Tema: La Presidencia española de la UE plantea serios retos para los intereses y el peso estratégico de España en el Mediterráneo en el nuevo contexto geopolítico regional tras la creación de la Unión para el Mediterráneo (UpM). [1]
Resumen: Más allá de la evolución de los conflictos en la región, sobre la que España tiene una capacidad de influencia muy limitada, a España “se la espera” para que reconduzca la Unión para el Mediterráneo (UpM) tras dos años de protagonismo, cuando no unilateralismo, francés y de un bloqueo político sin precedentes desde 1995. Su prestigio y su posición estratégica en la región están en juego: limitarse a afrontar el reto de “gestión” de la UpM durante la Presidencia sin darle un impulso político decidido mediante propuestas e iniciativas sustanciales concretas supondría perder una oportunidad seguramente única. Su contribución podría ser más eficaz en relación con aspectos institucionales o con la definición y el seguimiento de determinadas estrategias sectoriales prioritarias que en aspectos más puramente político-diplomáticos.
Análisis: “Le resultará difícil aceptar esto, pero a pesar de que el ministro Moratinos es uno de los grandes especialistas mundiales en el tema, le recomendamos que se olvide de Oriente Medio, del Proceso de Barcelona y de la Unión para el Mediterráneo”. Este era el consejo que dos destacados especialistas españoles en relaciones internacionales daban al presidente del Gobierno para esta región en junio de 2009.[2] Con esa frase despachaban el asunto, pasando a referirse al conflicto de Oriente Medio y la política bilateral hacia Marruecos y Argelia. Este tratamiento simplista y expeditivo refleja la falta de interés que muchos de nuestros expertos en relaciones internacionales tienen sobre los temas euromediterráneos y, en concreto, sobre sus aspectos multilaterales, que contrasta llamativamente con la especialización en la región de algunos de nuestros diplomáticos más relevantes. Otra postura relativamente extendida entre analistas y actores es la de que las dificultades políticas de la UpM han dado la puntilla al Proceso euromediterráneo.[3]
En cualquier caso, dicha recomendación y dicho diagnóstico contrastan con el compromiso histórico de la diplomacia española con el Proceso euromediterráneo desde su fundación en 1995,[4] y su actuación como adalid de los logros y la vigencia de la Asociación Euromediterránea durante todo el proceso de concepción de la UpM (2008). También cuestionan la consideración del Mediterráneo como uno de los ejes prioritarios de la Presidencia española de la UE.[5] Debido precisamente a ese protagonismo y a ese compromiso, al propio prestigio de Moratinos en el Mediterráneo, a la proyección en el espacio mediterráneo de instituciones españolas de diplomacia pública como el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), la Fundación Tres Culturas, Casa Árabe y la nueva Casa Mediterráneo, así como al malestar creado en muchos países y actores por el unilateralismo francés en el marco de la UpM durante los últimos dos años, a España “se la espera” en la región, en el mejor sentido de la palabra: se la espera para reconducir el proceso de creación de la UpM, para reorientarlo y corregir el sesgo excesivamente intergubernamental que ha tomado,[6] volviendo a involucrar más directamente a las instituciones de la UE y en particular a la Comisión Europea en el proceso, pero también para impulsarlo. Defraudar esas expectativas podría afectar gravemente al prestigio, a la posición estratégica y finalmente a los intereses de España en la región.
