Tema: ¿Cuáles sonlas prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE durante el primer semestre de 2010, a la luz del contexto específico en el que la misma tiene lugar?
Resumen: A lo largo del primer semestre de 2010 tiene lugar la cuarta Presidencia por parte de España del Consejo de la UE, en un nuevo contexto caracterizado por la crisis económica y financiera global, la existencia de un nuevo marco institucional, en el que se incluye en particular la aplicación del Tratado de Lisboa (TdL), la inserción de la Presidencia en el período más extenso del Trío de Presidencias y la elaboración de su informe por parte del Grupo de Reflexión sobre el horizonte 2020-2030.
En dicho contexto se plantean las prioridades básicas de la Presidencia española dirigidas a la lucha contra la crisis económica y financiera y la recuperación económica, el desarrollo de la Europa social y de los ciudadanos, la ubicación de Europa como actor global en el escenario internacional y la puesta en práctica del contenido del Tratado de Lisboa. Todo ello a la luz de dos principios rectores de carácter transversal: igualdad e innovación.
Análisis
Introducción
El 1 de enero de 2010 se inicia la cuarta Presidencia española semestral del Consejo de la UE. La experiencia de las tres Presidencias precedentes, en 1989, 1995 y 2002, enjuiciadas positivamente de manera prioritaria desde el punto de vista de la organización de los trabajos, pero también desde la óptica de los resultados obtenidos, la preparación llevada a cabo durante los meses precedentes, y el consenso político manifestado sobre la misma, constituyen desde el comienzo garantías de éxito respecto a su desarrollo.
La nueva Presidencia española se plantea, sin embargo, en un contexto muy diferente de las anteriores, lo que influye directamente en su desarrollo. La inserción en un marco de crisis económica y financiera global dificulta los avances en el proceso de integración y condiciona la adopción de eventuales nuevas iniciativas, obligando a concentrar los esfuerzos en la superación de la crisis. Ello no impide, sin embargo, que hayan sido a menudo las situaciones de crisis las que han actuado de revulsivo para hacer avanzar el proceso de integración “a golpe de crisis”, como se ha repetido con frecuencia.
La constitución de un nuevo Parlamento Europeo, tras las elecciones de junio de 2009, y la designación de una nueva Comisión Europea, a partir de febrero de 2010, condicionan igualmente el desarrollo de la Presidencia. La constitución en particular de la nueva Comisión supone un retraso considerable en la presentación de las necesarias propuestas de dicha Institución en relación con los temas de más relieve previstos para su examen o adopción durante el semestre español, al haber optado razonablemente la Comisión previa en funciones por la no presentación de propuestas sobre los temas de mayor entidad. La presentación del propio programa de trabajo de la Comisión para 2010 no parece que tendrá lugar hasta el mes de marzo.
Pero es sobre todo la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, cuya puesta en práctica constituye una de las prioridades fundamentales de la Presidencia, y las novedades que el mismo trae consigo el elemento contextual que de manera considerable condiciona el desarrollo de la Presidencia. En efecto, la creación de las nuevas figuras institucionales, el presidente del Consejo Europeo y el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/vicepresidente de la Comisión (AR/VC), implica un cambio en las competencias de la Presidencia rotatoria y la necesidad de concretar en la práctica las interrelaciones entre los diferentes órganos institucionales. Las mayores competencias atribuidas al Parlamento Europeo, que incluyen la ampliación de las materias sometidas al ahora denominado procedimiento legislativo ordinario, inciden igualmente en los trabajos de la Presidencia. Entre los mismos vienen a ocupar un lugar preponderante los relativos a la puesta en práctica del Tratado de Lisboa. Concretamente, la puesta en marcha del Servicio Europeo de Acción Exterior, la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos y la adopción de las decisiones relativas a la Cláusula de solidaridad europea o a la Iniciativa popular europea son, entre otros, temas de interés prioritario para la Presidencia española.
La Presidencia española se enmarca, además, en el nuevo Trío de Presidencias, constituido por España, Bélgica y Hungría, para el período 1 de enero de 2010 a 30 de junio de 2011, iniciándose los trabajos en el semestre español. La Presidencia coincide paralelamente con la realización de sus trabajos por parte del Grupo de Reflexión sobre el horizonte 2020-2030, que encabeza el español Felipe González y que deberá presentar un informe sobre los mismos al Consejo Europeo de junio de 2010, coincidiendo con el final de la Presidencia española.
