Tema: Este trabajo analiza los temas que conformaron decisivamente la agenda electoral durante la campaña electoral y la elección presidencial de Estados Unidos del 2 de noviembre de 2004. En su segundo mandato, el presidente George W. Bush encontrará distintos grados de apoyo popular a la prosecución de nuevas iniciativas políticas en diferentes temas.
Resumen: Es probable que la presidencia de George W. Bush encuentre amplio apoyo popular y político para continuar políticas firmes en la llamada guerra contra el terrorismo, incluidas nuevas acciones militares y diplomáticas correspondientes al plan del Gran Oriente Medio. En cambio, y contrariamente a numerosos comentarios improvisados inmediatamente después de la elección (pero no antes), la opinión popular y las motivaciones de los votantes sobre el tema de “valores morales”, que se refiere básicamente a regulaciones en asuntos de familia y sexo, no parecen dar a la presidencia o a la mayoría congresual un amplio apoyo para legislar desde posiciones más conservadoras. Una clara mayoría popular tiende a apoyar el statu quo en estos temas, aunque algunas hábiles campañas en unos pocos estados hayan sido cruciales para producir resultados electorales favorables a los candidatos republicanos.
Análisis: La victoria de George W. Bush en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha sido presentada como excepcional porque ha obtenido un mayor número de votos populares que cualquier otro candidato presidencial en la historia. Pero, de hecho, esto fue un efecto de un aumento de la participación que ha beneficiado a los dos candidatos principales. Es más interesante que, a pesar de que la diferencia global entre los dos candidatos principales fue de unos 3,5 puntos porcentuales, George W. Bush obtuvo una media de casi el 60% de los votos en 31 estados, mientras que el candidato demócrata, John F. Kerry, sólo alcanzó este porcentaje en tres estados. En los estados grandes donde la mayoría demócrata fue más clara, otros importantes cargos públicos están en manos del partido republicano, como el de gobernador en California, Massachussets y Nueva York. En cambio, en otros estados grandes como Florida y Texas los republicanos acaparan la mayor parte de los cargos tanto a nivel federal como local.
¿Con mandato o paticojo?
Lo que es aún más importante es que, por primera vez en casi setenta años, existe un “gobierno unificado” republicano a nivel federal en Estados Unidos, es decir, el partido republicano controla la Casa Blanca junto con las dos cámaras del Congreso. Una situación político-institucional como ésta existió durante la mayor parte del periodo 1896-1932. Pero tras la primera victoria presidencial de Franklin D. Roosevelt en 1932, hubo, primero, veinte años de gobierno unificado demócrata. Después, tras la primera victoria presidencial de Dwight D. Eisenhower en 1952, hubo casi cincuenta años de “gobierno dividido”, una situación que se convirtió en casi “natural” para los observadores políticos en un régimen de separación de poderes. Durante la mayor parte de este periodo (el 70%), un presidente republicano se encontró frente a una mayoría demócrata al menos en la Cámara de Representantes. Durante un breve periodo fue al revés: un presidente demócrata, Bill Clinton, tuvo que lidiar con una mayoría republicana en el Congreso.
Todas estas situaciones de gobierno dividido promovieron bien una amplia cooperación bipartidista para legislar sobre temas importantes, aprobar los presupuestos anuales y confirmar nombramientos presidenciales, bien una parálisis y un bloqueo legislativos que impedían que mayorías ajustadas impusieran su voluntad a una oposición amplia. Se consideró, así, que el gobierno dividido era un marco político-institucional favorable al consenso político o, al menos, a evitar que pequeñas mayorías se convirtieran en ganadoras absolutas. Sin embargo, desde 2000 el partido republicano controla de nuevo la presidencia, confirmada con una mayoría del voto popular en 2004, junto con una mayoría de los escaños tanto en la Cámara como en el Senado. En cierto sentido, esta situación nueva a principios del siglo XXI comporta un retorno al predominio republicano del primer tercio del siglo XX.
