Tema[1]
Un Consejo de Comercio y Tecnología Unión Europea-América Latina y el Caribe como plataforma para profundizar los acuerdos estratégicos entre ambas regiones.
Resumen
Diseñado como un foro bilateral de alto nivel, un Consejo de Comercio y Tecnología UE-ALC, ejecutivo, pragmático y orientando a resultados, sería un excelente punto de partida y una plataforma única para organizar la relación bilateral UE-ALC y la búsqueda de acuerdos estratégicos para los desafíos globales.
El espíritu del CCT/UE-ALC sería similar al existente entre la UE y Estados Unidos y la UE y la India. Se trata de coordinar y colaborar en un amplio abanico de temas de relevancia global como seguridad energética, seguridad alimentaria e hídrica, gobernanza digital y conectividad, cadenas de suministro, tecnologías de energía limpia y ecológica, transición verde, migración, crimen y terrorismo transnacional.
Un Consejo de Comercio y Tecnología/UE-ALC marcaría un hito muy importante en las relaciones UE-ALC y las llevaría a un nuevo nivel más elevado, y sería un mecanismo vital para que ambas regiones ahonden en su compromiso estratégico.
Análisis
La creación de Consejo de Comercio y Tecnología Unión Europea-América Latina y el Caribe (CCT/UE-ALC) es un excelente punto de partida, ejecutivo, pragmático y orientando a resultados, para darle un amplio soporte institucional a la negociación y la cooperación. Pensado como un foro bilateral de alto nivel, se centraría en las tecnologías de vanguardia y en aquellos desafíos globales no siempre abordados en ciertos contextos multilaterales. Sería una plataforma única para organizar la colaboración birregional. El CCT/UE-ALC podría servir de herramienta para que la UE y ALC hablen con una voz en los foros internacionales sobre los temas prefijados.
El espíritu del CCT/UE-ALC sería similar al existente entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EEUU) y con la India. Se trata de coordinar y colaborar en un amplio abanico de temas como seguridad energética, seguridad alimentaria e hídrica, gobernanza digital y conectividad, cadenas de suministro, tecnologías de energía limpia y ecológica, migración y crimen y terrorismo transnacional.
En lo que respecta a su coordinación, el CCT/UE-ALC estaría copresidido por representantes de alto nivel de la UE y de ALC, y se organizaría en grupos de trabajo sobre temas específicos, que estarían compuestos por especialistas y funcionarios de la UE y ALC que aunarían fuerzas para elaborar recomendaciones y propuestas, posteriormente sometidas a los copresidentes.
Éstos podrían colaborar para determinar la agenda de cada grupo de trabajo, facilitar las discusiones, llevar a cabo evaluaciones periódicas para determinar los avances, garantizar que el grupo cumpla sus objetivos y efectuar los ajustes necesarios en el programa. Los grupos de trabajo podrían contar con equipos de apoyo técnico encargados de las tareas más especializadas.
El conjunto inicial de grupos de trabajo examinaría una serie de temas de relevancia global y, al mismo tiempo, pertinentes para la UE y ALC. He aquí una lista orientativa de temas.
1. Seguridad energética
América Latina cuenta con reservas considerables de hidrocarburos (petróleo y gas natural) y abundantes fuentes de energías renovables (eólica, solar e hidroeléctrica), que podrían garantizar la seguridad energética de la UE. La colaboración podría abarcar los siguientes temas:
1.1. Energías fósiles
La invasión rusa de Ucrania y las iniciativas de diversificación de la UE y sus Estados miembros han coincidido con el agotamiento de las relaciones entre la UE y América Latina en materia de hidrocarburos. En contraste con lo ocurrido con otras regiones tradicionalmente exportadoras, la crisis energética y su alto precio no parecen haber reavivado el interés europeo en los recursos fósiles latinoamericanos.
Hace un decenio que la inversión europea se concentra en exploración y producción de hidrocarburos no convencionales (reservas de presal en Brasil, aguas profundas de Guyana y, en menor medida, petróleo de esquisto en Vaca Muerta en Argentina). Esto contrasta con la crisis que sufre el petróleo venezolano y el lento pero continuo declive de la producción en Ecuador, Colombia y México, con un clima empresarial menos atractivo para la inversión extranjera. La colaboración en gas y petróleo podría servir para elaborar normas y criterios de explotación de los hidrocarburos (upstream, midstream y downstream) para garantizar su sostenibilidad y eficiencia.
