Tema: Alemania es un país de inmigración, pero su sociedad y sus líderes políticos continúan mostrándose renuentes a aceptarlo.
Resumen: Desde 1973, año en el que en Alemania se decidió poner fin a la contratación de gastarbeiter (“trabajadores extranjeros invitados”), el país ha recibido 3 millones de nuevos inmigrantes, la mayoría de ellos de etnia alemana procedentes de Europa Oriental. Las dificultades que se presentaron a la hora de integrar a los inmigrantes de segunda generación, la mayoría de origen turco, el extendido recelo hacia el radicalismo islámico y la protección de un mercado laboral privilegiado y de la solidez económica del Estado de Bienestar, han convertido a Alemania en uno de los Estados europeos más renuentes a aceptar la inmigración y, por consiguiente, en el Estado que más reticencias muestra ante la iniciativa de la Comisión Europea por desarrollar una política común de inmigración.
Análisis
Desde la implantación de programas de contratación de gastarbeiter (“trabajadores extranjeros invitados”) hasta la conversión en un país de inmigración
Durante la reorganización política de la Europa de posguerra, los Estados germanos, aún convalecientes, tuvieron que hacer frente a la llegada de millones de refugiados de etnia alemana expulsados de Europa Oriental y de la Unión Soviética. Durante esta oleada de inmigración, 11,5 millones de personas establecieron su residencia en la que es actualmente la República Federal de Alemania, de modo que, en 1950, el 15,7% de los alemanes occidentales y el 19,6% de los alemanes orientales eran inmigrantes. A pesar de esta masiva afluencia de población, la falta de mano de obra ocasionada por la II Guerra Mundial constituía un obstáculo para la recuperación económica y, por consiguiente, el Gobierno alemán[1] decidió fomentar la inmigración. Como consecuencia de ello, entre 1955 y 1968 el Gobierno suscribió diversos acuerdos de contratación laboral con países mediterráneos como Italia, España, Grecia, Turquía, Marruecos, Portugal, Túnez y la antigua Yugoslavia. Durante este período, la población extranjera de Alemania (quedando aquí excluidos los inmigrantes de etnia alemana que llegaron al país a finales de la década de 1940) pasó de estar integrada por medio millón de personas (el 0,9% de la población total) a ser de 4 millones de personas (el 6,4% de la población total). Estos “trabajadores extranjeros invitados” trabajaban principalmente en sectores de la economía que no requerían una gran preparación, pero sí un trabajo intensivo, como la minería del carbón y del hierro, las industrias del acero y del automóvil y la limpieza municipal y de los hogares. La política de contratación activa del Gobierno alemán fue abandonada en 1973 tras la crisis económica mundial.
En aquella época, los alemanes pensaban que los inmigrantes se encontraban en el país de manera provisional y esperaban que abandonaran el país cuando ya no se les necesitara. Cuando los trabajadores extranjeros invitados decidieron quedarse a pesar de la crisis, las autoridades y los ciudadanos alemanes analizaron erróneamente la situación y dedicaron muy pocos esfuerzos a ayudar a dichos trabajadores a asentarse, negándose a considerarlos como miembros permanentes de la sociedad alemana. Los inmigrantes vivían generalmente en barrios más pobres en los que crearon sus propias subculturas a lo largo de los años. El nivel educativo de la segunda generación de inmigrantes era limitado, el acceso al trabajo especializado era difícil y las políticas de naturalización eran restrictivas. La mayoría de los analistas opinan que el fracaso en la integración de los inmigrantes constituye uno de los factores causantes de los problemas originados por la existencia de las llamadas “sociedades paralelas”.
La contratación de trabajadores finalizó en 1973, pero la inmigración no lo hizo: únicamente cambió su naturaleza. Entre 1973 y 1988, los extranjeros que llegaban al país eran principalmente familiares de los gastarbeiter, solicitantes de asilo (generalmente refugiados asiáticos) o personas de etnia alemana procedentes de Polonia y de Rumanía. Pero las repercusiones globales de la inmigración eran escasas. La población extranjera total en Alemania Occidental aumentó entre 1973 y 1988 de los 4 millones a los 4,8 millones, una cifra que quizá hubiera sido mucho menor de no ser por la relativamente elevada tasa de natalidad entre la población extranjera.