Inmediatamente después de la elección del 2 de noviembre de 2004, algunos creadores de opinión en Estados Unidos intentaron interpretar la nueva victoria de Bush como un “mandato” para desarrollar o culminar algunas de las iniciativas políticas empezadas o sólo esbozadas durante su primer período presidencial. Este enfoque apunta correctamente a la importancia del marco político-institucional para evaluar el margen de maniobra e iniciativa de un presidente en el cargo. Pero considera implícitamente que el apoyo electoral a un presidente ganador es igual para todo el “paquete” de los numerosos temas políticos que pueden formar parte de su agenda potencial. Parece más realista, en cambio, reconocer que las campañas electorales y la mayor parte de las decisiones de voto se suelen basar en una pequeña selección de temas que adquieren relieve en los mensajes de los candidatos y los medios de comunicación más que en una agenda amplia. Esto se debe en parte a los excesivos costes que los votantes tendrían que pagar para obtener información fiable en muchos temas. Pero también se deriva del hecho de que, aunque los votantes estén bien informados, tienen que elegir un solo candidato con todas las posiciones políticas que promueve aunque puedan estar en desacuerdo con algunas de ellas.
Otras opiniones tras la elección de noviembre de 2004 han planteado la hipótesis de que los presidentes son políticamente débiles en los segundos mandatos porque ya no pueden volver a ser reelegidos y aparecen como “paticojos”, lo cual les hace proclives a ser víctimas de escándalos aireados desde las filas de la oposición. Entre los ejemplos de escándalos en segundos mandatos están los de Richard Nixon con el allanamiento de Watergate en 1972, Ronald Reagan con la conspiración Irán-Contra en 1984 y Bill Clinton con el asunto de la becaria en 1998. Pero este enfoque, aunque puede captar ciertas disposiciones en los legisladores según las oportunidades y expectativas electorales del presidente en el cargo, no tiene en cuenta el marco político-institucional básico que antes hemos subrayado. En los tres casos de escándalos mencionados, el partido del presidente estaba en minoría en el Congreso, por lo que era vulnerable a las iniciativas de la oposición. Éste no es el caso de la presidencia de George W. Bush, que no es probable que sea acosado desde sus propias filas republicanas.
Explicaciones de la victoria electoral presidencial
Hay tres factores principales que pueden explicar los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos: el sistema electoral, la ventaja del presidente y los temas de campaña. En primer lugar, la victoria de un candidato presidencial en Estados Unidos depende del sistema de elección indirecta a través del Colegio Electoral. Dado que, en la mayor parte de los estados, los electores son elegidos por mayoría relativa, la presencia y la importancia de terceros o cuartos candidatos pueden determinar el resultado. Por ejemplo, un tercer candidato fuerte fue decisivo para la derrota del presidente George H. Bush en su intento de reelección en 1992; tanto en esa fecha como cuatro años después, Bill Clinton ganó la presidencia con una minoría de votos populares como consecuencia de que muchos votantes conservadores (aunque no solamente) apoyaron al candidato independiente Ross Perot. También en 2000 la candidatura de Ralph Nader pudo haber sido decisiva para atraer a algunos votantes progresistas o izquierdistas en beneficio indirecto de George W. Bush en unos pocos estados. Pero en la elección de 2004 los terceros y cuartos candidatos obtuvieron proporciones muy pequeñas de votos y no fueron decisivos para decantar el ganador entre los dos candidatos principales en ningún estado.
En el aspecto mecánico, en la elección de 2004 el procedimiento de Colegio Electoral funcionó aceptablemente bien, ya que produjo el mismo ganador en votos populares, en número de estados ganados y en votos electorales. Pero el sistema del Colegio Electoral por mayoría relativa determina en gran medida la estrategia de los candidatos, especialmente empujándolos a concentrar sus campañas en sólo unos pocos estados en los que el ganador no está claramente definido de antemano y a elegir los temas que puedan convertirse en más importantes para los electores de esos estados, lo cual se discutirá más adelante.
