Tema: Marruecos no ha quedado al margen de las protestas que sacuden a los países del norte de África. A través de las redes sociales, un grupo de internautas ha logrado remover la atonía política del país que se jactaba de constituir una excepción en el mundo árabe.
Resumen: Los acontecimientos que han tenido lugar en enero y febrero en Túnez y Egipto han sido seguidos con interés desde Marruecos, si bien con inquietud desde determinados sectores del país. Mientras la prensa marroquí saludaba la caída de los dictadores y algunas organizaciones cívicas se acercaban en directo a los acontecimientos para expresar su solidaridad, las autoridades se movían con cautela para evitar concentraciones de apoyo a las revoluciones en curso que pudieran desestabilizar el país. Recientemente, el país se ha visto sumido en una oleada de protestas que ha cambiado de signo la apatía política de la población y ha obligado a todas las fuerzas políticas a apuntarse al discurso de la aceleración de las reformas.
Análisis
La solidaridad con los pueblos tunecino y egipcio
Desde el 10 de enero de 2011, días antes de la caída de Zine el Abidin Ben Alí, asociaciones marroquíes convocaron manifestaciones de solidaridad con el pueblo tunecino, prohibidas inicialmente por las autoridades, pero que dieron lugar a la creación de una Coordinadora Marroquí de Apoyo a los Demócratas Tunecinos (CMADT).[1] En días posteriores, tanto en Rabat como en Casablanca tuvieron lugar manifestaciones autorizadas en las que participaron algunos sindicatos (UMT) y partidos de izquierda (PSU), extendidos a otras ciudades tras la huida de Ben Alí.
El encadenamiento con los sucesos de Egipto llevó a centrar las acciones de estas asociaciones y movimientos marroquíes en la solidaridad con el pueblo egipcio, con concentraciones ante la embajada de ese país (31 de enero) y en distintas ciudades, en las que participaron todas las asociaciones de derechos humanos y otros grupos.[2] La CMADT se transformó entonces en la Red Democrática Marroquí de Solidaridad con los Pueblos (RDMSP).
Ciertas voces de intelectuales fueron explicitando la necesidad de un cambio de rumbo en la política de Marruecos. El poeta Abdellatif Laâbi, represaliado político en los años 70 y 80, publicó una tribuna en El País y en la prensa marroquí[3] en la que reclamaba “una reforma constitucional con vistas a un justo reequilibrio de poderes” que establezca la separación de éstos “según las normas democráticas universalmente establecidas”, y recordaba la vieja reivindicación desde el comienzo de la independencia de “una Asamblea Constituyente cuya misión fuera la de elaborar el contenido y las reglas de semejante reforma”.
Paralelamente, y a semejanza de lo ocurrido en Túnez y en Egipto, surgieron en los nuevos foros propiciados por las nuevas tecnologías como Facebook y Twitter grupos de internautas (“Libertad y Democracia, ahora”, “El pueblo quiere el cambio”) que trataban de movilizar a los jóvenes en torno a reivindicaciones de cambios en Marruecos.
