Tema[1]: Egipto se encuentra a las puertas de tres acontecimientos políticos de máxima importancia: las elecciones presidenciales, la transferencia del poder del Consejo Militar a un presidente democráticamente elegido y la redacción de la nueva constitución.
Resumen: Los 15 meses transcurridos desde la caída del ex presidente Hosni Mubarak debían ser el período de transición hacia un nuevo orden político y constitucional en Egipto. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF)[2] asumió el poder en la tarde del 11 de febrero de 2011 para asegurar que el país se encaminara hacia este nuevo orden y se estableciera un sistema de gobierno democrático. En realidad, poco ha ocurrido. Ni están puestos los cimientos del nuevo orden ni se han acordado las reglas para establecerlos. En este análisis se repasará la situación política actual en Egipto y las actitudes de los principales actores hacia las cuestiones que se plantean, y después se analizarán las posiciones de los principales candidatos que se presentan a las elecciones presidenciales.
Análisis
Situación política actual en Egipto
El 23 de mayo, el país está convocado a elegir a su primer presidente en unas elecciones verdaderamente competitivas. El nuevo presidente debe asumir sus funciones el 1 de julio. Veintitrés personas presentaron sus candidaturas a las elecciones presidenciales, algunos en representación de partidos políticos y otros individualmente. El último en presentar la suya fue el antiguo jefe de los servicios de inteligencia y vicepresidente de Mubarak en sus dos últimas semanas, el general Omar Solimán. Esta candidatura había sido recibida por una categórica hostilidad y rechazo por parte de fuerzas políticas civiles[3] y religiosas que vieron en ella una voluntad enmascarada de restablecer el régimen derrocado de Mubarak. Acusaron al Consejo Militar de estar detrás de esta voluntad. La participación de un candidato que había sido un actor eminente del antiguo régimen, además proveniente de los servicios de seguridad hostiles por antonomasia a las libertades, a la transparencia y a los principios democráticos, no era aceptable para las fuerzas civiles. Dos días antes de la caída de Mubarak, Solimán había declarado enfáticamente que los egipcios no estaban preparados para la democracia. En su desesperada y fracasada tentativa de salvar a su régimen en la primera semana de febrero de 2011, Solimán había entablado conversaciones con los Hermanos Musulmanes. Sin embargo, éstos vieron con muy mal ojo su candidatura. Las bases, sus jóvenes y sus simpatizantes que habían participado activamente en las protestas revolucionarias no iban a aceptarla. Además, la candidatura de Solimán, bien recibida por los beneficiarios del régimen mubarakista y por buena parte de la ciudadanía, cansada de la inestabilidad y de los problemas económicos y de seguridad, era percibida por los Hermanos Musulmanes como una amenaza a las suertes de sus candidatos.
La Alta Comisión para las Elecciones Presidenciales revisó todas las candidaturas para verificar si respetaban las reglas acordadas. Esta Alta Comisión determinó descartar a Solimán y a nueve candidatos más. Entre éstos se encontraban dos de los candidatos destacados: el vice-guía de los Hermanos Musulmanes, Jairat El Shater, y el salafista Hazem Abu Ismail. Los fundamentos jurídicos de la eliminación de estos tres candidatos ponen de manifiesto algunos rasgos del período de gobierno del Consejo Militar, así como las intenciones y objetivos de militares e islamistas.
Sin estudiar los procesos de transición democrática llevados a cabo en las ultimas décadas en Europa meridional y después en América Latina, Europa Central y África, por una parte, y sin antes reunir a representantes de las diferentes corrientes políticas del país, el Consejo Militar se apresuró a principios de marzo de 2011 a formar un comité para enmendar la Constitución suspendida del régimen cuya cabeza había sido derrocada por la voluntad popular menos de tres semanas antes. La Constitución enmendada permitiría la elección de un nuevo presidente en septiembre de 2011, quien iniciaría el proceso de redacción de una nueva constitución. El comité propuso enmendar nueve artículos. El Consejo Militar aceptó las propuestas y las sometió a referéndum. Las disposiciones centrales enmendadas disponían que tendrían lugar elecciones para un nuevo parlamento y para un nuevo presidente. Después de la asunción del poder por parte del nuevo presidente el 30 de septiembre de 2011, empezaría el proceso de redacción de una nueva Constitución.
