Tema
La reciente encuesta del Real Instituto Elcano sobre el cambio climático y la transición energética proporciona datos sobre el conocimiento, las actitudes y la disposición a actuar para mitigar y adaptarse al cambio climático de los ciudadanos españoles.
Resumen
A finales de 2023 el Real Instituto Elcano realizó una encuesta a 1.000 sujetos representativos de la sociedad española con el objetivo de analizar sus opiniones sobre el cambio climático y la transición energética. En dicha encuesta se formulaban preguntas relativas a varios temas: (1) la visión ambiental de los encuestados, sus percepciones y conocimiento sobre el cambio climático; (2) el impacto de sus amigos, familiares y compañeros de trabajo en sus actitudes frente al mismo; (3) sus prioridades en materia de adaptación a los efectos del cambio climático; (4) su disposición a pagar para internalizar las externalidades derivadas de las emisiones del transporte (público y privado); y (5) sus hábitos de consumo. Dicha encuesta replica en parte la realizada en 2019, ampliando su alcance al incluir cuestiones sobre agua y adaptación.
Algunos de los datos más relevantes de la encuesta y, en su caso, la comparación con los obtenidos en 2019, se presentan brevemente en este artículo que antecede al informe completo. Los resultados de la encuesta indican que el cambio climático sigue percibiéndose como una amenaza muy grave por parte de los españoles, especialmente por aquellos situados a la izquierda en el espectro ideológico. Como es natural, el porcentaje de personas que indican que el cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo es menor que el porcentaje de personas que indican que la mayor amenaza son los conflictos armados, algo esperable al coincidir la realización de esta encuesta con las guerras en Ucrania y Gaza. Según los resultados de la encuesta, persiste la brecha entre la preocupación por el cambio climático y la disposición a actuar para reducirlo. Además, hay un apoyo generalizado al despliegue de las energías renovables, incluso para el caso en que dicho despliegue implique la presencia de grandes infraestructuras (una presencia que despierta a veces oposición local). En comparación con la encuesta del 2019, aumenta de manera significativa el apoyo a la extensión de la vida útil de las centrales nucleares. En concordancia con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética una gran mayoría de los ciudadanos entrevistados se oponen a la exploración de combustibles fósiles en territorio español. Por último, hay un amplio apoyo tanto a las medidas para compensar económicamente a las regiones o sectores especialmente dañados por el cambio climático o por las políticas dirigidas a combatir el cambio climático, como al establecimiento y adopción de objetivos climáticos basados en la evidencia científica.
Análisis
1. El cambio climático como amenaza
El cambio climático es, según los ciudadanos españoles, la segunda mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo tras los conflictos armados, como se observa en la Figura 1. En comparación con los datos obtenidos en 2019 –año en el que se celebró la Conferencia de las Partes (COP25) en Madrid y previo a la pandemia–, en 2023 los encuestados que mencionan de manera espontánea el cambio climático como la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo son menos de la mitad que en 2019 (de 37% en 2019 a 16,3% en 2023). Dicha reducción en el porcentaje de personas que consideran el cambio climático como la mayor amenaza podría deberse a la simultaneidad del trabajo de campo con las guerras en Ucrania y Gaza y al hecho de que el cuestionario utilizado en 2023 no mencionaba que la encuesta versase sobre temas ambientales, como sí hacía el de 2019.
El análisis conjunto de la percepción del cambio climático como amenaza y la ideología indica que las personas situadas más a la izquierda en el espectro ideológico mencionan el cambio climático como la mayor amenaza con mayor frecuencia que las personas de centro o situados a la derecha, como muestra la Figura 2.
Si bien la existencia del cambio climático está fuera de duda para la inmensa mayoría de los españoles (el 93% de los encuestados afirman que el cambio climático existe), es relevante el aumento en el número de personas que niegan su existencia en comparación con la encuesta realizada en 2019 (3% en 2019 frente al 7% actual), especialmente tras la publicación del sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Por otro lado, al preguntar a los ciudadanos españoles más específicamente por la gravedad del cambio climático, en una escala de 0 a 10 (0 significa que no es un problema y 10 significa que es un problema gravísimo), las personas encuestadas opinan que el cambio climático es un problema muy grave. Prácticamente el 70% de los encuestados asigna una puntuación de 8, 9 o 10 a la gravedad del cambio climático, como se observa en la Figura 3. La percepción de la gravedad del cambio climático es mayor en las personas situadas en la izquierda del espectro ideológico, como muestra la Figura 4.