A finales de la década de 1980, época en la que hubo un rápido incremento de la inmigración, comenzó un nuevo período. Dejando a un lado las constantes reunificaciones familiares, a partir de 1989 aumentó bruscamente tanto el número de ciudadanos de etnia alemana procedentes de Europa Oriental (entre 1990 y 2004 llegaron al país 2,4 millones de estos ciudadanos) como el número de solicitantes de asilo. La afluencia de extranjeros alcanzó su punto álgido en 1992, con la llegada al país de 1,2 millones de extranjeros, de los que 438.000 eran solicitantes de asilo.El incremento se debió en parte a los conflictos en África Central y África Occidental, a la guerra en la antigua Yugoslavia, y a los enfrentamientos entre los turcos y los kurdos al sureste de Turquía.[2] Además, a partir de 1991 llegaron a Alemania 209.226 inmigrantes judíos de la antigua Unión Soviética en respuesta a la política de apoyo a la reconstrucción de la comunidad judía de Alemania (BMI, 2008, p. 138). Todas estas categorías de inmigrantes (alemanes del Este, judíos y solicitantes de asilo) gozaban del derecho a un salario mínimo y a una vivienda, lo que suponía una significativa presión sobre los gobiernos locales, responsables de proporcionar dichos servicios.
El elevado número de solicitantes de asilo descendió rápidamente tras las reformas constitucional y jurídica de 1993 que excluyeron como beneficiarios del derecho a solicitar asilo a aquellas personas procedentes de otros Estados de la UE, y que redujeron enormemente las prestaciones sociales que percibían. La generosa provisión de prestaciones sociales y de apoyo económico, establecida en el período de la posguerra, se había convertido en un factor enormemente atractivo para los extranjeros. La reforma del derecho de asilo se emprendió en un contexto caracterizado por la frustración engendrada por la carga económica que suponía la reunificación y por una tasa muy elevada de desempleo, especialmente en Alemania Oriental. El creciente sentimiento racista, que frecuentemente degeneraba en actos de pura violencia, de miembros de la extrema derecha radical fue explotado por políticos populistas para hacer creer que era fundamental cerrar las fronteras del país, limitando el derecho al asilo político. A partir de 1993 era prácticamente imposible que obtuvieran asilo los inmigrantes que llegaban a Alemania procedentes de un país de origen considerado como “seguro”. Las reformas legales conocieron un enorme éxito: en 2006 únicamente se presentaron 21.000 solicitudes de asilo, la cifra más baja desde 1983.
También se recortó el número de inmigrantes de etnia alemana procedentes de Europa Oriental en virtud de las modificaciones que se realizaron a finales de 1990, como la introducción de pruebas de idioma en el año 1996 y la obligación de demostrar la existencia de una discriminación étnica contra la raza germana en el país de origen. En 2006 sólo entraron en Alemania 7.747 personas por este motivo, mientras que durante la década de 1990 llegaban anualmente al país una media de 200.000 personas. Los inmigrantes de etnia alemana obtenían la nacionalidad alemana de manera inmediata, a menudo sin hablar alemán, mientras que los inmigrantes de segunda generación de otros orígenes tenían más complicada la naturalización, sin importar el hecho de que sus padres hubieran pagado impuestos y seguridad social durante décadas y de que hablaban alemán con fluidez. Ciertos sectores de la sociedad alemana consideraban injustas estas desigualdades y alimentaron debates internos sobre la situación de los inmigrantes.
En 2007 vivían en Alemania 6,74 millones de ciudadanos extranjeros, concentrados en la antigua Alemania Occidental y en las ciudades más grandes. Representaban el 8,9% de la población alemana, un porcentaje que se había mantenido relativamente estable desde 1995. En él no se encontraban incluidos los inmigrantes que habían obtenido la nacionalidad alemana, como los ciudadanos de etnia alemana procedentes de Europa Oriental y de la antigua Unión Soviética y los inmigrantes nacionalizados alemanes. Por último, los inmigrantes en situación irregular no aparecen en el censo nacional y no existe un cómputo generalmente aceptado con respecto al número de personas en estas circunstancias (Cyrus, 2009).
