Tema: Las migraciones internacionales en el interior de América del Sur han sido hasta ahora poco estudiadas y reguladas pero están adquiriendo una fuerza creciente.
Resumen: La explosión de la emigración hacia EEUU y Europa en los últimos decenios ha dejado en un segundo plano la migración que se produce entre los propios países sudamericanos, pese a que ésta ha existido de forma ininterrumpida a lo largo de los siglos. Se trata de corrientes migratorias que cuentan con una consolidada estructura geográfica de orígenes y destinos y que presentan un renovado dinamismo en la actualidad, involucrando a más de 2 millones de personas. Su relevancia se acrecienta porque las restricciones a la migración que aplican los países desarrollados fortalecen la alternativa de los destinos más cercanos y accesibles.
A pesar de la cercanía cultural entre los pueblos, la inserción de estos inmigrantes en los lugares de destino se encuentra con dificultades. El hecho de que un importante porcentaje de emigrantes lo sean de forma irregular constituye el motor de muchos abusos y violaciones a los derechos humanos de esta población. Su localización en los principales centros urbanos de los países de destino ha causado una mayor visibilidad de estos inmigrantes, que en gran medida es acompañada de reacciones de discriminación, xenofobia y estigmatización por parte de la sociedad receptora.
Análisis
(1) Las migraciones intrarregionales en Sudamérica: algunas cifras[1]
Los procesos migratorios internacionales siempre han tenido un fuerte protagonismo en los países sudamericanos y de Latinoamérica en general, desde la etapa colonial hasta nuestros días. Basta recordar que entre mediados del siglo XIX y 1914, Argentina y Brasil recibieron 4.600.000 y 3.300.000 inmigrantes internacionales respectivamente.[2] Desde mediados del siglo XX, las tendencias migratorias internacionales en la subregión se modificaron considerablemente. Por un lado, la inmigración de ultramar comenzó a decaer, hasta llegar a la ínfima relevancia demográfica de este patrón migratorio en la actualidad. En las últimas décadas varios de los países de la zona han modificado su tradicional papel de Estados receptores, pasando a constituir países de emisión, o que combinan ambas condiciones. En la actualidad, el principal patrón migratorio del área es la emigración extrarregional, que tiene como primer destino a EEUU, seguido por España, Canadá, Japón e Israel. Para comprender la dimensión de estos movimientos, vale citar que en el año 2010 estaban empadronados en España 2.103.000 inmigrantes sudamericanos.
Como consecuencia del acelerado crecimiento de la emigración de sudamericanos y latinoamericanos al exterior en los últimos decenios, ha quedado en un segundo plano el patrón migratorio histórico que se desarrolla en Sudamérica, conocido habitualmente como “migraciones intrarregionales” y que en la actualidad afecta a más de 2 millones de personas.
Algunas de estas corrientes existían antes de que fueran trazados los límites de los Estados actuales al acceder a su independencia durante el siglo XIX. De ahí que algunos sugieran que estas migraciones representan el testimonio histórico de una unidad económico-política artificialmente desarticulada y, al mismo tiempo, una avanzada de los procesos de integración regional en este terreno.[3] El fenómeno es la consecuencia natural de una historia compartida de relaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Además, la antigüedad que poseen muchos de estos flujos ha favorecido la formación y consolidación de redes y circuitos migratorios que permiten su perpetuación fortaleciendo las conexiones, independientemente de los cambiantes contextos económicos de mayor o menor prosperidad.
Dentro del patrón migratorio intrarregional sudamericano se identifican dos subsistemas migratorios: (1) el del Cono Sur, que tiene a la República Argentina como el receptor histórico de corrientes procedentes de los países limítrofes (Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay y, en menor medida, Brasil), a los que se ha sumado Perú en los últimos dos decenios; y (2) el de los países andinos, que tiene a Venezuela como el tradicional destino migratorio y a Colombia como el emisor central, haciendo Ecuador y Perú mínimos aportes.