Figura 3. Gravedad del problema del cambio climático
(% de encuestados, N= 1.000, valor medio=7,9)
La inmensa mayoría de los encuestados (90%) indica que los efectos del cambio climático son perceptibles en todo el mundo y el 78% señala que el cambio climático ya les afecta personalmente. Sin embargo, únicamente el 17% de las personas encuestadas piensa que España hace lo suficiente para combatir el cambio climático, a pesar de contar con el Marco Estratégico de Energía y Clima, que incluye la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa, entre otros muchos elementos de planificación y normativos. Además, sólo el 10% de los encuestados opina que España está preparada para hacer frente a los efectos de cambio climático, pese a ser uno de los primeros países en contar con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático desde 2006, actualizado en 2021.
2. La brecha persistente entre preocupación y acción
El 84% de los encuestados dice estar de acuerdo con la frase “los humanos somos los principales responsables del cambio climático porque usamos carbón, petróleo y gas”[1], (8,5 puntos porcentuales menos que en la encuesta de 2019), indicando una posible y creciente divergencia entre el consenso prácticamente total en la comunidad científica relativa al carácter antropogénico del cambio climático (cifrada en un 97% de los científicos, según la NASA) y las respuestas de los españoles. Además, sólo el 48% de los encuestados afirma que cada uno de nosotros es “muy responsable” del cambio climático (frente a un 54% en 2019), si bien otro 45% afirma que somos “algo responsables” del cambio climático y un 8% indica que no somos “nada responsables” del cambio climático, un porcentaje similar a aquellos que niegan la existencia del cambio climático.
En lo relativo a la capacidad auto percibida para actuar frente al cambio climático, aproximadamente la quinta parte de los encuestados afirma que tiene margen para ahorrar energía y agua, estando además dispuestos a consumir agua potable reciclada[2] un porcentaje similar. El 31% de los encuestados indica también que están muy de acuerdo con la afirmación “mis decisiones son importantes para el medio ambiente”. Como apunta la Figura 5, los españoles están divididos aproximadamente a partes iguales sobre el efecto económico de las medidas contra el cambio climático, así como sobre su disposición a pagar más, tanto por el uso del transporte público como del transporte privado.
Figura 5. Opinión sobre el impacto económico de las medidas contra el cambio climático y disposición a pagar por las emisiones
(% de encuestados, N=1.000[3])
3. Los españoles ante las tecnologías, estrategias y acciones para la transición (justa) y el uso de los recursos energéticos propios
El apoyo a las energías renovables en España sigue siendo muy mayoritario. El 85% de los españoles opina que la electricidad que consumimos debe provenir de fuentes renovables, aunque esto implique tener grandes infraestructuras (parques eólicos o parques de energía solar fotovoltaica). La inserción de la segunda parte de esta afirmación relativa a las grandes instalaciones tenía como objetivo analizar el posible rechazo a las mismas observado en diversas localizaciones en España (y en otros países). El apoyo ciudadano al despliegue de renovables, junto con la acción del sector privado –que se espera financie el 85% de las inversiones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima– serán imprescindibles para alcanzar las metas crecientemente ambiciosas de España. En lo relativo a las centrales nucleares, el 43% de los encuestados afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo en la extensión de su vida útil (34% y 9% respectivamente), una cifra notablemente superior a la de la encuesta de 2019 (que era del 24%, con el 20% indicando que estaban de acuerdo con extender la vida de las centrales nucleares y el 4% indicando que estaban muy de acuerdo con dicha extensión).
Por otro lado, en consonancia con el artículo 9 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, dos tercios de los encuestados están en desacuerdo o muy en desacuerdo (52% y 14% respectivamente) con que España explote sus recursos –o potenciales recursos– fósiles (carbón, gas y petróleo), indicando la afirmación que dicha explotación implicaría mayor contaminación y emisiones.
