Tema
Este análisis examina el historial de las protestas en Irán antes y después de la Revolución Islámica, el contexto y las implicaciones de las protestas en curso iniciadas en septiembre de 2022, la capitalización política de estas protestas por parte de diversos actores y el posible futuro a corto plazo de la República Islámica.
Resumen
El Irán moderno ha sido escenario de numerosos movimientos políticos y sociales que se han materializado en manifestaciones populares anti-gubernamentales. Desde el siglo XIX, las protestas han sido una herramienta común para que los ciudadanos expresen sus demandas y oposición a las decisiones políticas y económicas de los gobiernos de turno, y para exigir reformas y cambios en el sistema político, incluso bajo el presente sistema republicano con predominio de la élite clerical shií. La legitimidad de la República Islámica instaurada en 1979, al igual que los regímenes políticos anteriores, han visto su legitimidad cuestionada por sucesivos movimientos de protesta. Sin embargo, la república permanece estable tras 44 años de historia. Las protestas iniciadas tras la muerte de la joven Mahsa Amini, el 16 de septiembre de 2022, no son las primeras ni serán las últimas, aunque sí las más duraderas e intensas desde 1979, y han vuelto a poner en cuestión la tensa relación entre la sociedad y el poder político en Irán. No obstante, la resiliencia y adaptabilidad de la élite política permite prever la continuidad y estabilidad de la República Islámica, al menos a corto y medio plazo.
Análisis
Los antecedentes históricos de las protestas en Irán
La historia del Irán moderno ha estado marcada por el surgimiento de numerosos movimientos políticos y sociales como respuesta a eventos o situaciones políticas específicas. Las protestas han sido una herramienta común para que los ciudadanos expresen sus demandas y oposición a las decisiones políticas y económicas de los distintos gobiernos y para exigir reformas y cambios en el sistema político. A lo largo de los años, las manifestaciones ciudadanas han desempeñado un papel crucial en la política iraní y han servido como catalizadores de cambios significativos en el sistema político y social del país.
Ya a finales del siglo XIX se desarrollaron en Irán importantes movimientos sociopolíticos, como las Revueltas del Tabaco de 1890, lideradas por bazaríes[1] y clérigos shiíes, poniendo a estos últimos por primera vez en el escenario político a partir de la exitosa fatua (edicto religioso) del ayatolá Shirazi[2] llamando al boicot del consumo y comercialización del tabaco. En 1905, se inició en la ciudad de Tabriz un movimiento constitucional que se expandió rápidamente a otras ciudades, transformando profundamente la política iraní, históricamente dominada por el poder monárquico. La Revolución Constitucional sentó las bases para los futuros cambios ocurridos en las décadas de 1950 y 1970.
En los años 50, Irán vivió una gran agitación política tras la ocupación anglo-rusa de la Segunda Guerra Mundial. Nacionalistas liderados por Mohammad Mossadeq lograron nacionalizar la Anglo-Iranian Oil Company (luego British Petroleum) en 1951, y aupar a Mossadeq al cargo de primer ministro. En 1953, huelgas y manifestaciones apoyadas por EEUU y el Reino Unido debilitaron a Mossadeq, llevando a un golpe respaldado por la CIA y el fin de la relativa e incipiente democracia surgida en la década anterior.
La Revolución Islámica de 1978-1979 fue la culminación de un complejo proceso histórico que se nutrió de los tres movimientos precedentes y en el que participaron masivamente diferentes grupos políticos, sociales y religiosos. En este sentido, la revolución significó la consumación del objetivo principal de los manifestantes, la caída del régimen monárquico. El nuevo sistema político establecido en 1979 otorgó un papel predominante al clero shií, con el ayatolá Ruhollah Jomeini a la cabeza de la estructura de poder. Sin embargo, el triunfo de la revolución no impidió la aparición eventual de protestas populares.