Según datos aportados por la OIM, Argentina y Venezuela seguían siendo en 2010 los dos principales países de destino no sólo de Sudamérica, sino también de toda América Latina y el Caribe, con 1,4 millones y 1 millón de inmigrantes residiendo en sus territorios, respectivamente. A su vez, constituyen los únicos dos Estados de la región en los que el porcentaje de población inmigrante supera al de emigrantes, ya que el resto de los países sudamericanos constituyen países de emigración neta.[4]
La escasez de datos disponibles sobre las migraciones internacionales en el interior de América del Sur obliga a utilizar como indicadores datos ya antiguos, recogidos en los censos que suelen realizarse cada 10 años en muchos de los países de la zona. En este momento varios de ellos están actualizando sus censos pero no existen por ahora datos disponibles ni proyecciones fiables.
Según los datos de los últimos censos de los principales países receptores (véanse las Tablas 1 y 2), el peso de las migraciones intrarregionales entre los países del Cono Sur es mayor que en el subsistema andino. Argentina contenía un stock de inmigrantes intrarregionales que superó el millón de personas en el año 2001 y Venezuela acogía aproximadamente a 670.000 inmigrantes de origen subregional en el año 2000. La particularidad de este segundo caso es que de esos 670.000 inmigrantes, más del 90% (alrededor de 608.000) era de origen colombiano, mientras el aporte de inmigrantes ecuatorianos y peruanos resultó, en términos relativos, insignificante.[5] Por el contrario, en el Cono Sur, Argentina está consolidado como el principal destino migratorio, pero el origen de los movimientos es mucho más diversificado: según el último censo, la migración a Argentina se dividía entre un 35% de paraguayos (325.046), un 25% de bolivianos (233.464), un 23% de chilenos (212.429), un 13% de uruguayos (117.564) y un 4% de brasileños (34.712).
Tabla 1. Inmigrantes y emigrantes intrarregionales entre países del Cono Sur: censos de los decenios de 1990 y 2000
Fuente: Jorge Gurrieri (2005), basado en estimaciones del CELADE-IMILA.
Tabla 2. inmigrantes y emigrantes intrarregionales entre países del área andina: censos de los decenios de 1990 y 2000
Fuente: Jorge Gurrieri (2005), basado en estimaciones del CELADE-IMILA.
Desde el punto de vista de los principales emisores, según cifras estimadas por el Banco Mundial, en el año 2005 el 4,6% de la población boliviana residía en el exterior y de ellos el 55% en Argentina; en el caso de Paraguay, cerca del 7% de su población total era emigrante en el año 2002 (alrededor de 368.000 personas), ubicándose el 66% en Argentina. Por su parte, la proporción total de población emigrante en Colombia, según datos del Censo General de 2005, asciende a 3,3 millones de personas, lo que supone el 8% de la población de este país. Por tanto, Colombia es el principal país de emigración de toda América del Sur y el segundo de América Latina después de México. Según este último censo, Venezuela es, en orden de importancia, el tercer país de destino de estos flujos, después de EEUU y España.[6] Hay que recordar además que, debido al importante porcentaje de migración forzada que existe dentro de esta corriente, y con ella, de migración irregular, existe un grupo no desdeñable de emigrantes colombianos no registrados.
Finalmente, cabe señalar que el caso de Brasil es singular, puesto que recibe más migrantes extrarregionales que regionales, en su gran mayoría de origen japonés. Del mismo modo, Paraguay, que desde hace décadas es el principal emisor de migrantes hacia Argentina, está fortaleciendo cada vez más su papel de receptor de migraciones de países vecinos, principalmente brasileños, como consecuencia de la construcción de grandes obras hidroeléctricas y de la ampliación de sus terrenos agrícolas.[7] Chile también ha visto acrecentarse el porcentaje de población extranjera sudamericana –especialmente de origen peruano– desde los años 90 como consecuencia de las condiciones de mayor estabilidad democrática y económica. No obstante, la incidencia relativa de la inmigración sigue siendo mínima (1% de la población nacional).