El Movimiento 20 de febrero
Fueron ellos los que lanzaron la convocatoria de una jornada de lucha para el 20 de febrero centrada en la reivindicación de un cambio constitucional que transforme el país en una monarquía parlamentaria, en la que el rey reine pero no gobierne. Pedían también la dimisión del gobierno de Allal El Fassi, la disolución del Parlamento y la lucha contra la corrupción. A su llamamiento se fueron adhiriendo diversas entidades de la sociedad civil (como la citada Red Democrática Marroquí de Solidaridad con los Pueblos), asociaciones y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos (AMDH, LMDDH, FMVJ, Centro Marroquí de Derechos Humanos, Liga Marroquí para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Foro Dignidad para los Derechos Humanos, Asociación Marroquí de Mujeres Progresistas, Josur, Observatorio Marroquí de Prisiones, Asociación Democrática de las Mujeres de Marruecos, Encuentro de las Mujeres Marroquíes, Observatorio Marroquí de los Derechos Fundamentales, Asociación Marroquí de Defensa de la Autonomía de la Justicia, Asociación Justicia, Asociación Marroquí de Lucha contra la Corrupción, Instituto Marroquí de Derechos Humanos, Organización de la Libertad de Prensa y de Expresión, Foro de las Alternativas de Marruecos y Foro los Ciudadanos), secciones nacionales de organizaciones no gubernamentales internacionales (como Amnistía Internacional, Transparency International y ATTAC), partidos políticos de la izquierda no gubernamental (PSU, VD, Partido de la Vanguardia Democrática Socialista PADS y Congreso Nacional Ittihadi CNI), juventudes de partidos de izquierdas –tanto críticos con el sistema (VD, PADS) como integrados en la coalición de gobierno (USFP, PPS), e incluso del islamista PJD–, sindicatos (UMT, Confederación Democrática del Trabajo CDT, Sindicato Democrático de Enseñanza Superior y UNEM), grupos islamistas no legales –como las juventudes de al-Adl wal Ihsán (Justicia y Caridad), liderado por el jeque Yasin y al-Badil al Hadari–, movimientos amazig (Congreso Mundial Amazig, Red Amazig para la Ciudadanía Azetta, Frente Amyaway para la Acción Amazig) y una serie de coordinadoras locales (tansikiat) surgidas en las movilizaciones de los últimos años a raíz de la carestía de los productos básicos y de otras reivindicaciones socioeconómicas en diversas ciudades de todo Marruecos.
La reacción del sistema frente a esta movilización no se hizo esperar. Desde los órganos de la prensa oficialista se lanzó una campaña de desprestigio al movimiento conocido ya como “Movimiento del 20 de febrero”, tratando de presentarlo como una manipulación de ciertos elementos disconformes con el régimen que habían expresado su adhesión a la convocatoria y tratando de ponerlo en conexión con el Frente Polisario o Argelia. El diario Aujourd’hui le Maroc, conocido por sus posiciones erradicadoras y securitarias, denunciaba el 11 de febrero a los seis marroquíes “que quieren sumergir a Marruecos en el caos”: (1) Muley Hicham, primo hermano del rey Mohamed VI y número tres en la línea sucesoria a la muerte de Hassan II, presentado por el periódico como alguien movido por sus ambiciones personales a ocupar el trono; (2) el jeque Abdessalam Yssin, líder del movimiento islamista Justicia y Caridad, ridiculizado por el ilusionismo de sus visiones; (3) Abubakr Jamaï, antiguo director de Le Journal Hebdomadaire, semanario obligado a cerrar por su línea editorial crítica, acusado de resentimiento por no haber sido cooptado por el poder; (4) Mustafa Adib, un capitán del Ejército condenado al principio del reinado de Mohamed VI por denunciar la corrupción y exiliado tras cumplir una pena de prisión, deslegitimado por el periódico igualmente por su afán de protagonismo; y (5) y (6), otros dos ex militares, Hassan Bouchti y Abdelilah Issou, autores de una carta hecha pública en nombre de una supuesta Unión Marroquí de Opositores y Refugiados Políticos. Los dos últimos fueron acusados por el periódico de ser falsos espías exiliados en España, una manera indirecta de señalar al “enemigo exterior” como el responsable del movimiento contestatario que vive Marruecos. El hecho de que Muley Hicham haya usado las páginas de El País para hacer unas declaraciones en las que juzgaba que el eco de las movilizaciones en Túnez y Egipto habría de llegar a Marruecos, se sitúa también dentro de esta acusación genérica contra España, y muy particularmente contra su prensa, que viene prodigándose por Marruecos desde los acontecimientos de El Aaiún en noviembre de 2010.
