Tema: Uno de los fenómenos sociales más inquietantes en el Magreb actual –y especialmente en Marruecos– es la consolidación de áreas de chabolismo y miseria en los suburbios de las ciudades. Esas “tierras de nadie” son el vivero de todo tipo de resentimientos y radicalismos potencialmente desestabilizadores.
Resumen: Durante la década de los noventa, Marruecos perdió el terreno que había ganado a la pobreza en los años ochenta. La incidencia de la pobreza medida como el porcentaje de la población con unos ingresos diarios inferiores a 2 dólares, que se había conseguido reducir del 21% al 13% entre 1984 y 1992, repuntó hasta el 19% en el año 2000 (5,3 millones de pobres frente a los 3,4 millones que había en 1990). Es cierto que la pobreza es ante todo un fenómeno rural, pues afecta al 25% de la población rural frente al 12% de la población urbana. El 70% de los pobres y el 90% de los extremadamente pobres marroquíes viven en el campo.[2] Pero no lo es menos que la pobreza rural es un fenómeno secular que, tradicionalmente, no ha generado tensiones sociales desestabilizadoras y que, a lo sumo, se ha saldado con aumentos puntuales de los flujos migratorios a la ciudad en años de sequía. Es la pobreza urbana, y su plasmación urbanística en el fenómeno del chabolismo periurbano –que en Marruecos afecta a unas 350.000 familias–, la que socava la cohesión social y puede crear un caldo de agitación y resentimiento social que sirva de terreno abonado, en el mejor de los casos, para movimientos populistas de una u otra índole, y en casos más extremos a manifestaciones de violencia política o comunitaria más o menos organizada y al cuestionamiento del orden establecido. Elevar las condiciones de vida de esa población urbana marginal a niveles socialmente sostenibles es un objetivo estratégico de primera magnitud para la estabilidad de los países de nuestro entorno sur inmediato.
Análisis: En un reciente artículo en Le Monde Diplomatique titulado “Miseria y Jihad”[3] sehacía una descripción dantesca de las condiciones de vida en las zonas de chabolas de Casablanca y se advertía que en ellas “se fabrican cada día las condiciones de una revuelta desesperada”. Amén de la precariedad de sus propias viviendas, sus habitantes sufren a diario una carencia absoluta de infraestructuras urbanas (incluidos agua corriente, alcantarillado y electricidad) y servicios públicos (escuelas, ambulatorios, servicio de correos e incluso mercados organizados), la ausencia de cualquier perspectiva de movilidad social derivada de la inexistencia de oportunidades de empleo e incluso de una actividad económica como tal, la inseguridad que impera en sus calles e incluso una cierta forma de privación de identidad como ciudadanos ante las lagunas de los censos y padrones, que a menudo no incluyen a estas barriadas. En última instancia, asisten a una abdicación en toda regla por parte del Estado de sus funciones más básicas –mantener el orden y ofrecer ciertas instituciones– y su sustitución por estructuras de poder paralelas más o menos organizadas, en no pocas ocasiones basadas en el ejercicio de la violencia comunitaria. La escasa implantación del movimiento asociativo tan dinámico en otros segmentos de la sociedad marroquí deja el terreno franco a los movimientos islamistas como únicos medios de canalización del descontento y la frustración y único marco de referencia e identificación social para los jóvenes. La inexistencia de cualquier tipo de transporte público y su percepción como barrios malditos crea una segregación de facto que convive con la abundancia de antenas parabólicas de televisión que no hacen sino recordar a los habitantes el abismo que les separa del “nuevo Marruecos” y de la no tan lejana Europa. Aunque la mitad de las barriadas chabolistas del país se concentran en Casablanca, otro tanto sucede en determinadas áreas marginales de Fez, Salé, Meknes, Tánger y Agadir. La situación en la periferia de las grandes ciudades argelinas no está menos deteriorada, con el agravante de la concentración de su población en la franja costera mediterránea, aunque no será tratada específicamente en este ARI.[4]
La argumentación que la autora despliega en su artículo, centrada en la aparición de una nueva forma de islamismo radical antisistema y violento, el tafkirismo, establece una relación de causalidad excesivamente simplista entre degradación de las condiciones de vida y desestructuración social, por un lado, y fundamentalismo e incluso terrorismo islamista, por otro. La propia caracterización de la desintegración de la vida comunitaria en esas tierras de nadie a horcajadas entre el medio rural del que proceden sus habitantes pero del que han perdido las referencias culturales y sociales y el tejido social urbano tradicional del derb o barrio urbano en el que no se han integrado es más que discutible desde un punto de vista sociológico, y en cualquier caso su identificación automática entre miseria y tafkirismo, entre barriadas chabolistas y violencia política tiene mucho de tautológica. Sus analogías con la evolución del islamismo en los años noventa en Argelia suenan inquietantes, pero más bien forzadas.
