Tema
Los candidatos presidenciales colombianos han presentado propuestas para afrontar el crimen organizado en un momento de transición, marcado por la implementación de los acuerdos de paz, el desarme de las Farc, la reconfiguración de los fenómenos criminales y el crecimiento de las economías ilegales.
Resumen
Colombia tuvo sus primeras elecciones parlamentarias y presidenciales después de la firma de los acuerdos entre el Gobierno y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en un momento de transición que plantea varios desafíos para la seguridad: la proliferación de grupos armados, la expansión de las economías ilegales, la inestabilidad en las fronteras y el aumento de la violencia.
El análisis de las propuestas electorales evidencia las tensiones frente a estos temas y las posiciones sobre cuáles son las respuestas posibles. Si bien la seguridad y el crimen organizado no fueron los temas clave de la campaña –más enfocada en cuestiones económicas y sociales, así como en la corrupción–, las visiones encontradas sobre la continuidad o ruptura con el proceso de paz, así como las posturas frente al equilibrio entre las medidas represivas y aquellas dirigidas a la prevención y el desarrollo, contribuyen a entender el momento crítico en el que se encuentra Colombia. El país puede aprovechar los dividendos del proceso de negociación con las Farc y hacer los ajustes necesarios para transitar a la consolidación de la paz y la seguridad o entrar en una zona de turbulencia que estimule la violencia y brinde un contexto favorable para la expansión de las economías ilegales.
El camino que adopte el nuevo mandatario determinará el futuro del crimen organizado en Colombia. El nuevo presidente tendrá en sus manos continuar con la inercia de las medidas que se limitan a desarticular las estructuras criminales o dar pasos decididos hacia la transformación e integración de los territorios vulnerables al crimen organizado.
Análisis
El contexto electoral
En 2018 Colombia afrontó sus primeras elecciones parlamentarias y presidenciales después de la firma de los Acuerdos entre el Gobierno y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Este es un hecho importante por varias razones. La principal es que desde 1998, cuando el candidato conservador Andrés Pastrana ganó las elecciones presidenciales con la promesa de abrir el proceso de paz con la Farc, la postura frente a qué hacer con este grupo subversivo ha marcado el tono de las campañas y los debates. El presidente Álvaro Uribe fue elegido en 2002, presentándose como una alternativa al bipartidismo (liberal-conservador) con un discurso centrado en el incremento de la ofensiva contra las Farc. Cuatro años más tarde fue reelegido y en 2010 Juan Manuel Santos obtuvo el triunfo en los comicios presidenciales con la promesa de dar continuidad a lo hecho por su antecesor y lograr la derrota militar de la guerrilla.
En las elecciones de 2014, la posición frente a las Farc fue de nuevo un factor crucial, tras la decisión de Juan Manuel Santos –que buscaba su reelección– de abrir una mesa de diálogo con esta guerrilla. Esto generó un fuerte pulso con Álvaro Uribe, líder de la oposición y principal contradictor del proceso de paz con esta guerrilla. Las dos vueltas presidenciales giraron en torno a estas dos visiones, con el triunfo de una coalición que agrupó sectores del centro y la izquierda que respaldaban la salida negociada al conflicto armado y la continuidad del presidente Santos, quien derrotó al candidato uribista.
Dos años más tarde, en 2016, en el plebiscito sobre los acuerdos de paz que buscaba refrendar los acuerdos entre el gobierno y las Farc, una estrecha mayoría de colombianos le dio la victoria al “no”, empoderando a la oposición y a los sectores de centroderecha. Tras estos resultados, el acuerdo de paz tuvo varias modificaciones, lo que lo debilitó políticamente y lo dejó con fuertes cuestionamientos a su implementación. Ante la inminencia de las elecciones presidenciales, la oposición encontró en el “no” una plataforma propicia para comenzar su camino de regreso a la Casa de Nariño. En las elecciones al Congreso, el Centro Democrático –el partido del ex presidente Uribe– se posicionó como la principal fuerza con 19 curules de las 102 elegidas por voto popular.
Es pertinente mencionar que, dentro de las críticas a los acuerdos de paz, se encontraban señalamientos de que las Farc no habían roto sus vínculos con el narcotráfico ni entregado la información sobre las rutas y sus finanzas. Además, la oposición afirmó que los acuerdos promovían la impunidad, permitiendo que los líderes de la guerrilla participarán en política sin haber respondido por delitos graves.