Sin embargo, hasta ahora no resulta evidente cuál es la estrategia mediterránea de España de cara a su semestre de Presidencia de la UE ni cuáles son sus prioridades concretas. ¿Cuál es, por ejemplo, la posición española ante la proliferación de iniciativas francesas, a menudo bajo la “etiqueta” de la UpM, como la Fundación de Mujeres por el Mediterráneo, el fondo de inversiones InfraMED, los siete “proyectos prioritarios” “seleccionados” en el sector del agua a propuesta de colectividades locales en el marco de una conferencia organizada por la Copresidencia francesa de la UpM y CGLU, el “Consejo Cultural de la Unión para el Mediterráneo” y el recién creado Centro de Marsella para la Integración Mediterránea? ¿Cuáles son las iniciativas españolas de contrapeso?[7]
Tampoco está claro si se están movilizando los recursos humanos e institucionales necesarios para hacer frente a esos desafíos y contrarrestar la relativa pérdida de protagonismo que está sufriendo España en el Mediterráneo como consecuencia del empuje francés desde 2008, pero también a otros factores objetivos anteriores como la ampliación de la UE,[8] es decir, para gestionar ese impulso político, tener una capacidad de propuesta y de iniciativa susceptibles de dinamizar el proceso y volver a liderar la política europea hacia la región para asegurar que se materialice ese escenario “mejor y aún posible, no sólo para España, sino para toda la UE”, tras la creación de la UpM, consistente en que ésta última se convierta en una dimensión exitosa de un Proceso de Barcelona mejorado.[9]
España podría aprovechar su Presidencia de la UE, por ejemplo, para iniciar al menos el debate, si no las negociaciones, sobre el incremento de los recursos financieros destinados a los países asociados mediterráneos de cara a las negociaciones de las Perspectivas Financieras de la UE 2014-2020, que deberían iniciarse a más tardar en 2011. La formulación de un objetivo ambicioso, como por ejemplo la duplicación de la asistencia financiera per cápita a la región, podría sentar las bases de una auténtica política de convergencia socioeconómica que el nivel de relaciones económicas actuales dista de estar produciendo, y demostrar el liderazgo y el compromiso de España con el desarrollo de sus vecinos del sur. Pero, más allá del volumen de recursos financieros, parece evidente que la región requiere otro tipo de instrumentos de financiación: a este respecto, España podría lanzar los estudios previos sobre la transferibilidad de la política regional europea a los países asociados mediterráneos más integrados, como se promete en el Documento Conjunto UE-Marruecos sobre el estatuto avanzado.
Tres ejes de actuación
En cualquier caso, tres serán los retos principales a los que España deberá hacer frente en el marco del Proceso euromediterráneo durante los seis meses de su Presidencia de la UE: (1) la puesta en marcha de la Secretaría de la UpM y de los proyectos de la UpM; (2) la II Cumbre de la Unión para el Mediterráneo; y (3) las Conferencias Ministeriales sectoriales.
(1) La puesta en marcha de la Secretaría de la UpM y de los proyectos de la UpM
La obtención de la sede de la Secretaría de la UpM para Barcelona en la Conferencia Ministerial de Asuntos Exteriores de noviembre de 2008 fue un éxito diplomático indiscutible para España. Ahora, tras el retraso en su puesta en funcionamiento y en la aprobación de sus estatutos y la designación de su secretario general, que siguen pendientes más de un año después, el reto está en que la Secretaría sea operativa lo más rápidamente posible, y España está interesada en facilitar al máximo ese proceso y en hacer todo lo posible para reforzar las funciones de dicha Secretaría (frente a otras iniciativas como el Centro de Marsella para la Integración en el Mediterráneo o la “capitalidad económica” euromediterránea reclamada por Milán, donde podía establecerse la Iniciativa Mediterránea de Desarrollo Empresarial, si llega a crearse). Sin embargo, no debe olvidarse que España no estará directamente presente en las estructuras políticas de la Secretaría (un secretario general y seis subsecretarios), y la única forma de mantener cierta capacidad de influencia una vez puesta en marcha es aprovechar la proximidad geográfica para generar análisis, debate, propuestas, capacidad técnica especializada e iniciativas que puedan ser asumidas por las estructuras de la Secretaría. En este contexto institucional, la capacidad propositiva especializada adquiere aún mayor trascendencia.
Por otro lado, durante la Presidencia española de la UE algunos de los proyectos seleccionados en la Cumbre de París –protección civil, autopistas marítimas y terrestres, descontaminación del Mediterráneo, plan solar, Iniciativa Mediterránea de Desarrollo Empresarial y Universidad Euromediterránea– deberían pasar a la fase operativa si se quiere mantener cierta credibilidad de la UpM. Salvo este último proyecto, que ha iniciado su andadura institucional, los demás proyectos están aún en la fase de estudio de viabilidad y de financiación. Pero deberá tenerse cuidado de que esta “unión de proyectos” no sea percibida como un enfoque meramente economicista alejado de los intereses inmediatos de los ciudadanos, y para eso deberá complementar los proyectos regionales con iniciativas sectoriales concretas en el ámbito socioeconómico y cultural.
