Tema
La deriva política, electoral y socio-económica de Venezuela la ha convertido en un problema que afecta a la estabilidad regional e internacional.
Resumen
América Latina y el mundo tienen en Venezuela un enorme desafío, al socavar la gobernabilidad regional e internacional. En poco más de una década (2013-2024), ha pasado de ejercer un cierto liderazgo latinoamericano e incluso internacional con Hugo Chávez (1999-2013) a convertirse en un Estado cuasi fallido bajo la presidencia de Nicolás Maduro (2013- ). En estos años se ha expulsado a millones de personas, incrementando la presión migratoria en los países vecinos (y en toda América del Sur), Estados Unidos (EEUU) y España. Venezuela es un narco-Estado y plataforma de exportación de droga a la Unión Europea (UE) a través de diversas rutas africanas. También es un santuario para diversos grupos criminales, como el colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN). Políticamente ha profundizado sus tendencias iliberales y autoritarias hasta convertirse en una dictadura, sin elecciones justas, transparentes e igualitarias. Desde una perspectiva geopolítica aspira a destruir el statu quo internacional respaldando a regímenes autoritarios como Rusia, China e Irán. Regionalmente, apoya a Cuba y Nicaragua y desempeña un papel desestabilizador por su presión en el Esequibo, en la frontera con Guyana.
Análisis
Venezuela se ha convertido en el epicentro de numerosos problemas latinoamericanos e internacionales. En poco más de una década (2013-2024) ha pasado de ejercer un cierto liderazgo regional e incluso internacional con Hugo Chávez (1999-2013) a convertirse en un Estado cuasi fallido bajo la presidencia de Nicolás Maduro (2013- ). Un narco-Estado con una economía colapsada, un régimen crecientemente autoritario y un actor internacional contrario al statu quo.
Económicamente es un Estado fracasado, sumido en una profunda crisis económica. Ha tenido hiperinflación hasta 2022. Ha expulsado a millones de personas, aumentando la presión migratoria sobre sus vecinos (y el conjunto de América del Sur), EEUU e incluso España. También sumió al 90% de su población en la pobreza.
Desde un punto de vista de la seguridad es un narco-Estado y un Estado cuasi fallido, una plataforma para la exportación de droga a la UE a través de diversas rutas africanas. El Tren de Aragua, la peligrosa banda criminal que actúa desde Nueva York a Santiago de Chile, se originó en sus prisiones y en ellas se nutre de mano de obra. También es un santuario para diversos grupos criminales como el colombiano ELN.
Políticamente sigue profundizando sus tendencias iliberales y autoritarias, convirtiéndose en una dictadura sin elecciones justas, transparentes e igualitarias. Para garantizar su reelección y permanencia en el poder es imposible celebrar elecciones con garantías, impidiendo a Marina Corina Machado, la popular y más importante líder de la oposición participar en los comicios. Al mismo tiempo, desata una caza de brujas contra la oposición amparándose en un presunto complot para asesinar al presidente.
Geopolíticamente, Venezuela aspira a destruir el statu quo internacional al respaldar a regímenes autoritarios como Rusia, China e Irán. Regionalmente apoya a Cuba y Nicaragua y desempeña un papel desestabilizador por su presión en el Esequibo, en la frontera con Guyana.
Un Estado cuasi fallido
Venezuela se ha convertido en un Estado cuasi fallido, incapaz de garantizar la seguridad ciudadana y el bienestar de su población. El gobierno no controla importantes zonas, donde los poderes públicos han desistido de aplicar la violencia legal. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB per cápita se ha contraído un 74,2% entre 2015 y 2019, como resultado de la crisis económica, con agudos fenómenos de recesión, hiperinflación y devaluación de la moneda. El FMI estima para 2023 un PIB per cápita de 3.459 dólares, cuando, en 2015, fue de 10.568.
El descalabro económico ha tenido graves consecuencias sociales. Cuatro años de hiperinflación y dos reconversiones monetarias han expulsado a más de siete millones de personas, en un país de 28 millones. El éxodo venezolano supone la segunda mayor crisis migratoria internacional detrás de Siria. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Venezuela perdió el 20% de su población y se estima que 2.000 personas abandonan diariamente el país.