Entre las manifestaciones más destacadas ocurridas desde 1979 figuran las protestas estudiantiles de 1999, durante la presidencia del reformista Mohammad Jatami. El cierre del periódico reformista Salam provocó movilizaciones en universidades de todo el país, las cuales duraron dos semanas y dejaron al menos tres muertos tras el asalto al campus de la Universidad de Teherán por fuerzas de seguridad, y hasta 1.500 detenidos según diferentes estimaciones. En 2009, el “movimiento verde”, surgido en respuesta a la controvertida reelección de Mahmud Ahmadineyad en las elecciones presidenciales de junio, generó una ola de manifestaciones en Teherán y otras grandes ciudades bajo el lema “¿Dónde está mi voto?”. Estas protestas se extendieron a lo largo de varias semanas utilizando el servicio de mensajería móvil y las incipientes redes sociales para difundir y organizar las manifestaciones. La represión gubernamental resultó en 36 muertes, según las autoridades, y 72 según organizaciones de derechos humanos, miles de detenidos y juicios televisados de diversas personalidades del reformismo. La joven asesinada Neda Agha-Soltan se convirtió en un símbolo del movimiento y la oposición, así como Mahsa Amini lo hizo en 2022. A pesar de las tensiones políticas y sociales reveladas por estas protestas, la República Islámica no sufrió una crisis de legitimidad duradera como habían anunciado algunos expertos y activistas políticos. La elección del pragmático Hassan Rouhani en 2013 demostró que la población iraní todavía confiaba en el sistema político y participaba activamente en el proceso electoral. Sin embargo, las protestas dejaron una huella en la sociedad iraní, aumentando la conciencia política y la movilización social entre los desencantados con el sistema.
En diciembre de 2017, durante el segundo mandato presidencial de Rouhani, surgieron protestas espontáneas por el impago de salarios en una fábrica de Neishabur que se extendieron rápidamente por todo el país a través de llamamientos en la red social Telegram. A medida que las protestas se intensificaron, las demandas evolucionaron hacia críticas a la élite política y la violencia, incluyendo ataques contra instalaciones policiales y de la Guardia Revolucionaria. La represión gubernamental causó entre 20 y 25 muertos, miles de detenidos y la suspensión temporal de Internet y la prohibición de Telegram. En 2019, otra ola de protestas se inició tras el anuncio del aumento del precio de la gasolina en medio de una crisis económica agravada por las sanciones impuestas por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump. Estas protestas duraron un par de meses y fueron mucho más violentas que las anteriores, dejando entre 230 y 304 muertos (incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad), miles de detenidos y docenas de juicios. El gobierno también bloqueó el acceso a Internet durante más de 10 días en respuesta a las manifestaciones.
Estas dos oleadas de protestas remarcaron la falta de justicia social en Irán después de 40 años de gobierno republicano, lo que cuestionaba la legitimidad misma del ideario revolucionario que había prometido una justa distribución de los recursos del país.
Las demandas populares fueron consideradas legítimas por la administración de Rouhani, aunque duramente cuestionadas por el establishment conservador. Algunos académicos iraníes teorizaron sobre una “normalización” de las protestas y la aceptación por parte de la élite política de cierto grado de presencia en las calles como válvula de escape de las demandas sociales, sin que ello ponga en peligro la estabilidad y continuidad del sistema, y sin que la represión se imponga como único mecanismo de subsistencia. La falta de un liderazgo claro y de objetivos concretos por parte de una amalgama de manifestantes de diverso origen socio-económico y geográfico, evitó que surgiera una fuerte oposición anti-sistema. Y la respuesta del aparato represivo del Estado también impidió que sectores reformistas o pragmáticos pudieran alinearse de manera inequívoca con los manifestantes para capitalizar las demandas populares.
Las protestas de 2022
Las protestas iniciadas en septiembre de 2022 tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini llevan ya más de seis meses, convirtiéndose en las más prolongadas, extendidas y violentas desde 1979[3], generando un nuevo debate sobre la legitimidad y estabilidad de la República Islámica. No hay fuentes completamente contrastables para determinar la magnitud de las protestas en términos de víctimas, detenidos y juzgados, así como la reacción de la opinión pública, tanto nacional como internacional. La desconfianza hacia las cifras oficiales no se mitiga con datos proporcionados en parte por organizaciones financiadas por Estados que promueven un cambio de régimen en Irán, lo que dificulta la evaluación precisa de eventos recientes. Mientras algunas autoridades gubernamentales y de la Guardia Revolucionaria han mencionado públicamente cifras de 200 y 300 muertos en comparecencias ante la prensa, los números proporcionados desde fuera de Irán superan ampliamente esas cifras. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Activists News Agency (HRANA) mencionan entre 400 y 550 muertos. La controvertida página Iran International, financiada hasta hace unos meses por Arabia Saudí, llegó a mencionar 5.000 muertes en el mes más crítico de protestas. Es importante destacar que, entre los muertos reconocidos oficialmente, hay 24 miembros de las fuerzas de seguridad, incluyendo basijíes y oficiales de policía, lo que revela la violencia desatada en ambos lados. La mayoría de las 29 sentencias de muerte recopiladas hasta ahora están relacionadas con estas muertes, incluidas las cuatro ya ejecutadas entre diciembre y enero.
