Tema
Se analizan los previsibles cambios en la política energética y climática de Estados Unidos tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales, así como sus principales implicaciones internacionales.
Resumen
La segunda Administración Trump se centrará en apoyar al sector de los hidrocarburos y relajar las regulaciones ambientales, podría acotar las ayudas de la Inflation Reduction Act (IRA) a las tecnologías renovables maduras y previsiblemente reimpondrá sanciones y restricciones comerciales a sus principales rivales geopolíticos. Se espera que Estados Unidos (EEUU) abandone de nuevo el Acuerdo de París, asestando otro golpe a la diplomacia climática y al modelo de gobernanza multilateral.
Análisis
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tiene importantes repercusiones para la política energética y climática de EEUU, como ya las tuvo su primer mandato, y supone una clara ruptura con la administración demócrata saliente. En política energética se espera un fuerte apoyo al sector de los hidrocarburos, reduciendo la regulación ambiental y facilitando la exploración y producción en tierras federales. El despliegue de las tecnologías renovables menos maduras podría verse limitado si se reducen las ayudas derivadas de la IRA, aunque el escenario central es de continuidad para la eólica terrestre y la energía solar fotovoltaica. No se prevén grandes cambios en la política nuclear, pero sí en la de infraestructuras: la nueva administración favorecerá nuevos oleoductos y gasoductos postergados por los demócratas y no será tan proactiva en fomentar el desarrollo de las redes eléctricas.
Es previsible una política exterior que apueste por las sanciones económicas y las restricciones comerciales unilaterales. Una segunda Administración Trump probablemente retome la presión sobre el sector petrolero iraní, y quizás sobre el venezolano, mientras que el futuro de las sanciones al sector energético ruso es más incierto y dependerá de las negociaciones sobre la guerra de Ucrania. La posible guerra comercial con China podría tener de nuevo ramificaciones para el comercio energético, fragmentando tanto el mercado de hidrocarburos como el de materias primas críticas y tecnología. Se descuenta la revisión del Tratado con México y Canadá (T-MEC) para responder a los cambios legislativos que han afectado a las empresas energéticas estadounidenses
En materia de clima no hay ambigüedades: la elección de Donald Trump es una mala noticia para la política climática estadounidense y para las negociaciones climáticas internacionales. El dominio energético incluye la sumisión del clima, que en el mejor de los casos pasa a ser un objetivo de segundo orden. La previsible salida de EEUU del Acuerdo de París supone un duro golpe para el modelo de gobernanza climática multilateral. Lo más preocupante es el posible efecto dominó que pueda tener una política exterior de Trump centrada en torpedear la diplomacia climática y la difusión de las políticas necesarias para cumplir con los compromisos de descarbonización. La relajación de las regulaciones ambientales y el fomento de los combustibles fósiles también tendrán efectos negativos sobre las emisiones de EEUU.
1. Gas y petróleo, nuevo eje de la política energética
Trump ha prometido adoptar políticas favorables hacia la industria del gas y el petróleo, como ya hizo durante su anterior administración, con el objetivo de reducir los precios de la energía y alcanzar lo que denomina “dominancia energética” (energy dominance). La elección de Chris Wright para dirigir el Departamento de Energía (DoE) confirma la prioridad otorgada a esta promesa. Wright es un empresario forjado en la denominada revolución del fracking, partidario de aumentar al máximo la producción de gas y petróleo estadounidense y de incrementar la generación eléctrica con gas natural. Hace unos meses, su empresa Liberty Energy publicó un informe, “Bettering Human Lives”, donde el desarrollo de los recursos fósiles se presenta como la forma más efectiva de mejorar el nivel de vida no sólo de los estadounidenses, sino de todo el mundo y especialmente de los más pobres: según el informe “el objetivo de Cero Pobreza Energética es superior al de Cero Emisiones Netas”.