Algunas disposiciones en las enmiendas propuestas merecen particular atención por las repercusiones que tuvieron un año más tarde. Una disponía que los miembros del nuevo parlamento eligieran una Asamblea Constituyente de 100 miembros, pero sin especificar criterios para esta elección. Una segunda enmienda preveía que los candidatos debían someter sus candidaturas bien en representación de partidos con diputados en la Asamblea del Pueblo (Cámara Baja), con el apoyo de 30 parlamentarios, o con procuraciones de 30.000 ciudadanos provenientes de 10 gobernorados,[4] con un mínimo de 1.500 ciudadanos por gobernorado. Un tercer artículo enmendado disponía que los candidatos, sus cónyuges y sus padres no debían tener ni haber tenido en ningún momento otra nacionalidad que no fuera la egipcia. Y una cuarta enmienda preveía que los dictámenes de la Alta Comisión para las Elecciones Presidenciales serían inapelables.
Los liberales y la izquierda rechazaron las enmiendas y llamaron a votar en contra del principio de enmendar una constitución que ya había quedado nula por el derrocamiento por acción popular y revolucionaria de la cabeza del régimen. También insistieron en que la adopción de una constitución debía preceder a las elecciones presidenciales. En cambio, los islamistas alzaron sus voces apoyando las enmiendas. Pretendieron que su rechazo significaría la eliminación del artículo 2 de la Constitución de 1971. Este artículo, introducido mediante una enmienda en 1981 por oportunismo político de Anwar El Sadat, disponía que los principios del sistema jurídico islámico, la sharía, eran la principal fuente de legislación. Éste no había sido el caso en las constituciones previas, empezando por la de 1923, la primera en el Egipto contemporáneo. Los liberales y la izquierda opusieron que las enmiendas no trataban en absoluto de este artículo, pero en vano. La sólida y extensiva organización de los Hermanos Musulmanes en un país más conservador socialmente desde la enmienda de Sadat de 1981, que además coincidió con el ascenso del conservadurismo regional sustentado en la riqueza petrolífera de Arabia Saudí, prevaleció. Las enmiendas propuestas fueron masivamente refrendadas. Unos días después, el Consejo Militar adoptaba una Declaración Constitucional de 62 artículos en la cual figuraban todas las disposiciones de los artículos enmendados, menos una. La adopción de tal declaración es en sí una indicación del proceso sui generis dirigido por los militares.
Relaciones entre militares e islamistas
El entendimiento entre los militares y los islamistas era obvio. Algunos sospecharon que habían llegado a un acuerdo al margen de las demás fuerzas políticas. Estos observadores señalaron la composición del comité de enmiendas constitucionales como una prueba de tal colusión. En efecto, sin consultar a nadie, el Consejo Militar había formado un comité con presidente y dos miembros islamistas y sin representación de las demás fuerzas políticas. Se tratara de un acuerdo explícito o tácito o no, existía en todo caso una convergencia innegable entre los deseos de militares e islamistas de acortar el proceso de transición. Los militares deseaban un proceso corto que les permitiera volver rápidamente a sus cuarteles, donde están al abrigo del escrutinio y de la evaluación popular. Tan importante o más, un proceso corto permitía un regreso con los mínimos cambios posibles al statu quo ante. Un cambio profundo, como aquel por el cual abogaban gran parte de los liberales y de la izquierda, podía plantear la cuestión de los privilegios y de la sumisión de los militares al poder civil democráticamente elegido. Por su parte, los islamistas consideraban que un proceso corto les permitía, gracias a su organización, conseguir una mayoría que impondría su visión del poder y de la sociedad en la redacción de la nueva constitución. La convergencia sobre el procedimiento escondía un profundo desacuerdo sobre los objetivos a más largo plazo. La luna de miel entre militares e islamistas anunciada por algunos pronto se transformó en períodos alternados de encanto y de acrimonia. El vaivén en la relación entre militares e islamistas, en especial los Hermanos Musulmanes, se extendió desde la segunda mitad de 2011 hasta los primeros meses de 2012. Volveremos más tarde al profundo desacuerdo entre militares y Hermanos Musulmanes.