Esta operación deslegitimadora, llevada a cabo también por la prensa del hoy poderoso grupo Al Masaa, pseudoindependiente, a cuyo frente se encuentra el periodista Rachid Niny, no ha parado en los días que han precedido a las manifestaciones del 20 de febrero de atacar a cuantos sostenían el llamamiento.
Por su parte, en los foros abiertos en Facebook subió en paralelo el tono de los participantes, en un debate que no ahorró insultos contra los protestatarios. La campaña de desprestigio ganó terreno incluso en estos foros. Un video llamando a la manifestación colgado en YouTube una semana antes,[4] en el que una sucesión de rostros de jóvenes explicaban las razones de su participación, encontró pronto su réplica en otro vídeo deslegitimador que trataba de implicar, por medio de fotomontajes trucados, a los participantes con el Frente Polisario, la Iglesia, el alcohol o las drogas.
La reacción del gobierno
Frente a esta reacción visceral de los defensores del sistema, nunca identificados de manera directa, el gobierno marroquí ha pretendido dar una imagen de calma en los días previos a la manifestación. Así lo hizo público por boca de su portavoz, Jalid Naciri, quien no cesó de insistir en que Marruecos cuenta con cauces para la expresión ciudadana. Un nuevo gesto en el panorama político marroquí fue protagonizado por el primer ministro, Abbas el Fassi, con la convocatoria, el lunes 14 de febrero, de una reunión de los líderes de los partidos de la mayoría (Istiqlal, USFP, RNI, MP, PPS) ampliada a los de la oposición (PJD, PAM y FFD), en la que anunció la inyección suplementaria de 15.000 millones de dirhams (casi 1.500 millones de euros) a la Caja de Compensación para hacer frente a la eventualidad de subidas de precios en los productos de primera necesidad. Cantidad que se suma a los otros 17.000 millones de dirhams ya previstos en los presupuestos de 2011. Es evidente que esta medida, así como la de reclutar a 2000 jóvenes diplomados en paro para puestos en la función pública a partir del 1 de marzo, guarda una estrecha relación con el clima de protesta provocado por las revueltas en los países del norte de África y con la convocatoria de la manifestación del 20 de febrero. Reacción que no dejará de crear problemas añadidos a la economía marroquí que, desde hace años, trata de aligerar las cargas del Estado. En el comunicado que siguió a esta reunión se insistiría en la voluntad común de gobierno y partidos de “preparar una nueva generación de reformas”, lema que se repetirá en los días sucesivos en los comunicados hechos públicos por los diferentes partidos para desolidarizarse con la manifestación, pero expresando la necesidad de intensificar las reformas.
El cambio en la agenda política
Pero si algo ha destacado de este movimiento que ha agitado las adormecidas aguas de la política marroquí, es que ha puesto en la agenda urgente reivindicaciones que ningún actor importante de la escena pública se había atrevido a reclamar. En primer lugar, la necesidad de una reforma constitucional que establezca una clara separación de poderes, que limite las atribuciones del rey y que refuerce la capacidad ejecutiva del primer ministro y del Parlamento. Y junto a ello, en segundo lugar, la necesidad de transparencia para acabar con la corrupción y la impunidad.
La constitución vigente, promulgada en 1996 aún en vida de Hassan II, aunque aprobada por todos los partidos legales en la época, con excepción de la OADP, dejó sin satisfacer algunas de las reclamaciones de la Kutla democrática[5] expresadas en un memorando. Todas las constituciones del reino (1962, 1970, 1972, 1992 y 1996) han sido elaboradas siempre en Palacio, desoyendo la reclamación de la oposición en los años 60 y 70 de una Asamblea Constituyente. Las dos últimas constituciones fueron precedidas de sendos memorandos presentados al rey por la Kutla, de los que Hassan II aceptó sólo algunos puntos.