Dadas estas dificultades, en el lenguaje político y en las encuestas sociológicas se utiliza el término “personas de origen inmigrante”. La Oficina Federal de Estadística incluyó en el microcenso a este tipo de inmigrantes por primera vez en el año 2005. En 2006 se comprobó que 15,1 millones de personas, equivalente al 18,4% de la población alemana, pertenecían a esta categoría (Statistisches Bundesamt, 2006).
El grupo de inmigrantes más numeroso en este país (sin la nacionalidad alemana) es el turco (1.764.000), seguido del italiano (541.000), serbio (297.000), polaco (327.000) y griego (310.000). Considerado de una manera global, se trata de una población emigrante madura: uno de cada cinco extranjeros ha nacido en Alemania; el 70% de los inmigrantes llevan viviendo como mínimo ocho años en el país, y alrededor de dos tercios de ellos tienen un permiso de residencia permanente. En comparación con otros países europeos, Alemania recibió en 2006 la oleada de extranjeros más numerosa después de España, y se convirtió en el tercer país con mayor número de naturalizaciones.
No obstante, y a pesar de estas elevadas cifras, para los políticos y los ciudadanos alemanes sigue siendo difícil considerar a Alemania como un país de inmigración.[3] De hecho, los cristiano-demócratas siguieron negando este hecho hasta finales de la década de 1990.[4] Cuando en 1998 llegó al poder la primera coalición “rojo-verde” (socialistas y ecologistas) se verificó un cambio muy significativo en la autodefinición alemana en lo que respecta a la inmigración, ya que el Partido de los Verdes era un tradicional defensor de las posturas favorables hacia la inmigración, con su apoyo a la doble nacionalidad, sus políticas antirracistas y su concepto de una sociedad multicultural.
La reforma de la ley de ciudadanía del año 2000 y la “Tarjeta Verde”
Aunque el ambicioso plan de la coalición rojo-verde consistente en permitir la doble nacionalidad no conoció finalmente el éxito, la reforma en el año 2000 de la ley de ciudadanía constituyó un significativo paso adelante. Fue la primera regulación integradora y uniforme sobre la naturalización en Alemania. Anteriormente este asunto había sido regulado por numerosos decretos que ofrecían importantes poderes discrecionales a la Administración en cada caso en concreto. Con la reforma, Alemania ha renunciado a su relativamente estricto concepto de nacionalidad basado en el ius sanguinis, a través de la implantación de determinadas normas de ius soli, a pesar de recibir feroces ataques de determinados sectores de la CDU.[5] Desde el año 2000, se adquiere automáticamente la nacionalidad alemana al nacer, si al menos uno de los progenitores lleva viviendo en Alemania un mínimo de cuatro años y tiene un permiso de residencia permanente. Asimismo, se recibe la nacionalidad de los padres, lo que significa que se aplican simultáneamente el ius soli y el ius sanguinis. La nueva ley de ciudadanía establece el llamado modelo de opción. Contempla la doble nacionalidad para los nacidos en Alemania, pero obliga a éstos a elegir una de ellas entre los 18 y los 23 años de edad.[6] Además, la ley prevé el derecho a obtener la nacionalidad alemana por los inmigrantes que hayan vivido en Alemania durante un período mínimo de ocho años con un permiso de residencia permanente.[7] En 2006 fueron 124.566 los ciudadanos que adquirieron la nacionalidad alemana, la mayoría de ellos, turcos. A partir de 2008, tras prolongadas controversias y en un intento de desactivar el radicalismo islamista, se introdujo una prueba de ciudadanía obligatoria con la que había que demostrar no sólo un adecuado conocimiento de la lengua alemana sino también la posesión de ciertas nociones sobre la cultura y la Constitución alemanas.
A finales del siglo XX el país fue también testigo del primer y único intento alemán de crear una política proactiva para atraer inmigrantes. En el año 2000, la coalición rojo-verde implantó el programa de la “Tarjeta Verde” para atraer a expertos en tecnología de la información extranjeros que, a pesar de la elevada tasa de desempleo, no podían ser contratados en el mercado laboral alemán. A través del programa se ofrecían permisos de residencia y trabajo durante cinco años a 20.000 ciudadanos de terceros países. Una condición previa consistía en contar con un título en ciencias de la información o en tecnologías de la comunicación o con unos ingresos mínimos de 51.000 euros al año antes de impuestos garantizados por la empresa contratante. A través de la “Tarjeta Verde” también podía acudir a Alemania el cónyuge de aquel que llevara un año residiendo en el país, y la Tarjeta estaba también disponible para los estudiantes extranjeros de las mencionadas disciplinas académicas, lo que facilitaba a éstos su permanencia en Alemania tras la finalización de sus estudios.