Solimán fue descalificado por no haber reunido 1.500 procuraciones como mínimo de 10 gobernorados diferentes. Abu Ismail lo fue porque su madre, que vivía con su hija en California, había conseguido la nacionalidad de EEUU unos años atrás. El Shater fue descartado porque el perdón que le había permitido salir de las cárceles de Mubarak en febrero de 2011 no había sido acompañado de una amnistía del delito mismo. Para los liberales y la izquierda, la descalificación de los tres candidatos presidenciales destacados fue motivo de satisfacción. Los salafistas fueron los que peor recibieron la descalificación de su héroe, desconocido por el público menos de un año antes, pero en cuyas opciones creían firmemente. Se manifestaron violentamente, ocuparon parte de la famosa plaza Tahrir y denunciaron la inapelabilidad atribuida a la Alta Comisión Electoral por la declaración constitucional, aquella misma que habían apoyado en cuerpo y alma. Los Hermanos Musulmanes asimismo denunciaron el dictamen de la Alta Comisión y su inapelabilidad que ellos también habían avalado, pero no hicieron un drama del descarte de El Shater. Habían previsto tal posibilidad. Con la de éste, cuya candidatura era la de un independiente apoyada por 30 parlamentarios, habían sometido la de Mohamed Mursi, en representación del Partido Libertad y Justicia del cual es presidente. Este partido es el brazo político de los Hermanos Musulmanes.
El profundo desacuerdo entre militares y Hermanos Musulmanes es de mayor alcance que la cuestión específica de los candidatos descartados de la competición presidencial, sin restarle importancia a ésta. Es relativo al proceso de redacción de la Constitución, inclusive la elección y la composición de la Asamblea Constituyente, al sistema político que emanaría de este proceso y al traspaso del poder por los militares al presidente elegido. Parecería también que los militares y los Hermanos Musulmanes entendieron de forma distinta en qué consistía el período de transición. Estos últimos entendieron, con razón, que este período incluiría el tiempo que tomaría la redacción y la adopción de la nueva constitución, en la que ejercerían la influencia de su peso electoral. Los militares parecen haberse percatado demasiado tarde de ello, después de haber reforzado el peso político de los Hermanos Musulmanes con la victoria conjunta en el famoso referéndum del 19 de marzo de 2011. Se dieron más cuenta aun de ello con la victoria electoral de los islamistas en las elecciones parlamentarias. Puesto que los objetivos finales de militares e islamistas eran muy distintos, el período de transición se alargó. Los militares no se retiraron a sus cuarteles el 30 de septiembre de 2011 y, obviamente, no traspasaron el poder a un presidente elegido por el pueblo. Más de seis meses después, en abril de 2012, el presidente del Consejo Militar, mariscal Mohamed Hussein Tantawy, declaraba que no habría elecciones presidenciales antes de la adopción de una nueva constitución, lo que suponía un cambio radical en la postura de los militares. Es verdad que estos últimos pronto afirmaron que no habría cambios en el calendario anunciado hacía algunos meses, ante el rechazo contundente de la postergación de las elecciones por islamistas, liberales e izquierdistas. Pero queda la imagen de un poder militar fluctuante y sin control de los desarrollos políticos, y ello a pesar de su tono y de la dureza repetida de su tratamiento de los manifestantes en los últimos meses. Parece evidente que el Consejo Militar había iniciado la transición sin ningún programa ni visión integral.
Redacción de una nueva Constitución
En lo relativo a la redacción de la Constitución, la mayoría islamista del Parlamento incidió en la elección de la Asamblea Constituyente. Reservó el 50% de los 100 escaños de la asamblea para parlamentarios, y terminó eligiendo a 75 islamistas, entre parlamentarios y extra-parlamentarios, para formar parte de dicha asamblea. Eso hizo que varios integrantes liberales y de izquierda se retiraran de la misma. Sus fuerzas políticas denunciaron la composición de ésta y los criterios que la habían determinado. Un recurso para la anulación de la composición de la asamblea por falta de representación de amplios sectores de la sociedad fue depositado ante la justicia administrativa del Consejo de Estado.[5] En su sentencia, el tribunal administrativo declaró nula la composición de la asamblea. Además de no incluir a sectores de la sociedad, el tribunal basó su sentencia en que un cuerpo elector, el Parlamento, no puede ser al mismo tiempo objeto de elección. Los militares no se pronunciaron, pero la sentencia no les disgustó. En octubre de 2011, habían apoyado un esfuerzo fracasado para determinar criterios de composición de la asamblea. A mediados de mayo de 2012, seis semanas antes del traspaso del poder al nuevo presidente, quedan sin fijar los criterios de composición de la asamblea constituyente, sin hablar de la redacción de una nueva constitución. Tampoco están determinadas las mayorías necesarias para la elección por el Parlamento de miembros de la constituyente ni para la aprobación por ésta de las disposiciones de la nueva Constitución. También están por acordar la tasa de participación requerida en el referéndum sobre el texto producido por la constituyente y la mayoría necesaria para adoptarlo.