(2) La II Cumbre de la Unión para el Mediterráneo
Desde el punto de vista político, no cabe duda de que una de las prioridades de la diplomacia española durante la Presidencia española será garantizar el éxito de la II Cumbre de la UpM, prevista en junio de 2010 en Barcelona, y que debe aprobar un Programa de Trabajo para 2010-2012. Y probablemente ese éxito se medirá ante todo, al menos en términos mediáticos, por: (a) la capacidad de convocatoria (el número de jefes de Estado y de Gobierno que asistan); y (b) el desarrollo sin incidentes políticos de la Cumbre, especialmente el grado de tolerancia mutua entre árabes e israelíes, y la adopción por unanimidad de una declaración política. Ahora bien, las experiencias de la Cumbre Euromediterránea de Barcelona de noviembre de 2005 y de la Cumbre de la UpM de París de julio de 2008 deberían hacer reflexionar: la primera, pese a que el Gobierno español, como anfitrión y coorganizador junto con la Presidencia británica de la UE, se concentró en los aspectos más políticos y diplomáticos, fue considerada un fracaso en la medida en que sólo asistió un pequeño número de jefes de Estado y de Gobierno de los países asociados mediterráneos, y en que fue imposible adoptar una declaración por consenso (de hecho, al final, sólo se publicaron unas “Conclusiones de la Presidencia” británica, aunque el Programa de Trabajo Quinquenal sí se aprobó por unanimidad). La Cumbre de la UpM se consideró en su momento un éxito clamoroso a causa de la presencia de 43 jefes de Estado y la aparente armonía con la que se desarrolló. Sin embargo, la Cumbre de París, eminentemente política, dio lugar a más de tres meses de bloqueo político a causa de las diferencias sobre la participación de la Liga Árabe y dejó abiertas un gran número de incógnitas políticas e institucionales (funcionamiento de la Copresidencia, estatuto de la Secretaría, financiación de los proyectos) que siguen gripando el funcionamiento de la UpM. Hubo que esperar a la Conferencia Ministerial de Marsella de noviembre de 2008 para que se adoptara un detallado “Plan de Trabajo para 2009” que permitió retomar las dinámicas sectoriales que se habían puesto en marcha precisamente mediante el Programa de Trabajo Quinquenal adoptado en 2005 en Barcelona (sobre la base de un sólido trabajo previo de la Presidencia británica de evaluación de los avances conseguidos en cada uno de los ámbitos prioritarios de la Asociación Euromediterránea). Ese Plan de Trabajo Quinquenal, adoptado en una Cumbre que, sin embargo, fue casi unánimemente considerada como un fracaso político, ha permitido en cambio realizar avances desde 2005 en sectores como el agua, el empleo y la dimensión social, la educación, el desarrollo sostenible y la promoción de la mujer.
Así pues, la lección que cabe extraer de estas experiencias es que la mejor manera de reforzar el proceso euromediterráneo y la UpM, garantizar el éxito de la Cumbre y, sobre todo, sentar las bases de un impulso de la Asociación Euromediterránea es combinar la puesta en marcha de los seis proyectos seleccionados por la UpM hasta ahora, más algunos nuevos que puedan seleccionarse, con una serie de estrategias sectoriales articuladas en programas de acción claros en un número reducido de áreas prioritarias, como empleo, agua, cultura, turismo o energía. En cada uno de esos ámbitos, España debería llegar a la Cumbre con una serie de propuestas concretas, a ser posibles aprobadas previamente en Conferencias Ministeriales sectoriales, que permitan aprobar un Programa de Trabajo 2010-2012 ambicioso y defendible desde el punto de vista de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. El ejercicio llevado a cabo por el IEMed durante el año 2009 de realizar una serie de seminarios temáticos de expertos y actores para formular propuestas en relación con cuatro de los seis grandes proyectos de la UpM es una primera experiencia sumamente pertinente a ese respecto, pero debería extenderse a otras áreas prioritarias sectoriales en las que, hasta ahora, España no ha mostrado una excesiva capacidad propositiva.