Todos los elementos anteriores, pero en particular la constitución de la nueva Comisión Europea y especialmente las consecuencias que trae consigo la entrada en vigor del Tratado de Lisboa llevan a hablar de la Presidencia española como una Presidencia de transición, en la que solo al final de la misma debería poder contarse con los instrumentos para la aplicación plena del nuevo Tratado y con la existencia de un marco experimentado de funcionamiento e interrelación de los nuevos órganos y figuras institucionales.
La Presidencia se inicia, en todo caso, sobre la base de un consenso político en España sobre sus objetivos y desarrollo, lo que constituye una garantía suplementaria de éxito, evitando paralelamente hacer de la misma un componente cotidiano de los debates políticos internos.
Prioridades de la Presidencia
Como ya se ha adelantado, cuatro grandes prioridades enmarcan con carácter prioritario los objetivos de la Presidencia española:
- Una rápida y plena aplicación del Tratado de Lisboa.
- La recuperación económica y la creación de empleo.
- Una Europa de derechos y libertades y para los ciudadanos.
- Una Europa como actor global, responsable y solidario.
Al mismo tiempo, se pretende llevar a cabo la puesta en práctica de dichas prioridades a la luz de la aplicación de dos principios de carácter transversal, igualdad e innovación. Este último aparece reflejado en el lema de la Presidencia, “Innovando Europa”.
Las prioridades se enmarcan y coinciden en gran medida con las previstas en el programa del Trío de Presidencias, cuyo contenido ha sido el resultado del trabajo conjunto de los tres países y cuya aplicación y desarrollo será objeto igualmente de la coordinación y cooperación mutua a lo largo de los 18 meses previstos para su puesta en práctica. En este sentido, incluso de manera simbólica se ha optado por la elección de un logo único para las tres Presidencias, en el que se incluyen las letras eu y en el que únicamente se modifica el color del mismo durante cada semestre, a efecto de reflejar el de las banderas respectivas.
Puesta en práctica del Tratado de Lisboa
Ya en 2008 la Secretaría General del Consejo de la UE recogía en una nota interna una lista de 33 medidas necesarias para hacer efectivo el contenido del Tratado de Lisboa. Varias de dichas medidas han sido ya adoptadas, en particular las referentes a los nuevos nombramientos, pero otras especialmente importantes deberían serlo durante el semestre de la Presidencia española. La designación del belga Herman Van Rompuy como presidente del Consejo Europeo, y de la británica Catherine Ashton como alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión constituyen los nombramientos, no carentes de cierta polémica, de mayor relieve.
España atribuye especial prioridad a la adopción, en base a la propuesta de la AR/VC, antes del final de abril de 2010, como previsto por el Consejo Europeo de octubre de 2009, de la decisión relativa a la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Dicha decisión reviste, sin embargo, notable dificultad, independientemente del eventual retraso en la presentación de la propuesta, al afectar a un ámbito de competencias, la política exterior, de especial sensibilidad para los Estados miembros. En todo caso, el contenido del informe de octubre de 2009 sobre el SEAE, avalado por el Consejo Europeo de 29 y 30 de octubre, prefigura el contenido y ámbito de actuación de dicho órgano, si bien muchas cuestiones permanecen abiertas, incluidas, entre otras, las relativas a participación específica de los Estados miembros, régimen de personal y financiación.
A partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la representación exterior de la Unión corresponde a la Comisión, excepto en el ámbito PESC y algunos otros previstos en los Tratados, y las delegaciones de la Comisión en el exterior han pasado a convertirse en delegaciones de la UE. Sin embargo, la designación reciente de las nuevas figuras institucionales y de la nueva Comisión y los trabajos en curso para el establecimiento del SEAE han justificado la existencia de un período de transición coincidente con la Presidencia española en el que se han previsto soluciones transitorias ad hoc,en el sentido de asegurar España, en su calidad de Presidencia rotatoria, la representación de la Unión en algunos terceros Estados y organizaciones internacionales.
España asigna igualmente prioridad al inicio del proceso, sobre la base de la propuesta de la Comisión, para la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que complementa el carácter vinculante otorgado por el TdL a la Carta de Derechos Fundamentales.