La oleada migratoria es un desafío para los gobiernos de América del Sur, EEUU y España. Según el sistema de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense, de los casi 200.000 inmigrantes detenidos en septiembre de 2023 en la frontera con México, 50.000 (el 25%) eran venezolanos. El CBP también reseña cuatro oleadas desde la pandemia: diciembre de 2021 (24.764), septiembre de 2022 (33.749), abril de 2023 (29.731) y septiembre de 2023. La presión migratoria afecta a Colombia, con casi tres millones de inmigrantes, a Perú con un millón y medio, y a Ecuador y Chile con medio millón cada uno.
La presión migratoria explica, en parte, el interés de Washington por acercarse a Caracas, tratando de evitar que se incremente la llegada de venezolanos. Eso llevó a ambos gobiernos a suscribir un acuerdo sobre migración. EEUU reinició la repatriación de venezolanos que entraron en el país indocumentadamente. Para presionar a la Administración Biden, intentando evitar el regreso de las sanciones, el régimen chavista utiliza la suspensión de la acogida de repatriados desde EEUU. Esto no sólo incrementaría la presión migratoria sobre EEUU, sino también dañaría electoralmente al candidato demócrata, cuando su principal rival, Donald Trump, agita el fantasma migratorio.
La crisis presente desde 2011-2013 ha expulsado a millones de personas, deteriorando las condiciones de vida y aumentando los incentivos para emigrar. En 2021, el número de pobres alcanzó el 65,2%, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Como señala Leonardo Vera, las mejores estimaciones indican que la caída acumulada del PIB per cápita puede estar entre 75 y 80 puntos durante siete años y medio, cuando la economía venezolana perdió las 4/5 partes de su tamaño. En resumen, con depresión e hiperinflación Venezuela se ha convertido en un país de pobres, con un ingreso per cápita de los más bajos del continente y una marcada desigualdad. El ingreso del grupo más rico supone 70 veces el ingreso de la franja más pobre de la sociedad (según ENCOVI).
La gestión de Maduro ha profundizado la crisis económica iniciada en tiempos de Chávez y ha agudizado el desplome de la industria petrolera. Tras décadas de mala gestión y purgas políticas, el desmantelamiento de las estructuras directivas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el abandono de su cultura empresarial tradicional han socavado el sector y desestabilizado la economía nacional. En 2021, según un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela sólo produjo 527.000 barriles de petróleo diarios, una caída de 2,49 millones de barriles según los niveles de 2013, lo que supone el 82,9% de la capacidad productiva. Este descenso no tiene precedente en la historia de ningún país productor que no haya sufrido un agotamiento de sus reservas, una guerra o un conflicto armado interno. En 1997, PDVSA producía 3,2 millones de barriles diarios y, tras tocar el fondo de casi medio millón en los últimos meses, ha logrado una mínima recuperación, hasta los 783.000 barriles diarios.
En Venezuela también ha colapsado el sistema sanitario, sin insumos, material sanitario, médicos ni agua. La falta de inversión en infraestructura, la disminución de personal, el descenso operativo de los servicios de laboratorios, rayos y todo tipo de estudios y la escasez de suministros médicos han debilitado progresivamente la capacidad del sistema para brindar atención adecuada. El modelo educativo evidencia la crisis: según ENCOVI, en los últimos nueve años la cobertura educativa de los jóvenes de 3 a 24 años pasó del 73% al 63%. Sólo en 2022, 190.000 alumnos abandonaron el sistema educativo.
El éxito en la contención de la inflación (305% en 2022, 189% en 2023 y 85% en la actualidad) responde al estancamiento de la demanda y del consumo; al retroceso de la emisión monetaria, a la pérdida de capacidad de ahorro y al aumento en la venta de dólares por reservas internacionales. Todo esto tuvo como contrapartida un enorme coste social, con un salario mínimo de cuatro dólares y una población que depende de las remesas. En 2024, año electoral, puede haber un incremento del consumo y una expansión del PIB gracias al fin de las sanciones, pero los problemas estructurales de su economía están lejos de estar solucionados. En un contexto de incertidumbre política e institucional, con administraciones desfinanciadas y penetradas por la corrupción y el clientelismo, el sistema financiero es endeble y el mercado pequeño y de bajos ingresos. Como apunta Leonardo Vera, están destruidos los sistemas de protección social (pensiones y redes de salud y educación pública) y la de servicios públicos básicos.
Un narco-Estado
En Venezuela hay amplias zonas donde no llega el Estado, controladas por diversos grupos criminales que, en ocasiones, actúan con la complicidad e incluso alianza con el aparato estatal. Con Maduro comenzó un proceso paulatino de entrega y enajenación del monopolio de la fuerza a bandas criminales y al ELN. Diversos informes señalan que desde 2014, se crearon “zonas de paz” –áreas entregadas por el gobierno a pandillas bajo la promesa de no delinquir–. Éstas se convertirían después en mega bandas.