La discusión sobre la composición de la Asamblea Constituyente esconde la cuestión fundamental del carácter del nuevo sistema político, de la distribución de poderes y su equilibrio en su seno, y del lugar que tendrán en él las fuerzas armadas y los militares. Existe un consenso sobre la conservación del artículo 2 de la referencia a los principios de la sharía como fuente principal de la legislación. Los salafistas habían reclamado una referencia a las disposiciones y no a los principios de la sharía, pero finalmente se adhirieron al consenso, aceptado desde el principio por los Hermanos Musulmanes. Estos, sin embargo, quieren señalar a Egipto en la constitución como país independiente y soberano con referencia islámica. Los liberales y la izquierda se preguntan sobre el sentido y las consecuencias de la introducción de tal definición. Los militares, deseando preservar la esencia del sistema anterior, no pueden ser favorables a la innovación anhelada por los Hermanos Musulmanes.
La distribución de poderes en el seno del nuevo sistema entre el poder ejecutivo y el legislativo, y dentro del poder ejecutivo entre el presidente de la república y primer ministro, es garantía contra la tiranía para los demócratas. Para los militares, su posición y sus privilegios son vitales. En el esfuerzo fracasado de octubre de 2011, habían tratado de incluir entre los principios fundamentales de la nueva constitución que ellos eran los garantes del sistema constitucional, además de su autonomía absoluta con relación a su presupuesto, a sus ingresos y a sus gastos. Ante el rechazo generalizado de tales privilegios, habían dicho que les bastaría con guardar el estatuto que tenían en la Constitución de 1971. En realidad, ésta no les reservaba ningún estatuto especial. El suyo era un poder de facto. El nuevo sistema entonces debería preservarles el mismo poder. Ésta es cosa ardua en una constituyente claramente dominada por una corriente política. También es difícil si la misma corriente, en este caso la de los Hermanos Musulmanes, ocupa los dos puestos de presidente y de primer ministro. Podría ser más fácil, pero sin garantía alguna, en una asamblea equilibrada y con cabezas del ejecutivo de colores políticos distintos.
Tal como se ha señalado más arriba, el calendario de las elecciones presidenciales y del traspaso de poder al nuevo presidente han sido confirmados. Pero sigue habiendo muchos interrogantes. El Consejo Militar, ejerciendo la magistratura suprema, puede incidir en el proceso de redacción de la constitución, e incluso emprender él mismo un proceso alternativo si las fuerzas políticas no llegan a ponerse de acuerdo sobre un texto, y ello por disposiciones de la declaración constitucional. Fuera del poder ya no podrían ejercer esta influencia. Por ello querrán traspasar el poder a un presidente con el cual pueden entenderse. Este fue el origen de la sospecha de que Solimán había sido su candidato.
Después del descarte de Solimán, el general Ahmed Shafik, último primer ministro de Mubarak, quedaba como el candidato próximo a los militares. Una ley votada por el Parlamento, y al día siguiente firmada por el presidente del Consejo Militar y publicada en el boletín oficial, privaba de sus derechos políticos durante un período de 10 años a partir del 11 de febrero de 2011 a quienes ocuparon cargos de vicepresidente, primer ministro o puestos de dirección en el disuelto Partido Nacional Democrático en los 10 años anteriores a esa fecha. Los autores y partidarios de esta ley apuntaban con ella a Solimán y a Shafik. La ley le fue aplicada a Shafik, que quedaba descartado el 24 de abril. Opuso recurso por retroactividad en la aplicación de la ley y al día siguiente era restablecido. Este episodio da una medida adicional de la confusión de la transición egipcia.