Mucho más contundente que el de 1992, el memorando de 1996 proponía, en el plano de las reformas constitucionales, hacer mención expresa en el texto de la igualdad de derechos “civiles, económicos, sociales y religiosos” de la mujer y el hombre, de la prohibición de la tortura y tratamientos violentos, inhumanos o degradantes, o de la primacía sobre la ley nacional de los convenios internacionales ratificados por Marruecos. Defendía también la ampliación de las prerrogativas de la Cámara de Representantes, cuya supremacía sobre una segunda cámara debería quedar garantizada; el reforzamiento de los poderes del primer ministro y del gobierno, con capacidad para determinar y conducir la política general del país y para nombrar los altos funcionarios; el reconocimiento de la descentralización efectiva; y la transformación de la institución del gobernador civil (wali), que debería depender directamente del gobierno y no del rey, quien lo nombra por decreto real (dahir). En el plano de las reformas políticas imprescindibles para que las constitucionales pudiesen aplicarse, el memorando preveía también, entre otras medidas, el recorte de la hipertrofia del Ministerio del Interior, la creación de la figura del defensor del pueblo (denominado médiateur en la versión francesa del memorando) para recoger las quejas de los ciudadanos, la conversión del Consejo Económico y Social en una instancia de diálogo social y económico, la actualización y modificación de la carta comunal de 1976, el voto desde los 18 años y, finalmente, la creación de una institución constitucional encargada de supervisar las elecciones para asegurar su transparencia.[6]
Sin embargo, sólo algunas –pocas– de las medidas reclamadas fueron incorporadas parcialmente a la nueva Constitución: la legislatura pasó de seis a cinco años, la edad de voto descendió a los 20 años (la Constitución en realidad no hace mención de la edad de voto, que se establece en la Ley Electoral) y se estableció que la Cámara de Representantes sería elegida por sufragio universal, quedando implícito que el primer ministro dependerá de esta cámara ante la que será responsable y a la que deberá someterse para su investidura. Una segunda cámara, denominada Cámara de los Consejeros, se elegiría de manera indirecta a través de los consejeros municipales, de las cámaras corporativas empresariales y de los sindicatos, si bien ambas cámaras quedarán al mismo nivel, lo cual crea el riesgo de verdadero bloqueo en la vida parlamentaria.
A pesar de estas reformas, el desequilibrio de poderes siguió pues, de manifiesto, a favor del monarca, que siguió detentando todos los resortes del poder. La oposición aceptó votar favorablemente el texto de 1996 en el marco de las transacciones de lo que se llamó la “alternancia consensuada”, con la esperanza de que desde el gobierno se pudiera hacer un uso positivo del incremento moderado de los poderes atribuidos a la primatura. Pero no fue así.[7] La antigua oposición, en el gobierno desde abril de 1998, enmarcada en una heterogénea coalición de partidos dirigidos por el socialista Abderrahmán Yussufi, no tuvo capacidad para imponer otra forma de gobernar con autonomía respecto al rey, el cual tenía la última palabra y controlaba directamente los cuatro “ministerios de soberanía” (Interior, Exteriores, Justicia y Asuntos Religiosos). Prueba palpable fue que su gabinete no logró hacer realidad el nuevo código de la familia y hubo de ser Mohamed VI el que se atribuyera el mérito de sacarlo adelante en 2004. Los sucesores de Yussufi al frente del gobierno, Driss Jettu (2002-2007) y Abbas El Fassi (desde 2007), no han sido en realidad más que meros gestores, privados de los resortes claves del poder efectivo.
Mohamed VI reafirmó en varios de sus discursos la naturaleza de su forma de gobierno, a la que calificó unas veces de “monarquía ejecutiva” y otras de “monarquía ciudadana” en la que el rey reina y gobierna, sin límites a su acción ni competencias. Muy pocas voces se han alzado en los 11 años de su reinado para defender otra concepción de la monarquía. En el campo político, tan sólo en los extremos del sistema se ha reclamado una monarquía constitucional: entre dichas voces, aunque a título individual, la del islamista Mustafa Ramid, portavoz durante algún tiempo del PJD, y la de Mohamed Sassi, del PSU. Los discursos del rey han dejado claro que el monarca no estaba por un cambio en sus atribuciones y toda la clase política ha estado de acuerdo en considerar que esa cuestión no era prioritaria.