(2) Inserción en la sociedad receptora
En el caso del Cono Sur, las migraciones de países limítrofes hacia Argentina han sido siempre de carácter predominantemente laboral, vinculadas desde una etapa temprana (fines del siglo XIX) a la demanda estacional de mano de obra para actividades agrícolas en las zonas de frontera, y luego, en el marco de los procesos de urbanización, a la industrialización de los nuevos centros urbanos (con mayor desarrollo durante el período 1943-1955), y a la necesidad de sustituir en las zonas agrarias a la población local que se desplazaba a las grandes ciudades. Esta migración ha pasado de ser temporal a convertirse en permanente, aunque siguen existiendo circuitos estacionales de movimientos de trabajadores, sobre todo en las áreas limítrofes, lo que muestra una articulación de los mercados de trabajo entre países vecinos.
En el caso del subsistema andino, la situación es más diversificada. Un importante porcentaje de las migraciones de colombianos a Venezuela son de naturaleza forzada. Como es sabido, Colombia vive en un contexto de conflicto armado interno en el que confluyen grupos armados ilegales y narcotraficantes, que han penetrado fuertemente en las estructuras políticas de este país. Los ataques y amenazas de estos grupos generan un alto índice de refugiados y asilados, así como masivos desplazamientos forzados, que en buen porcentaje finalizan en migración hacia países fronterizos. Así, a la búsqueda de mejores oportunidades laborales y salariales y la influencia de las redes sociales, se le suma en este país el contexto de violencia generalizada, produciendo una combinación de migración forzada y migración económica hacia Venezuela, Ecuador y Panamá.
Al igual que en el Cono Sur, en los países andinos el intercambio de población en las regiones fronterizas ha sido intenso y de larga data. Según ACNUR, los colombianos siempre han constituido una población flotante en las zonas fronterizas, hecho agudizado por la intensificación de la violencia, que también produce importantes desplazamientos internos que involucran a más del 6% de la población.[8]
Exceptuando la producida por causas de conflicto armado, la realidad de la migración intrarregional en América del Sur está constituida en gran medida por trabajadores que huyen de las economías más débiles de sus lugares de origen, insertándose en el país de destino en mercados de trabajo precarios, con condiciones laborales que no resultan sustancialmente mejores que las de sus países de origen, pero que presentan diferencias salariales que devienen en el atractivo central. No obstante, existen algunas diferencias por subregión. En Argentina, los inmigrantes sudamericanos desempeñan un papel complementario o adicional a la mano de obra nativa. Su participación en nichos específicos (servicio doméstico, construcción, comercio e industria manufacturera) muestra una inserción segmentada en los mercados de trabajo, en una posición de desventaja en relación a los nativos, y de alta precariedad, fundamentalmente para los irregulares. Muchos inmigrantes irregulares en Argentina se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad y son víctimas de distintos abusos que van desde el tráfico y la trata de personas al sometimiento a condiciones de esclavitud en talleres textiles clandestinos en las grandes urbes –un delito que ha tenido como especial víctima a la población boliviana en los últimos años–, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.[9]
Los años 90 fueron un período adverso para los inmigrantes residentes en Argentina. En el marco del malestar social generado por el incremento del paro y de la pobreza, aparecieron discursos antiinmigratorios: los extranjeros sudamericanos comenzaron a ser calificados tanto por las elites como por las clases populares y por algunos medios de comunicación como un factor de competencia con la mano de obra nativa, como responsables del incremento de los niveles de delincuencia o como causantes de la saturación de los servicios sociales. Esto se tradujo en un claro endurecimiento de la política migratoria nacional, que incrementó los números de inmigrantes irregulares y por ende, su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la situación se ha modificado sustancialmente en Argentina a partir del año 2003, especialmente en lo que respecta a la inmigración sudamericana, priorizándose la regularización de esta inmigración.[10]
El caso de las corrientes migratorias de colombianos que se dirigen tanto a Venezuela como a Ecuador es peculiar en cuanto a su inserción. Sólo una fracción minoritaria de las personas que se desplazan forzosamente hacia los países vecinos adquiere el estatus de refugiado, lo que dificulta su integración. El tráfico y la trata de migrantes figuran entre los delitos más frecuentes que padece esta población, no sólo la que se desplaza hacia países vecinos, sino también la que lo hace en el interior de Colombia. Por otra parte, el marco de violencia en que se produce esta migración genera una mirada negativa sobre los emigrantes colombianos, a los que se señala como una amenaza a la seguridad nacional de los países de acogida. Las reacciones xenófobas devienen, como en el caso anterior, en incremento de los controles fronterizos y mayores exigencias para obtener visados y permisos de tránsito en los países de destino. La lucha contra las guerrillas ha generado también importantes conflictos con los países limítrofes, que han militarizado fuertemente sus fronteras, incrementando la vulnerabilidad de los potenciales emigrantes desde Colombia.