Entre los años 2000 y 2003 solicitaron la “Tarjeta Verde” 14.876 personas, la mayoría de ellas procedentes de la India y de Europa Oriental. El relativamente restringido uso del programa por parte de las grandes multinacionales del sector de la tecnología de la información podría deberse al hecho de que a pesar de que dicho programa ofrecía un procedimiento acelerado para la contratación de nacionales de terceros países, seguía siendo más fácil para estas empresas utilizar sus vías internas para la transferencia de recursos humanos (Kolb, 2005). Otro importante inconveniente residía en que no se ofrecían permisos de residencia permanente, lo que contrastaba claramente con el sistema de la Tarjeta Verde estadounidense, de la que tomó el nombre la alemana. Tras el desplome de las industrias de la tecnología de la información en los primeros años de la década, el programa se interrumpió en el año 2004, aunque su corta existencia contribuyó enormemente a que se abrieran debates en Alemania acerca de la inmigración y a que se redactara la nueva Ley aprobada en 2004. En torno a la misma época, Alemania se opuso firmemente al primer intento de la Comisión Europea de adoptar una Política europea común de inmigración (Directiva Económica de Migración, 2001) debido a la presión de diversas asociaciones profesionales y sindicatos.
La Ley de Inmigración alemana de 2004
La demanda de especialistas en tecnología de la información y el informe que elaboró en 2001 una comisión independiente nombrada por el Ministerio del Interior dejaron claro por primera vez desde 1973 que se necesitaba mano de obra extranjera para resolver ciertos problemas demográficos estructurales en Alemania. La percepción de esta necesidad quedó además reforzada por un programa adoptado en 2002 para contratar a enfermeros con el fin de atender a personas mayores. Por consiguiente, el Gobierno rojo-verde elaboró un borrador de Ley de Inmigración concebido para realizar una revisión integral de la Ley de Extranjería de 1990. La ley iba a ser uno de los principales proyectos de reforma de la coalición rojo-verde, pero el primer borrador coincidió con los atentados del 11 de septiembre, que repercutieron enormemente en los debates sobre aquél, ya que encuestas de opinión pública anteriores realizadas entre jóvenes inmigrantes turcos revelaban que un número significativo de ellos simpatizaban con el fundamentalismo islámico. Lo que se había planeado como un proyecto fundamental para la modernización se convirtió en un debate sobre la seguridad interna, el terrorismo y los enfrentamientos entre civilizaciones. Después de un largo y tormentoso proceso, que duró cinco años, la ley fue finalmente aprobada en el año 2004 como “Ley para la gestión y la contención de la inmigración y para la regulación de la residencia y la integración de los ciudadanos de la UE y de los extranjeros”. Debido a ciertas cuestiones de carácter técnico, la ley no entró en vigor hasta enero de 2005.[8]
La ley destacaba principalmente por dos rasgos: reconocía que la inmigración no es necesariamente un fenómeno temporal y cerraba la puerta a los trabajadores no cualificados. La reforma consistió en gran parte en centralizar y unificar un conjunto de leyes y de reglamentos administrativos en la Ley de Residencia, lo que desembocó en una reducción de los tipos de permiso de residencia, y en regular la inmigración relacionada con el trabajo. De cualquier modo, prácticamente no impulsó nuevas formas de acceso al mercado laboral alemán, aunque sí facilitó a los estudiantes la obtención de permisos de residencia si deseaban permanecer y trabajar en Alemania tras la finalización de sus estudios. Para garantizar la integración de nuevos inmigrantes, la ley introdujo la obligación de asistir a cursos de lengua y cultura alemanas. Asimismo, incluyó como causas para la obtención de la situación de refugiado la persecución por agentes no estatales y la persecución por razón de género. Además, autorizó a los Gobiernos de los Länder la creación de las llamadas comisiones de casos extremos, facultadas para solicitar el permiso de residencia para aquellos que, en caso de llevarse a cabo una interpretación estricta de la ley, serían deportados. También la intensa preocupación por la seguridad ha desembocado en la redacción de unas normas de deportación más estrictas, añadiéndose como motivo de deportación la trata de seres humanos. A diferencia del primer borrador, la ley no ha establecido un sistema basado en puntos ni ha abolido el “permiso de residencia excepcional” que durante años había sido objeto de numerosas críticas procedentes de organismos relacionados con la inmigración, como Pro Asyl (Cyrus y Vogel, 2005).