Pese a la retórica sobre la independencia energética, lo cierto es que la producción estadounidense está determinada principalmente por el precio que marcan los mercados internacionales. De hecho, la producción ha alcanzado sus máximos bajo la presidencia Biden. Según las diferentes estimaciones, los productores estadounidenses necesitan en promedio de entre 45 y 65 dólares por barril para obtener rentabilidad de un nuevo pozo, no muy por debajo en algunos casos del rango de precios de 67-88 dólares en 2024 del barril de WTI, de referencia en EEUU. Los precios previstos para los próximos años se sitúan alrededor de los niveles de las últimas semanas, en el entorno de los 70 dólares en 2025 y algo por debajo en 2026. En los últimos años, el sector petrolero estadounidense ha experimentado un intenso proceso de reestructuración y consolidación que parece favorecer una estrategia de maximización de beneficios frente a una de crecimiento. En ese contexto de mercado, la producción estadounidense puede seguir creciendo al ritmo más pausado del último año, pero un gran auge petrolero necesitaría precios sustancialmente más altos. Por el contrario, la producción estadounidense se resentiría si los precios se situaran muy por debajo de los niveles actuales; por ejemplo, por un aumento de producción de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo plus (OPEP+) o por mayores crecimientos de lo esperado en la producción de Brasil, Canadá, Guyana y Argentina.
Un área en la que la Administración Trump podría ejercer influencia directa es la producción de hidrocarburos en tierras federales, revirtiendo ciertas políticas del Partido Demócrata, aunque su efecto en la producción sólo se materializaría a medio plazo. En 2023, la producción de petróleo en estos territorios representó un 12% del total, alcanzando el 26% si se incluyen las actividades offshore. La Administración Biden redujo las concesiones federales y aumentó sus regalías y los requisitos para la producción, reduciendo sustancialmente el número de licencias otorgadas. La nueva presidencia Trump podría revertir estas medidas, otorgar un mayor número de concesiones y facilitar la explotación de hidrocarburos en el Ártico.
Una mayor producción de petróleo implicaría un aumento en paralelo de la de gas natural mediante la producción asociada, pues una parte importante de la extracción de petróleo se produce en campos que también contienen gas. Trump ha prometido más certidumbre regulatoria a la industria gasista y facilitar la construcción de gasoductos para aliviar los cuellos de botella que limitan el funcionamiento del mercado del gas natural del país, especialmente en la cuenca Pérmica, la mayor zona productora de EEUU.
Un tema de especial relevancia para España y la Unión Europea (UE) es la promesa de Trump de eliminar la moratoria de la Administración Biden para aprobar nuevos proyectos de terminales de exportación de gas natural licuado (GNL) y relajar sus exigencias de impacto ambiental. Pese a la moratoria, se prevé que para 2030 EEUU duplique su capacidad exportadora de GNL, por lo que teniendo en cuenta el tiempo necesario para construirlas esto no tendría efectos a corto ni medio plazo. Durante su primer mandato, Trump fomentó las exportaciones de GNL estadounidenses y las empleó como instrumento de negociación para obtener ventajas comerciales. Esto podría tener importantes implicaciones geopolíticas si, tal y como ha sugerido recientemente von der Leyen, favorece la firma de nuevos contratos de suministro a largo plazo con el objetivo de neutralizar posibles represalias comerciales. Qatar y EEUU cuentan con ambiciosos planes de expansión de su capacidad exportadora, pero todavía carecen de los compradores a largo plazo necesarios para financiar los proyectos. Pese a los mayores costes de producción del GNL estadounidense, una diplomacia comercial activa de la nueva Administración Trump podría favorecer el sector gasista en el mercado internacional en detrimento de otros exportadores emergentes.
Tal vez el mensaje más relevante de la Administración Trump al sector del gas y el petróleo nacional sea que los próximos cuatro años serán tranquilos en materia de regulación ambiental. Washington pospone así el debate sobre el futuro papel de los hidrocarburos en su economía, en particular del fracking, en un mundo que camina hacia políticas climáticas y de descarbonización ambiciosas.