1.2. Minerales de transición
Garantizar el acceso a minerales críticos y tierras raras es un gran reto de la doble transición energética y digital. América Latina debería poder satisfacer la demanda de minerales de transición de la UE, tanto por su producción como por sus reservas de niobio, plata, cobre, litio, cobalto, estaño, hierro, molibdeno y tierras raras. Las expectativas generadas en América Latina en torno a la industrialización asociada a la minería deben equilibrarse con la necesidad creciente de la sostenibilidad medioambiental. El desafío para la UE es diferenciarse del resto de inversores e importadores (principalmente China). Para conseguirlo, deberá ofrecer pautas sostenibles de interdependencia basadas en la generación y distribución efectivas de las actividades y los beneficios mineros en toda la cadena de valor, para que la sostenibilidad no esté reñida con la competitividad.
Esta circunstancia sitúa a ALC en una posición dominante para liderar las nuevas cadenas de valor con bajas emisiones de carbono, como muestra la importancia del cobre y el litio en la última actualización del Acuerdo de Asociación UE-Chile, que podría replicarse con el Mercosur: litio (Argentina) y tierras raras (Brasil).
1.3. Cooperación en energías renovables
América Latina es una de las regiones con mayor potencial para desarrollar la dimensión exterior del Pacto Verde Europeo. Desde 2011, la inversión extranjera directa (IED) en proyectos de energía renovable ha superado la inversión en hidrocarburos. Estos proyectos ya representan el 33% del suministro energético total de la región, frente al 13% mundial. Las empresas europeas (especialmente las eléctricas españolas, italianas y francesas) han impulsado esa tendencia con el 75% de la IED en renovables,
La IED europea se ha caracterizado por altos estándares laborales, sociales y medioambientales y por un nivel elevado de transferencia de tecnología (como con las fábricas de aerogeneradores en México y Brasil) a diferencia de otros inversores como China y EEUU. América Latina compite en un clima menos favorable para la inversión internacional, lo que, unido a la subida de los tipos de interés, el plan Next Generation EU y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) en EEUU, podría hacer que las inversiones en renovables desaparecieran de América Latina. Para mantener el nivel de IED y el dinamismo del sector harían falta condiciones más atractivas.
1.4. Cooperación en integración energética
La integración energética latinoamericana sigue en punto muerto, lastrada por dos décadas de desconfianza e interrupciones de los proyectos regionales y con escaso margen para la cooperación multilateral con la UE. La crisis energética desencadenada por la invasión de Ucrania ha recordado el coste derivado de no invertir en la integración de los mercados europeos de gas y electricidad. Los errores de la UE ilustran la importancia estratégica de la integración regional en la transición energética: un marco integrado, tanto físico como normativo, supone beneficios en eficiencia, velocidad y seguridad. La UE y América Latina podrían cooperar para intercambiar experiencias (éxitos y fracasos) en integración energética y financiación de nuevas infraestructuras a través de Global Gateway.[2]
2. Seguridad alimentaria
América Latina es una gran productora de productos agrícolas. Tiene un superávit anual de más de 127.000 millones de dólares, unos 200 dólares per cápita, cantidad superior a la de cualquier otra región, salvo Oceanía. Sin embargo, la mayoría de los países de la región está expuesta a problemas de producción y comercialización y a las subidas de precio provocadas por la guerra en Ucrania, al ser importadores netos de trigo, maíz y aceites vegetales y de cerca del 85% de los fertilizantes que utilizan. Ninguna otra región del mundo depende tanto de su importación.
La seguridad alimentaria sigue siendo una fuente de preocupación para la región. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que entre 2019 y 2020 (en el contexto de la pandemia), el número de personas que pasaron hambre en América Latina y el Caribe aumentó en 13,8 millones, hasta los 59,7 millones (el 9,1 % de la población). Asimismo, cuatro de cada 10 personas experimentaron en 2020 inseguridad alimentaria moderada o grave, unos 60 millones más que en 2019 (mayor incremento en todo el mundo). La inflación alimentaria aumenta el riesgo de pasar hambre.
La cooperación con la UE en materia de seguridad alimentaria y agricultura sostenible podría ayudar a garantizar el suministro de alimentos en ambas regiones, contribuyendo a la seguridad alimentaria mundial. Los ámbitos de colaboración podrían incluir los siguientes temas:
- Medidas para fomentar la adopción de prácticas agrícolas sostenibles.