La regulación jurídica del acceso al mercado laboral alemán para los ciudadanos de los nuevos Estados miembros de la UE y de los nacionales de terceros países se basa hoy en día principalmente en dos premisas. La primera de ellas consiste en que tienen prioridad los trabajadores alemanes, lo que significa que la inmigración relacionada con el trabajo únicamente se debe fomentar si hay una falta de trabajadores alemanes en un sector en concreto. Por consiguiente, en la ley de 2004 se ha incluido un permiso de residencia permanente y de trabajo para los trabajadores altamente cualificados, es decir, se mejoran a través de dicha ley las condiciones ofrecidas por el programa de la “Tarjeta Verde”. Y la segunda premisa consiste en evitar cualquier tipo de contrato-basura, es decir, la inmigración relacionada con el trabajo no debe llevar al establecimiento de salarios más bajos o de peores condiciones laborales o prestaciones sociales. Actualmente hay demanda de trabajadores sin formación para los sectores de la agricultura, limpieza, hostelería y el cuidado doméstico, y de trabajadores altamente especializados en los sectores de la tecnología de la información y las telecomunicaciones. A través de la firma de diversos contratos bilaterales con unos 14 países de Europa Central y Oriental en la década de 1990 se pretende contratar en el país a trabajadores del primer grupo. Este tipo de inmigración procedente de Europa Oriental es “circular”, en el sentido de que la mayoría de los inmigrantes se quedan sólo unos meses en Alemania en trabajos estacionales (cosechas y turismo), después regresan a sus países de origen y, unos meses más tarde, vuelven de nuevo a Alemania.
En el ámbito europeo, las prácticas restrictivas de la inmigración que reinan en Alemania han llevado a este país a obstaculizar cualquier intento de desarrollar una política común de migración. Tras oponerse a la Directiva Económica de Migración en 2001, Alemania también se manifestó en contra de la “Tarjeta Azul”, un permiso de trabajo para emigrantes altamente cualificados que tendría validez en toda la UE. La prerrogativa nacional y los salarios que iban a recibir dichos trabajadores altamente cualificados constituían las principales preocupaciones del Gobierno alemán, que temía perder el poder de regular y limitar la inmigración relacionada con el trabajo con arreglo a las demandas y los salarios nacionales y a las normas de la seguridad social. Antes de que se desencadenara la crisis económica mundial en 2008, la población alemana ya se mostraba preocupada por una relativamente elevada tasa de desempleo y por la reducción de los servicios públicos que se habían dado en años anteriores debido al estrés financiero ocasionado por la reunificación. La defensa de una política de inmigración más abierta significó la pérdida de votos de todos los partidos políticos, aunque había ciertas diferencias: los socialistas, los verdes y los liberales estaban mucho más a favor de facilitar la inmigración relacionada con el trabajo. Por fin, las garantías relativas a la prerrogativa nacional y a los salarios mínimos (1,7 veces el salario medio bruto en el país anfitrión) permitieron que Alemania diera su visto bueno.
Conclusión:Alemania ha tardado muchos años en aceptar que la inmigración es inevitable y que debería abrir las vías legales para regular la afluencia de inmigrantes y fomentar la integración de estos últimos. No obstante, incluso hoy por hoy, la opinión pública se muestra reticente a aceptar la inmigración, al tiempo que un sector de la sociedad continúa viendo a los inmigrantes como una fuente de problemas sociales, ya sea como fundamentalistas islámicos, como consumidores de prestaciones sociales o como competidores en el mercado laboral. La historia reciente del avance de Alemania hacia la regulación de la inmigración está cargada de dudas, cambios de opinión y cambios aparentes. La Ley de Inmigración de 2004, por ejemplo, consistió más en la sistematización de una situación legal en parte desordenada, que en una reforma sustancial. La Ley de Naturalización, por el contrario, puede ser considerada como una reforma real, ya que ha puesto fin a la exclusión en el derecho a obtener la nacionalidad alemana a aquellos ciudadanos que no son de etnia alemana. En cualquier caso, la política de inmigración alemana se caracteriza por la continuidad, más que por el cambio. La protección del mercado laboral interno para evitar la competencia entre los trabajadores alemanes y los extranjeros y para mantener los salarios elevados y las buenas condiciones laborales, y la defensa del Estado de Bienestar, son las principales prioridades de la política alemana en esta materia. Alemania ha sido un tradicional oponente de cualquier intento de disminuir la soberanía del Estado a este respecto y constituye, por lo tanto, un importante obstáculo para la creación de una política común europea de migración.