Igualmente prioritarias resultan, entre otros temas, la adopción de las decisiones para el desarrollo de la cláusula de solidaridad europea y de la iniciativa popular europea.
La cláusula de solidaridad prevé la actuación conjunta de la Unión y sus Estados miembros si uno de dichos Estados es objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano. Ante dicha circunstancia la Unión podrá movilizar todos los medios de que disponga incluidos los militares. Las modalidades de aplicación de la cláusula, con eventual incidencia en el ámbito de la defensa, deberán ser definidas mediante decisión del Consejo, asistido para ello por el Comité Político y de Seguridad (COPS) y el nuevo Comité de Seguridad Interior (COSI), que se adoptará en base a la propuesta conjunta de la Comisión y de la alta representante. La aplicación de la cláusula se plantea, en principio, en el interior de la Unión; pero la existencia de componentes PESC, tanto en la elaboración de la decisión correspondiente, como en el eventual uso de medios militares, y su inclusión en el apartado del Tratado relativo a la acción exterior de la Unión, plantea dudas respecto a su naturaleza jurídica. En todo caso, debe resaltarse la importancia de destacar de manera específica en el Tratado el ejercicio de la solidaridad entre los Estados en el seno de la Unión ante los hechos mencionados de especial gravedad y trascendencia que podrían dar lugar a la aplicación de la cláusula.
Con la puesta en práctica de la llamada iniciativa ciudadana un millón al menos de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrán invitar a la Comisión, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta legislativa sobre cuestiones que se consideren apropiadas para los fines de la aplicación de los Tratados.
Lucha contra la crisis económica y financiera
La Presidencia española se centra en la promoción de la recuperación económica mediante un crecimiento sostenible orientado a crear empleo. Su objetivo es reforzar la coordinación a nivel de la UE de las políticas económicas de los Estados miembros, en la perspectiva del lanzamiento de la nueva Estrategia para el crecimiento y el empleo. La formulación de la Estrategia UE 2020, sucesora de la Estrategia de Lisboa, ha de constituir el instrumento de coordinación idóneo, en base a una mejora de la gobernanza, para vertebrar el nuevo modelo de crecimiento, caracterizado por la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
La reforma de la supervisión del sistema financiero, componente del nuevo modelo económico, reviste especial importancia. De ahí la prioridad otorgada al desarrollo del nuevo marco de supervisión financiera europea: el Comité europeo de riesgos sistémicos, encargado de la vigilancia de los riesgos macro-financieros, y el Sistema europeo de reguladores financieros, encargado de la supervisión micro-financiera de entidades individuales.
La adopción del Plan de acción energético 2010-2014, destinado a reforzar la seguridad energética de la Unión y sus Estados miembros, constituye un objetivo más específico de carácter igualmente prioritario, en el que el fomento de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética constituyen componentes fundamentales en la perspectiva de la consecución del objetivo de los “tres 20 en 2020” (disminución de las emisiones de CO2 en un 20%, participación de las energías renovables en un 20% en el mix energético y mejora de la eficiencia energética en un 20%). En este sentido, tras la falta de resultados positivos en la Cumbre de Copenhague sobre cambio climático de diciembre de 2009, la Presidencia continuará igualmente promoviendo el liderazgo de la Unión en esta materia, en la perspectiva de la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático de México en diciembre de 2010.
Desarrollo de la Europa social y de los ciudadanos
España asigna al componente social del programa de su Presidencia una importancia especialmente destacada, coincidiendo el semestre español con los seis primeros meses del año europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social 2010.
La aproximación de la Unión a los ciudadanos, potenciando su participación en la actuación de las Instituciones, constituye una preocupación específica de la Presidencia. De ahí la prioridad otorgada a la plena aplicación de las disposiciones del nuevo Tratado que tratan de promover esa mayor participación, de la que depende en buena medida el futuro del propio proceso de integración.
El desarrollo de la Europa social debería constituir un componente esencial de la nueva Estrategia para el crecimiento y el empleo UE 2020, en particular en lo que se refiere al mantenimiento y a la creación de puestos de trabajo de calidad. La nueva Agenda social europea 2011-2015, cuyo diseño preliminar forma parte de los objetivos de la Presidencia, vendría a complementar el contenido de la Estrategia UE 2020, incorporando como elementos clave la protección y la integración social.