- Gestión de las cadenas de valor.
- Desarrollo rural.
- Cooperación en seguridad de los alimentos y normas de calidad
- Cooperación bidireccional en tecnología agrícola
3. Seguridad hídrica
La escasez de agua y la degradación de los recursos hídricos son retos críticos en casi todo el mundo y se espera que se agraven debido al crecimiento demográfico, la urbanización y el cambio climático. La UE, en tanto principal proveedor de tecnología y cooperación al desarrollo, puede ayudar a América Latina a enfrentar estos retos y fomentar prácticas sostenibles de gestión del agua.
- Gestión y gobernanza del agua: aportar asistencia técnica y financiar reformas de gestión y gobernanza destinadas a mejorar la eficacia y eficiencia de las instituciones encargadas de la gestión del agua.
- Planificación y desarrollo de los recursos hídricos: ayudar a elaborar planes de gestión de los recursos disponibles que compaginen las necesidades de los usuarios y garanticen su uso sostenible.
- Adaptación y atenuación del cambio climático: apoyo para adaptar y atenuar sus efectos sobre los recursos hídricos. Esto incluye invertir en infraestructura, sistemas de seguimiento de sequías y tecnologías de ahorro de agua.
4. Tecnologías e industrias de energías limpias y ecológicas
4.1. Intercambio de mejores prácticas en gobernanza climática
Una transición ecológica satisfactoria requiere objetivos claros, a salvo de los ciclos políticos y de cambios en las prioridades de gobierno. La integración de los objetivos en la legislación nacional es un arma potente para evitar retrocesos políticos en cambio climático y transición ecológica. Europa y América Latina han estado en la vanguardia legislativa en estos temas. Ambas regiones pueden aprender mucho más de la otra para reforzar la gobernanza climática mediante el intercambio de conocimientos sobre legislación y políticas climáticas y sobre instituciones, órganos científicos de consulta y asambleas ciudadanas.
4.2. Apoyo a la descarbonización industrial y la integración de las cadenas de suministro mediante hidrógeno renovable
El hidrógeno renovable ha captado la atención de los inversores y de la cooperación europea en América Latina (incluido el Global Gateway), en especial tras la publicación en 2020 de la estrategia chilena de hidrógeno verde. El papel central que otorga REPowerEU al hidrógeno con bajas emisiones de carbono en la diplomacia energética europea complementa el potencial de América Latina para desarrollar un nuevo sector industrial. El hidrógeno renovable podría ayudar a amortiguar el impacto del mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono (CBAM, por sus siglas en inglés).[3] La primera fase del CBAM afectará al hierro y al acero, fertilizantes, aluminio, cemento, electricidad y productos del hidrógeno.
El hidrógeno renovable será fundamental para descarbonificar las cadenas de valor sujetas al CBAM y es una oportunidad prometedora para la actividad industrial de América Latina. El hidrógeno renovable ofrece diversas posibilidades para aumentar la seguridad alimentaria de la región al reducir la exposición de los agricultores a la importación de fertilizantes.
4.3. Apoyo a la transición hacia sistemas de transporte hipocarbónicos, fomento de la electrificación y desarrollo activo de sistemas de transporte público sostenibles
En América Latina, el 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la quema de combustible procede del transporte, porcentaje muy superior a la media mundial del 22%. Sus emisiones seguirán aumentando con mayor rapidez que las de otros sectores dada la incesante motorización: el parque de vehículos privados de América Latina crece a mayor velocidad que el de cualquier otra región y se prevé que triplique su tamaño de aquí a 2050.
América Latina se alimenta en buena medida de una red energética limpia. Esto implica que los argumentos medioambientales en pro de la movilidad eléctrica resultan especialmente sólidos.
Las ciudades latinoamericanas se ven afectadas por problemas de congestión de tráfico y calidad del aire que exigen ampliar los sistemas de transporte público, incrementar la eficiencia del transporte informal y dar prioridad a la movilidad no motorizada. Los países de la UE y América Latina pueden intercambiar experiencias de desarrollo del transporte urbano e historias de éxito sobre electrificación, al mismo tiempo que cooperan en las cadenas de suministro de baterías para vehículos eléctricos, incluidos minerales de transición esenciales como el litio.