Johannes von Stritzky
Politólogo
Referencias bibliográficas
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Bauer, Thomas, Barbara Dietz, Klaus F. Zimmermann y Eric Zwintz (2005), “German Migration: Development, Assimilation, and Labour Market Effects”, en Klaus F. Zimmermann (ed.), European Migration. What Do We Know?, Oxford University Press, Nueva York, p. 197-261.
Bundesministerium des Inneren (BMI) (2008), Migration und Integration. Aufenthaltsrecht, Migrations- und Integrationspolitik in Deutschland, Paderborn.
Cyrus, Norbert, y Dita Vogel (2005), “Germany”, Current Immigration Debates in Europe, Migration Policy Group.
Cyrus, Norbert (2009), “Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Country Report – Germany”, http://clandestino.eliamep.gr/clandestino-country-reports/.
Dernbach, Andreas (2006), “Wir sind kein Einwanderungsland Schäuble wiederholt auf Integrationskongress ein altes Unionsbekenntnis/Schlagabtausch mit Caritas”, Der Tagesspiegel, 7/XII/2006, http://www.tagesspiegel.de/politik/art771,1975380 (último acceso 6/II/2009).
Drieschner, Frank (2006), “Ist Multikulti schuld?”, Die Zeit, nº 16, 12/IV/2006, http://www.zeit.de/2006/16/contra (último acceso 26/II/2009).
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Kolb, Holger (2005), “Kurzdossier: Die deutsche ‘Green Card’”, Focus Migration, nº 3, noviembre, http://www.focus-migration.de/Die_Deutsche_Green_C.1198.0.html (último acceso 15/XII/2008).
Statistisches Bundesamt (2006), “Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2006”, Fachserie 1, Reihe 2.2, https://www.ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1021763 (último acceso 15/XII/2009).
[1] Esto únicamente hace referencia a Alemania Occidental; los inmigrantes que se establecieron en la República Democrática Alemana (RDA) eran principalmente miembros del Ejército Soviético y sus familias, y trabajadores con contratos de trabajo temporales procedentes de otros países comunistas. Según las fuentes oficiales, representaban un 1% de la población asalariada (BMI, 2008, p. 18).
[2] Sólo de Bosnia-Herzegovina llegaron unas 345.000 personas, la mayoría de ellas ya reinstaladas en su país de origen (BMI, 2008, p. 17).
[3] Un paso simbólico importante consistió en la creación del cargo de comisario para extranjeros en 1978. El primer titular de dicho cargo, Heinz Kühn, fue el primer funcionario que reconoció, en su memorando de 1979, que Alemania era un país de la inmigración.
[4] La frase “Alemania no es un país de inmigración” se utilizó en total 158 veces durante la campaña electoral de 1998 (Drieschner, 2006). Incluso el actual ministro de Interior confirmó el eslogan (Dernbach, 2006).
[5] El suceso más conocido fue el lanzamiento de una campaña contra la ley iniciada por Roland Koch (CDU), actual ministro presidente de Hesse, durante la campaña electoral de Hesse en 1999.
[6] El párrafo 12 de la Ley de Ciudadanía alemana proporciona una lista de casos en los que se puede conservar la doble nacionalidad (por ejemplo, los ciudadanos de la UE y los ciudadanos suizos).
[7] Desde el 1 de septiembre de 2008, para adquirir la nacionalidad es necesario también pasar una prueba de ciudadanía.
[8] En 2005 y 2007 se aprobaron ciertas reformas para aplicar las Directivas europeas sobre la residencia y el asilo, para combatir los enlaces matrimoniales forzosos y ficticios, para facilitar la inmigración de los fundadores de empresas y para fomentar la integración de los inmigrantes legales.