2. Dudas en el sector eléctrico
El principal objetivo de las propuestas en campaña de Trump para el sector eléctrico fue que EEUU tenga los precios de la electricidad “más bajos de la tierra”, básicamente gracias a la desregulación del sector del gas y la rápida autorización de gasoductos. También ha vuelto a prometer recuperar las centrales de carbón, como ya hizo antes de alcanzar su primera presidencia. Sin embargo, la creciente competitividad de las renovables y el aumento de la producción de gas natural desplazaron el carbón por pura lógica de mercado. En la actualidad, la competitividad de ambas fuentes ha aumentado frente al carbón, por lo que resulta previsible que su rescate vuelva a quedar en el campo de la retórica electoralista.
La única fuente descarbonizada de electricidad para la cual el programa del presidente electo mantiene la continuidad con la Administración Biden es la energía nuclear. Según las propuestas energéticas de su plataforma Agenda 47, el presidente Trump mantendrá abiertas todas las plantas existentes e invertirá en reactores modulares (SMR), como hizo la administración precedente. Sí se ha comprometido a modernizar la Comisión Reguladora Nuclear y a facilitar una senda clara para la comercialización de las nuevas generaciones de reactores nucleares. También ha prometido reducir la dependencia del combustible nuclear extranjero aumentando la extracción minera estadounidense y obteniendo una mayor cantidad de combustible nuclear a partir del desarrollo de las capacidades de procesamiento nacionales.
En cambio, ha prometido acabar con el apoyo a las restantes tecnologías energéticas descarbonizadas. Ese rechazo no se limita a las renovables, a las que ha calificado directamente de estafa verde (new green hoax). También considera la captura y secuestro de carbono y el “blending del hidrógeno tecnologías no probadas”, algo en lo que no le falta razón, pero que la Administración Biden apoyó para acelerar su viabilidad económica, incluyendo abundantes créditos fiscales de la IRA para proyectos de captura y de hidrógeno. El foco de sus críticas ha sido la energía eólica, a la que ha prometido retirar los “subsidios” (léase los créditos fiscales de la IRA), pero también considera la solar demasiado cara; ambas le parecen insuficientes para soportar un sistema eléctrico estadounidense por su intermitencia y “baja generación de electricidad” en comparación con las tecnologías fósiles y nucleares.
Precisamente, la IRA y la Infrastructure Act limitarán el efecto de la Administración Trump, pues especialmente la primera ha beneficiado en mayor medida a los estados republicanos que a los demócratas. Algo más de la mitad de sus fondos se han destinado a estados republicanos que han dado a Trump amplias mayorías, apenas el 15% se destinó a estados asegurados para los demócratas y el resto se repartió entre estados indecisos. Aunque el presidente electo se ha asegurado sendas mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado, algunos representantes republicanos de los estados más beneficiados por la IRA pueden oponerse a su retirada.
El segundo mandato de Trump puede suponer cambios regulatorios mucho más profundos que el primero para el sector eléctrico, tanto por su gran mayoría en el Congreso como por la experiencia acumulada. No obstante, gran parte de la regulación que afecta a las instalaciones renovables es responsabilidad de los estados, con la salvedad de los proyectos de eólica marina, cuyo desarrollo Trump ha prometido paralizar. Es previsible que el despliegue de las tecnologías renovables más maduras persista y se mantenga impulsada por la lógica del mercado, pero la volatilidad de las políticas renovables puede desalentar el desarrollo de las tecnologías limpias más incipientes, particularmente en aquellos sectores que dependan de subsidios federales.
Un mayor freno a las renovables puede ser la paralización de las inversiones en redes eléctricas para acomodar nueva generación eólica y solar. La Administración Biden aprobó la Orden 1920, el mayor esfuerzo federal reciente para favorecer el desarrollo de redes regionales y paliar la escasa capacidad de transmisión de larga distancia entre estados, carencia que ha ocasionado varias emergencias eléctricas en Texas y otros estados del este. Los republicanos se han opuesto a la construcción de estas infraestructuras con el argumento de que sería mejor dedicar esas inversiones a gasoductos y oleoductos. También se prevé que la administración entrante revoque el mandato otorgado por el Congreso a la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) para apoyar la transición energética.