En medio de la campaña electoral se dio el proceso de desarme de las Farc, que pasó a ser un partido político. Sus bajos resultados en la elección para el congreso, con sólo 49.170 votos, y para el Senado, con un 0,34%, y la retirada de su candidato a la presidencia contribuyeron a la emergencia de otros temas en el debate electoral. La amenaza del denominado “castrochavismo”, en el marco de la crisis de Venezuela, fue señalada por la derecha como un riesgo inminente ante la emergencia del candidato de izquierda, Gustavo Petro. Mientras tanto, dado el escándalo Odebrecht, la lucha contra la corrupción y el cuestionamiento a los partidos tradicionales fue tomando fuerza.
La campaña comenzó con más de 20 postulaciones que se fueron depurando con las consultas partidarias. Finalmente, predominaron dos extremos –Ivan Duque, el candidato del Uribismo, y Gustavo Petro, ubicado en la izquierda– con una serie de postulaciones en el centro que no lograron consolidar una tercera vía. Aquí se ubicaron Humberto de La Calle del partido Liberal, ex negociador del gobierno en el proceso con las Farc, y Sergio Fajardo, cuya principal bandera fue la lucha contra la corrupción. Mientras tanto, Germán Vargas Lleras, que había sido vicepresidente durante el gobierno de Santos y cuyas aspiraciones se basaban en el funcionamiento de las maquinarias políticas tradicionales, se fue trasladando de la derecha hacia el centro.
Diferentes encuestas realizadas durante la campaña mostraron que las preocupaciones de la ciudadanía ya no estaban en la seguridad y el conflicto armado, sino en temas económicos, sociales y en la corrupción. El discurso y los pronunciamientos de los candidatos también se concentraron en estas temáticas. Un ejercicio de sistematización de los trinos y las menciones en Twitter de los candidatos realizada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2018, mostró una mayor concentración en los temas de política social, corrupción y educación, por encima de la seguridad ciudadana y el crimen organizado.
Los resultados de la primera vuelta favorecieron a Iván Duque y a Gustavo Petro. Muy cerca quedó Sergio Fajardo. En la segunda vuelta estas dos visiones consolidadas en la derecha y la izquierda, respectivamente, buscaron ganar los votantes en el centro. Varios analistas señalaron el papel que jugó el mensaje de miedo: el regreso de la “derecha autoritaria” (con Uribe) o la llegada del populismo “Castrochavista” con Petro. Finalmente, el triunfo lo obtuvo el uribismo con el 53,9% de los votos, con una coalición que buscó preservar el statu quo, de la cual fueron parte los partidos tradicionales. Mientras tanto, la izquierda obtuvo la votación más alta de su historia, con algo más de ocho millones de votos.
El primer discurso de Iván Duque como presidente electo fue un llamamiento a la unidad, planteando una visión de futuro. Si bien el mandatario comenzará con mayorías relativas en el Congreso y una coalición de distintos sectores de centro y derecha que lo respaldaron durante la campaña, tendrá al frente una dura oposición liderada por Gustavo Petro, ahora senador. Un hecho a destacar es que las elecciones transcurrieron en un entorno de tranquilidad, sin incidentes violentos o incidentes con la seguridad durante los comicios.
El proceso de paz y el crimen organizado en Colombia como trasfondo de las elecciones
Desde el inicio de la mesa de negociaciones entre el gobierno y las Farc en 2014, Colombia tuvo un descenso constante en el número de homicidios, cerrando el año 2017 con una tasa de 24 por cada 100.000 habitantes, la más baja de los últimos 41 años. El cese del fuego declarado por las partes produjo una caída notable de las muertes en combate y los hechos vinculados al conflicto armado.
Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), de 860 acciones ofensivas de las Farc y 558 combates con la Fuerza Pública en 2002 se llegó a cero en 2017. En este mismo período se pasó de 1.863 guerrilleros, 583 civiles y 381 militares y policías muertos en medio del conflicto armado a un registro de cero.
En contraste, durante el proceso de negociación con las Farc las hectáreas cultivadas con coca y la producción de cocaína aumentaron de manera notable, pasando de 48.000 ha en 2012 a al menos 180.000 ha en 2017 –según las estimaciones más recientes dadas por el Ministerio de Defensa de Colombia–. La minería ilegal creció en distintos territorios bajo la influencia de las organizaciones criminales. De acuerdo con la Contraloría General de la Nación, el 80% de la explotación minera en Colombia es ilegal. A esto se le suman prósperas economías ilegales, como el contrabando y la tala y tráfico de maderas. En 2017 Colombia perdió debido a la deforestación 219.973 hectáreas de bosque. A nivel local uno de los principales problemas son las extorsiones, que proveen recursos constantes a estructuras que ejercen control territorial en ámbitos rurales y urbanos.
