Internacionales del Real Instituto Elcano | @cgzalez_elcano