3. Sanciones y restricciones sobre Rusia, Irán, Venezuela y China
Hay mucha incertidumbre sobre la política exterior de la nueva Administración Trump hacia actores energéticos como Rusia, Irán, China y Venezuela. Las sanciones, una herramienta que ya utilizó con profusión durante su primer mandato, podrían volver a tomar protagonismo en el contexto de una política exterior marcadamente unilateral. Tal vez, lo más importante será la postura que adopte ante Rusia e Irán, y cómo piensa articularla con su promesa de no contribuir a nuevos esfuerzos bélicos y continuar con el repliegue aislacionista de su primer mandato. Tanto el crudo ruso como el iraní tienen en China su principal mercado, por lo que una estrategia de presión sobre estas transacciones encajaría en una política exterior orientada a contener el ascenso de Pekín. Como efecto colateral de una posible guerra comercial, podrían verse afectadas las exportaciones estadounidenses de gas y petróleo a China, como ya sucedió en su anterior presidencia, así como producirse nuevas restricciones en las exportaciones chinas de minerales críticos. Para España revisten especial interés el enfoque que adopte con Venezuela y el resultado de la revisión del acuerdo de libre comercio con México y Canadá.
Trump ha prometido poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero no está claro cómo pretende hacerlo. En caso de lograrlo, reduciría la prima de riesgo geopolítico que incorporan los precios del gas y el petróleo desde 2022, pero su efecto en los mercados dependería de las medidas concretas adoptadas. Una relajación de las sanciones energéticas sobre Rusia tendría unas repercusiones limitadas. La UE, mercado energético natural ruso, no aceptaría (ni podría) volver a depender de los suministros rusos en la medida en que lo hacía antes de la invasión de Ucrania. Las importaciones europeas de gas y petróleo rusos han caído con fuerza y, en línea con los objetivos establecidos en REPowerEU, deberían cesar totalmente en 2027. Además, los exportadores estadounidenses de gas y petróleo se han beneficiado del desacoplamiento europeo de Rusia al suplir buena parte de los suministros rusos, por lo que la lógica mercantilista que parece guiar al presidente electo debería mantener la presión sobre el sector energético ruso.
Trump también ha mostrado su oposición al mecanismo de techo de precios de 60 dólares por barril a las ventas de petróleo ruso impuesto por el G7. El mecanismo ha resultado ineficaz por el recurso de Rusia a su flota fantasma, con los consiguientes riesgos ambientales, y por las importaciones continuadas de China, la India y otros importadores que en ocasiones reexportan el crudo ruso, por lo que su desmantelamiento no surtiría grandes efectos. Tampoco está claro que facilitase el regreso a una cadena logística más transparente y con menores riesgos ambientales: una vez creada, la flota fantasma tiene pocos incentivos para desmantelarse. Las numerosas sanciones al sector energético ruso están teniendo un impacto profundo sobre su capacidad de producción a medio y largo plazo, lo que parece alineado con la doctrina de la dominancia energética estadounidense.
Su actitud hacia Irán es la otra gran incertidumbre geopolítica de los mercados energéticos. Trump apoyó abiertamente a Israel en su primer mandato y se ha reafirmado claramente en esa posición durante la campaña. También ha prometido, sin explicar cómo, llevar la paz a Oriente Medio, lo que reduciría la prima de riesgo geopolítico de los mercados energéticos. Lo esperado es que aumente las sanciones contra el sector energético de Irán y refuerce el cumplimiento de las existentes. Irán está exportando actualmente más de 1,7 millones de barriles diarios (mbd) de petróleo que estarían en juego según cómo se modulen y apliquen las sanciones. De nuevo, el efecto sería limitado dada la experiencia ganada por Irán desde que Trump abandonó el acuerdo nuclear y reintrodujo las sanciones en 2018, provocando una caída significativa en sus exportaciones de petróleo. La Administración Biden las mantuvo, pero no las aplicó de manera estricta para contener las tensiones de precios tras las sanciones a Rusia. Esto ha permitido a Irán aumentar significativamente las exportaciones durante el mandato del presidente Biden, dirigiéndolas principalmente a las refinerías chinas menos expuestas al sistema financiero estadounidense y, por tanto, a las sanciones.