(3) Las Conferencias Ministeriales sectoriales
El Programa de Trabajo para 2009 aprobado en noviembre de 2008 preveía 16 conferencias ministeriales sectoriales durante 2009. De ellas, debido al bloqueo institucional de la UpM durante el primer semestre de 2009 causado por la guerra de Gaza en diciembre de 2008 y enero de 2009, sólo han podido celebrarse siete (agua, proyectos de desarrollo sostenible, economía y finanzas y FEMIP, mujer, comercio y medio ambiente), además de dos adicionales sobre empleo y salud. Lo normal sería que, ahora que el funcionamiento institucional de la UpM parece haberse normalizado relativamente (pese a las dificultades que han llevado a la suspensión de la Conferencia Ministerial de Asuntos Exteriores prevista en Estambul en noviembre de 2009), se recuperara ese plan de trabajo.
Para la Presidencia española de la UE, de momento España ha previsto ocho conferencias ministeriales, pero sólo dos en España como anfitrión, sobre agua y sobre turismo. Las otras seis previstas, sobre transportes, educación superior e investigación, energía, seguridad alimentaria y ECOFIN-FEMIP está previsto celebrarlas en otros países asociados, aunque el calendario aún no está cerrado. En todo caso, llama la atención que se haya renunciado a organizar cumbres previstas en ámbitos de interés estratégico para España como el “desarrollo humano” (pese al fuerte compromiso de España con este tema en el marco de Naciones Unidas) o la “justicia, seguridad y libertad” (en relación, por ejemplo, con temas como la migración, en los que España tiene un modelo de gestión migratoria propio). Igualmente, llama la atención la ausencia de una Conferencia Ministerial Euromediterránea sobre cultura, teniendo en cuenta que para el primer semestre de 2010 se había previsto la aprobación de la Estrategia Euromediterránea de la Cultura y que España ha apostado fuertemente por la colaboración en este ámbito (“Alianza de Civilizaciones”, apoyo a la Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas). En cualquier caso, no parece que el programa de conferencias ministeriales esté a la altura del compromiso expresado por España con la consolidación del proceso euromediterráneo ni de las expectativas despertadas por España en este ámbito, teniendo en cuenta que tras las Presidencias francesa, sueca y española de la UE se sucederán una serie de Presidencias a priori menos favorables a la cooperación euromediterránea (Bélgica en 2010, en 2011 Hungría y Polonia y en 2012 Dinamarca y Chipre, este último con una capacidad diplomática muy limitada y considerablemente mediatizada por el conflicto turco-chipriota).
En este sentido, además de las conferencias ministeriales que organice, será muy importante también la preparación de las conferencias ministeriales ulteriores o el seguimiento de las que se han celebrado durante 2008 y 2009. La prioridad que la Presidencia española otorgará a la Estrategia de Lisboa y al empleo, por ejemplo, apenas ha tenido reflejo en el ámbito euromediterráneo, donde la involucración del Ministerio de Trabajo español en el seguimiento del Marco de Acciones aprobado en la I Conferencia Ministerial Euromediterránea de Empleo y Trabajo de noviembre de 2008 en Marrakech ha sido muy limitada (la primera reunión del Grupo de Trabajo creado para dar seguimiento a ese Marco de Acciones ha tenido lugar a finales de noviembre de 2009). Incorporar a los países asociados mediterráneos a la respuesta europea a la crisis sería la mejor prueba concreta del compromiso con la creación de un área de seguridad y prosperidad compartidas; además, en este tema podrían convergir dos de las tres grandes prioridades de la Presidencia española de la UE, a saber, la creación de empleo con un crecimiento sostenible y un impulso hacia la Europa social y el desarrollo de Europa como actor global (véase la comparecencia del ministro Moratinos en el Congreso antes citada).
En cualquier caso, en los ámbitos donde ya se han definido planes de acción, marcos de acción o estrategias regionales (transporte, energía, cultura, estrategia marítima, empleo, agua y promoción de la mujer), es importante involucrarse en la aplicación concreta de esos planes y la puesta en funcionamiento de mecanismos de seguimiento y evaluación, pasando “de los planes de acción a la acción”.