El seguimiento popular de estas protestas y otras motivadas por demandas salariales y de otro tipo también es difícil de determinar, aunque hay iniciativas independientes, como la de Mark Pyruz, que han intentado arrojar luz sobre la presencia ciudadana en diversas concentraciones en todo el país, basándose en criterios empíricos visuales para determinarlo.
Las redes sociales han sido fundamentales para difundir lo ocurrido con Amini y amplificar las demandas populares, así como la evolución de las protestas y la represión gubernamental.
Sin embargo, la utilización partidista de las redes, con la proliferación de cuentas ficticias que difunden hashtags artificialmente a favor o en contra del gobierno iraní, ha obstaculizado la evaluación del impacto de dichas manifestaciones en la percepción internacional de Irán. Marc Owen Jones analizó en octubre de 2022 los 66 millones de tuits en inglés y los 350 millones de tuits en persa con el hashtag “Mahsa Amini” hasta ese momento, una cantidad sin precedentes en la historia de Twitter, concluyendo que la mayoría de las cuentas que difundían el hashtag habían sido creadas después de la muerte de la joven iraní. Más allá de la legitimidad de la causa, el impacto real habría sido distorsionado por la reproducción artificial de bots partidarios anti-sistema. Por otro lado, el efecto amplificador de las redes sociales y el apoyo a las protestas por parte de grupos iraníes en el exilio han influido de manera más significativa en la opinión pública europea y estadounidense, principales audiencias de estos grupos, en comparación con otras regiones como América Latina, Asia o África.
La coincidencia de las protestas con el Mundial de Fútbol de Qatar, que contó con la presencia del equipo nacional iraní en la fase de grupos con EEUU, Inglaterra y Gales, representó una presión adicional para Irán y una oportunidad para medir el impacto de las protestas. Los tres partidos jugados por Irán, con adversarios políticamente sensibles, generaron expectativas y preocupaciones para las autoridades qataríes, iraníes y de la FIFA. La normativa de la FIFA prohíbe cualquier manifestación política dentro de los estadios mundialistas, por lo que se impidió el acceso con banderas, camisetas o pancartas que evidenciaran algún posicionamiento político, tanto a favor como en contra de Irán. Sin embargo, se pudo observar algunas banderas pre-republicanas en las gradas durante los tres encuentros que no fueron confiscadas en la revisión de seguridad. La observación personal y de imágenes grabadas durante los partidos mostró que hubo algunos conatos de protesta muy puntuales, tanto dentro del estadio como en las afueras, pero fueron limitados. Tampoco se sabe con certeza cuántos iraníes viajaron a Qatar durante el Mundial, ya que muchos entraron con pasaportes de sus segundas nacionalidades, principalmente estadounidense. No obstante, sí existen datos sobre el aumento en la cantidad de vuelos semanales desde Irán a Qatar, que pasaron de 19 a 44 entre el primero y tercero de los partidos.
La capitalización política de las protestas
Una de las problemáticas más complejas en relación con las protestas y manifestaciones en Irán desde 1979 en adelante es determinar qué actores pueden capitalizar políticamente las protestas antigubernamentales. Los reformistas y pragmáticos, la oposición dentro del sistema vigente, e incluso los neoconservadores, lograron capitalizar parte del desencanto popular en las elecciones de 1997 (Mohammad Jatami), 2005 (Mahmud Ahmadineyad) y 2013 (Hassan Rouhani). Sin embargo, reformistas y pragmáticos han desaparecido prácticamente de la escena política tras el final del mandato de Rouhani en 2021, el fallecimiento de Hashemi Rafsanjani en 2017 y la marginación pública del expresidente Jatami desde 2009. También el aún popular expresidente Ahmadineyad ha sido vetado de la arena electoral al perder el apoyo del líder y la élite política conservadora. Por lo tanto, no se ha podido identificar ninguna figura política o grupo político dentro de Irán, que pueda capitalizar el actual descontento social y canalizarlo hacia un objetivo político específico que cuestione la supremacía de las facciones conservadoras tradicionales. Esto se debe, en parte, a la reducción de los límites de la oposición “legalmente permitida” en Irán y en parte porque el sector de la sociedad civil que no se identifica con el sistema ha perdido la confianza en la clase política en general, así como las esperanzas de que un cambio pueda producirse “dentro” del sistema.