Si parte de esas exportaciones iraníes quedaran definitivamente fuera del mercado, el exceso de oferta de petróleo de alrededor de 1 mbd que prevé la mayoría de los analistas para 2025, podría reducirse o incluso desaparecer y presionar los precios al alza. También se ha argumentado que Trump puede no exigir tanta contención a Israel como su predecesor, por lo que su elección aumenta el riesgo de un ataque israelí a las instalaciones energéticas iraníes, ya sean nucleares o petroleras, que pudiera entrañar una nueva escalada geopolítica y de precios. Al igual que durante su primer mandato, es previsible que Trump se muestre muy reactivo frente a cualquier subida abrupta de los precios del petróleo. En su anterior etapa en la Casa Blanca siempre mantuvo interlocución directa con la OPEP, especialmente con Arabia Saudí a través de su Príncipe Heredero. No obstante, la geopolítica de Oriente Medio ha cambiado profundamente desde los Acuerdos de Abraham de 2020. La relación entre Israel y los países del Golfo se ha deteriorado sustancialmente, mientras que Arabia Saudí e Irán han protagonizado un reciente acercamiento con la mediación de China.
Durante su primer mandato, la Administración Trump también impuso importantes sanciones sobre el sector petrolero de Venezuela. Biden levantó temporalmente algunas de ellas como resultado de las negociaciones que condujeron a los Acuerdos de Barbados. Estos acuerdos, firmados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, tenían como objetivo establecer condiciones para la celebración de elecciones presidenciales justas en 2024. Pese al incumplimiento por parte del chavismo de la mayoría de los compromisos adquiridos, Washington ha permitido que las empresas occidentales permanezcan en el país. Si bien se puede esperar una retórica más agresiva hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua, la creciente importancia de la estadounidense Chevron en el sector petrolero venezolano (ya es responsable del 20% de la producción del país), puede disuadir a Trump de una reimposición estricta de las sanciones. No obstante, el futuro secretario de Estado, el cubano-americano Marco Rubio, era hace unos meses un firme defensor de sanciones más estrictas sobre Venezuela.
El aumento adicional de los aranceles a China impuestos por la Administración Biden, como el prometido por Trump en su pasada campaña, también podría tener consecuencias energéticas. Si afecta a tecnologías o minerales críticos necesarios para la electrificación y el despliegue de renovables, las tensiones comerciales pueden elevar los precios de la energía. Desde la perspectiva de los flujos energéticos, nuevos aranceles a China por parte de EEUU podrían dar lugar a medidas de represalia en algunas exportaciones energéticas estadounidenses. Eso ya ocurrió durante la guerra comercial de la primera presidencia Trump, cuando los importadores chinos se mostraron reacios a comprar crudo estadounidense ante la eventual imposición de aranceles por parte de China. El descenso de la demanda china hizo que el precio del crudo WTI que reciben los productores estadounidenses se redujera sustancialmente, pero entonces casi la cuarta parte de las exportaciones de crudo estadounidense se dirigían a China. Ahora, las políticas de diversificación chinas han reducido esa proporción a apenas el 7% y las exportaciones estadounidenses se ha redirigido en gran medida hacia Europa para cubrir la cuota perdida por Rusia.
Algo semejante ocurre con las exportaciones de GNL. Durante la guerra comercial de 2018, China adoptó un arancel del 10% a las importaciones de GNL, que subió al 25% en 2019. Las exportaciones de GNL estadounidenses cesaron por completo y sólo comenzaron a recuperarse tras cerrarse la crisis comercial. El mercado mundial del gas ha cambiado mucho desde entonces: el desacoplamiento europeo del gas ruso ha tensionado el mercado del GNL y ahora Europa es un importador mucho más importante de GNL estadounidense que China. Si al final de la moratoria de terminales de GNL se sumasen una mayor producción de gas en EEUU y nuevas restricciones por parte de China, los precios del gas en los mercados europeos podrían reducirse sensiblemente.