La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género, incluido el objetivo de creación de un Observatorio europeo sobre violencia de género y de adopción de una Orden europea de protección a las víctimas, la consolidación de los sistemas de protección social europeos, o las actuaciones a favor de las personas dependientes, son, entre otros, objetivos de carácter más específico en este ámbito.
Tras la adopción en diciembre de 2009 del Programa de Estocolmo, referente al desarrollo del Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia en el período 2010-2014, a la Presidencia española le corresponde promover la adopción del correspondiente Plan de Acción, en el que debe concretarse su realización a lo largo del período indicado. En este ámbito concreto, la Presidencia impulsará la definición de una Estrategia Europea de Seguridad Interior y continuará promoviendo la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, tanto mediante actuaciones en el seno de la propia Unión como mediante el reforzamiento de la cooperación internacional. El reforzamiento de la política común de inmigración y asilo es prioridad igualmente de la Presidencia, desarrollando los postulados del Enfoque global sobre inmigración y del Pacto europeo de inmigración y asilo.
La Unión como actor global en el escenario internacional
La Presidencia española trata de reforzar la unidad de acción de la Unión, incrementar su visibilidad y desarrollar una auténtica política exterior común, ambiciosa en sus objetivos y eficaz en sus actuaciones. En este sentido, la Presidencia colabora estrechamente con las nuevas figuras institucionales establecidas por el Tratado de Lisboa, el presidente del Consejo Europeo y la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y confía en la rápida puesta en marcha del nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, a efecto de potenciar la actuación exterior de la Unión, promoviendo sus valores e intereses, y el ejercicio por la misma de un papel relevante en la conformación de un nuevo escenario internacional, de ámbito multilateral, que permita avanzar hacia un orden global más justo, pacífico y equilibrado, posibilitando paralelamente la respuesta activa y eficaz de la Unión ante las crisis de diferente naturaleza que puedan plantearse en el escenario internacional.
El reforzamiento de la cooperación al desarrollo representa un reto esencial en el entorno actual de crisis. En este sentido, el cumplimiento de los compromisos internacionales en relación con la lucha contra el hambre y la pobreza y la financiación del desarrollo, en línea con los Objetivos del Milenio, reviste especial prioridad para la Presidencia española; al igual que el fortalecimiento de la ayuda humanitaria y la mejora de su coordinación.
En el ámbito comercial la mejora de la competitividad de la Unión hacia el exterior constituirá uno de los componentes de la nueva Estrategia UE 2020. Al mismo tiempo, se pretende promover la conclusión de un acuerdo global y equilibrado en el marco de la Ronda Doha de la OMC, que tenga en cuenta los compromisos del G20. La Presidencia española espera que se pueda proceder a la conclusión o a avances significativos de las negociaciones en curso para la firma de acuerdos en materia económica y/o comercial, en particular los previstos con Centroamérica y otros países de América latina.
En relación con la ampliación de la Unión, la Presidencia española seguirá promoviendo las negociaciones para la adhesión de Croacia, la apertura de nuevos capítulos en las negociaciones con Turquía y el eventual inicio de negociaciones con la ARYM e Islandia, manteniendo la perspectiva de integración de otros países de los Balcanes occidentales. En el ámbito de la Política Europea de Vecindad (PEV), las relaciones con los países del área mediterránea, en el marco de la Unión por el Mediterráneo (UpM), tendrán un carácter prioritario, manteniéndose paralelamente la promoción de las relaciones con los países de la Asociación Oriental y con Rusia. España promoverá la relación estratégica con América latina y Caribe y el reforzamiento de las relaciones transatlánticas, en particular en lo que se refiere al diálogo con EEUU. El reforzamiento de las relaciones con Asia, en particular China, la India, Japón y en el marco ASEM/ASEAN, revisten un carácter igualmente prioritario, como lo es el impulso para la profundización de las relaciones con los países de África.