A este respecto, no puede olvidarse que 2010 será el año del 15º aniversario de la Declaración de Barcelona, pero sobre todo el año emblemático para la constitución de una Zona de Libre Comercio Euromediterránea. Asegurar algún avance concreto en la aplicación de la hoja de ruta diseñada en 2005, por ejemplo en la liberalización del mercado agrícola europeo o en las negociaciones en curso sobre la liberalización del sector servicios (desbloqueando, por ejemplo, la liberalización del Modo 4 de prestación de servicios mediante el traslado temporal de trabajadores al país de prestación que tanto puede beneficiar a países abundantes en mano de obra como son los países árabes mediterráneos), parece necesario para mantener la credibilidad de la UE en el ámbito económico.
La organización de la primera Cumbre UE-Marruecos, que tendrá lugar igualmente bajo Presidencia española, también requiere de un liderazgo firme y cierta imaginación propositiva para dar contenido al “estatuto avanzado” de Marruecos, por el que España ha apostado decididamente en términos políticos. Sería preciso asegurar que se satisfacen algunas de las expectativas sustanciales de nuestro socio estratégico magrebí en un sentido acorde con las interdependencias que nos unen a él y evitar que el estatuto avanzado quede limitado a una mera “etiqueta”, una señal política sin mucho contenido, o se diluya entre una plétora de “relaciones especiales” con otros socios y vecinos europeos (Israel, Túnez, Egipto y Jordania, pero también los países de la Asociación Oriental).[10]
Finalmente, de la Presidencia española también cabría esperar alguna iniciativa de integración regional sur-sur, por ejemplo en el Magreb, más allá del bloqueo del conflicto del Sáhara Occidental (España tiene en su haber la puesta en funcionamiento del proyecto de integración subregional más exitoso en el Magreb hasta ahora, como es el gasoducto Europa-Magreb que une Argelia, Marruecos y España y transporta 9.000 millones de metros cúbicos de gas anuales, el único producto que transita legal y directamente entre Argelia y Marruecos).
¿Una “misión UpM” en la Presidencia del Gobierno?
Pero los tres ejes estratégicos anteriores requieren una movilización de recursos humanos e institucionales que hasta ahora no se ha producido. No es posible hacer frente a un nuevo contexto y a nuevos retos con los mismos escasos recursos dedicados hasta ahora por la diplomacia española a la política mediterránea. Más allá de la valoración que se haga sobre la iniciativa de inspiración francesa de la UpM, hay que reconocer que, además de resituar la cuestión mediterránea en la agenda política europea, ha impulsado la activación de los diferentes ministerios sectoriales franceses, como lo demuestra la proliferación de iniciativas en diversas áreas (mujer, medio ambiente, cultura, desarrollo urbano y cooperación científica). Y si algo ha quedado claro en los dos últimos años es que el Proceso euromediterráneo ha adquirido tal envergadura y diversificación que escapa al alcance incluso de los expertos y de los servicios diplomáticos de los Ministerios de Asuntos Exteriores que hasta ahora se han ocupado de ellos de manera casi exclusiva. La Asociación Euromediterránea ha dejado de ser meramente un ejercicio político-diplomático y de creación de confianza para convertirse en una iniciativa de integración multisectorial que requiere de expertos sectoriales.[11]
Los retos que la UpM plantea a España durante la Presidencia española de la UE son considerables, y más aún si España pretende asumir la Copresidencia europea de la UpM a partir de julio de 2010 (aunque no existe ninguna decisión oficial al respecto, la misión UpM francesa da por hecho que España la sustituirá en la Copresidencia europea de la UpM, y así lo ha anunciado en varias ocasiones en público, mientras que España se ha limitado a manifestar su interés y la necesidad de consultar con los demás socios europeos). Y es más que dudoso que la actual configuración institucional, con un embajador en misión especial con un mínimo equipo de apoyo (un diplomático y tres asesores contratados temporalmente), esté en condiciones materiales de gestionarlos: de hecho, una de las quejas reiteradas por los miembros de la misión UpM francesa se refiere a su falta de interlocutores sectoriales claros, y es frecuente asistir a reuniones euromediterráneas de todo tipo donde la diplomacia española no está presente (frente a la omnipresencia francesa en estos dos últimos años). Por lo demás, las funciones de coordinación interministerial que la UpM requiere difícilmente pueden llevarse a cabo desde un ministerio, incluso con el peso del MAEC (cuya coordinación se limita hasta ahora más bien a cuestiones operativas, pero sin llevar a cabo una verdadera coordinación política).