La caracterización de las organizaciones armadas ilegales sigue siendo un tema de debate, ya que mientras que algunas posiciones sostienen que el paramilitarismo sigue activo –tras su desmovilización durante el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe– el gobierno afirma que el crimen organizado es un fenómeno sin contenido político. En 2016 el Ministerio de Defensa asumió una serie de lineamientos para caracterizar al crimen organizado con base en el nivel de violencia, organización y despliegue territorial. Según esta clasificación, por un lado, se encuentran los Grupos Armados Organizados (tres grupos) y, por otro, los Grupos Delincuenciales Organizados (decenas de grupos de menor tamaño); esta tipología reemplazó a las denominadas “bandas criminales” (Bacrim). Atrás quedó el dominio de grandes estructuras en el nivel nacional, dando paso a un proceso de fragmentación del crimen organizado.
A este respecto, el Acuerdo de Paz, en el Punto 3.4 sobre Garantías de Seguridad, señala un conjunto de estrategias para el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, la prohibición del uso de armas en la política, las desarticulaciones de las organizaciones criminales y su sometimiento a la justicia. Además, en el Punto 4 “Solución al problema de las drogas ilícitas”, prioriza la erradicación voluntaria en el marco del desarrollo rural integral, con la participación de las comunidades y la no criminalización de los pequeños cultivadores. De otro lado, el Acuerdo establece que los esfuerzos del Estado deben dirigirse a desarticular las organizaciones criminales, con la elaboración de un Estatuto contra las Finanzas Ilícitas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.
El desarme de las Farc abrió una oportunidad para que el Estado fortaleciera su presencia en las zonas que históricamente controló esta guerrilla. Pero los réditos del proceso de paz se han ido diluyendo con el tiempo. La ventana de oportunidad no ha sido aprovechada por el Estado, que no contó con una estrategia eficaz para garantizar la seguridad en las zonas rurales. El vacío de regulación dejado por las Farc fue llenado por organizaciones de distinto tipo, especialmente disidencias de esta organización guerrillera que no se acogieron al proceso, el Ejército de Liberación Nacional (una guerrilla que sigue activa) y diversas facciones criminales, con la intermediación de grupos transnacionales –primordialmente mexicanos–.
De acuerdo con el informe de la FIP “Las disidencias de las Farc: un problema en auge”, estos grupos estarían conformados por aproximadamente 1.200 miembros cuya motivación no sólo sería el control de rentas ilícitas, sino que también tendrían objetivos políticos y militares. Además, se encuentra el ELN, una organización insurgente que ha ganado poderío militar tras el desarme de las Farc, con parte del Secretariado y frentes que tienen como refugio a Venezuela. El gobierno del presidente Santos abrió un accidentado proceso de negociación con esta guerrilla, pero sin conseguir avances significativos. Finalmente, se encuentran múltiples estructuras criminales a lo largo del territorio nacional.
Con este complejo panorama se desarrollaron las elecciones presidenciales, con desafíos importantes para el próximo presidente. En 2018, entre enero y abril, el número de muertes violentas aumentó en un 11% en comparación con el mismo período del año anterior, con alzas notables en territorios rurales e intermedios, claves para la implementación de los acuerdos de paz. Además, desde enero de 2017, 217 líderes sociales han sido asesinados en el país, en medio del conflicto generado por el control de los recursos y los territorios. Respecto a los cultivos de coca la tendencia es al aumento, con una estrategia basada en erradicación forzada y sustitución manual que hasta ahora no ha dado frutos. Por el contrario, las expectativas generadas por los beneficios que se recibirían como contraprestación por la sustitución se han identificado como uno de los factores que influyeron en el incremento del número de hectáreas.
En el trascurso de la campaña electoral, si bien la influencia directa del crimen organizado y las dinámicas criminales no fueron un tema central en la contienda, diferentes hechos fueron marcando el tono del debate. El ex comandante de las Farc, Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, fue capturado el 9 de abril debido a acusaciones relacionados con narcotráfico, con hechos sucedidos desde junio de 2017 a abril de 2018, cuando presuntamente conspiró para producir y distribuir aproximadamente 10.000 kg de cocaína en Colombia para ser exportada a EEUU. Este hecho reforzó los señalamientos de la oposición respecto a la permanencia de las relaciones de las Farc –ahora un movimiento político– con el narcotráfico.