Una nota final sobre México, pues en 2026 puede revisarse el T-MEC. Trump prometió cancelarlo en la campaña de su primera presidencia, pero acabo renegociándolo y firmando en 2018 un acuerdo modernizado y rebautizado que entró el vigor en 2020. En la pasada campaña, Trump prometió que utilizaría la cláusula de revisión prevista cada seis años que exigió introducir en su primera presidencia para renegociar el tratado. Las cuestiones energéticas no fueron objeto de las negociaciones del T-MEC por razones de soberanía energética, pero en la revisión podrían adquirir mayor relevancia como respuesta de la Administración Trump a la reforma energética de López Obrador y otros cambios legislativos en materia energética que han afectado a los intereses de varias empresas estadounidenses. Aunque el asunto no reviste la visibilidad de la inmigración ni de los aspectos comerciales, es previsible la aparición de tensiones energéticas durante la revisión del T-MEC.
4. Ruptura con la política y diplomacia climática de la Administración Biden
Respecto a la lucha contra el cambio climático, no hay ambigüedades y el análisis puede ser sumario: la elección de Donald Trump es una mala noticia para la política climática estadounidense y para las negociaciones climáticas internacionales, quedando ambas sometidas a su objetivo de dominio energético. Según las estimaciones de CarbonBrief, su política podría generar hasta 4.000 millones de toneladas adicionales de emisiones estadounidenses para 2030 en comparación con los planes de la Administración Biden, el equivalente a las emisiones anuales combinadas de la UE y Japón. Según avanza el New York Times, se habrían redactado ya una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con el clima para sacar a EEUU del Acuerdo de París, expandir la perforación y la minería en tierras federales y flexibilizar las regulaciones sobre la contaminación por combustibles fósiles.
Los nombramientos conocidos en el momento de escribir este análisis son igualmente claros. El nuevo secretario de Energía Wright ha sido acusado de escepticismo climático, aunque no niega la existencia del cambio climático, sino que éste suponga una amenaza existencial o deba considerarse un objetivo superior a la seguridad energética o económica. El nombramiento de Lee Zeldin como responsable de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) manda señales similares. Elegido a la Cámara de Representantes por Nueva York, no tiene una gran trayectoria ambiental conocida, aunque votó en contra de la IRA y apoyó levantar la prohibición del fracking en su estado. Su objetivo será relajar las exigencias medioambientales introducidas por la EPA bajo mandato demócrata, como los límites a las emisiones contaminantes de las empresas, que los republicanos consideran demasiado estrictas y lesivas para el crecimiento económico.
Con base en las políticas adoptadas en su primera presidencia y lo anunciado en campaña, Trump retirará a EEUU del Acuerdo de París. La salida de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático parece más difícil, pero no imposible, aunque se trata de asunto sobre el que hay debate entre juristas. El equipo negociador de Washington seguirá asistiendo a las negociaciones mientras lo segundo no ocurra, como pasó en el primer mandato de Trump. También se mantendrá el incumplimiento de las contribuciones a la financiación climática internacional de EEUU, que no ha cumplido con la totalidad de sus compromisos en el pasado y con Trump probablemente seguirá sin hacerlo. Esto supone un potencial efecto dominó en las negociaciones climáticas de cara a la presentación de los nuevos compromisos climáticos (NDC) previos a la COP30, especialmente para los países en desarrollo, aunque no se espera que suponga un cambio en los de la UE y China. Esta retirada supone un mayor aislamiento de la UE en su liderazgo climático, pero obliga a intensificar las estrategias climáticas y de descarbonización europeas.
La acción climática y las iniciativas legislativas de los Estados pueden limitar el impacto de las políticas federales, sobre todo en materia de regulación ambiental. Podría replicarse el “We are still in” de 2017, una declaración conjunta de apoyo a la acción climática firmada por más de 3.900 CEO, alcaldes, gobernadores, rectores de universidades y otros representantes de la sociedad civil. No obstante, la capacidad desreguladora puede ser mayor en el segundo mandato de Trump, no sólo por la mayoría republicana en el conjunto del Congreso, sino también por contar con gestores más experimentados y el apoyo de los tribunales, especialmente tras algunos de los últimos fallos del Tribunal Supremo sobre cuestiones ambientales. El efecto en la ciencia y en la regulación ambiental también puede ser significativo, como ya ocurrió en la anterior presidencia Trump. Se espera la reducción del apoyo financiero a la ciencia del clima, su menor influencia en las decisiones políticas y una relajación de la protección ambiental.