4.4. Fomentar el desarrollo sostenible e inclusivo, adoptar principios de economía circular, mejorar la eficiencia de los recursos, reducir residuos y el reciclar en la producción y el consumo.
Gracias a su enorme potencial en energías renovables, los países latinoamericanos están en una posición prominente para impulsar políticas industriales que generen empleos verdes y ayuden a diversificar la reprimarización económica. Para ello hará falta invertir en nuevas tecnologías y herramientas, reciclaje profesional, ampliación de políticas laborales y sistemas de protección social específicos para ayudar a los trabajadores afectados por la transición. La UE es el principal proveedor de fondos para el desarrollo sostenible e inclusivo de los países de ALC: con cerca de 3.400 millones de euros para programas bilaterales y regionales a través del programa IVCDCI-Europa Global[4] para 2021-2027. América Latina también tendrá acceso al Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+).
Los programas EUROCLIMA y EUROCLIMA+ llevan apoyando durante más de 10 años medidas ecológicas, climáticas y medioambientales en colaboración con 18 países socios de ALC, los Estados miembros de la UE y los organismos de la ONU. La acción por el clima se promueve también en tratados comerciales bilaterales, como con Colombia y Perú, así como en el Acuerdo de Asociación con América Central, para impulsar el comercio y la inversión extranjera en tecnologías ecológicas.
5. Gobernanza digital, conectividad, infraestructuras, sanidad y educación
Al crear una asociación en torno a iniciativas digitales, la UE y América Latina pueden reducir la brecha digital y proporcionar un acceso más amplio a la tecnología e internet, además de ayudar a las empresas a ser más competitivas en el mercado mundial. No cabe duda de que los riesgos digitales para la seguridad forman parte de la agenda. La colaboración en evaluación conjunta de los riesgos para la seguridad, en el cribado de las inversiones y en los regímenes multilaterales de control de las exportaciones supondría un avance ambicioso hacia una mayor colaboración en la asociación UE-ALC.
5.1. Gobernanza digital
La convergencia normativa es una de las máximas prioridades de la UE para desarrollar asociaciones tecnológicas externas con terceros países. Ese es el motivo por el que la UE ha puesto en marcha proyectos de asistencia técnica en sus delegaciones en varios países de ALC. Sin embargo, la decisión de la UE sobre la adecuación de los datos, que determina si un país no miembro de la UE tiene el nivel adecuado de protección de datos para colaborar, sólo ha prosperado en Argentina y Uruguay. El CCT debería brindar la oportunidad de profundizar en este ámbito y no sólo mediante “decisiones sobre la adecuación de los datos”, sino también a través de futuras capacitaciones e intercambios de personal y respaldando la integración de los enfoques de ambas partes en materia de protección de datos respecto a, entre otras cosas, la privacidad, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.
En lo que atañe a derechos digitales, la UE presentó su primera Declaración sobre los Derechos y Principios Digitales en 2022 y la Cumbre Iberoamericana hizo lo propio con su Carta de Derechos Digitales en 2023. Estos documentos no son ni obligatorios ni vinculantes, si bien podrían servir de fuente para elevar las agendas mundiales de ambas regiones en organizaciones internacionales como el Pacto Digital Mundial de la ONU.
5.2. Gobernanza electrónica
La digitalización de los servicios gubernamentales es un pilar del desarrollo socioeconómico y de la prestación efectiva de servicios públicos, con su consiguiente legitimidad democrática. Además, el gobierno digital permite usar de la mejor manera posible las TIC para adoptar principios de buen gobierno y alcanzar metas políticas, e impulsa actividades anticorrupción y la integridad del sector público de un modo transparente. Cuatro Estados miembros de la UE están entre los 10 países con un gobierno digital más maduro: Dinamarca, España, Portugal y Francia. Un país de ALC, Colombia, en la tercera posición, está por delante de estos Estados miembros. El siguiente país latinoamericano es Brasil, en el 15º lugar.
El grado de madurez difiere en función del indicador, por lo que surge la oportunidad de que los países de la UE y ALC intercambien información y mejores prácticas de modo constante sobre proactividad, actividades impulsadas por usuarios, el principio de “apertura por defecto”, el gobierno como plataforma, el sector público impulsado por datos y el concepto de “digital por diseño”. Esta evolución de la gobernanza electrónica se ha dado hasta el momento a nivel nacional, por países, por lo que la cooperación entre la UE y ALC debería guiarse por una iniciativa intergubernamental basada en la voluntad de participar de todos los países de la UE.