Con todo, caben pocas dudas de que en esas barriadas chabolistas, cuya realidad sociológica apenas ha sido estudiada, a diferencia de lo que sucede con el medio rural marroquí, mucho más accesible a los investigadores, se rebasa a diario el “umbral de sostenibilidad social”, es decir, el límite absoluto de deterioro de las condiciones de vida y las oportunidades económicas que un grupo social está dispuesto a soportar sin rebelarse de un modo u otro (mediante la emigración o mediante la afiliación a opciones ideológicas o religiosas redentoristas). Por otro lado, por las propias características de estas barriadas chabolistas no se trata de un fenómeno social transitorio propio de un proceso desordenado de urbanización acelerada, sino de una auténtica “trampa espacial de la pobreza” que crea las condiciones para su propia perpetuación e impide a los que caen en ella acumular ni siquiera el capital humano y financiero mínimo necesario para salir de su miseria. Pero no parece que ni las propias autoridades marroquíes ni las políticas de cooperación de la Unión Europea y de España, uno de los países más sensibles a cualquier perturbación social en el Magreb, hayan sacado hasta ahora todas las consecuencias que de ello se derivan.
Cada vez es más evidente que el diferencial económico y social entre un lado y otro del Estrecho de Gibraltar es insostenible:
· La capacidad adquisitiva media es seis veces mayor en España que en Marruecos.
· La esperanza de vida desciende en más de diez años, de 79,2 a 68,5 años.
· La tasa de mortalidad infantil pasa de 4 a 39 por mil, lo que se traduce en la muerte de casi 25.000 niños de más al año en Marruecos.
· La tasa de mortalidad materna aumenta de 4 a 220 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, lo que supone la muerte de más de 1.500 mujeres de más al año en Marruecos.
· La tasa de analfabetismo de adultos aumenta de menos del 3% a más del 50%.
· La tasa bruta combinada de escolarización en todos los niveles educativos pasa del 92% en España al 51% en Marruecos.[5]
Pero el contraste no es menos agudo y rápido entre las condiciones de vida en una zona residencial acomodada de Casablanca y las barriadas chabolistas de hojalata, bloques de cemento y tejados de plástico y uralita sostenida con grandes piedras que se abigarran en torno a estrechas callejuelas de tierra a menos de media hora de distancia. Es precisamente en las ciudades marroquíes donde se hace más patente la fractura social que divide al país, ese dualismo que permite hablar sin exageraciones de la existencia de “dos Marruecos”. No debe olvidarse que, si por su nivel de renta per cápita, Marruecos es un país de ingresos medios (el 112 del mundo, con 3.810 dólares por habitante en paridad de poder adquisitivo), por algunos de sus indicadores sociales muy bien podría figurar entre los países menos adelantados (ocupa el puesto 125 en el Índice de Desarrollo Humano 2004, 17 puestos por debajo de su clasificación por nivel de renta, lo que pone de relieve una mala función de transformación de la riqueza en bienestar, según los datos del Informe sobre el Desarrollo Humano 2004). Y si bien es cierto que la población afectada por esta auténtica frontera de la exclusión social que es el chabolismo no supera el 6% del total marroquí (1,7 millones de personas), su dinamismo resulta preocupante: la pobreza urbana se duplicó en términos absolutos entre 1990 y 1999, mientras que la rural aumentaba “sólo” en un 43% en ese mismo período.