Si con Chávez las guerrillas colombianas podían utilizar el territorio venezolano como refugio y santuario, con Maduro reemplazaron al Estado en diferentes regiones. Hay áreas donde el ELN, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y mega bandas mantienen el control territorial, regulan la economía legal e ilegal, la salud, la minería y la prostitución. De los 35 grupos criminales operativos, Insight Crime destacó 10 por su impacto social. La lista la lidera el ELN, convertido en una suerte de Estado alternativo en algunas regiones. El ELN pasó de ser un grupo guerrillero en Colombia a banda criminal en Venezuela, con cerca de 1.000 miembros y presencia en 40 municipios de ocho estados. Su influencia alcanza la minería ilegal en los estados de Bolívar y Amazonas, el control de los envíos de cocaína hacia el Caribe y la regulación de movimientos migratorios y contrabando.
La debilidad del Estado ha permitido el surgimiento de bandas como el Tren de Aragua, que pasó de ser una pandilla carcelaria a una amenaza para la seguridad transnacional y latinoamericana. Este Estado semifallido, promotor del narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción es el mayor foco regional de desestabilización. El Tren de Aragua ha tenido hasta 2023 su centro de operaciones en la cárcel de Tocorón, desde donde su líder impartía instrucciones para secuestrar, cometer homicidios y traficar con personas en toda la región. Sus células se han detectado en Brasil, Colombia, Perú y Chile. Ronna Rísquez denuncia la existencia de una alianza de facto entre el gobierno y la banda, que habría apoyado al régimen en momentos complicados para Maduro y asesinado por encargo (el Tren de Aragua parece estar detrás de la ejecución del militar antichavista Ronald Ojeda en Santiago de Chile).
El papel de Venezuela como punto de tránsito de la droga ha crecido con el aumento de los volúmenes de cargamentos de cocaína hacia el Caribe y principalmente Europa. Un informe del Miami Herald, junto al portal de noticias venezolano Armando Info y la Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) reveló que, tras la crisis de la industria petrolera y agrícola, el régimen recurrió al narcotráfico para financiarse. La investigación mostró una compleja red de tráfico que implica a altas esferas del régimen y a miembros de las Fuerzas Armadas. El informe desvela que de Venezuela salen entre 250 y 350 toneladas de droga anuales, con un valor en la calle de entre 6.250 y 8.750 millones de dólares.
El análisis de los NarcoFiles revela que la dependencia económica del régimen respecto del narcotráfico ha crecido en respuesta al colapso de la industria petrolera y las sanciones estadounidenses. Los ingresos del narcotráfico son esenciales. Algunas estimaciones apuntan a que en 2022 el tráfico de drogas representó el 8,5% del PIB. También se buscó aumentar los ingresos provenientes del oro, colaborando con las estructuras criminales del ELN y del Frente Acacio Medina de la ex-FARC.
El ex vicepresidente, Tareck El Aissami, figura en la lista de miembros de esta banda criminal en Venezuela
Del autoritarismo competitivo a la dictadura
Bajo la hegemonía chavista, Venezuela pasó de ser una democracia en los 90, a un autoritarismo competitivo con Chávez y, finalmente, una dictadura plena con Maduro. En 2021, Human Rights Watch (HRW) alertó de la “consolidación” de las “dictaduras” en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En su informe de 2024, menciona problemas que van desde la emergencia humanitaria compleja a la persecución a la disidencia por las autoridades, pasando por la impunidad judicial y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas por la minería ilegal.
Freedom House coloca a Venezuela entre los países con índice más negativo en la región por “manipulación electoral”, donde los derechos políticos y las libertades civiles disminuyeron en la última década. La organización le otorga 15 puntos sobre 100 en sus índices de libertad y democracia, y lo considera un país no libre y autoritario. The Economist, en su ranking sobre el estado de la democracia, coloca a Venezuela como el país menos democrático de América Latina, por debajo de Cuba, Nicaragua y Haití.
Los hechos ratifican esta situación. La Corte Penal Internacional (CPI) ha desestimado la apelación de Venezuela y continúa la investigación por crímenes de lesa humanidad en la última década, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. El fallo se dio cuando el régimen chavista está en la mira de la comunidad internacional por el aumento de una represión paralela al diseño de unas elecciones presidenciales que favorecen el continuismo.