Una de las principales características sociodemográficas de la migración intrarregional en Sudamérica, que muestra una tendencia que se presenta a escala global, es el predominio femenino registrado a partir de los años 80, generalizado con la sola excepción de los bolivianos que migran a Argentina. Así, puede citarse el flujo de paraguayos (73 hombres migrantes por cada 100 mujeres) y chilenos (92 hombres por cada 100 mujeres) a Argentina, de colombianos a Venezuela (91 hombres por cada 100 mujeres migrantes) y de peruanos a Chile (67 hombres por cada 100 mujeres).[11] Sin lugar a dudas, el servicio doméstico es una de las principales puertas de entrada al mercado laboral de los países receptores, junto con todas aquellas labores asociadas al cuidado de niños, ancianos y enfermos, la limpieza de calles y negocios, la cocina en restaurantes o la venta callejera. En cuanto a las condiciones generales de inserción laboral de las mujeres migrantes, la sujeción a salarios bajos, largas jornadas laborales, contratación informal y nulas oportunidades de movilidad ocupacional, constituyen el común denominador.[12]
Otro rasgo sobresaliente es la concentración de la población inmigrante en las zonas urbanas. De acuerdo con los datos aportados por la CELADE, este es el caso del el 93% de los inmigrantes procedentes de la región latinoamericana que residen en Argentina, y del 87% de los localizados en Venezuela.[13] La concentración en áreas urbanas, generalmente apareja una mayor exposición y visibilidad de las minorías migrantes y, con ellas, un incremento de la xenofobia por parte de la sociedad receptora.