En la actual coyuntura, los únicos actores que han intentado capitalizar este descontento de manera sistemática se encuentran fuera de Irán, principalmente el heredero del último shah, Reza Pahlavi, residente en Los Ángeles; la activista pro-derechos de la mujer, Masih Alinejad, quien ha generado elogios y críticas debido a sus estrechos vínculos con Donald Trump y Mike Pompeo; y Mariam Rajavi, líder del controvertido grupo Mujahedin-e Khalq (MEK), considerado grupo terrorista por la UE entre 2002 y 2009, y por EEUU entre 1997 y 2012, pero alternativamente reconocido como representante del pueblo iraní en ambos lugares. Es improbable que estos tres actores, principalmente los últimos, puedan convertirse en el punto focal de una oposición interna en Irán que busque un cambio de régimen político. Pahlavi, sin embargo, ha logrado atraer una gran cantidad de seguidores en EEUU, tanto entre la diáspora iraní como entre los políticos en Washington. Al adoptar un enfoque no reivindicativo respecto a su trono perdido, Pahlavi ha buscado atraer a los iraníes tanto antimonárquicas como anticlericales. Esta estrategia sin embargo ha generado críticas por parte de los sectores monárquicos más radicales en el exilio. En Irán, se han escuchado numerosos cánticos que mencionan el nombre de Pahlavi durante las protestas, lo que lleva a muchos a pensar que podría existir un apoyo interno para su retorno. Sin embargo, resulta complicado determinar si estas menciones representan meramente eslóganes en contra del gobierno o si, en realidad, reflejan el deseo de un segmento de la sociedad iraní por una restauración monárquica.
A pesar de que las encuestas de opinión relacionadas con Irán suelen ser objeto de controversia, debido al sesgo político inherente a su autoría y a las condiciones en las que se realizan, tanto las realizadas dentro como fuera del país, es relevante analizar algunos hallazgos comparativos de las tres figuras antes mencionadas. Un sondeo realizado por Gamaan desde los Países Bajos en diciembre de 2022, que incluyó respuestas de iraníes tanto dentro como fuera del país, posicionó a Pahlavi como el candidato favorito para formar parte de un eventual “Consejo de Solidaridad” encargado de gestionar una posible transición hacia un nuevo sistema político en Irán, con un 48% de apoyo en el interior y un 67% en el exterior. No obstante, sólo el 22% de los encuestados dentro de Irán y el 25% de los que están fuera, eligieron la “monarquía constitucional” como alternativa al actual sistema republicano. Alinejad, por otro lado, obtuvo un 21% de apoyo en el interior y un 48% en el exterior, mientras que Rajavi recibió menos del 1% tanto dentro como fuera del país. La misma encuesta reveló un aumento significativo en el respaldo a un cambio de régimen político en Irán, pasando del 39,9% en septiembre de 2021 al 41,5% en febrero de 2022 y alcanzando el 60,1% en diciembre de 2022.
A la espera de la publicación de encuestas similares, como las llevadas a cabo por la Universidad de Maryland en colaboración con la Universidad de Teherán, la encuesta más reciente con la cual contrastar estos datos fue realizada por Gallup en agosto de 2021, apenas tres semanas después de que Ibrahim Raisi asumiera su mandato. Esta encuesta no resulta especialmente útil para evaluar el impacto de las protestas actuales, pero sí para observar que Raisi contaba con una aprobación del 72%, en contraste con el escaso 32% que su predecesor Rouhani había obtenido en diciembre de 2020, pocos meses antes de terminar su mandato. Tampoco la realizada por Stasis, basada en Washington, en junio de 2022, pero que sin embargo intenta arrojar luz sobre la caída de la popularidad de Raisi en menos de un año de mandato, dando apenas el 28% de aprobación. Sin embargo, el 49% atribuye a “obstáculos políticos externos” al presidente Raisi los motivos de esa tasa de desaprobación.