La escalada represiva contra líderes sociales, ONG y medios de comunicación se inscribe en la actual campaña electoral, con Maduro jugándose su continuidad. En su deseo de romper el cerco internacional, el régimen aprovechó la necesidad de EEUU de acceder a fuentes de energía confiables tras la crisis de Ucrania para alcanzar un pacto con la Casa Blanca. Según éste, EEUU liberaría a figuras prominentes del régimen, aligeraría las sanciones y volvería a adquirir petróleo venezolano. En octubre de 2023 Washington levantó las sanciones al gas, al petróleo y al oro y Venezuela pudo volver de forma oficial a los mercados internacionales y mejorar su economía. A cambio, el régimen aceptó la expulsión de inmigrantes venezolanos y accedió a celebrar elecciones transparentes, justas y en igualdad de condiciones.
Washington valoró tener un suministrador fiable de petróleo y una alternativa energética. Eso explica que otorgara a Chevron una autorización limitada para reanudar la extracción de crudo, tras el deshielo entre gobierno y oposición en 2022. Sin embargo, lo más importante era detener la presión migratoria. Venezuela no es, hoy en día, energéticamente relevante. La crisis de su sector petrolero sólo permite exportar 300.000 barriles diarios, un 0,3% del mercado, cuando la producción mundial de petróleo supera los 100 millones de barriles diarios.
El Acuerdo de Barbados, entre el régimen y la oposición, contemplaba votar en la segunda mitad de 2024, permitiendo a cada lado elegir su candidato. Se diseñó un cronograma electoral con garantías que permitía elecciones internas en la coalición opositora (La Plataforma Unitaria), que llevaron a la victoria de María Corina Machado con el 94% de los votos. Caracas liberó a cinco presos políticos y dos meses después, Washington dejó en libertad a Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro.
Una posible victoria opositora, dado el fuerte liderazgo popular de Machado, encendió las alarmas del régimen que fue destruyendo el Acuerdo de Barbados. El Tribunal Supremo confirmó su inhabilitación política para ocupar un cargo público. La dirigente del movimiento Vente Venezuela ha mantenido que nunca se le comunicó formalmente ninguna inhabilitación, por lo que no podía negársele el derecho a disputar la presidencia. El acoso sobre la alianza opositora ha continuado con el secuestro y arresto de colaboradores de Machado, como el director del comando de campaña del estado Barinas, Emill Brandt y Henri Alviárez, número dos del partido.
El descubrimiento de un supuesto complot contra Maduro permitió al régimen enterrar el Acuerdo y pactar con grupos afines (fuerzas políticas, sociales y empresariales) un nuevo cronograma electoral. El pacto, anunciado en el undécimo aniversario de la muerte de Chávez, fijó los comicios presidenciales el 28 de julio, día de su nacimiento.
Maduro está a punto de consumar su plan para reelegirse a la nicaragüense. Ha impedido la inscripción de Machado, obstaculizado la de su sustituta, Corina Yoris, y sembrado dudas y divisiones en la oposición. Maduro se enfrentará a 12 candidatos, nueve títeres del régimen. La verdadera oposición puede presentarse dividida entre opositores moderados, como Enrique Márquez (Centrados) y Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo), que logró postularse a última hora cuando Yoris no pudo hacerlo por un supuesto fallo informático en la página de la autoridad electoral. La principal coalición antichavista, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), al no poder postular ni a Machado ni a Yoris ha insistido en la vía electoral inscribiendo a Edmundo González Urrutia. Es una estrategia para no quedar fuera de los comicios y ganar tiempo mientras negocia una candidatura de unidad: hay 13 postulantes. La inscripción de González Urrutia es provisional y la PUD podría negociar con opositores más moderados, como Rosales, con quien no tiene buena relación. El régimen no sólo ha logrado bloquear la candidatura de Machado y su heredera, sino también separó la oposición más antichavista, seguidora de Machado, de los partidarios de transigir con el régimen (Rosales y Márquez).