Por ello, sería necesario reflexionar sobre la conveniencia de adaptar el modelo francés, que desde 2008 opera con una “misión UpM” directamente vinculada a la Presidencia de la República, dirigida por un consejero presidencial con gran influencia política, e integrada por entre una decena y una veintena (actualmente 12) de funcionarios y expertos de diversas procedencias, cada uno de ellos responsable de un área. En España, desde un punto de vista funcional parecería razonable plantear la creación de un “equipo UpM” de al menos seis o siete diplomáticos y expertos sectoriales dependiente de la Presidencia del Gobierno capaz de asegurar:
- La coordinación interministerial en todas las iniciativas sectoriales de la UpM, así como la interlocución sectorial con otros países en el ámbito euromediterráneo.
- Una presencia institucional adecuada a nuestros intereses en todos los foros internacionales euromediterráneos; la interlocución real con la sociedad civil, las colectividades locales, el mundo empresarial y los think tanks sobre sus prioridades y propuestas tiene un amplio margen de mejora, y en ella se juega la Presidencia una parte importante de su credibilidad.
- Una adecuada presencia y coordinación con los actores españoles en este proceso (sociedad civil y think tanks, pero también comunidades autónomas e instituciones públicas como el IEMed, la Fundación Tres Culturas y Casa Árabe y Casa Mediterráneo).
- Una adecuada preparación de las conferencias ministeriales sectoriales euromediterráneas, cada vez más importantes en la arquitectura institucional euromediterránea (actualmente, hay aproximadamente una al mes).
- Una adecuada capacidad de propuesta e iniciativa dinamizadoras que ahora mismo no se tiene; en este sentido, la gran cantidad de seminarios euromediterráneos que se organizan en España contrasta con la escasa investigación específica sobre temas euromediterráneos (análisis de impacto, prospectiva, estudios comparativos).
- Una coordinación entre los aspectos sectoriales de la UpM y los aspectos más estrictamente políticos y diplomáticos (que, naturalmente, deberían seguir siendo responsabilidad del MAEC, incluida la representación ante el Comité de Altos Funcionarios de la UpM).
- El desarrollo de una “cantera” de funcionarios especializados en asuntos euromediterráneos en los diversos ministerios.
- Elaborar un plan de trabajo propio para la Presidencia española de la UE en el ámbito euromediterráneo y la eventual futura Copresidencia de la UpM, que la creciente complejidad del proceso parece requerir pero que no existe hasta ahora. Ello permitiría asimismo impulsar en los ministerios sectoriales una definición clara de responsabilidades que, a menudo, ahora no existe y la identificación de responsables especializados en cuestiones euromediterráneas.
Conclusión: La Presidencia española de la UE otorga a España la oportunidad, pero también la responsabilidad, de reconducir e impulsar la UpM en el marco más amplio de la Asociación Euromediterránea. Las expectativas de otros países y actores a este respecto son enormes. Para estar a la altura de esas expectativas, España debería:
- Facilitar la puesta en funcionamiento y la asunción efectiva de funciones por parte de la Secretaría de la UpM con sede en Barcelona, así como la puesta en marcha de la fase operativa de los proyectos de la UpM.
- Desarrollar una capacidad propositiva y de impulso político en algunos de los ámbitos sectoriales fundamentales de la Asociación Euromediterránea (agua, empleo, cultura, libre comercio y recursos financieros), asegurando que en aquellos ámbitos donde se han adoptado planes de acción regionales se pasa “de los planes de acción a la acción”, con mecanismos apropiados de seguimiento y evaluación.