(3) La migración intrarregional en Sudamérica y los bloques de integración subregional: el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
En Sudamérica, los procesos de integración regional constituyen los espacios centrales para el tratamiento político de las migraciones intrarregionales. En el marco de tales procesos, el abordaje de la variable migratoria se centra en la libre circulación de personas: una situación característica de una integración plena y avanzada, en la cual la libre movilidad de las personas coexistiría con la libre circulación de capitales, bienes y servicios, y en la que los territorios de los Estados asociados conformarían un espacio común en el que los migrantes podrían moverse libremente manteniendo sus derechos de ciudadano. Así, los trabajadores de los distintos Estados asociados pasarían a constituir un mercado único de trabajo.[14] Sin embargo, en el caso del Mercosur,[15] la libre circulación de personas no es todavía un horizonte cercano. El tratamiento de esta variable ha ido modificándose en el transcurso de su breve historia, experimentando avances y retrocesos, relacionados con las dificultades que ha atravesado el proceso de institucionalización de este espacio. Las migraciones intrarregionales no se han abordado directamente, sino de forma indirecta y lateral, y se han debatido en órganos no dedicados específicamente a los asuntos migratorios o de libre circulación de personas, sino a cuestiones tales como fronteras, seguridad, trabajo y previsión social.[16]
En los orígenes de la formación del Mercosur la propuesta de implementación de la libre circulación de personas estuvo en la agenda del grupo de trabajo sobre relaciones laborales. Aunque entonces era un objetivo inalcanzable a corto plazo, existía la intención política de llevarlo adelante. Pero el panorama cambió radicalmente con la firma del Protocolo de Ouro Preto en 1994, en plena etapa de implementación de políticas económicas neoliberales en los países miembros, que dispuso la reestructuración institucional del Mercosur a partir de su redefinición como unión aduanera imperfecta, lo que dejó sin sentido el objetivo de la libre circulación de personas, propia de un mercado común. El tratamiento de la migración se modificó en el año 2002, a raíz de la firma del Acuerdo de Residencia para Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile.[17] Este convenio, que entró en vigor siete años después, en 2009, establece reglas comunes para la tramitación de la residencia legal de los nacionales de los países firmantes que se encuentren en cualquiera de los otros, acreditando su nacionalidad y cumpliendo una serie de requisitos (pasaporte válido, partida de nacimiento, certificado que acredite la carencia de antecedentes penales y pago de una tasa), lo que les permite acceder a una residencia temporal, que puede convertirse en permanente después de dos años de estancia mostrando estar en posesión de medios de vida propios. Los que superan este procedimiento, pueden entrar, salir y permanecer libremente en el territorio de cualquiera de los países asociados, gozando de un trato igualitario con los nacionales y de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales, económicas y laborales. Este instrumento constituye la más importante norma intergubernamental en la materia, y se presenta como el primer intento de establecer una política diferenciada para los ciudadanos pertenecientes al Mercosur en comparación con los ciudadanos de terceros países.[18] También relevante ha sido la creación en el año 2004 del Foro Especializado Migratorio, dependiente de la Reunión de Ministros del Interior, el primer espacio en la historia del Mercosur dedicado exclusivamente al tratamiento de la migración.[19] En el marco de este Foro se produjo la aprobación del Plan de Acción para la lucha contra la Trata de Personas.
A diferencia del Mercosur, en la Comunidad Andina de Naciones,[20] el abordaje político y normativo de la migración depende todavía de forma exclusiva de su tratamiento en los ámbitos nacionales de los Estados miembros. No obstante, en los últimos años, se han producido una serie de decisiones relacionadas con la libre circulación de personas, que resultan avances de capital importancia. Entre éstas pueden citarse: la Decisión nº 397 (1996), que regula la Tarjeta Andina de Migración,[21] un documento uniforme de control migratorio y estadístico de uso obligatorio en la entrada y salida de personas de los países del bloque; la Decisión nº 503 (2001), que reconoce los documentos nacionales de identidad como único requisito para que los nacionales y extranjeros residentes en los países miembros puedan viajar por la subregión en calidad de turistas; la Decisión nº 504 (2001), por la que se crea el Pasaporte Andino; la Decisión nº 545 (2003), que crea el Instrumento Andino de Migración Laboral,[22] normativa para la progresiva y gradual circulación y permanencia de nacionales andinos en la subregión con fines laborales bajo relación de dependencia, en condiciones de igualdad de trato y de oportunidades (uno de los avances más destacables); y las Decisiones nº 583 y 584 (2004), que adoptan el Instrumento Andino de Seguridad Social y el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, respectivamente. No obstante, algunas de estas decisiones no han venido seguidas de una reglamentación (583 y 545), por lo que no puede garantizarse el cumplimiento de los derechos y obligaciones que emanan de las mismas. Es también destacable la adecuación de la normativa de la región a los instrumentos internacionales vigentes sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como el impulso de proyectos de cooperación en este terreno.