Además de diseñar unas elecciones a medida, la represión se acentuó tras la denuncia gubernamental de un complot para asesinar a Maduro. La supuesta conspiración desencadenó una purga en las Fuerzas Armadas (33 militares fueron degradados y expulsados por presunta vinculación con “conspiraciones” de magnicidio). Esto también sirve para amedrentar a la sociedad civil. Primero, con la detención de Rocío San Miguel, especialista en asuntos militares y directora del grupo de vigilancia Control Ciudadano. Segundo, expulsando a los miembros de la oficina técnica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas por manifestar su preocupación por el caso San Miguel. Tras su arresto, el Ministerio de Información acusó a Amnistía Internacional de ser una herramienta de Washington y expulsó al personal de Naciones Unidas, tras las críticas vertidas. Tercero, el parlamento, controlado por el gobierno, está revisando un proyecto de ley que despojaría a todas las ONG y asociaciones civiles de su estatus legal y las obligaría a volver a registrarse.
Finalmente, hay una ofensiva contra los medios de comunicación. En lo que va de año se han clausurado ocho emisoras de radio, junto a las 130 cerradas desde 2022. Maduro calificó de “nazi” al canal de noticias alemán Deutsche Welle (DW), tras un informe periodístico sobre corrupción y prohibió sus emisiones. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Espacio Público, han denunciado una “escalada” contra los medios durante las más de dos décadas de gobiernos chavistas, documentando el cierre de más de 200 periódicos, emisoras de radio y de televisión.
Contra el statu quo internacional
Venezuela lideró con Chávez un proyecto latinoamericano contra EEUU, basado en su liderazgo carismático y su billetera con petrodólares (el precio del barril pasó de 10 dólares a 150 en 2004). Así surgieron organizaciones como el ALBA, la CELAC, Unasur y PetroCaribe. Entonces, Venezuela dio un giro de 180º en sus relaciones internacionales, pasando de estar alineado con EEUU y promover activamente las normas democráticas en el hemisferio occidental a convertirse en una nación cada vez más autoritaria que buscaba activamente vínculos con Cuba, Nicaragua, Rusia, China e Irán, frente a EEUU.
Con Maduro ha desaparecido el liderazgo continental y su posición internacional se ha reducido a la de aliado de potencias autoritarias, en especial Rusia. Actualmente, Caracas trata de jugar a varias bandas. Mantiene su apoyo a regímenes como el de Vladímir Putin, mientras busca volver a suministrar petróleo a EEUU. Venezuela ha condenado las sanciones a Rusia, la venta de armas a Ucrania y ha recibido reiteradamente a dirigente rusos como el canciller de la Federación Rusa, Serguéi Lavrov, con quien Maduro revalidó el respaldo a la “decidida lucha que enfrenta Moscú contra los intentos por reinstaurar la corriente nazi-fascista”.
La política internacional también se ha convertido en un elemento contrario a la estabilidad regional, como evidencia su enfrentamiento con Guyana. El régimen busca, en este año electoral, convertir la crisis del Esequibo en una apelación a la unidad nacional. Maduro convocó un referéndum en diciembre de 2023, preguntando a los venezolanos si apoyaban la anexión del Esequibo, una región de 160.000 km2 perteneciente a Guyana. Tras un apoyo declarado de más del 95% (poco transparente en recuento y participación), Maduro tomó el resultado como un mandato popular para ocupar el territorio. Envió a la Asamblea una ley para crear un nuevo estado en el Esequibo y designó al mayor general Alexis Rodríguez Cabello como “autoridad única” y creó “una Alta Comisión Nacional para la defensa y recuperación” del territorio encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. También ordenó otorgar licencias para extraer petróleo.
Todo apunta a que, pese al acuerdo entre Venezuela y Guyana de no escalar la tensión, la reivindicación nacionalista seguirá marcando la campaña como fórmula de unir a la ciudadanía con el gobierno. Así, se utilizó la tensión con Londres por el envío de un buque de guerra británico al Caribe en respaldo a su antigua colonia. Maduro calificó el hecho de “amenaza inaceptable” y respondió con una “acción defensiva” en el Atlántico. Consideraba que la llegada del HMS Trent suponía una “ruptura” de los acuerdos suscritos con su homólogo guyanés, Irfaan Ali, el 14 de diciembre, cuando se comprometieron a no amenazarse mutuamente y evitar nuevos incidentes.
Maduro aviva los conflictos externos (EEUU, Argentina y Guyana) como estrategia electoral para tapar su polémica reelección. El gobierno ha acusado a EEUU de estar implicado en un plan de magnicidio contra Maduro. El canciller Yván Gil acusó en X (antiguo Twitter) al subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, después de su rechazo por la detención de cuatro colaboradores de Machado. Además, el gobierno cerró el espacio aéreo a los aviones argentinos, en respuesta a la incautación de una aeronave venezolana-iraní retenida en Buenos Aires por una investigación sobre terrorismo.