Corresponde pues reconocer al Movimiento del 20 de febrero el haber puesto de actualidad la cuestión del cambio de forma de gobernar. La caída de dos despotismos norteafricanos ha dejado al descubierto lo que el sistema marroquí tiene de autocrático. Y aunque la gran mayoría del pueblo marroquí, entre ellos los convocantes de las manifestaciones de protesta, así como todos los que las han apoyado, no han puesto en duda la monarquía como institución, ni la figura del monarca como tal, sí se ha generalizado la necesidad de su democratización. Publicaciones como Tel Quel han puesto el dedo en la yaga cuestionando el monopolio de la figura real en los planos político y económico.[8] Así, han planteado poner fin a la difícil competencia con los negocios del rey, “actor mayor de la economía nacional”,[9] suprimir los “ministerios de soberanía”, conceder al primer ministro capacidad plena para presidir el Consejo de Ministros y para nombrar los altos cargos, incluidos los gobernadores (walis), aligerar el protocolo real, acabar con el cáncer de las licencias o de las concesiones sin control alguno, etc.
Algunos guiños de complicidad con las reivindicaciones de la jornada de protesta llegaron incluso desde círculos cercanos al poder. Sirviéndose de la tribuna del diario Akhbar al-Yawm, el viernes anterior a la protesta se reunieron en un acto público en Rabat nueve personalidades de distinta orientación política para evaluar la situación: Mohamed Sassi, Ali Bouabid, Karim Tazi, Nouredine Ayouch, Jaafar Hassoun, Lahcen Haddad, Hassan Aourid, Mustafa Ramid y Samir Abdelmoula. Los observadores llamaron la atención sobre el tono desenvuelto de los participantes, que calificaron del “fin de la langue de bois”. Hassan Aourid, antiguo portavoz de Palacio, gobernador en Mequinez y cronista oficial del reino, entre otros puestos desempeñados recientemente, llegó a hablar de la necesidad de no perder la oportunidad de esta nueva transición, revelando la existencia de fisuras en el entorno real. Todos los participantes convinieron en la necesidad de eclipsar a ciertas figuras de dicho entorno demasiado hegemónicas. Por su parte, Noureddin Ayouch hizo pública en el mismo acto la voluntad de la retirada progresiva del holding real de la primera fila de los negocios, anuncio que pretende acallar una de las reivindicaciones de la protesta, esto es, la omnipresencia del monarca no sólo en las esferas política y religiosa, sino también en la económica.
La jornada del 20 de febrero
El domingo 20 de febrero amaneció lluvioso en buena parte de Marruecos. Sin embargo, pese a la lluvia, las concentraciones en lugares públicos de ciudades como Rabat o Casablanca comenzaron a producirse desde las 10 de la mañana. La convocatoria alcanzó todas las grandes ciudades como Fez, Marrakech, Tánger y Tetuán, pero también lugares recónditos como Zagora y Guelmim. A lo largo de la jornada, las concentraciones fueron cobrando importancia, si bien éstas fueron menores de lo que algunos de los convocantes esperaban. Junto a jóvenes estudiantes destacaban obreros y parados, profesionales, intelectuales y personalidades de distinta orientación política. Si bien los partidos de la coalición gubernamental o de la oposición (salvo las excepciones señaladas más arriba) no apoyaron la convocatoria, algunos miembros de partidos incluso en el gobierno participaron en las manifestaciones a título personal. Así, islamistas del PJD como Mustafa Ramid y Reda Benkhaldun, socialistas como Ali Buabid y comunistas como Said Saadi, participaron en la protesta junto con intelectuales como Nureddin Ayuch, dirigentes de partidos como Abdellah el Harif (de VD) y Ahmed Habschi (del PSU) y muchos otros.