Las cumbres y numerosas reuniones de alto nivel previstas a lo largo del semestre deberían facilitar los nuevos impulsos para el reforzamiento de las relaciones con los países o grupos de países afectados, constituyendo dichas cumbres en todo caso el corolario del trabajo realizado y el necesario impulso para la profundización ulterior de la cooperación. Aunque la representación exterior de la Unión en materias PESC corresponde al presidente del Consejo Europeo, la Presidencia rotatoria continuará desempeñando un papel destacado en la preparación de las reuniones de alto nivel y en las correspondientes reuniones. Concretamente, durante la Presidencia española se ha previsto la presencia del presidente del gobierno español, en su calidad de anfitrión, en las cumbres que tengan lugar en España.
Conclusiones: La cuarta Presidencia española del Consejo de la UE se plantea en un contexto muy específico que condiciona sus realizaciones y explica su consideración como Presidencia de transición.
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha traído consigo novedades importantes que afectan de manera directa a las competencias ejercidas hasta ahora por la Presidencia rotatoria, en particular en el ámbito de las relaciones exteriores. La designación de un presidente estable del Consejo Europeo, la presidencia del Consejo de Asuntos Exteriores por parte del alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la representación exterior de la Unión por parte de la Comisión en el ámbito de sus competencias y la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior son las novedades más significativas a este respecto. Sin embargo, se requiere un cierto tiempo para poder evaluar en la práctica el ejercicio de las nuevas competencias, dependiente también de la personalidad de quienes ejercen las nuevas funciones, independientemente de las disposiciones ad hoc acordadas para el semestre español a efecto de facilitar la transición al nuevo régimen. En todo caso, España, en su calidad de Presidencia rotatoria, ha manifestado su disponibilidad para cooperar plenamente tanto con las nuevas figuras institucionales, como en el traspaso del ejercicio de la representación exterior a la Comisión, si bien solo al final del semestre español podrá contarse con una visión más clara, desde el punto de vista de la experiencia, de la influencia real de los diferentes órganos en el funcionamiento de la Unión. De la experiencia del ejercicio de las funciones respectivas se deduciría si la Unión contará con una única voz efectivamente en sus relaciones con terceros y en el seno de organizaciones internacionales. Y, más importante aún, la experiencia mostrará igualmente si con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se hace realidad la existencia de una voluntad política de los Estados miembros para posibilitar efectivamente la actuación de la Unión como actor en el escenario internacional y el avance paralelo en el proceso de integración.
La escisión del antiguo Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE) en dos nuevos Consejos –el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), presidido por la alta representante, y el Consejo de Asuntos Generales (CAG), presidido por la Presidencia rotatoria– y con una competencia general de coordinación del conjunto de las formaciones del Consejo y de preparación de los trabajos del Consejo Europeo, puede suponer para este último, y con ello para la Presidencia rotatoria, una influencia especial en la evolución de los trabajos en el marco del Consejo y de la Unión en su conjunto. En todo caso, habrá que esperar también previsiblemente al final de la Presidencia española para poder evaluar también en este caso el peso real específico de dicho Consejo.
La constitución de la nueva Comisión a partir de mediados de febrero de 2010 ha traído consigo un obligado retraso en el desarrollo de los trabajos durante la Presidencia española. Solo la nueva Comisión una vez constituida ha considerado oportuno responsabilizarse de la presentación de las necesarias propuestas en las materias de mayor importancia, aún a costa de dar respuesta tardía a las invitaciones al efecto incluidas en conclusiones previas del Consejo Europeo y retrasar los debates y la adopción de las correspondientes decisiones. A efecto de tratar de minimizar las consecuencias de dicho retraso, la Presidencia ha optado por el planteamiento de contactos informales sobre aquellos temas de mayor entidad incluidos entre sus prioridades, a efecto de ir conociendo las posiciones de los diferentes Estados miembros y poder ilustrar a la Comisión en la elaboración de sus propuestas. Este ha sido el caso, entre otros, de la preparación de la Estrategia UE 2020 o del Plan de acción energético 2010-2014.
El inicio de la Presidencia ha tenido lugar en el marco de la situación de crisis económica planteada desde 2008, pero cuyos primeros signos de recuperación han comenzado ya a vislumbrarse para la mayoría de los Estados miembros. En este sentido, la iniciativa del presidente del Consejo Europeo de convocar una cumbre informal extraordinaria el 11 de febrero sobre este tema refleja la importancia de actuar de forma coordinada en el seno de la Unión y en otros marcos internacionales para hacer frente a la situación de crisis y sentar las bases del proceso de recuperación, la llamada estrategia de salida.