Los países democráticos latinoamericanos se han posicionado contra las maniobras del régimen de impedir la inscripción de las principales figuras de la oposición. EEUU, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Perú, entre otros, y la UE han manifestado su inquietud, señalando que lo sucedido viola los Acuerdos de Barbados y las reglas de transparencia y equidad democrática. Los gobiernos de Colombia y Brasil, próximos a Venezuela, en sendos comunicados expresaron su “preocupación” por lo ocurrido. Caracas acusó a Bogotá y Brasilia de estar al dictado de EEUU y de cometer una “injerencia grosera” en los asuntos internos de un país soberano.
Conclusiones
Venezuela supone un múltiple desafío para la comunidad internacional. Ha pasado de ser una potencia regional liderada por Chávez, un actor internacional activo, a ser un petro-Estado mal administrado que sufre una emigración masiva y es incapaz de producir su principal producto de exportación, el petróleo. Es un problema regional y mundial desde un punto de vista político, porque va hacia unas elecciones presidenciales como las de 2018, poco transparentes, desequilibradas y sin garantías, de modo de perpetuarse como un régimen autoritario violador de los derechos humanos.
El régimen no está dispuesto a ser derrotado en las elecciones porque perderlas significaría no sólo ceder en el terreno político, sino también poner en peligro los intereses económicos de su élite, con el riesgo de acabar en la cárcel. Así, ha diseñado un simulacro de elecciones con candidatos opositores domesticados, vetando a aquellos que amenazan su continuidad (Machado) e impidiendo, de facto, que los emigrantes –muchos exiliados antichavistas– ejerzan el derecho al voto en el exterior del que gozan constitucionalmente. Hay unos 10 millones de venezolanos que podrían votar en el extranjero (casi un tercio del padrón), pero hay pocos inscritos y el régimen sólo ha dado un mes para registrarse.
Esto coloca a EEUU y a la UE ante la disyuntiva de posicionarse ante unos comicios en los que Maduro busca legitimarse y reintegrarse a la comunidad internacional jugando la carta de suministrador de recursos naturales y utilizando el tema migratorio a modo de chantaje. A corto plazo, EEUU, en plena campaña electoral, tiene escaso margen de acción y además la Administración Biden, que ha anunciado nuevas sanciones, debe nadar entre sus principios (el rechazo a la consolidación de una dictadura) y la politización del tema migratorio. Donald Trump utilizaría como arma electoral contra Joe Biden que Caracas, debido a las sanciones, dejara de recibir a los emigrantes expulsados de EEUU. Eso le da a Maduro casi medio año de margen entre las elecciones venezolanas y las estadounidenses. La UE quiere elecciones y si al final la oposición acude con un candidato alternativo a Machado esto sería visto como suficiente para convalidar los resultados. A medio plazo, sin embargo, la deriva autoritaria y el deterioro de las condiciones económicas volverán a interpelar a Washington y Bruselas.
Venezuela también se ha convertido en un problema geopolítico por su respaldo a Rusia, su alianza con China y su discurso agresivo y expansivo hacia sus vecinos, como muestra el caso de Guyana. Si bien la retórica belicista por ahora no va más allá, en el supuesto de que el régimen se sintiera presionado podría derivar en una crisis más amplia.
Finalmente, Venezuela se ha convertido en un exportador de migrantes y una plataforma del crimen organizado. Ambas realidades presionan a la comunidad internacional. A EEUU por la llegada masiva de emigrantes con efectos sociales y políticos sobre la realidad interna estadounidense y a la UE como destino de la droga que sale de Venezuela y llega a territorio europeo a través de las rutas africanas.
El escenario futuro camina hacia un creciente autoritarismo del régimen, al estilo de la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, o bien hacia una total o parcial adopción del modelo haitiano, por la incapacidad estatal de controlar un territorio que en gran parte está en manos de cárteles del narcotráfico, las narcobandas y las narcoguerrillas. Con Maduro en el poder, el papel de los grupos criminales casi seguramente seguirá creciendo, al ser esenciales en el sostenimiento político y económico del régimen en un escenario próximo a un “Estado mafioso”. En un contexto poschavista, estas bandas, unidas a los poderes fácticos bolivarianos, podrían llegar a ejercer un poder de veto capaz de paralizar al futuro gobierno y desestabilizar una posible transición democrática.