Unos días antes de la primera ronda de las elecciones presidenciales circulan rumores sobre la adopción por el Consejo Militar de una declaración constitucional complementaria que definiría los poderes del nuevo presidente de la república hasta que sea adoptada la nueva Constitución. La mayoría parlamentaria de los Hermanos Musulmanes se opone a ello, prefiriendo que sea el Parlamento quien lo decida, obviamente a la luz de los resultados de las elecciones presidenciales, favorables o no a sus intereses políticos.
Los candidatos presidenciales más destacados y sus perspectivas
En esta sección pasaremos revista a los candidatos presidenciales más destacados y sus perspectivas. Después de la descalificación de Solimán, Abu Ismail y El Shater, quedan cinco candidatos más o menos destacados. Señalemos, sin embargo, que entre los descartados, en una encuesta publicada el 17 de abril, cuando el 38% de los electores se declaraban indecisos, Solimán llegaba en primera posición, con el 20,1% del total de los electores, seguido por el salafista Abu Ismail, con el 11,7%. El candidato y hombre fuerte de los Hermanos Musulmanes, Jairat El Shater, solo llegaba en quinta posición, habiendo recogido el 3,2% de las intenciones de voto. La descalificación de El Shater no tiene así gran consecuencia política, pues su apoyo era mínimo, lo que sorprende a numerosos observadores, en especial extranjeros. Solimán, es preciso subrayarlo, recogía los votos de los beneficiarios y adeptos del mubarakismo y los de aquellos ciudadanos, señalados más arriba, cansados de la inestabilidad y de los problemas económicos y de seguridad.
Los cinco candidatos que llegan en las primeras posiciones, según las distintas encuestas cuyos resultados fueron publicados en la segunda semana de mayo, después de la descalificación de los tres candidatos arriba señalados son: (1) Abdul Moneim Abul Futuh, independiente, médico, ex dirigente de los Hermanos Musulmanes y expulsado de la hermandad en 2010 por anunciar su candidatura a la presidencia; (2) Amr Musa, independiente, ex secretario general de la Liga de Estados Árabes y ex ministro de Asuntos Exteriores; (3) Ahmed Shafik, independiente, general, ex comandante de la aviación, ex ministro de la Aviación Civil y ex primer ministro de Mubarak; (4) Hamdein Sabbahi, independiente, periodista y de origen político naserista; y (5) Mohamed Mursi, candidato de los Hermanos Musulmanes y presidente de su brazo político, el Partido Libertad y Justicia. Es llamativo en un país con altos índices de pobreza y enormes disparidades sociales que de los dos candidatos progresistas, Jalid Ali y Abu El Ezz Al Hariri, sólo aparezca el primero, y por primera vez, en los resultados de una encuesta publicada el 12 de mayo con tan sólo el 1% de intenciones de voto.
Pasar revista a la evolución de las intenciones de voto a favor de estos cinco candidatos, inclusive la transferencia hacia ellos de los votos de los candidatos descartados, puede darnos una idea bastante fidedigna de las oportunidades de cada uno. Utilizamos para ello los resultados publicados semanalmente de la misma encuesta cuyas cifras señalamos más arriba.
En los resultados publicados el 24 de abril, unos días después del descarte de Solimán, Abu Ismail y El Shater, el 54% de votantes potenciales estaban indecisos, un aumento del 16% en comparación con la semana anterior. Esto significa que las elecciones no eran ideologizadas, pues no había transferencia automática de votos entre candidatos de la misma corriente política. Observemos que los candidatos todavía en la competición representaban a todas las corrientes políticas. Esta encuesta situaba a Abul Futuh en primera posición, con el 15,5% de las intenciones de voto, ocupando así el lugar dejado vacante por Solimán. La semana anterior, Abul Futuh había llegado segundo con el 12,4%. Musa, ascendido al segundo puesto, fue el que más se beneficiaba de las descalificaciones, ganando el 6,1% de votos y sumando el 12,5%. Shafik, casi triplicaba sus intenciones de voto, pasando del 2,2% al 6% y situándose en tercera posición. El neo-naserista Sabbahi casi doblaba su porcentaje, del 2,7% al 5% de las intenciones de voto. Pero lo más llamativo era que Mursi, el candidato de los Hermanos Musulmanes, contrariamente a la semana anterior, aparecía el 24 de abril entre los candidatos listados por la encuesta, pero sólo en quinta posición y con apenas el 1,5% de las intenciones de voto. Mursi ni siquiera había podido recoger los votos dejados huérfanos por El Shater.