Eslabones débiles
A la hora de plantearse la manera de abordar este auténtico agujero negro de la realidad social marroquí, hay que tener en cuenta que la función de estabilidad social de Marruecos tiene tres grandes eslabones débiles por los que corre el riesgo de romperse en algún momento:
- El enorme potencial de éxodo rural, especialmente al ritmo periódico de las sequías (la escasez de las lluvias hace que la campaña agrícola 2005 pueda ser la peor de los últimos cinco años): se estima que anualmente emigran del campo a la ciudad una media de 220.000 personas. Aun así, el 43% de la población marroquí, 14 millones de personas, sigue viviendo en el medio rural, con una renta media muy inferior a la de las ciudades y una incidencia mucho mayor de la pobreza. La única vía que abriría perspectivas para mantener a medio plazo a esa población en el campo sería un desarrollo agrícola sostenido, que además contribuiría también a reequilibrar el rampante déficit comercial y alimentario marroquí. Hacia ese objetivo apunta la reciente licitación internacional del alquiler de 56.000 hectáreas de tierras agrícolas.[6] Pero para el buen fin de esta estrategia sería imprescindible la apertura de los mercados agrícolas europeos: las exportaciones agrícolas marroquíes prácticamente se han estancado en los últimos veinte años como consecuencia de la imposición de contingentes por parte de la Unión Europea, mientras las españolas, por ejemplo, se quintuplicaban. El reciente acuerdo de liberalización de intercambios agrícolas suscrito entre la Comisión Europea y Marruecos el 29 de septiembre de 2003 tras más de tres años y medio de negociaciones es un primer paso en esa dirección, pero no revisa la filosofía subyacente de esas relaciones, sino que se limita a otorgar ciertos incrementos de los contingentes de importaciones de algunos productos agrícolas marroquíes concretos, como los tomates, a cambio de una apertura de los mercados agrícolas marroquíes, en particular, para el trigo blando comunitario (lo que puede tener un impacto negativo sobre su agricultura). En ese contexto, es hora ya de que se abra en España un debate en profundidad sobre los costes y beneficios del proteccionismo agrícola comunitario que tenga en cuenta, también, los costes y riesgos del subdesarrollo de Marruecos para la economía y la sociedad de nuestro país en su conjunto.
- Las altas tasas de crecimiento de la población activa en esta última fase de la transición demográfica que Marruecos ha completado en menos de treinta años, que exigen políticas activas de creación de empleo que ofrezcan oportunidades económicas a los jóvenes, tanto en el propio medio rural como en las ciudades.
- El tercer eslabón débil de esta cadena de estabilidad social es, precisamente, el de las condiciones de vida en las periferias marginales de las ciudades. En este caso, las medidas paliativas pasan necesariamente por la inversión en infraestructuras sociales: ante todo viviendas sociales, pero también infraestructuras urbanas y servicios públicos de transporte y servicios sociales de proximidad, como centros comunitarios y polideportivos, mercados, etc.
El Gobierno de Marruecos parece haberlo entendido así, al menos desde los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2003. Aunque ya antes, en agosto de 1999, se había creado una Agence de Developpement Social (Agencia de Desarrollo Social) especializada en la lucha contra la pobreza, su acción se ha centrado sobre todo en el medio rural y en programas tradicionales de lucha contra la pobreza rural como la electrificación, la construcción de infraestructuras de acceso a agua potable o los programas de desarrollo comunitario. También en un discurso real pronunciado el 21 de agosto de 2001, la máxima autoridad del Estado había calificado el chabolismo como “la manifestación más chocante del déficit social”[7] de Marruecos y señalado que “esta evolución corre el riesgo de tener los efectos más perversos sobre el equilibrio de nuestro tejido social”. Pero lo cierto es que, durante lustros, las prioridades en la política de inversiones públicas en infraestructuras urbanas se han centrado más en modernizar los servicios públicos de que se beneficia la población urbana relativamente acomodada, como recogida de basuras y transportes urbanos, que en la integración de las barriadas chabolistas, contribuyendo así a consolidar y ahondar el abismo existente entre los núcleos urbanos modernos y las barriadas marginales. Pero fueron, sin duda, los atentados de Casablanca los que encendieron todas las alarmas y movieron al Gobierno marroquí a lanzar un ambicioso plan para erradicar el chabolismo para el año 2012, el Programa de Acción para la Absorción del Hábitat Insalubre (PARÍ), que se ha plasmado en la iniciativa Villes sans bidonvilles (“Ciudades sin chabolas”), una serie de acuerdos entre el Estado central y los gobiernos municipales por los que aquel asume el compromiso de erradicar el chabolismo a condición de que éstos pongan todos los medios para evitar la proliferación de viviendas ilegales en nuevas áreas. El objetivo es construir 630.000 viviendas sociales en siete años con el fin de ofrecer una solución de vivienda digna a mitad de su coste de mercado al 80% de la actual población con vivienda precaria del país, 860.000 familias (más de cuatro millones de personas) viviendo en construcciones “insalubres”, es decir, chabolas (350.000) o edificaciones irregulares o precarias. Para financiarlo, además de una parte importante de los ingresos por privatizaciones en 2004 se duplicó el impuesto especial sobre el cemento, del que se pretenden obtener 100 millones de euros al año para alimentar el fondo nacional de solidaridad de vivienda.