En segundo lugar, existe una ventaja para el presidente en el cargo y una desventaja para el nuevo candidato. Es decir, los resultados tienden a ser más favorables al partido en el gobierno cuando un presidente en ejercicio persigue la reelección. Éste fue el caso, por ejemplo, de Roosevelt (1933-1945), Eisenhower (1953-1961), Nixon (1969-1973), Reagan (1981-1989) y Clinton (1993-2001), todos los cuales fueron reelegidos para (al menos) un segundo mandato. Fue precisamente esta ventaja, que se puso de manifiesto de un modo aplastante con las cuatro victorias consecutivas de Roosevelt, lo que movió a los republicanos a introducir un límite constitucional de dos mandatos para los presidentes. La ventaja del presidente en el cargo incluye sus mejores oportunidades y medios de proveer información favorable y evaluaciones positivas de su gestión gubernamental. Pero también puede beneficiarse de la decisión de algunos votantes de apoyar a cargos en ejercicio no muy buenos pero bien conocidos antes que arriesgarse a apoyar a candidatos quizá prometedores pero no suficientemente fiables. Éste fue probablemente el caso de la elección de 2004, en la que incluso dos tercios de los votantes de John F. Kerry declararon ser más anti-Bush que favorables al candidato demócrata.
El tercer factor que será analizado en el resto de este trabajo es el relieve adquirido por diferentes temas durante la campaña electoral y en la información disponible por los votantes. Algunos temas, como el estado de la economía y la gestión gubernamental, funcionan en general a favor del presidente en el cargo, si éste es uno de los contendientes, cuando la evaluación general de estos temas es positiva. Otros temas están “poseídos” o al menos “arrendados” por diferentes partidos sobre la base de su gestión gubernamental pasada y la correspondiente credibilidad atribuida a cada partido. La defensa, la seguridad y los impuestos, por ejemplo, suelen funcionar a favor del partido republicano en Estados Unidos, mientras que la asistencia sanitaria, las pensiones y la educación (ésta cada vez menos) favorecen a los candidatos demócratas. En estos y otros temas se han ido formando amplios consensos como consecuencia de políticas con éxito de uno de los partidos a las que el otro tiende a adaptarse. Los valores morales y los temas de familia, en cambio, son más divisivos y se han convertido en objeto de las llamadas “guerras culturales”, como se discutirá más adelante.
En general, el electorado americano es más bien centrista y consensual. En 2004, un 45% de los votantes se declara “moderado”, frente a un 34% que se declara “conservador” y un 21% “liberal”. Precisamente porque hay amplio consenso, las diferencias de opinión en unos pocos temas tienden a ser exageradas por los partidos políticos y los candidatos con objeto de marcar la diferencia. Frente a dos alternativas distantes, los votantes tienen que forzarse a elegir, lo cual les puede hacer aparecer como polarizados. Pero la polarización está muy inducida “desde arriba” y es mucho mayor entre los partidos políticos que entre la ciudadanía. Es precisamente el amplio consenso existente en muchas políticas públicas lo que da relieve a las características personales de los candidatos en la decisión de los votantes: dado que los candidatos no están muy distantes entre sí en muchos temas, su credibilidad personal para el cumplimiento de sus promesas cuenta más.