Las encuestas publicadas en las dos semanas siguientes son ligeramente contrastadas. Entre las dos series de encuestas que han venido publicando regularmente resultados semanales (aparecidas en los diarios Al-Ahram y Al-Masry Al-Youm), una persistía en poner a Musa en primera posición, seguido por Abul Futuh, mientras que la otra mostraba una evolución del electorado. Son los resultados de ésta los que utilizamos en este análisis. En la encuesta realizada el 5 de mayo y cuyos resultados fueron publicados cuatro días después, los indecisos habían bajado al 37,4% y Musa ascendía al primer puesto con el 19,4% de intenciones de voto, seguido por Abul Futuh con el 16,4%, Shafik con el 12,7%, Mursi con el 7,8% y Sabbahi con el 4,3%. Los candidatos islamistas, el moderado y abierto a otras corrientes sociales y el más conservador y organizado, habían así recogido entre ellos el 20,5% de las intenciones de voto, mientras que los civiles/laicos recibían el favor del 35,9% de los votantes.
El 10 de mayo hubo un debate televisado entre los candidatos Abul Futuh y Musa solamente. Ni uno ni otro salieron ganando del enfrentamiento. En la encuesta realizada dos días después y cuyos resultados fueron publicados el 16 de mayo, ambos retrocedieron. El mismo porcentaje del electorado quedaba indeciso (37,6%), pero Shafik pasaba por encima de los dos para ocupar el primer puesto con el 16,3% de intenciones de voto, seguido por Musa con el 16%, Abul Futuh con el 12,5%, Mursi con el 8,8% y Sabbahi con el 7%. El campo de los islamistas subió ligeramente al 21,3%, mientras que el de los civiles/laicos ganaba el 3,4% para situase en el 39,3%. Pero llama la atención la subida espectacular en dos semanas en las intenciones de voto del candidato de los Hermanos Musulmanes, del 1,5% al 8,8%. Numerosos observadores no dejan de llamar la atención sobre el formidable aparato organizativo y electoral de los Hermanos Musulmanes, que puede llegar a atenuar los efectos de su decepcionante actuación en el parlamento. Tampoco hay que asumir que votos que en la primera ronda irán a un candidato civil/laico pasarán automáticamente a otro con orientación no islamista.
Los potenciales electores de Musa y, sobre todo, los de Sabbahi, no pasarán todos a votar por Shafik en un segundo turno que lo enfrentaría a un candidato como Abul Futuh. Las fuerzas revolucionarias y del cambio están extrañadas por la ascensión de Shafik y rechazan toda idea de su presidencia. Muchos entre ellos pasarían a votar a Abul Futuh, considerado como figura de cambio, incluso si no están totalmente seguros de sus orientaciones pluralistas y de su defensa de las libertades y derechos civiles. No lo están porque en las últimas semanas surgieron dudas en torno a Abul Futuh quien, indiscutiblemente, ha perdido en la polarización de la sociedad politizada. Pero las fuerzas revolucionarias y del cambio no desean una segunda ronda entre Shafik y Musa porque eso significaría que muy poco ha cambiado en las opciones políticas ofrecidas al país. También temen ante todo una segunda ronda donde tengan que escoger entre Shafik y Mursi. La elección del primero, que sería apoyado por los beneficiarios del mubarakismo y la ciudadanía que aspira a la estabilidad y a la normalidad, significaría continuidad y persistencia de problemas políticos y socioeconómicos. La elección del segundo podría traer amenazas a las libertades y significaría que una corriente política reuniera las riendas de los poderes legislativo y ejecutivo, lo que sería contraproducente y peligroso a la hora de construir un nuevo sistema político equilibrado y democrático. Sabbahi no parece poder llegar a una segunda ronda. Y es de excluir una fase final entre Abul Futuh y Mursi. Quedan como posibilidades Mursi-Musa y Abul Futuh-Musa. La primera parece poco probable. La segunda, muy probable hasta hace una semana, sigue en vigencia. Predecir su resultado es prematuro.