5.3. Salud digital
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 30% de las muertes evitables en ALC se deben a la falta de acceso a los servicios sanitarios, mientras que el 70% restante se atribuye a su baja calidad. La salud digital parece ser una cuestión importante de la atención sanitaria para fundamentar mejor los diagnósticos, facilitar el acceso a la sanidad a personas de zonas remotas y rurales y optimizar la preparación de sistemas sanitarios eficaces cuando supongan un coste elevado.
Por su parte, la UE está desarrollando el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, cuyo objetivo es ayudar a los individuos a tomar el control de sus propios datos de salud y favorecer mejoras en atención, investigación, innovación y elaboración de normas sanitarias, así como propiciar la utilización y reutilización segura de los datos sanitarios.
La enseñanza principal de cara a una posible colaboración birregional supone la necesidad de intercambiar prácticas técnicas para fomentar espacios de datos –plataformas que recopilen datos anónimamente y en las que los interesados certificados puedan usarlos para mejorar sus servicios públicos o privados– entre los países de ALC, así como garantizar la protección de los datos y su uso eficaz para la prestación de servicios públicos. También incluye la cooperación entre países de una misma región. Por eso, la cooperación birregional es más importante que nunca en el contexto de los retos y las oportunidades de la digitalización.
5.4. Emprendimiento digital
Hay 1.005 empresas tecnológicas nacidas en ALC que recaudan más de un millón de dólares. El número de “unicornios” –empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares y que no cotizan en bolsa– pasó de nueve en 2017 a 28 en 2020. En la última década su valor se multiplicó por 32, desde una estimación de 7.000 millones de dólares en 2010 a 221.000 millones en 2020.
La amplia mayoría de las empresas emergentes latinoamericanas termina en la arena internacional, aunque se inician en mercados vecinos o a través de Brasil y México. Le sigue EEUU, mientras el mercado europeo es más limitado, aunque en expansión, especialmente el español. No obstante, las empresas emergentes son cada vez más importantes en ALC, un tema en el que debería fijarse la UE. Las startups latinoamericanas están invirtiendo mucho más en Europa, lo que tampoco debería olvidarse. Junto al comercio electrónico y a la tecnología financiera (que concentran el 72% del valor del ecosistema, el 50% del capital recaudado y el 29% de las empresas emergentes), otra oportunidad para las compañías de la UE y ALC está en el valor añadido y la repercusión social de la tecnología educativa, la agrícola, la sanitaria y la movilidad electrónica.
5.5. Programas de alfabetización digital
La alfabetización digital es igual de importante para la UE y ALC. Sin embargo, puede hacer referencia a distintos niveles de acción: capacitación desde la educación primaria, perfeccionamiento para trabajadores con conocimientos digitales y reciclaje para desempleados y trabajadores con escasas competencias digitales. El Plan de Acción UE-CELAC de 2015 destacó la ciencia, la investigación, la innovación y la tecnología como su primer pilar y contempló como primera prioridad el talento y la alfabetización digital. Sin embargo, estas iniciativas formativas han sido puntuales y con falta de continuidad en todos los países.
El CCT debería promover actividades de asistencia técnica, amén de iniciativas ambiciosas como la creación de un grupo común de especialistas y el establecimiento de un grupo de trabajo sobre talento para el crecimiento –similar al CCT con EEUU– para fomentar taxonomías comunes en la planificación curricular de programas de formación, certificaciones y homologaciones de estudios en ambas direcciones, incentivos para optar por el sector tecnológico en las esferas pública y privada, programas para incluir a comunidades con escasa representación y ayuda a pequeñas y medianas empresas (pymes) para incorporar la alfabetización digital en personal, procesos y productos.
6. Migración
Europa es el destino de casi 5,5 millones de inmigrantes latinoamericanos procedentes de casi todos los países. Hasta ahora, la gestión europea ha dependido básicamente de iniciativas españolas, el principal destino de la UE, con 2,8 millones de inmigrantes de América Latina. Con la excepción de la emigración académica al Reino Unido o de venezolanos de clase media, la mayor parte de la emigración latinoamericana a Europa tiene un nivel educativo intermedio o bajo y ocupa sobre todo puestos de trabajo secundarios, principalmente en los sectores de servicios y cuidados domésticos. Este bajo nivel educativo convierte a los migrantes latinoamericanos en un sector muy vulnerable frente a las transformaciones tecnológicas y los cambios en el ciclo económico, que en tiempos de crisis dan pie a tasas de desempleo elevadas.