Los temas
El análisis siguiente se basa en los datos proporcionados por la principal encuesta de salida divulgada por los medios de comunicación durante el período poselectoral, pero que aquí ha sido examinada no sólo en números agregados sino en los resultados estado por estado (Edison/Mitofsky para las principales cadenas de TV, 2/XI/2004). A la pregunta “¿Qué tema fue más importante en su decisión de cómo votar para presidente?”, una mayoría relativa de votantes mencionó el terrorismo o la guerra de Irak (si se cuentan conjuntamente), en una proporción general del 34%. Hay que subrayar que ésta fue la primera elección presidencial después del 11-S, y que desde esa fecha el gobierno de Bush puede vindicar que no ha habido más ataques terroristas en Estados Unidos –en contraste con una serie de mortales episodios terroristas en otros países–. En 2004, tres cuartas partes de los americanos declaran estar preocupados por el terrorismo (aunque no se mencione Irak), pero una clara mayoría considera que Estados Unidos está más seguro que cuatro años antes (54% frente al 41%) y confía en el presidente Bush para contener el terrorismo (58% frente al 40%). También una mayoría considera que la guerra de Irak es parte de la guerra contra el terrorismo (55% frente al 42%) y aprueba la decisión de ir a la guerra en Irak (51% frente al 45%), a pesar de que las cosas allí no vayan para Estados Unidos tan bien como se esperaba.
En estas condiciones, la elección presidencial se parecía a la elección de un comandante en jefe de unas fuerzas armadas en guerra. Para este tipo de tarea, una mayoría de votantes tiene una opinión favorable de George Bush (53% frente al 46%), especialmente por sus cualidades de firme liderazgo, honestidad y fiabilidad y posición clara sobre el tema (muy poca gente, en cambio, menciona su inteligencia o su fe religiosa). En cambio, una mayoría tenía una opinión desfavorable de John Kerry (51% frente al 47%), especialmente por percibir que decía lo que la gente quería oír más que lo que él cree (56% frente al 40%).
El segundo tema más importante en la decisión de los votantes fue la situación de la economía y el empleo, el cual, si se suma al tema de los impuestos, fueron mencionados por el 23% de los votantes en la encuesta de salida. Kerry acusó repetidamente a Bush de ser uno de los pocos presidentes del siglo XX durante cuyo mandato se produjeron pérdidas netas de empleo. Sin embargo, Bush pudo responder con relativa facilidad mencionando el estallido de la burbuja de valores electrónicos en la bolsa, la cual tuvo lugar durante la presidencia de Clinton, así como la destrucción y los efectos negativos de los ataques del 11-S. Durante los últimos dos años de su primer término, en cambio, las tasas de crecimiento económico han sido del 3,3% y del 3,7% (en contraste, por ejemplo, con el 1,5% en la Unión Europea o el 2,7% en España, aunque esto, por supuesto, no fue mencionado en la campaña americana), y se han creado unos dos millones de empleos, lo cual sitúa el desempleo en el 5,4% (de nuevo, mucho menor que la media europea). Con respecto a los impuestos, una inmensa mayoría de los que están preocupados por el tema favorece su reducción, más que su aumento, una tendencia de opinión que se ha consolidado en el electorado americano durante los últimos veinte años en beneficio de los republicanos.
En otras palabras, el desempeño económico relativo durante los primeros cuatro años de la presidencia de Bush no fue brillante, la recuperación económica ha sido todavía relativamente lenta y no ha producido empleos en las proporciones habituales en el pasado, pero los valores absolutos de ciertas variables económicas básicas no son muy malos. A pesar de los esfuerzos de Kerry, y en contraste con la famosa advertencia de Clinton a Bush padre doce años antes, esta vez no fue “la economía, estúpido” el tema más importante de la elección. De hecho, Bush hijo no era fiable para una ajustada mayoría de votantes para la tarea de gestionar la economía (51% frente al 49%), pero Kerry era aún menos fiable en esta materia (53% frente al 45%).
La mayor sorpresa de la encuesta de salida el día de las elecciones fue la alta proporción de votantes, en torno a un 22%, que mencionó el tema de los “valores morales” como el más importante en su decisión. Los “valores morales” ni siquiera fueron mencionados como un tema potencialmente relevante en prácticamente ninguna de las numerosas encuestas preelectorales, las cuales se centraron en terrorismo, Irak, economía/empleo, impuestos, asistencia sanitaria, educación y “otros”.