En conjunto el abordaje del fenómeno migratorio en ambos bloques está aún en plena construcción y es claro un creciente interés político hacia el fenómeno derivado de varios factores. Entre los más importantes destaca el nuevo clima político que se vive en gran parte de la región desde los primeros años del nuevo milenio, vinculado a la quiebra del neoliberalismo en varios de estos Estados, el consenso alcanzado sobre el valor estratégico de la integración regional para los países de la región y la importancia de los aspectos sociales en esa integración; otro factor de importancia es el cambio en los perfiles migratorios. El incremento de la emigración de nacionales hacia países desarrollados con políticas migratorias restrictivas ha unido a los gobiernos de la región para el diseño e implementación de estrategias de acción conjunta, como se observó con ocasión de la aprobación de la Directiva de Retorno europea y la reacción de rechazo compartida que mostraron los países latinoamericanos. Esto ha contribuido paralelamente a una mayor conciencia sobre la migración regional y una mayor predisposición de los gobiernos a los compromisos en este terreno.
En este contexto, durante los últimos 10 años, compartiendo una tendencia que se presenta a escala internacional, han proliferado en América Latina instancias de consulta, diálogo y cooperación regional en materia migratoria, como la Conferencia Suramericana de Migraciones (CSM) creada en 2000, en la que participan 12 países de la subregión[23] y que se reúne todos los años desde entonces. La CSM se orienta a promover y desarrollar políticas sobre las migraciones internacionales y su relación con el desarrollo y la integración regionales.[24] Cuenta con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones de derechos humanos, asociaciones de inmigrantes o instituciones eclesiásticas, que adoptan un gran protagonismo en este plano y trabajan de forma paralela a la Conferencia, ofreciendo propuestas vinculadas a la protección de los derechos humanos de los migrantes, la lucha contra el tráfico y la trata de migrantes, la asistencia legal y humanitaria a grupos en situación de alta vulnerabilidad, etc.
Conclusión: Aunque la emigración extra-regional se ha convertido en la tendencia migratoria prevaleciente, las poblaciones de muchos de los países del área siguen escogiendo un Estado vecino para emigrar: unos 2 millones de personas están participando en este tipo de movimientos intrarregionales. Las crecientes restricciones que aplican los países del norte a las migraciones internacionales probablemente seguirán incrementando estos movimientos sur-sur.
A pesar de la proximidad cultural, idiomática e histórica entre los lugares de emisión y recepción, la inserción de esta migración en los lugares de destino plantea dificultades. La inserción laboral precaria, la migración irregular, la naturaleza forzada de los desplazamientos o las políticas migratorias restrictivas constituyen elementos que sitúan a esta población en un estado de vulnerabilidad.
El hecho de que un importante número de sudamericanos se enfrente a situaciones de debilidad en países desarrollados con políticas migratorias restrictivas, ha influido notablemente en un cambio de actitud de los gobiernos de la región en lo que concierne a la gestión de la migración intrarregional. Podría decirse que se está instalando de forma lenta pero progresiva la idea de la gobernabilidad compartida de las migraciones y la importancia de lograr consensos a nivel regional, en contraposición a la lógica unilateral que ha caracterizado tradicionalmente el abordaje de la cuestión migratoria. No obstante, en muchas ocasiones los avances en materia de acuerdos en los bloques regionales tardan demasiado en ser llevados a la práctica, y esto amenaza con convertir los logros en un mero avance retórico. Por ello, el principal desafío a la política migratoria sudamericana es que los compromisos asumidos se materialicen en transformaciones concretas.
Julieta Nicolao
Licenciada en Relaciones Internacionales e investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales, UNCPBA, Argentina
[1] Entre las limitaciones más importantes, destaca que el registro de las entradas y salidas de migrantes no se explota estadísticamente y presenta graves inconvenientes, como la falta de identificación de los migrantes como tales o la heterogeneidad en la recogida de datos. Por otra parte, el número de encuestas sobre migración es muy reducido y el potencial de las encuestas a hogares no se ha explotado del todo. Debido a estas limitaciones, los censos nacionales de población y vivienda se han convertido en la alternativa más sólida para conocer las tendencias migratorias.