De otro lado, el secuestro y posterior asesinato de tres periodistas ecuatorianos por parte de una disidencia de las Farc, además de generar tensiones diplomáticas, alimentó el argumento de que el proceso de paz se le fue de las manos al gobierno, lo cual se agravó por acusaciones respecto a la gestión poco transparente de los recursos destinados a la implementación de los acuerdos. Junto a esto, también se hicieron evidentes los rezagos y graves problemas a los que se enfrentaba la reincorporación de los miembros de las Farc.
Un hecho a destacar es que si bien en las elecciones parlamentarias hubo señalamientos sobre algunos candidatos por sus vínculos con políticos y movimientos ligados a la denominada “parapolítica”, en comparación con anteriores elecciones la intervención del narcotráfico y el crimen organizado no fue un tema central de la campaña.
Las propuestas electorales para afrontar el crimen organizado
Como se ha señalado, el crimen organizado no fue un asunto principal en la contienda electoral. Sin embargo, es posible identificar tres ejes centrales en el ámbito de la seguridad y la delincuencia organizada: (a) el narcotráfico; (b) los grupos criminales –incluidas las disidencias–; y (c) la minería ilegal.
Es importante mencionar que las propuestas en este ámbito deben ser entendidas a partir del contexto de polarización entre la derecha y la izquierda, las tensiones frente al proceso de paz y el deterioro de las condiciones de seguridad no sólo en el contexto rural, sino también en las ciudades. El siguiente análisis se basa en la revisión de los planes de gobierno de los candidatos, sus discursos y las declaraciones que dieron en los medios.
(a) El narcotráfico y las drogas ilegales
Una de las discusiones centrales se dio alrededor del aumento de los cultivos de coca. Duque y Vargas Lleras se inclinaron hacia el endurecimiento de las medidas, incluyendo el retorno de la fumigación aérea.
Esta medida fue suspendida en octubre de 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes, siguiendo la recomendación del Ministerio de Salud con base en estudios avalados por la Organización Mundial de la Salud que señalan efectos cancerígenos del herbicida sobre los seres humanos. Desde entonces, la interrupción de la aspersión con glifosato ha sido identificado como uno de los factores que contribuyeron al aumento de los cultivos de coca.
El candidato uribista propuso establecer la obligatoriedad de la erradicación de los cultivos y el uso de la aspersión con nuevos componentes químicos que reduzcan el daño a la población civil. En el otro extremo, Gustavo Petro afirmó que eliminaría la erradicación forzada, focalizando las acciones en el desarrollo alternativo, la sustitución de cultivos y el acceso a la tierra por parte de los campesinos. Petro además planteó como alternativa el comercio legal de la hoja de coca. En el centro se ubicaron Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, quienes expresaron la necesidad de continuar con el Programa Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos (PNIS) bajo una perspectiva de desarrollo rural. Los dos candidatos dejaron abierta la posibilidad de erradicación forzada para los cultivos de coca que se encuentran bajo el control de organizaciones criminales.
Es importante mencionar que independientemente del énfasis, cada uno de los candidatos hizo referencia al desarrollo rural y la necesidad de generar alternativas legales para los cultivadores. La principal diferencia se encuentra en el equilibrio entre las medidas vinculadas a la seguridad y aquellas que pertenecen más al ámbito del desarrollo.
En la campaña electoral los candidatos también mencionaron medidas dirigidas contra los eslabones más fuertes de la cadena, enfocados en el procesamiento y el tráfico. Duque propuso fortalecer la inteligencia para detectar y destruir laboratorios, así como una campaña de transparencia internacional para identificar los proveedores de precursores químicos utilizados para la elaboración de la cocaína. Mientras tanto, Germán Vargas Lleras se enfocó en el cierre de las rutas fluviales.
Otro tema tratado en la contienda electoral fue el de los mercados de drogas ilegales en los ámbitos urbanos y el aumento del consumo. A este respecto Duque señaló que el incremento en el uso de sustancias psicoactivas tiene como principal explicación la despenalización de la dosis personal1 y que, por lo tanto, debe prohibirse imponiendo multas y sanciones administrativas a los consumidores. Además, propuso campañas pedagógicas para la reducción de las adicciones. Este enfoque también fue compartido por Vargas Lleras, proponiendo la penalización de las cantidades que se encuentran por encima de la dosis mínima. Mientras tanto, Petro, De la Calle y Fajardo insistieron en que el consumo debe ser abordado desde el enfoque de la salud pública, respetando los derechos de los usuarios de sustancias psicoactivas.