A nivel de estado, hay una relación negativa entre la importancia concedida al terrorismo/Irak y a los valores morales. Los casos extremos son Arkansas, donde las proporciones de votantes motivados por terrorismo/Irak frente a valores morales fueron, respectivamente, del 25% al 34%, y Nueva York, con proporciones del 46% frente al 12%. Sin embargo, como puede verse en estos mismos números, la dispersión del tema de los valores morales entre los estados es mayor que la del terrorismo/Irak. La mayor proporción estatal de ciudadanos que votaron en primer lugar por el tema terrorismo/Irak es dos veces superior que la más baja, mientras que la proporción más alta de los que votaron por valores morales es tres veces superior que la más baja. Esto indica que el tema de los valores morales fue especialmente importante en algunos estados, particularmente en el Medio Oeste y el Sur, y fue una preocupación menos homogéneamente distribuida de lo que lo fue el terrorismo y la guerra de Irak entre la mayor parte de los estados.
Más que por la campaña presidencial, el relieve del tema valores morales fue promovido por una serie de referéndums a nivel de estado sobre el matrimonio heterosexual. Como media, los valores morales fueron el tema más importante para un 4% más de votantes en los estados que celebraron estos referéndums que en los demás. En todos los estados la respuesta “sí” significaba apoyo al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, lo cual no descarta, pues, las uniones civiles (o parejas de hecho) ni condena la homosexualidad como tal, sino que representa a amplios sectores de votantes que quieren preservar la institución del matrimonio manteniendo el derecho de tener o adoptar descendencia sólo para las parejas heterosexuales. Las bodas gay, aunque han sido aceptadas por algunos alcaldes, sólo han sido legalizadas por el Tribunal Supremo de Massachussets (el estado de Kerry). Con estos referéndums, los once estados intentaron prevenir que las iniciativas de otros alcaldes fueran también legalizadas por alguna sentencia judicial, pero no comportan ninguna legislación adicional al statu quo. Los referéndums, que fueron promovidos en su mayor parte por grupos religiosos con el apoyo discreto de los republicanos, fueron capaces de movilizar a numerosos votantes evangélicos o católicos renacidos que, en ausencia de tal iniciativa, aparentemente habían tendido a abstenerse en la elección de 2000. Su participación electoral ayudó a aumentar el número total de votos populares de George W. Bush a nivel nacional. A nivel estatal, probablemente no fueron decisivos en casi ningún estado. Pero una importante excepción puede haberse dado en Ohio, el único estado muy disputado entre los dos principales candidatos presidenciales en el que tuvo lugar un referéndum de este tipo. Dado que la ventaja de Bush sobre Kerry en este estado fue sólo de 2,5 puntos porcentuales, podría haber ocurrido que la movilización adicional de votantes religiosos promovida por el referéndum hubiera decantado la balanza en el estado a favor del candidato republicano y, con él, la mayoría del Colegio Electoral.
El éxito del tema valores morales en movilizar a votantes republicanos adicionales en algunos estados no significa que haya una mayoría popular a nivel nacional a favor de nuevas decisiones políticas con respecto a los matrimonios gay o aún menos con respecto al aborto. En los once referéndums, el “sí” ganó al “no” por una proporción media del 70% frente al 30%, que es 12 puntos más alta que la proporción media de votos de Bush en esos estados. Esto significa que un número apreciable de votantes de Kerry votó “sí”. La encuesta de salida citada muestra que, a nivel nacional, mientras que una minoría apreciable (el 37%) apoyaría que las parejas del mismo sexo fueran declaradas ilegales, hay una amplia mayoría a favor de mantener su estatus legal (un 60%, formado por los que están a favor de aceptar las uniones civiles, que son un 35%, y los que apoyan los matrimonios legales, un 25%). De hecho, una propuesta de enmienda constitucional para prohibir los matrimonios homosexuales ya había sido introducida en el Congreso, pero fue derrotada en junio de 2004. En sus declaraciones sobre los planes futuros después de la elección, el presidente Bush ni siquiera mencionó este tipo de iniciativas.