6.1. Atracción de migrantes altamente cualificados
Europa debería elaborar políticas adecuadas para atraer a estudiantes y graduados universitarios de América Latina. Muchos viajan a EEUU en busca de una educación de primer nivel. Atraerlos haría que Europa se beneficiase de una inmigración más cualificada, unos migrantes demandados en el mundo desarrollado en un contexto de competencia internacional para atraer personas innovadoras y de talento.
Habida cuenta de que el inglés es y seguirá siendo el idioma dominante en las ciencias, la tecnología y los negocios internacionales, la UE podría reforzar y aprovechar la oferta creciente de titulaciones de grado y posgrado en sus países para atraer a los mejores estudiantes latinoamericanos. Al mismo tiempo, los programas en idiomas europeos nativos como el español, el portugués, el francés, el alemán y el italiano gozan de predicamento entre los estudiantes de América Latina.
Con ese objetivo (atraer a estudiantes de grado y posgrado), podría diseñarse un permiso de posgrado de trabajo y estancia para que puedan permanecer en Europa durante un cierto periodo tras terminar sus estudios. Para evitar la fuga de cerebros y fomentar el enriquecimiento mutuo, estos permisos de trabajo y estancia deberían limitarse temporalmente para favorecer el regreso al país de origen, dejando la puerta abierta a volver periódicamente a Europa para aumentar la movilidad birregional de profesionales.
A fin de impulsar esta migración cualificada, se deberían facilitar y agilizar los procedimientos de validación de títulos universitarios latinoamericanos sin dejar de lado las garantías de calidad, en especial en las llamadas profesiones reguladas (como ingeniería, medicina o derecho), además de tender puentes educativos para que los graduados que no consigan validar su título puedan completar su formación universitaria hasta el nivel exigido en la UE.
La cooperación científico-académica entre universidades y centros de investigación europeos y latinoamericanos es insuficiente, y en numerosos países casi inexistente. Aparte del potencial de obtención de resultados científicos o tecnológicos, esa cooperación también debería reforzarse para consolidar la comunidad de ideas, intereses y perspectivas internacionales.
La inmigración latinoamericana suele llegar a territorio europeo de forma legal (mayoritariamente gracias a la exención de visado), lo que no impide que se convierta en irregular tras varios meses de estancia. En ese sentido, deberían revisarse de forma periódica los acuerdos de exención de visado, una medida que ya ha demostrado su eficacia para reducir la inmigración irregular.
Europa seguirá necesitando temporeros agrícolas migrantes, puesto que los trabajadores locales tienden a abandonar el sector. La UE debería promover acuerdos de migración circular, especialmente para el trabajo agrícola, en la misma línea de los éxitos de España con varios países latinoamericanos y africanos.
Las asociaciones en materia de talentos proporcionan el marco para tender lazos migratorios en beneficio mutuo y presentan suficiente flexibilidad para adaptarse a las necesidades especiales de los países de origen y destino. Pero, este nuevo instrumento de la política migratoria europea no se ha empleado hasta ahora con ningún país de ALC. Fortalecer el desarrollo de talentos y competencias en los países de origen podría convertirse en uno de los principales objetivos de estas asociaciones en el caso de ALC, al impulsar la formación de profesionales capaces de adaptarse a las exigencias cada vez más estrictas del mercado laboral.
7. Delincuencia y terrorismo transnacionales
La cooperación UE-ALC en seguridad es asimétrica porque la mayor parte de los resultados benefician a ALC. Desde el punto de vista de sus intereses de seguridad, la UE no espera un gran rendimiento en cuanto a mejoras, sino en lo relativo a programas de cooperación. Pese a compartir riesgos de seguridad globales, la UE y ALC difieren en cuanto al grado de resiliencia y el número de herramientas para abordarlos; de ahí las dificultades para establecer asociaciones de seguridad simétricas. Varias instituciones y agencias de la UE, como el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Europol, Eurojust y otras, impulsan la cooperación nacional, regional y, en menor medida, bilateral en seguridad. Asimismo, la UE financia mecanismos delegados de cooperación entre organizaciones de Europa y ALC (como COPOLAD, el programa de cooperación contra la droga).