El Proyecto 2025, un documento elaborado por la Fundación Heritage para guiar la política de los primeros meses de la nueva presidencia (del que Trump se ha desvinculado), incluye el desmantelamiento de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) para acabar con su “alarmismo climático”. También propone reducir las funciones y presupuesto de la EPA y alejarla de su foco en la crisis climática. Aunque el presidente electo se ha desmarcado de las propuestas articuladas por Heritage, lo cierto es que en su primer mandato se erosionó la EPA y se suavizaron o eliminaron 176 medidas a nivel federal según el Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia, por lo que se espera que el proceso se repita.
Conclusiones
La victoria de Trump supone el regreso de una política energética abiertamente favorable a la producción, consumo y exportación de combustible fósiles en EEUU. Esa política tendrá también consecuencias sobre el sector eléctrico. La medida estrella de la administración saliente, la IRA, podría quedar descapitalizada y condicionada a las preferencias del Partido Republicano, aunque su revocación resulta difícil y se espera una continuidad de los apoyos a las tecnologías renovables maduras. La política de expansión de las redes eléctricas y de interconexión entre Estados también presenta dudas, con el potencial impacto negativo sobre una mayor penetración de las renovables. No obstante, el peso de las políticas y regulaciones estatales, así como la creciente competitividad de las renovables y sus positivos impactos económicos reducirán el impacto de las políticas federales. La política nuclear es la única donde no se esperan cambios destacables.
El retorno de una política exterior unilateral se traducirá en nuevas sanciones y restricciones comerciales a los rivales geopolíticos de EEUU. Las sanciones energéticas a Rusia quedarán subordinadas a las negociaciones para terminar la guerra en Ucrania, aunque una lógica mercantilista apuntaría a su mantenimiento para mantener la cuota estadounidense en los mercados europeos de gas y petróleo. Sí se prevén nuevas sanciones a Irán y el reforzamiento del cumplimiento de las existentes, aunque no está clara su eficacia sin la cooperación de China. Una nueva guerra comercial con China también puede afectar a las exportaciones estadounidenses de gas y petróleo. El sector petrolero de Venezuela también puede ver reforzadas las sanciones, mientras que se espera que la revisión del T-MEC puede incorporar medidas energéticas.
En relación a la política climática y ambiental, las conclusiones pueden ser sumarias: la política climática de la Administración Trump será similar a la de su primer mandato con el abandono de EEUU del Acuerdo de París y el desprecio de las negociaciones climáticas multilaterales; la política ambiental relajará la regulación para la exploración y producción de hidrocarburos y recursos mineros, fomentará la construcción de infraestructuras de gas y petróleo y reducirá los estándares ambientales bajo responsabilidad federal.
El efecto de estas políticas para la UE es ambivalente. Por un lado, el incremento de la producción de hidrocarburos en EEUU debería ayudar a culminar desacoplamiento energético europeo de Rusia y mejorar la seguridad de suministro europea, aunque la aplicación de nuevas sanciones a Irán y Venezuela podría tener el efecto contrario. Por otra parte, el peso de las exportaciones de gas y petróleo estadounidense reduce la autonomía estratégica europea ante un socio cuyo objetivo declarado es ejercer el dominio energético sobre el resto del mundo, UE incluida. Sin embargo, los mayores perjuicios para la UE tal vez residan en la pérdida de un aliado clave en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización. La UE pierde, al menos durante cuatro años, un aliado necesario para su diplomacia climática. El rechazo de Washington al modelo multilateral defendido por la UE supone también un golpe para la alianza transatlántica y el acervo de valores compartidos que supuestamente la sustentan. Sumado a la pérdida de autonomía estratégica energética, el abandono estadounidense de la lucha contra el cambio climático y la descarbonización obliga a la UE a profundizar y acelerar su estrategia de descarbonización competitiva.