El futuro de la República Islámica
Este análisis no busca ahondar en el feminismo iraní o las demandas kurdas, pero el enfoque occidental enfatizando estos temas opaca una cuestión básica: la muerte de una persona bajo arresto de la policía moral (Ershad), sin importar género u origen étnico. La sociedad iraní protesta exigiendo respeto al derecho a la vida, derechos políticos y civiles, y el fin del estado represivo, más allá de las razones de la detención de Mahsa Amini. Además, los iraníes se manifiestan desde 2017 por mejores condiciones de vida, salarios dignos y oportunidades laborales para la juventud desesperanzada que considera el exilio como única opción. Sin embargo, el estado de movilización permanente no es sostenible a largo plazo en ningún sistema político del mundo. O bien deriva en una situación revolucionaria o prerrevolucionaria, o culmina en la pacificación, espontánea o violenta, de las manifestaciones. Las actuales protestas en Irán han causado cientos de muertes y miles de detenciones hasta ahora, y aunque su intensidad y magnitud son menores, no parecen haber concluido. Esto plantea diversos escenarios para el futuro a corto plazo de Irán.
Tras el reciente acuerdo entre Arabia Saudí e Irán firmado en la capital china, la atención mediática se centra ahora en las acciones de Irán en el contexto regional orientadas a la normalización con los vecinos árabes e incluso en alcanzar un acuerdo nuclear aceptable que reemplace al JCPOA[4]. Independientemente del futuro de ambos acuerdos, y sin que aún queden claros los términos acordados, más allá del retorno al antiguo acuerdo de seguridad bilateral firmado en 2001, las prioridades de la administración del presidente Ibrahim Raisi y del líder supremo Alí Jamenei radican en mejorar la situación económica del país para evitar el incremento del descontento social. Esto incluye frenar la caída del rial frente al dólar, controlar la inflación, crear empleo y atraer inversiones extranjeras de los Estados vecinos en sustitución de las ya no esperadas provenientes de Europa y EEUU. La distensión regional, acompañada de mejoras en los indicadores económicos, sería un balón de oxígeno para una administración que aún no ha demostrado muchos logros en un año y medio de mandato y para un líder que necesita recuperar la confianza popular en la República Islámica. El primero de esos aspectos, relacionados con la distensión regional, ya está viendo sus primeros frutos con diversos anuncios en relación con la posible normalización de relaciones entre Irán, Bahréin y Egipto, por un lado, y en la rehabilitación del régimen sirio de al-Asad por parte de los países árabes.
En este sentido, considerando lo mencionado anteriormente sobre la “normalización” de las protestas en Irán y a pesar de las numerosas ocasiones en que se ha anunciado el “principio del fin” de la República Islámica desde antes de 2009, no parece que las bases del sistema hayan sido gravemente afectadas por las protestas actuales. La resiliencia y adaptabilidad del sistema vigente se han demostrado tras casi 40 años de movimientos opositores, guerras y sanciones impuestas por EEUU, la UE y las Naciones Unidas, así como décadas de aislamiento y estar prácticamente rodeados por bases militares de Estados hostiles. Esto también se evidencia tras los devastadores efectos combinados de las sanciones, la caída de los precios del petróleo y el desplome de las exportaciones durante la crisis global del COVID-19. Por lo tanto, aunque las protestas actuales en Irán son significativas, no parece que hayan afectado gravemente las bases del sistema político en su conjunto.
Por otra parte, la tan debatida eventual sucesión del actual líder supremo, Alí Jamenei, quien en la actualidad tiene 84 años, parece preocupar más a los que esperan que la misma tenga efectos desestabilizadores que a los propios iraníes. Decenas de posibles sucesores han sido mencionados en los últimos 20 años, pero lo cierto es que no existe en la actualidad ningún candidato mencionado por el actual líder como posible favorito. Existe, sin embargo, desde hace años un debate teológico y teórico sobre la característica principal del sistema político iraní, el predominio del velayat-e faqih (tutela del jurista islámico), en la ciudad-seminario de Qom, pero este debate no ha permeado la clase política en Teherán.