[2] Fernando Devoto (2009), Historia de la inmigración en la Argentina, Suramericana, Buenos Aires, 3ª edición.
[3] Mármora en S. Novick et al. (2005), “El proceso de integración Mercosur: de las políticas migratorias y de seguridad a las trayectorias de los inmigrantes”, Documentos de Trabajo nº 46, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/DT/dt46.pdf.
[4] OIM (2010), Informe sobre las migraciones en el mundo 2010. El futuro de la migración: creación de capacidades para el cambio, OIM, Ginebra.
[5] De hecho, los peruanos se están dirigiendo cada vez más a Argentina y Chile (pertenecientes al otro circuito migratorio).
[6] Datos extraídos de J. Martínez Pizarro (2008), América Latina y el Caribe: migración internacional, derechos humanos y desarrollo, CELADE-CEPAL, Santiago de Chile.
[7] Ibid.
[8] OIM (2010), op. cit.
[9] Capital Federal y Gran Buenos Aires.
[10] Véase Julieta Nicolao (2010), “El Estado argentino ante el reto de las migraciones internacionales: reflexiones del reciente cambio de rumbo en la política migratoria argentina”, en Revista de Ciencias Sociales Convergencia, vol. 17, nº 53, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, mayo-agosto, pp. 205-228.
[11] María Nieves Rico (2006), Las mujeres latinoamericanas en la migración internacional, Naciones Unidas-CEPAL, Madrid.
[12] Ibid.
[13] Martínez Pizarro (2008), op cit.
[14] Nora Pérez Vichich (2000), “Fundamentos teóricos del tratamiento de la movilidad de personas en el MERCOSUR”, Centro Argentino de Estudios Internacionales, Programa Integración Regional, http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2348712.
[15] Proceso de integración subregional, creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción. Está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos, y Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú como miembros asociados. En el año 2006 se suscribió un Protocolo de Adhesión mediante el cual Venezuela se constituyó como miembro pleno. No obstante, este instrumento aún no ha entrado en vigor debido a que hasta la fecha no ha sido ratificado por todos los parlamentos de los firmantes, por lo que la vinculación de Venezuela al bloque sigue siendo la de Estado Asociado.
[16] Novick et al. (2005), op. cit.
[17] Firmado en el marco de la XII Reunión de Ministros del Interior, realizada en la ciudad de Salvador de Bahía los días 9-11 de noviembre de 2002, y refrendado en la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR el 6 de diciembre del mismo año.
[18] Pérez Vichich (2000), op. cit.
[19] Véase la Declaración de Santiago sobre Principios Migratorios, uno de los primeros documentos que lanzó este Foro, en el cuál se plasma el espíritu con el que los gobiernos encaran la política migratoria. Entre ellos destacan una concepción de las migraciones que hace hincapié en el aporte que significan para los Estados de la región, la necesidad de asistencia y protección a los inmigrantes en situaciones de desprotección y la lucha por el reconocimiento de distintos derechos a estas poblaciones (http://www.migraciones.gov.ar/foro_migratorio/).
[20] Es uno de los procesos de integración más antiguos de América Latina, creado en 1969 a través del Acuerdo de Cartagena. Está actualmente conformado por cuatro países miembros plenos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Venezuela fue miembro pleno hasta 2006 y Chile también lo fue desde su origen, pero se retiró durante la dictadura de Pinochet; luego volvió a incorporarse pero en carácter de Estado asociado.
[21] Mediante resolución nº 527 de la Secretaría General de la CAN.
[22] Tiene como antecedente la Decisión nº 116.
[23] Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
[24] Para acceder a las declaraciones de cada reunión anual, véase http://www.csmigraciones.info/index.php/documentos/cat_view/56-documentos-de-la-csm.html.