Pero la dimensión de estos planes palidece ante las estimaciones sobre las necesidades de vivienda en Marruecos. Como indicador del esfuerzo necesario, baste señalar que el coste medio de construcción de una vivienda social en Marruecos oscila entre los 8.000 euros en el caso de los programas de erradicación de chabolas y los 20.000 euros en el caso de las viviendas de protección oficial normales. De hecho, la magnitud del problema de la vivienda en Marruecos incluso para la clase media-baja ha contribuido a alimentar y perpetuar el problema del chabolismo y ha originado fenómenos de especulación con la compraventa de chabolas como medio para poder acceder a las viviendas sociales que promueve el Estado[8]. Según la propia Agence Nationale de Lutte contre l’Habitat Insalubre (ANHI), aunque actualmente se están construyendo 90.000 viviendas al año, se necesitarían otras 125.000 para hacer frente al aumento de las necesidades de vivienda de la población. Como consecuencia de ello, se estima que el número de hogares que viven en barriadas chabolistas sigue aumentando a razón de 40.000 unidades anuales en todo el país. Así pues, en el mejor de los casos los actuales planes servirán para impedir que el chabolismo siga extendiéndose, pero difícilmente conseguirán reducirlo y menos aun erradicarlo.
A esto se añade el hecho de que las fuertes presiones a que se hallan sometidas las finanzas públicas marroquíes corren el riesgo de estrangular la financiación de estos programas. Aunque en Marruecos el gasto social no pasa del 10,9% del PIB (frente al 16,5% de Túnez y el 19,4% de Argelia), sufre un déficit público crónico por encima del 5% del PIB, y el peso de los gastos corrientes hace que las únicas partidas que se prestan a recortes del gasto son precisamente la inversión pública y los gastos sociales.
Por lo demás, el creciente protagonismo de los municipios en la instrumentación de la política social en Marruecos (que se inscribe en un proceso de descentralización de gran alcance, aunque todavía incompleto a la espera de la descentralización regional) crea una paradoja que contribuye a agudizar el problema: aquellos municipios que más activamente luchan contra las barriadas marginales y consiguen realmente mejorar las condiciones de vida de sus habitantes atraen un número ingente de inmigrantes del campo deseosos de beneficiarse de esas mejoras, con lo que, en realidad, sus esfuerzos de lucha contra el chabolismo pueden acabar siendo contraproducentes y corren el riesgo de agravar el problema en lugar de solucionarlo. Así ha sucedido, por ejemplo, en la ciudad de Agadir. En cualquier caso, las ciudades marroquíes se han convertido en el escenario principal de las tensiones sociales en Marruecos, y la creciente autonomía política de que disfrutan hace recaer sobre ellas la responsabilidad política y administrativa de hacer frente a los acuciantes problemas sociales sin que a menudo dispongan de los medios que se requieren para ello. Ahora bien, los atentados de Casablanca de mayo de 2003 pusieron trágicamente en evidencia que, en Marruecos, los problemas de urbanismo de las ciudades tienen una trascendencia que excede ampliamente del ámbito de actuación de los propios municipios e incluso del Estado nacional como tal.