En términos generales, se puede identificar candidatos cuyas propuestas se ubicaron en una línea más dura (Duque y Vargas Lleras), con un mayor énfasis en las medidas represivas y el regreso de herramientas como la aspersión aérea, mientras que en el centro y la izquierda se encuentran iniciativas que se centran en la necesidad de transformar los territorios afectados por los cultivos ilícitos, con medidas vinculadas al desarrollo rural.
(b) Los grupos criminales y el control territorial
Las propuestas de los candidatos tuvieron como tema central la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en territorios con una fuerte influencia y control del crimen organizado, lo cual está directamente relacionado con la seguridad en el ámbito rural. El trasfondo de esta discusión es el copamiento de las zonas que estaban bajo el control de las Farc por parte de facciones criminales y el ELN, con incidencia de intermediarios de organizaciones transnacionales, especialmente los mexicanos.
Un factor diferenciador fue la posición de los aspirantes a la presidencia ante el papel de las Fuerzas Militares. Duque y Vargas Lleras le dieron un papel preponderante al Ejército en las tareas propias de la seguridad pública en el ámbito rural, proponiendo fortalecer sus capacidades. Durante la campaña el candidato del Centro Democrático dio prioridad a las fuerzas de tarea para el control territorial, en territorios con presencia de guerrillas como el ELN, grupos de disidencia y grupos de narcotraficantes. Mientras tanto, De la Calle y Fajardo sostuvieron que las Fuerzas Armadas deberían centrarse en la seguridad nacional. De la Calle propuso transferir oficiales del ejército a la policía para reorientar los esfuerzos hacia la seguridad ciudadana, mientras que Fajardo aseguró que las Fuerzas Armadas deberían centrarse en la seguridad fronteriza y la construcción de infraestructura rural.
Gustavo Petro, en cambio, puso el énfasis en la necesidad de desarrollar económicamente las regiones como una estrategia para romper la dependencia de las comunidades de las actividades ilegales y así debilitar el control territorial de las facciones criminales. El candidato propuso la implementación de un modelo de prevención, intervención social y acción oportuna de la fuerza pública bajo un enfoque de Derechos Humanos. Para Petro, las Fuerzas Armadas deberían centrarse en la defensa de la soberanía nacional.
En cuanto a la desarticulación de las organizaciones criminales, Duque aseguró que es necesario mejorar los sistemas de inteligencia, utilizando tecnología de big data y lograr la colaboración ciudadana. Además, el candidato señaló la necesidad de acelerar los procesos de extinción de dominio con apoyo de la comunidad internacional. De la Calle y Fajardo también propusieron fortalecer la inteligencia financiera y las capacidades del Estado para luchar contras las finanzas ilícitas. Además, Fajardo aseguró que enfocaría las acciones del Estado en abatir a los jefes y desmantelar sus estructuras financieras.
Buena parte de estas propuestas se quedaron en enunciados de campaña, sin desarrollos específicos sobre su implementación. Los distintos candidatos buscaron mostrar su firmeza contra el crimen organizado, con medidas ortodoxas y el fortalecimiento de las capacidades del Estado. En la mayoría de los casos es difícil identificar una estrategia coherente que integre las distintas medidas. Es importante agregar que dentro de las iniciativas promovidas por los candidatos se encuentra también la promoción de la cultura de la legalidad y la lucha contra la corrupción.
(c) La minería ilegal
Las dos propuestas principales para responder a la minería ilegal fueron la formalización de los mineros –una medida en la que coinciden todos los candidatos– y el despliegue de operaciones para combatir la minería ilegal vinculada a organizaciones criminales. Iván Duque propuso el fortalecimiento de la Policía Ambiental, con recursos tecnológicos y capital humano. Además, aseguró que conformaría la Fuerza de Reacción Integral Ambiental (FRIA), un cuerpo de elite combinado entre Policía, Ejército, Fiscalía y Autoridades Ambientales, con apoyo de organismos de inteligencia, y con las capacidades de reacción rápida, judicialización de criminales y destrucción de maquinaria.