Asimismo, en el tema del aborto hay dos minorías extremas de votantes que favorecen respectivamente su legalización total (21%) y su ilegalización total (16%). Si se suman los que están a favor de que sea siempre legal con los partidarios de mantenerlo legal en la mayor parte de los casos, es decir, la suma de los que verosímilmente se opondrían a una nueva legislación más restrictiva en el tema, hay una mayoría del 55% (frente a un 42% partidario de nuevas ilegalizaciones). Después de la elección se han oído algunas voces que sugieren al presidente Bush que nombre nuevos miembros del Tribunal Supremo que puedan promover una revisión de la sentencia de 1973 (conocida como Roe v. Wade) por la cual se legalizó el aborto a nivel federal. Una decisión como ésta daría a los estados nuevas oportunidades de legislar más restrictivamente en el tema, aunque no impediría que la mayor parte de los estados mantuviera la legislación actual. Sin embargo, una decisión como ésta encontraría muy probablemente una enérgica oposición de los demócratas, quienes podrían apoyarse en un apoyo popular mayoritario. Es altamente probable que, anticipando esto, el Senado bloqueara cualquier nuevo nombramiento presidencial para el Tribunal Supremo orientado hacia este tipo de iniciativa. La implicación lógica es que sería muy arriesgado para George W. Bush intentar algo así; ciertamente lo más probable es que no lo intente.
Conclusión: El mandato recibido por el reelecto presidente George W. Bush en la elección del 2 de noviembre de 2004 es muy claro con respecto al tema del terrorismo y materias conexas. Inmediatamente después de la elección, Bush declaró que había ganado nuevo “capital” político y que estaba dispuesto a “gastarlo”. Es probable que, con un apoyo mayoritario en la opinión pública y en las correspondientes posiciones de los legisladores con intereses electorales, la nueva administración Bush continúe sus firmes políticas contra el terrorismo, las cuales incluyen el proyecto de democratización o al menos de liberalización y apaciguamiento de una serie de países en Oriente Próximo. Durante los próximos años, este proyecto puede que no comporte nuevas iniciativas de guerra, especialmente debido a restricciones financieras, pero sin duda incluirá tanto interferencias anti-soberanas en estados cuyos regímenes dictatoriales hayan apoyado el terrorismo como nuevas iniciativas diplomáticas, especialmente con respecto a países como Irán y Corea del Norte, a las que la administración Bush puede invitar a unirse a otros países. En particular, el conflicto entre Israel y Palestina puede encontrar un momento crucial en el próximo periodo. Para muchos estados miembros de la Unión Europea, este pronóstico puede comportar nuevos esfuerzos para implicarse en misiones internacionales y en la responsabilidad mundial de la paz. Una gran parte del éxito potencial dependerá, no obstante, de los acontecimientos en Afganistán e Irak, que podrían convertirse en lecciones o advertencias ejemplares para otros regímenes dictatoriales.
En cambio, y contrariamente a otras predicciones poselectorales, no parece probable que la administración Bush se embarque en nuevas iniciativas legislativas o judiciales con respecto a los matrimonios homosexuales, el aborto u otros asuntos de familia y sexo. Una serie de referéndums estatales sobre el matrimonio heterosexual pueden haber desempeñado un papel crucial en aumentar la participación electoral a favor de George W. Bush y, quizá, en decantar la balanza en algunos estados decisivos. Ésta fue una iniciativa discreta y hábil en el campo republicano. Pero las posibles nuevas iniciativas para modificar el statu quo legislativo en estos temas serían seguramente muy divisivas, conflictivas e impopulares y encontrarían enérgica resistencia en amplias filas congresuales.
Josep M. Colomer
Profesor de Investigación en Ciencia Política en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Barcelona