Las concentraciones duraron varias horas de manera ordenada, si bien acabaron en disturbios de distinta envergadura y violencia, sobre todo en ciudades del norte del país como Tánger, Larache, Alhucemas y en otros lugares como Marrakech y Sefru. El comportamiento general de las fuerzas del orden se limitó a vigilar a distancia las concentraciones, interviniendo en los casos de alteración manifiesta del orden, no pudiendo evitar, sin embargo, desgastes notorios en edificios y vehículos en algunos de estos lugares.
El balance que el ministro del Interior realizó de los acontecimientos de la jornada del 20 de febrero, en rueda de prensa al día siguiente, constató protestas en 53 prefecturas y provincias del país, estimando en 37.000 personas la participación en las mismas. Una guerra de cifras se desencadenó en los días siguientes entre los organizadores, quienes elevaban la participación a cerca de un cuarto de millón de personas, y otros observadores, que incluso la duplicaban. En el cuadro siguiente, establecido por la web Mamfakinch, se arroja la cifra más realista de 122.730 asistentes y permite ver, sobre todo, cómo una protesta convocada por cauces tan novedosos y poco habituales como las redes sociales acabó por alcanzar a todo el reino.[10]
Figura 1. Participación en las manifestaciones del 20 de febrero de 2011
Fuente: http://mamfakinch.com.
Asimismo, el ministro del Interior identificó destrozos producidos por los “saboteadores” en 33 edificios y establecimientos públicos, 24 agencias bancarias, 50 comercios y edificios privados y 66 vehículos. Unas 120 personas fueron arrestadas en relación con estos hechos (38 en Alhucemas, 69 en Tánger, 19 en Tetuán y Chauen) y trasladadas a los juzgados, siendo menores una buena parte de los detenidos. Hubo también heridos: 128 según la misma fuente, de los cuales 115 pertenecientes a las fuerzas del orden. En Alhucemas cinco jóvenes perdieron la vida en un incendio en una entidad bancaria y, entre los manifestantes de Sefrú, localidad cercana a Fez, se registró un fallecido a consecuencia de enfrentamientos con fuerzas del orden.
Primeras reacciones al 20 de febrero
La reacción inmediata a las manifestaciones del domingo 20 de febrero vino de la prensa. Si mayoritariamente se había mostrado reacia a la convocatoria, e incluso medios influyentes la habían saboteado tratando de deslegitimarla, prácticamente de manera unánime todos los periódicos señalaban que “todo el mundo está de acuerdo en Marruecos sobre la necesidad de acelerar las reformas”.[11] Reacciones similares manifestaron incluso los órganos de los partidos políticos de la coalición gubernamental que no habían querido sumarse a la protesta. El diario L’Opinion, órgano en lengua francesa del partido del primer ministro, el Istiqlal, destacó en portada los llamamientos “a la aceleración de la cadencia de las reformas políticas y constitucionales”, al tiempo que resaltaba la “adhesión entre débil y media a manifestaciones pacíficas en varias ciudades de Marruecos” y los incidentes registrados en Larache y Marrakech. Por su parte, Libération –de la USFP, también en el gobierno– titulaba “Reivindicación de reformas políticas sobre fondo de manifestaciones ciudadanas: el post 20 de febrero debe interpelar a los partidos” y concluía con la interrogante de si no habría sido “miopía política” la de los partidos que no se solidarizaron con esta protesta de la juventud “en busca de dignidad y democracia”. En la oposición, el diario Al Tachdid, ligado al islamista PJD, convenía también en la unanimidad de la demanda de reformas políticas profundas.