- Asegurar la movilización de los recursos humanos e institucionales apropiados. Seguramente, ello implique replantear su estructura institucional de gestión de los asuntos euromediterráneos, especialmente para garantizar una mejor movilización de recursos y coordinación interministerial. Una posible solución podría ser la creación de una unidad adscrita a Presidencia del Gobierno.
La Presidencia española de la UE, que irá seguida de las Presidencias de Bélgica, Hungría, Polonia y Dinamarca en 2011 y 2012 que deberán convivir con la aplicación del Tratado de Lisboa (con una alta representante para la Política Exterior británica y un presidente de la UE belga), es seguramente la última oportunidad para encarrilar el proceso euromediterráneo y asentar el peso estratégico de España en la política europea hacia la región. La dimensión del reto y los intereses estratégicos en juego requieren una estrategia proactiva y no meramente reactiva, centrada en limitar las expectativas suscitadas por la Presidencia española.
Iván Martín
Investigador asociado del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
[1] El presente ARI tiene su origen en las presentaciones realizadas por el autor en dos seminarios organizados en junio de 2009 por la Fundació CIDOB en Barcelona y el Real Instituto Elcano en Madrid, en ambos casos conjuntamente con el British Council. Mi agradecimiento a todos los ponentes y participantes en ambos por su contribución a la discusión.
[2] José María de Areilza y José Ignacio Torreblanca (2009): “Diagnóstico diferencial, política exterior”, Foreign Policy (Edición española), nº 33, pp. 28-39.
[3] Véase Kristina Kausch y Richard Youngs (2009): “The End of the Euro-Mediterranean Vision”, en International Affairs, vol. 85.5, pp. 963-76.
[4] Véase Richard Gillespie (1997): “Spanish Protagonismo and the Euro-Med Partnership Initiative”, en Mediterranean Politics, Vol. 2.1, pp. 33-48.
[5] “Nuestra Presidencia tendrá un carácter eminentemente euromediterráneo”. Comparecencia del ministro de Exteriores y de Cooperación en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso, “La posición española respecto al ‘Proceso de Barcelona’, así como las líneas generales de la Presidencia española de la Unión Europea para el 2010”, Diario de Sesiones de las Cortes Generales, nº 64, 28/V/2009, pp. 2-22.
[6] “Descomunitarización de la política mediterránea”, por tomar el término de Esther Barbé (2009), “La Unión por el Mediterráneo: de la europeización de la política exterior a la descomunitarización de la política mediterránea”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, año 13,nº 32, pp. 9-46.
[7] “La política exterior mediterránea de Madrid ha caído en estos últimos años en una dinámica de reacción, más que de iniciativa”, sostiene Paula Cusi (2009), “La politique méditerranéenne de l’Espagne face à l’Union pour la Méditerranée”, Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), París, julio 2009. http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article161.
[8] Véase Richard Gillespie (2009), “España y el Proceso euromediterráneo”, en Bernabé López García y Miguel Hernando de Larramendi (eds.), Las relaciones de España con el Mediterráneo y el mundo árabomusulmán. Una perspectiva histórica”, IEMed, Barcelona, pendiente de publicación.Véase también Jesús Núñez Villaverde (2009), “España en el Mediterráneo: una agenda recuperada ¿a tiempo?”, ARI nº 153/2009, Real Instituto Elcano, 4/XI/2009, www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/mediterraneo+y+mundo+arabe/ari153-2009.
[9] Eduard Soler (2008), Barcelona Process: Union for the Mediterranean. Genesis, Evolution and Implications for the Spanish Mediterranean Policy, OPEX. Observatorio de Política Exterior Española, Documento de Trabajo 28/2008, Fundación Alternativas y Fundació CIDOB, pp. 38-44.
[10] Véase Iván Martín (2009), “EU-Morocco Relations: How Advanced is the ‘Advanced Status”, Mediterranean Politics, vol. 14.2, pp. 239-45.
[11] Para un análisis detallado a este respecto, véase Erwan Lannon e Iván Martín (2009), Informe de avance sobre la Asociación Euromediterránea, IEMed, http://www.mcrit.com/iemed/Status%20en%20PDf_doc%20previ%20CAST.pdf.