En cuanto al sector del transporte, que supone aproximadamente el 30% de las emisiones en España, más de un tercio de los encuestados (36%), está de acuerdo o muy de acuerdo con seguir utilizando los vehículos con motor de combustión interna, aunque esto suponga aumentar las emisiones y la contaminación. Además, las barreras para el cambio modal del vehículo privado al transporte público, medidas a través de una batería de preguntas relativas al cambio en los hábitos de los ciudadanos, incluyen principalmente la ausencia de transporte público y la falta de adecuación del transporte público a las necesidades de los ciudadanos (en lo relativo a los destinos, horarios, disponibilidad y tiempo de espera, entre otros), siendo menos relevantes los factores económicos. Para las personas que sí han cambiado el uso del transporte privado por el público desde la pandemia (un 23% de los sujetos entrevistados), los factores económicos, el menor impacto del transporte público en la contaminación o en las emisiones, la comodidad de los desplazamientos en transporte público y la dificultad para aparcar son los motores esenciales del cambio modal.
En lo concerniente a la relación entre ciencia y su efecto en la formulación de políticas públicas, el artículo 37 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética enuncia la creación de un Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética cuyo desarrollo mediante Real Decreto sigue pendiente. Para analizar el grado de apoyo a la creación del mencionado comité, y a la influencia de la ciencia en el establecimiento de los objetivos climáticos, se incluyeron dos afirmaciones en el cuestionario y se preguntaba a las personas encuestadas por su grado de acuerdo o desacuerdo. Las afirmaciones fueron “España debe tener un comité científico independiente del gobierno que proponga objetivos climáticos y evalúe a los gobiernos, aunque nos cueste dinero” y “el parlamento (los políticos) debe adoptar los objetivos climáticos que indiquen los científicos”. La gran mayoría de los individuos encuestados (83%) apoyan dicho comité y un 87% de los ciudadanos consultados respaldan la adopción de los objetivos climáticos por parte del Parlamento establecidos por la ciencia.
Por último, el 86% de los españoles consultados apoyan la acción climática a través de leyes, planes y estrategias. A modo de ejemplo, el 70% de las personas entrevistadas están de acuerdo o muy de acuerdo con que el gobierno invierta en zonas que reduzcan su actividad empresarial bien por los efectos del cambio climático, bien por las políticas de lucha contra el mismo. Así, la próxima revisión de la Estrategia de Transición Justa prevista para 2024 podría volver a contar con un amplio apoyo social. A través del Instituto para la Transición Justa, y potencialmente desarrollando un nuevo tipo de convenios de transición justa para el despliegue de renovables que institucionalicen los procesos de resolución de conflictos y aceptación social, se podría avanzar en el despliegue social y territorialmente aceptable de las energías renovables para el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030.
Conclusiones
La preocupación ante el cambio climático es notable en la sociedad española. Los resultados de la encuesta revelan una percepción generalizada del cambio climático como una amenaza muy grave, con efectos ya evidentes para la mayoría de los ciudadanos. Estos resultados están en línea con otras encuestas internacionales, como el Informe sobre Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial recientemente publicado, que señala los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático como la segunda amenaza global en el horizonte de dos años y el riesgo principal en el largo plazo, junto con el cambio en los ecosistemas terrestres, la pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos naturales.
A pesar del elevado grado de sensibilización de la ciudadanía frente al cambio climático, persiste una brecha significativa entre la preocupación expresada, la percepción de la responsabilidad individual, la disposición para llevar a cabo acciones concretas y pagar por medidas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Esta discrepancia destaca la necesidad de analizar los obstáculos que impiden la traducción de esta conciencia ciudadana en una mayor disposición a actuar y pagar.
En el ámbito de la transición energética, el análisis muestra un sólido respaldo de los ciudadanos españoles al despliegue de energías renovables y un interés limitado en la explotación de combustibles fósiles propios. Cabe destacar el aumento en el apoyo a extender la vida útil de las centrales nucleares (que se ha duplicado respecto a la encuesta de 2019).
Finalmente, el estudio resalta un apoyo generalizado de los españoles a la existencia de leyes, planes y estrategias para la acción climática, informados por la ciencia, y teniendo en cuenta principios de equidad y justicia social, con el objetivo de garantizar una transición justa.
[1] Esta afirmación concuerda con la información el sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
[2] En España el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, prohíbe el uso del agua regenerada para consumo humano directo, salvo situaciones de declaración de una catástrofe.
[3] N=365 (usuarios de transporte público) en la pregunta sobre disposición al pago en el transporte público y N=542(usuarios de moto, coche u otro con motor) en la pregunta de disposición al pago del impuesto de circulación.