El discurso del monarca con motivo de la creación del Consejo Económico y Social, pronunciado la tarde del día 21 de febrero, fue considerado también como una primera respuesta a las manifestaciones del día anterior. Sin embargo, el nombramiento de este Consejo estaba previsto con anterioridad y, aunque no puede considerarse una reacción a la demanda de reformas, parece que se aprovechó la oportunidad para introducir algunas expresiones que fueron descodificadas en uno y otro extremo del espectro político.[12] La instauración del Consejo, una institución creada por la Constitución de 1992 y nunca establecida hasta 2011, se presentaba como muestra del constante rechazo “a ceder a la demagogia y a la improvisación” por parte del monarca. Estas dos palabras llamaron especialmente la atención y algunos quisieron ver en ellas una alusión a los acontecimientos del día anterior, mientras que otros se limitaron a contextualizarlas en el enorme retraso de su nacimiento.
El discurso hizo también alusión a la consolidación de nuevas “reformas estructurantes” e irreversibles, según un modelo propio marroquí, lo que fue interpretado a la luz del nuevo unanimismo en favor de las reformas mostrado por todos los actores tras la sacudida del 20 de febrero. Pero no hubo quien dejó de señalar que el Consejo no era más que una institución consultiva, de carácter puramente decorativo, que en numerosos países había comenzado ya a perder operatividad e interés. Por otra parte, el hecho de que a su frente se nombrara a un antiguo ministro del Interior, Chakib Benmoussa, responsable de las dos últimas operaciones electorales y dimitido tras el caso de Aminetu Haidar, ha privado, según ciertos observadores, de todo interés reformista a la institución del Consejo Económico y Social, del que Driss Guerraoui fue nombrado secretario general. Entre sus otros 98 miembros llaman la atención los nombres del escritor Tahar Benjelloun, de la antropóloga Fatima Mernissi, del banquero Othman Benjelloun y del dirigente del PJD Jamaa Moatassim, salido de la cárcel dos días antes en libertad provisional, y acusado de mala gestión en el ayuntamiento de Salé por miembros del PAM. Gesto éste del soberano abierto también a interpretaciones múltiples: acercamiento al PJD o distanciamiento del hegemonismo del PAM.
En los días sucesivos se han explicitado otras reacciones de diverso tipo que evidencian un clima nuevo. Por un lado, las tensiones en el seno de la dirección de ciertos partidos políticos en los que se aceleraron las contradicciones preexistentes (caso del PJD a causa de las dimisiones de los miembros del secretariado Ramid, Choubani y Hamieddin, de la USFP por el sostén a la protesta de miembros de la dirección como Hassan Tarij y Ali Buabid, o de las juventudes del partido). Por otro lado, insólitas expresiones de apoyo al movimiento del 20 de febrero, calificado por el Movimiento Popular (MP), partido conservador actualmente integrado en la coalición gubernamental, de “ocasión histórica” para afrontar “reformas constitucionales”. Por su parte, la dirección de la USFP, reunida en Rabat el fin de semana siguiente, hablaba también de “oportunidad histórica” para hacer avanzar las reformas planteadas desde hace 15 años, sintiéndose precursor del movimiento. Su secretario general, Abdeluahed Radi, hacía suya la necesidad de conceder prioridad a las reformas constitucionales, señalando que las reformas de las que tiene necesidad el país son de carácter global y no sectorial. Sin embargo, sus palabras no convencieron a un sector importante del Consejo Nacional de su partido, que reclamaba la salida de la USFP de la coalición gubernamental para permitir la recuperación de la credibilidad de una formación que ha sufrido un profundo desgaste desde su participación en la gestión gubernamental.
Todo ello ha venido combinado con rumores de todo tipo que hablan de una inminente reestructuración ministerial, incluso de un cambio de primer ministro, avanzándose incluso nombres como Driss Jettú y Mustafa Terrab –o incluso de algún dirigente más joven del Istiqlal– como sus sucesores. El retorno precipitado de Abbas el Fassi de Qatar, donde presidía una reunión de la comisión mixta Marruecos-Qatar, disparó estos rumores, si bien el diario Al Bayane se encargó de desmentirlos en la portada de su edición del 26-27 de febrero, justificando dicho retorno en la obligación de presidir el consejo de gobierno del jueves 24 en el que se evaluaron los acontecimientos del día 20 y se “reafirmó la aceleración de las reformas en curso”.