La mayoría de las Presidencias deben hacer frente, independientemente del contenido de su programa, a situaciones imprevistas o crisis de todo tipo que devienen en esos momentos prioritarios frente a la consecución de otros objetivos. En el caso de España, la Presidencia ha coincidido en sus comienzos con una grave crisis internacional, el terremoto de Haití. Los Estados miembros de la Unión se han movilizado de manera solidaria para dar ayuda al país caribeño, cooperando la Presidencia con la alta representante y los responsables de las Instituciones, a efecto de dar una respuesta coordinada frente a la tragedia. La convocatoria de un Consejo extraordinario y la inclusión de Haití entre los temas a tratar en la Cumbre del 11 de febrero responde al deseo de hacer frente solidariamente a la crisis y asegurar la actuación coordinada por parte de la Unión.
La decisión norteamericana, expresada igualmente al comienzo del semestre español, de no prever durante el mismo una cumbre UE-EEUU ha supuesto una modificación del calendario previsto, si bien por parte de la Presidencia se continúan promoviendo los trabajos en el seno de la Unión y los contactos bilaterales con los norteamericanos para facilitar el reforzamiento de la relaciones transatlánticas en todos aquellos ámbitos de interés común. Frente a la justificación expresada por parte norteamericana de que la ausencia de cumbre respondería a problemas de calendario por parte del presidente Obama para desplazarse a Europa a lo largo del semestre, tras los numerosos desplazamientos llevados a cabo en los meses precedentes, resultaría discutible la opinión expresada por parte de algunos medios de que dicha ausencia podría responder a una eventual falta de resultados concretos o incluso a una supuesta menor prioridad atribuida por parte de EEUU a sus relaciones con Europa.
La Presidencia checa del Consejo en el primer semestre de 2009 se inició con la crisis del gas entre Rusia y Ucrania, repetición de otras crisis similares precedentes, con consecuencias especialmente graves para varios Estados miembros de la Unión. Ante la perspectiva de una eventual nueva crisis, se han adoptado las medidas necesarias para tratar de evitar su repetición, o, en el caso de producirse, tratar de minimizar sus consecuencias para los Estados europeos más dependientes de la importación del gas ruso a través de Ucrania. Pese a determinados indicios preocupantes en determinados momentos, la crisis no se ha repetido a comienzos de 2010, si bien nada asegura que la misma no pudiera volver a tener lugar a lo largo del semestre, en cuyo caso, la actuación de la Presidencia resultaría relevante, junto con otros actores en el seno de la Unión, para hacer frente a la misma.
El éxito de las tres Presidencias españolas precedentes permite confiar también en este caso en un resultado positivo, independientemente del carácter de transición de esta cuarta Presidencia. En todo caso, toda Presidencia debe evaluarse en primer lugar por la buena organización y dirección de los trabajos en el marco del Consejo, y solo en segundo lugar por los resultados obtenidos, que en este caso no son solo consecuencia de la actuación de la Presidencia, sino del conjunto de los Estados miembros e incluso de la acción de otras Instituciones. En este sentido, la actuación de la Presidencia española en lo que se refiere a la organización de los trabajos ha merecido en ocasiones anteriores el reconocimiento de los Estados miembros y otras instancias de la Unión, y es previsible que dicho reconocimiento vuelva ahora a producirse, evaluando también positivamente la disponibilidad manifestada por la Presidencia para coordinarse adecuadamente con las nuevas figuras institucionales en el ejercicio de sus competencias respectivas. Más difícil resulta pronunciarse respecto a los posibles resultados. El programa de la Presidencia incluye un conjunto de actuaciones que permitirían dar respuesta a los retos fundamentales que se le plantean a la Unión, pero cuya puesta en práctica requiere de la voluntad política del conjunto de los Estados miembros para hacer frente a dichos retos y facilitar con ello la recuperación económica, el desarrollo de una Europa social y de los ciudadanos, la conversión de la Unión en un actor destacado en el marco de las relaciones internacionales y, como consecuencia de todo ello, el avance en el propio proceso de integración.
Enrique González Sánchez
Embajador en Misión Especial para Relaciones con Instituciones de la UE y director honorario de la Secretaría General del Consejo de la UE