Conclusión: En este contexto, hay un creciente consenso sobre el fenómeno del chabolismo periurbano como uno de los vectores potenciales de desestabilización más graves en Marruecos a medio plazo. Lo que los atentados terroristas no parecen haber conseguido hasta ahora, sin embargo, es que se extraigan las consecuencias lógicas de dicho consenso y se movilicen los recursos necesarios para hacer frente a ese fenómeno. En este sentido, resulta difícil identificar otros sectores en los que la rentabilidad en términos de estabilidad interna y externa de la cooperación sea mayor que en el de la vivienda social, que además es una actividad muy intensiva en mano de obra y, por consiguiente, con un alto potencial de creación de empleo.
A nivel bilateral, un primer paso interesante debía haber sido la conversión de 50 millones de euros de deuda soberana de Marruecos con España en inversiones públicas, concretamente a través de un Fondo de Promoción del Hábitat Social destinado precisamente a la reabsorción de poblados marginales y la dotación de equipamientos sociales, aunque preferentemente con la participación de empresas españolas y a lo largo de cinco años (hasta el año 2009). Pero finalmente esos fondos, aprobados por el Gobierno español en septiembre de 2004, se destinarán a la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto de Alhucemas de febrero de 2004. Estas ayudas tal vez hubieran debido ser más apropiadamente financiadas con cargo a fondos de ayuda humanitaria.
También a nivel de la Unión Europea parece haberse captado la importancia de esta cuestión: tras un primer pequeño proyecto de 7 millones de euros de Fondos MEDA para la absorción de barriadas chabolistas en Tánger en el período 1996-1999, la Comisión Europea incluirá la lucha contra el chabolismo entre sus prioridades para el Plan Indicativo Nacional 2005-2006 y el Banco Europeo de Inversiones acaba de conceder al holding Al Omrane su primer crédito para inversiones en vivienda social en todo el Mediterráneo, que será complementado por otro proyecto de la Agence Française de Développement. Sin embargo, los recursos globalmente destinados por la Unión Europea a la cooperación con la región en el marco de los programas MEDA siguen determinados fundamentalmente por las restricciones presupuestarias impuestas por algunos Estados miembros y los equilibrios geopolíticos entre las distintas regiones que compiten por los fondos comunitarios de cooperación al desarrollo, sin tener en cuenta el coste de oportunidad –cuyas manifestaciones son múltiples– de no actuar contra los posibles factores de inestabilidad en esta región. En el caso de Marruecos, pese a haberse triplicado con respecto al período anterior a 1996, no llegan a los 150 millones de euros anuales, o 5 euros por persona y año (a título meramente comparativo, al otro lado del Estrecho de Gibraltar, Andalucía recibe más de 410 euros por habitante y año de Fondos Estructurales de la UE desde hace más de diez años). Dicho de otro modo, el alto grado de prioridad que se atribuye a la lucha contra la inmigración ilegal o la contención del integrismo islamista en nuestros países vecinos no se ve correspondido por un aumento correlativo de los flujos de cooperación con los países de origen de tales fenómenos. La cuestión que racionalmente debería plantearse es: ¿cuál sería el precio que se estaría dispuesto a pagar por evitarlos?
Pero no es este el planteamiento el que parece imponerse. En el marco de la negociación de las perspectivas presupuestarias de la UE para el período 2007-2013, en las que España jugará un papel protagonista como consecuencia de la previsible pérdida de una parte importante de los Fondos Estructurales que ha venido recibiendo sobre todo desde 1993, no se vislumbra una estrategia decidida para garantizar unos recursos financieros suficientes para establecer una verdadera asociación privilegiada entre la UE y el Magreb y aplicar efectivamente los ambiciosos planes de acción de vecindad que acaban de aprobarse con estos países para orientar la cooperación en los próximos cinco años.[9] En el caso de Marruecos, el Plan de Acción propuesto contiene 9 áreas prioritarias, 85 objetivos y 395 acciones, una sólo de las cuales está formulada en los siguientes términos: “Cooperación en la lucha contra la pobreza y apoyo a la mejora de las condiciones de vida de los grupos desfavorecidos mediante la realización de infraestructuras sociales y económicas de base, incluidas las acciones destinadas a estabilizar a las poblaciones en las zonas con potencial migratorio”. No hay, en él, ninguna otra referencia a la cuestión de la vivienda, y sólo referencias generales sin ninguna concreción a la creación de empleo. Sin embargo, cabe sostener que los efectos positivos marginales sobre el bienestar en nuestro propio país de un incremento de los fondos de cooperación con Marruecos pueden ser, hoy por hoy, superiores a los efectos marginales de los Fondos Estructurales que recibimos.