Conclusión: De la continuidad del Movimiento 20 de febrero poco puede aventurarse. Lo que es cierto es que ese Movimiento, con todo ese mar de fondo de las revoluciones en Túnez, Egipto y la coetánea de Libia, ha sido un auténtico terremoto político en Marruecos que ha agitado una escena política hasta ahora marcada por el escepticismo y el desinterés de la población por la cosa pública. Aunque la figura del rey y la monarquía no han sido cuestionadas por la protesta, sí lo ha sido la forma “ejecutiva” y absoluta en que ésta se ejerce. Ciertos signos han empezado a evidenciar que el mensaje ha sido escuchado.
Bernabé López García
Catedrático de Historia del Islam Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y miembro del Observatorio Crisis en el Mundo Árabe del Real Instituto Elcano
[1] Una buena cronología de los sucesos que han llevado a la convocatoria de una primera jornada de protestas el 20 de febrero en Marruecos por una democratización del sistema político puede encontrarse en el trabajo de Said Kirhlani e Irene Fernández Molina publicado en el Observatorio Electoral del TEIM. (http://www.observatorioelectoral.es/ImgBase/AE-Marruecos_2011_La_vispera_del_20_de_febrero.pdf).
[2] AMDH, OMDH, Liga Marroquí de Defensa de los Derechos Humanos (LMDDH), Centro Marroquí de Derechos Humanos (CMDH), Foro Marroquí Verdad y Justicia (FMVJ), Asociación Adala, ATTAC, Transparency International, Azetta (Red Amazig para la Ciudadanía), sindicatos como la UMT y la CDT, entre otros, y partidos como PSU, Vía Democrática, Partido de la Vanguardia Democrática Socialista (PADS), Congreso Nacional Ittihadi (CNI).
[3] “¿Y Marruecos?”, El País, 31/I/2011. Reproducida en otros periódicos de Marruecos como Tel Quel.
[4] http://www.youtube.com/watch?v=A_LF0JqnMzw.
[5] Coalición de grupos opositores creada en 1991 e integrada por el Istiqlal, la USFP, el PPS, la UNFP y la OADP. La UNFP no era, en realidad, más que un partido virtual, sin presencia real fuera de la personalidad de su líder, Abdallah Ibrahim, primer ministro entre 1958 y 1960, que fallecería en 2005.
[6] El texto del memorando fue hecho público por los partidos de la Kutla en una rueda de prensa celebrada en junio de 1996 en la sede del Istiqlal, siendo publicado el texto en el diario Libération.
[7] Ciertamente algunas reivindicaciones más del memorando de la Kutla fueron adoptadas durante el reinado de Mohamed VI, como la edad de voto, que se redujo a los 18 años, o la carta comunal, que fue modificada en 2002.
[8] “La révolution… avec lui. 50 mesures pour rendre le Maroc meilleur”, Tel Quel, nº 461, 19-25/II/2011.
[9] Entre los manifestantes en Rabat el 20 de febrero se encontraba Milud Chaabi, importante constructor y empresario marroquí que lleva una lucha contra el casi monopolio ejercido por los holdings de la familia real, ONA/SNI.
[10] En esta web, subtitulada “Moroccan Independent News Portal”, pueden encontrarse no sólo noticias casi en tiempo real, sino incluso un mapa de videos de las manifestaciones en las diferencias localidades marroquíes.
[11] Titular del artículo de Rachid Niny, director de Al Masae, en el periódico del 21/II/2011.
[12] Véase el texto en http://www.map.ma/fr/sections/activites_roi/texte_integral_du_di/view.