La polarización de la sociedad politizada contrasta con la poca ideologización del electorado. La encuesta del 5 de mayo resaltaba que entre los que votaron al Partido Justicia y Libertad (el partido de los Hermanos Musulmanes) en las elecciones parlamentarias, el 19,4%, el 12,7% y el 4,3% anunciaban sus intenciones de votar por Musa, Shafik y Sabbahi, respectivamente, mientras que sólo el 7,8% lo iba a hacer por el candidato de los Hermanos Musulmanes, Mursi. Hasta entre los votantes de los salafistas de El Nur, el 20,4%, el 17,2% y el 6,7% declaraban su intención de votar por Musa, Shafik y Sabbahi, respectivamente, mientras que el 17,2% apoyaba la candidatura de Abul Futuh. En cambio, es interesante señalar que el 12,7% y el 15,8% de electores de los civiles/laicos del Bloque Egipcioy del Wafd, en las elecciones parlamentarias declaraban su intención de votar por Abul Futuh, pero absolutamente ninguno por el candidato de los Hermanos Musulmanes. La poca ideologización de las elecciones también quedaba patente por importantes datos desvelados por la encuesta del 24 de abril. Entre las preocupaciones que los encuestados deseaban que el nuevo presidente atendiera, la aplicación de la sharía sólo llegaba en séptima posición, con el 4,3%, lejos del restablecimiento de la seguridad, con el 48,5%, la mejora del nivel de vida, con el 39,7%, la creación de puestos de trabajo, con el 29,9%, la realización de la justicia, con el 28,7%, la realización de los intereses del país y del pueblo, con el 14,1%, y el control de precios y la eliminación de la pobreza, con el 4,3%. Este orden de preocupaciones del electorado deja sin fundamento, al menos por el momento, la tesis de la especificidad o de la excepción árabe.
Conclusión: Llama la atención que en el periodo de transición transcurrido desde la caída del ex presidente Mubarak no ha habido transición constitucional e institucional en Egipto. La confusión ha sido la característica predominante en los 15 meses pasados. La razón radica en la falta de un programa consensuado y realista diseñado como resultado de conversaciones en las que las fuerzas políticas, incluidos los militares que detentan el poder, declaren sus posiciones, intereses y objetivos. De haberse producido, semejantes conversaciones hubieran desembocado en compromisos, la esencia misma de la política.
Queda por ver si los resultados de las elecciones serán fácilmente aceptados por las corrientes políticas perdedoras y por los grupos que lanzaron el proceso revolucionario y de cambio en enero de 2011. Si este problema no surge o es arreglado, el nuevo presidente ocupará su cargo y la transición constitucional e institucional empezará verdaderamente. En el proceso de transición, otros problemas amenazarán con aparecer entre el presidente de la república y el Parlamento, si el primero no es el candidato de los Hermanos Musulmanes, lo que es muy probable. Tal conflicto podría ser amplificado por otros entre las fuerzas políticas y sociales.
Es importante observar las fuerzas sociales porque en la sociedad sí que ha habido transición y cambios. La vitalidad en la sociedad, que a menudo desborda en desorden y desconcierto, es imparable. Esta es la verdadera garantía del progreso hacia un sistema político representativo que obre en interés de toda la población. También es la mejor defensa contra toda tentación de autoritarismo renovado. Queda solamente esperar que el precio del tiempo sea razonable.
Ibrahim Awad
Profesor de Política Pública, School of Global Affairs and Public Policy, Universidad Americana de El Cairo (Egipto)
[1] Este ARI es el segundo de una serie sobre la transición en Egipto que comenzó con un análisis de los actores de la transición (véase https://www.realinstitutoelcano.org/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari144-2011).
[2] SCAF es la sigla en inglés generalmente utilizada. También se hará referencia a veces al SCAF como Consejo Militar.
[3] Se emplea el término “civil” para denominar a fuerzas políticas cercanas en sus ideas a las laicas de otros países, siguiendo en ello la práctica en Egipto en los últimos años.
[4] El gobernorado es la unidad de administración territorial correspondiente a la provincia en España.
[5] Por ejemplo, los industriales no estaban representados en la asamblea disuelta, había un solo profesor de derecho constitucional y las mujeres no estaban representadas adecuadamente.