Entre la clase política, no obstante, una posible reforma constitucional, volviendo a un sistema republicano con primer ministro, y la eventual formalización de partidos políticos, ha sido frecuente al menos hasta la llegada de Ibrahim Raisi a la presidencia en 2021.
En todo caso, muy pocos atribuyen a la eventual sucesión un carácter disruptivo del actual sistema político controlado por la élite conservadora con el apoyo económico, político y militar que representa la Guardia Revolucionaria. Dado que los conservadores no han dado muestras de unidad, a pesar de su claro control de la arena política, es previsible una feroz disputa interna entre las diversas facciones que la conforman para posicionar a sus candidatos para el futuro liderazgo, o incluso un consejo de liderazgo de tres o cinco miembros, de acuerdo con lo que prevé la Constitución. En este sentido, el control formal de las instituciones electivas como la Asamblea de Expertos, y no-electivas, como el Consejo de Guardianes y el Consejo de Discernimiento, seguirán siendo claves para entender cómo se resuelven las disputas intra-faccionales dentro de las dinámicas republicanas.
Conclusiones
Las protestas de 2022 en Irán han arrojado luz sobre problemas de larga duración y el descontento entre la población iraní, impulsados por una variedad de factores, como las dificultades económicas, la represión política y la falta de justicia social. Diversos actores políticos, tanto dentro como fuera del país, han intentado capitalizar las protestas, pero aún no está claro si alguno de ellos puede canalizar con éxito el amplio descontento hacia un cambio político significativo o desafiar efectivamente la supremacía de las facciones conservadoras tradicionales.
El futuro de la República Islámica depende de su capacidad para abordar los apremiantes desafíos económicos y sociales que afronta el país, como frenar la inflación, crear oportunidades de empleo y mejorar los niveles de vida. Fomentar la estabilidad regional y mejorar las relaciones con sus vecinos también es crucial para que Irán atraiga inversiones extranjeras y alivie el impacto de las sanciones internacionales en su economía.
La actual ola de protestas, aunque significativa, puede no ser suficiente para socavar seriamente los fundamentos del sistema político. Si bien la resiliencia y adaptabilidad del sistema político iraní han sido puestas a prueba a lo largo de su historia, estas protestas sirven como un recordatorio contundente de que el gobierno iraní no puede permitirse ignorar indefinidamente el creciente descontento y las demandas de cambio entre su población.
[1] La clase comercial y en general los trabajadores de los bazares (mercados) iraníes, que controlaban tradicionalmente el comercio interno y exterior del país.
[2] En diciembre de 1891, Mirza Hassan Shirazi, Gran Ayatolá y Marja-e Taqliq, emitió una fatua prohibiendo el consumo y la comercialización del tabaco en todo el país, considerándolo como una ofensa para el Imam oculto, Mohammad al-Mahdi. De esta manera, consiguió que la población iraní boicoteara la producción de tabaco, obligando al Sha Naser al Din Qajar a cancelar la concesión de su explotación concedida al Barón británico Julius de Reuter.
[3] Las protestas de 2009 continuaron durante meses, con intentos fallidos de convocatorias de manifestaciones en determinadas fechas del calendario festivo iraní, como el aniversario de la ocupación de la embajada de EEUU el 5 de noviembre, el día del estudiante, en incluso la conmemoración de la revolución en febrero. Pero la presencia en las calles de manifestantes fue impedida por las autoridades y sólo la virtualización de las protestas permitió evidenciar la continuidad del descontento y las demandas de una parte de la población iraní, al contrario de lo que está sucediendo desde septiembre de 2022, con una presencia en las calles sostenida en el tiempo.
[4] El Plan de Acción Comprehensivo Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) fue el acuerdo bilateral alcanzado entre Irán, por un lado, y el grupo P5+1 (EEUU, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania) y la UE, por otro lado, el 15 de julio de 2015, en el que se acordaron una serie de medidas tendentes a limitar el programa nuclear civil iraní y someterlo a una serie de limitaciones a lo largo de 30 años, a cambio del levantamiento de todo tipo de sanciones de la ONU, UE y EEUU relacionadas con la dossier nuclear iraní.