La cooperación UE-ALC en seguridad gira en torno a la sensibilización institucional, la creación de capacidades, el intercambio de información, la financiación de mecanismos de seguridad y la prestación de asistencia técnica. La creación del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), similar al Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior (COSI) de la UE, como un foro para la cooperación en torno a la seguridad interior, tanto multilateral entre países de ALC, como a nivel bilateral con la UE, es resultado reciente del enfoque de cooperación de la UE.
Este acuerdo contó con el respaldo del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO), cofinanciado por UE y ALC, que fomenta la cooperación entre organizaciones latinoamericanas y europeas para proporcionar asistencia técnica a la policía, la justicia y los ámbitos penitenciarios, así como apoyar las operaciones y los equipos de investigación conjunta en la región andina, América Central y el Cono Sur. Con el mismo planteamiento, el Mecanismo UE-ALC de Cooperación en Seguridad, financiado por la UE y dirigido por el SEAE, respalda la cooperación europea con ALC. Los ámbitos de cooperación son, entre otros, las drogas, el control de fronteras, la migración, el crimen organizado, la ciberseguridad y el terrorismo.
La cooperación UE-ALC ha cristalizado en programas sobre tratamiento de la drogadicción en ciudades latinoamericanas (Alianza de Ciudades para la Prevención y el Tratamiento de Drogas), la prevención de la circulación de narcóticos y el control de fronteras (Programa UE-ALC Ruta de la Cocaína) y el establecimiento de conferencias sobre migración (el Diálogo estructurado UE-ALC sobre migración bilateral y la Conferencia Regional sobre Migración o la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, regional), además de declaraciones conjuntas (como el diálogo UE-México sobre migración, movilidad y seguridad). El Grupo de Trabajo UE-ALC sobre Ciberseguridad desde 2018 o el Centro de Competencia Cibernética para ALC (2023) financiado por la UE, ayudan a consolidar la cooperación regional y bilateral en ciberseguridad.
Finalmente, los esfuerzos de cooperación contra el terrorismo se han canalizado a través del Mecanismo de Cooperación UE-ALC en Seguridad y se han adoptado diversas iniciativas para incrementar las capacidades de lucha antiterrorista en ALC, entre ellas prestar asistencia técnica e impartir programas de capacitación para fuerzas y cuerpos de seguridad, apoyar la elaboración de las estrategias nacionales contra el terrorismo y proporcionar equipos y tecnología. También se ha avanzado en el establecimiento de canales seguros para intercambiar información y adoptar medidas para prevenir y sancionar la financiación del terrorismo, a menudo en conexión con el tráfico de drogas. Esta última actividad se aborda a través de iniciativas promovidas junto al programa PAcCTO. Ahora bien, la proliferación de contenidos extremistas y propagandísticos de grupos terroristas en internet, dirigidos a un público hispanohablante, ofrece la oportunidad de cooperar para eliminar de la red estos contenidos extremistas y crear campañas de prevención de la radicalización violenta. En ese sentido, las experiencias europeas a través del Reglamento 2021/784 de la UE para acabar con los contenidos extremistas o la Red para la Sensibilización contra la Radicalización podrían servir de modelo para los avances del subcontinente.
La integración de las iniciativas y los programas mencionados en el seno de un grupo de trabajo del CCT sobre seguridad permitiría a la UE y ALC evaluar y planificar la cooperación de un modo más avanzado, generaría sinergias y economías de escala entre los distintos instrumentos y serviría para priorizar nuevas iniciativas.
Conclusión
La creación de un Consejo de Comercio y Tecnología marcaría un hito destacable en las relaciones UE-ALC y las llevaría a un nuevo nivel más elevado. Se trata de una oportunidad trascendental para que ambas regiones ahonden en su compromiso estratégico.
[1] Este análisis forma parte del Informe Elcano 32 “¿Por qué importa América Latina?”, publicado el 5 de julio de 2023.
[2] El Global Gateway es una estrategia de la UE para invertir en proyectos de infraestructuras y establecer asociaciones económicas según sus principios. Forma parte de los planes de autonomía estratégica. En ocasiones se considera una alternativa a la iniciativa de la Franja y la Ruta.
[3] El mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono (CBAM) es un arancel sobre los productos intensivos en carbono importados por la UE. Aprobado en el marco del Pacto Verde Europeo, entrará en vigor en 2026, si bien los informes y registros correspondientes darán comienzo en 2023.
[4] Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global (IVCDCI–Europa Global).