Para concluir, no está de más recordar el amplio concepto de seguridad postulado por Barry Buzan ya en 1983 en su libro People, States and Fear como un estado “en el que los Estados consideran que no existe ningún peligro de ataque militar, presión política o coerción económica, de modo que pueden ocuparse libremente de su propio desarrollo y progreso. La seguridad de los individuos y comunidades de que están constituidos los Estados está asegurada por la garantía y el ejercicio efectivo de la libertad individual y los derechos políticos, sociales y económicos, así como por el mantenimiento o el restablecimiento de un entorno habitable para las generaciones presentes y futuras. La seguridad también implica que las necesidades humanas fundamentales, especialmente en materia de nutrición, educación, vivienda y salud pública” estén satisfechas. En el Mediterráneo occidental, esta seguridad sólo puede ser compartida.
Iván Martín
Universidad Carlos III de Madrid
[1] Este documento de trabajo pertenece al proyecto de investigación Riesgos estratégicos de la transición demográfica en el Norte de África: Prioridades para el futuro y el papel de España, coordinado por Rickard Sandell, responsable del Área de Demografía y Migraciones del Real Instituto Elcano. El autor quiere agradecer las aportaciones a este documento de los miembros del Grupo de Trabajo (Juan Avilés, Carlota García Encina, José A. Herce, Antonio Hernández Mancha, Iñigo Moré, Simón Sosvilla, Juan Díez Nicolás, Alicia Sorroza y Paul Isbell) aunque todas las opiniones vertidas en el mismo son de su estricta responsabilidad. Además, algunas de las ideas recogidas en él fueron discutidas en una reunión del Grupo de Análisis y Seguimiento del Magreb del Real Instituto Elcano con el Profesor Larabi Jaidi, de la Universidad Mohammed V de Rabat, y en posteriores conversaciones con él. Más allá del sincero agradecimiento por sus sugerencias, naturalmente el autor es el único responsable de su contenido.
[2] Datos de la Encuesta Nacional de Hogares 1998/1999; véase Direction de la Politique Economique Genérale (2002), “La politique sociale au Maroc. Etat des lieux”, Documento de Trabajo nº 80, septiembre, disponible en http://www.finances.gov.ma/dpeg/publications/en_catalogue/doctravail/doc_texte_integral/dt80.pdf
[3]Véase Selma Belaala (2004), “Misère et djihad”, Le Monde Diplomatique, noviembre, pp. 1, 16 y 17, disponible en http://www.monde-diplomatique.fr/2004/11/BELAALA/11654
[4] Sobre la situación de la vivienda en Argelia, véase Iván Martín (2004), “El segundo mandato de Buteflika en Argelia: retos de política económica”, ARI nº 90/2004, p. 2, disponible en /wps/analisis/507.asp. Argelia acaba de aprobar un plan de inversiones públicas en vivienda por importe de 12.000 millones de euros en cinco años.
[5] Un reciente análisis comparado de las condiciones económicas y sociales (concretamente en materia de pobreza, sanidad y delincuencia) en el Mediterráneo puede verse en el informe The Mediterranean Limes. The Social Variables of Development: Health, Poverty and Crime, publicado por FEMISE y disponible en http://www.femise.org/PDF/a021/fem2130-censis-vol1.pdf
[6] Véase Íñigo Moré (2004), “Desamortización agrícola en Marruecos”, ARI nº 175/2004, /wps/analisis/617.asp
[7]http://www.mincom.gov.ma/french/generalites/samajeste/mohammedVI/discours/2001/jeunesse.htm
[8] Véase el artículo de Carla Fibla, “El negocio de la inversión en chabolas”, La Vanguardia, 20/VI/2004, disponible en http://www.lavanguardia.es/res/20040620/51157136204.html?urlback=http%3A%2F%2Fwww%2Elavanguardia%2Ees%2Fweb%2F20040620%2F51157136204%2Ehtml
[9] Véase Iván Martín (2003), “La nueva Política de Vecindad de la Unión Europea, ¿una oportunidad para relanzar las relaciones España-Marruecos?”, ARI nº 137/2003, /wps/analisis/365.asp.