Por su parte, Gustavo Petro propuso quitarles a las mafias el control que ejercen sobre la minería tradicional y a pequeña escala, fortaleciendo la organización comunitaria y el acompañamiento de la reconversión a otras actividades productivas. Con respecto a la pequeña minería, Petro propuso crear un programa concertado orientado a disminuir sus impactos sociales y ecológicos, con base en acuerdos con los actores regionales.
Un hecho a destacar es que los dos candidatos buscaron promover la agenda de protección del medio ambiente, pero con posiciones radicalmente distintas frente al sector extractivo. Para Gustavo Petro, Colombia debería transitar de un modelo económico centrado en la exportación de petróleo y carbón a un modelo que la convierta en una potencia agraria y ambiental. Para Duque el país requiere fortalecer el sector minero con una agenda clara y en función de la armonía que debe existir entre la industria extractiva, las condiciones de vida de las comunidades y la protección de los ecosistemas.
El triunfo de Iván Duque y los desafíos que afrontará en su administración
El triunfo de Iván Duque se da en un momento de transición, con la terminación del conflicto armado con las Farc y la reconfiguración de fenómenos criminales. La proliferación de grupos armados, la expansión de diferentes economías ilegales, el fallo en la implementación de los acuerdos, así como fronteras agitadas, son problemas a los que el nuevo presidente tendrá que hacer frente. La nueva administración comenzará con una tendencia creciente en el homicidio, el deterioro de la seguridad en zonas urbanas y rurales, y el aumento de los cultivos de coca.
Durante su campaña, Duque señaló que haría modificaciones a los acuerdos de paz, lo cual podría generar turbulencias en el ámbito de la seguridad. Uno de los puntos críticos se encuentra en los posibles cambios a la justicia transicional, fortaleciendo las penas a los exguerrilleros y definiendo el narcotráfico como un delito no amnistiable. Lo anterior, sumado a los problemas en la reincorporación de los excombatientes tiene el riesgo de incrementar la disidencia de los ex miembros de este grupo insurgente.
En cuento a la política de drogas, el regreso de la aspersión y el endurecimiento de la postura en torno a la sustitución voluntaria de cultivos podrían activar la movilización social en las zonas productoras, generar un impulso a la resiembra y acercar a las comunidades a los grupos criminales. En un entrevista reciente, Duque dio señales positivas respecto a su apoyo al desarrollo alternativo y el desarrollo productivo, abriendo nuevas oportunidades para las poblaciones que dependen de los cultivos ilícitos. En el balance entre la estrategia represiva y las medidas enfocadas a la transformación de los territorios estará la clave para encontrar una salida sostenible.
Un tema que causará tensiones será el de la prohibición de la dosis personal, una medida que, en el pasado, ha sido rechazada por la Corte Constitucional. Esta promesa de campaña puede jugar en contra de un sistema de justicia eficiente que concentre sus esfuerzos en los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico, en lugar de dispersar sus limitadas capacidades en infractores menores. De otro lado, el gobierno entrante tendrá el desafío de usar nuevas herramientas para la desarticulación del crimen organizado, como lo es el recientemente aprobado proyecto de ley para el sometimiento de las bandas criminales, así como un nuevo estatuto contra las finanzas ilícitas, aún en borrador.
Conclusiones
El crimen organizado ha experimentado cambios y busca adaptarse a las nuevas condiciones. Hasta ahora el Estado ha sido eficiente en controlar los niveles de violencia, fragmentando las capacidades de las organizaciones criminales. Sin embargo, la tarea de consolidar la presencia del Estado en amplias zonas del país, proteger a las comunidades y transformar las condiciones que permiten la expansión de las economías ilegales continúa pendiente. La experiencia de Colombia muestra que las medidas de fuerza contra el crimen organizado son importantes pero insuficientes si no se consigue integrar a los territorios que escapan de la regulación del Estado y no perciben los beneficios del desarrollo. Este es el principal reto para el nuevo presidente de Colombia.
Juan Carlos Garzón
Investigador de la Fundación Ideas para la Paz y Global Fellow del Woodrow Wilson Center | @JCGarzonVergara
Juan David Gélvez
Investigador de la Fundación Ideas para la Paz y de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes | @JuanGelvezF
1 La dosis personal o mínima, es el límite por debajo del cual las personas pueden portar una sustancia psicoactiva sin recibir una sanción penal (son 20 gramos para el caso de la marihuana y 1 gramo para la cocaína).
