Tema
América Latina verá otro año electoralmente intenso en 2025. Nueve países celebran elecciones presidenciales, legislativas, locales y hasta judiciales.
Resumen
Entre 2025 y 2027 América Latina atravesará un trienio electoral que puede reconfigurar su panorama político. Doce países celebrarán elecciones presidenciales, que unidas a las de 2024 (El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Venezuela y Uruguay) redefinirán a la región. Este año habrá cinco elecciones presidenciales, más legislativas en Argentina y Venezuela, locales en Uruguay y Venezuela, y judiciales en México. Los resultados de 2023 y 2024 permiten abandonar la idea de giros a derecha o izquierda. La población vota por otros motivos, además de la ideología: pérdida de poder adquisitivo, angustia ante la falta de seguridad, escasas perspectivas de mejora social, y mal funcionamiento del Estado, los partidos y la clase política. Este substrato, traducido en un voto pragmático más que ideológico, se verá en 2025. El voto de castigo sobrevolará Ecuador, Chile y Bolivia, ante la frustración de expectativas tras los mandatos de Daniel Noboa, Gabriel Boric y Luis Arce. Este año también permitirá medir el comportamiento de otras tendencias político-electorales presentes desde 2023-2024: ascenso de candidatos anti-casta (Javier Milei y Nayib Bukele) y consolidación de nuevas dictaduras, como Nicaragua y Venezuela, donde las elecciones parlamentarias pueden ser utilizadas para maquillar la deriva autoritaria.
Análisis
La intensidad electoral en América Latina es constante y 2025 no será una excepción. Habrá continuidad respecto a 2024. Si ese año hubo seis elecciones presidenciales, en el actual habrá cinco, incluyendo a Haití, con repercusiones en el Caribe, especialmente en República Dominicana y EEUU. Entre 2025 y 2027 se vivirá un trienio electoral que reconfigurará el panorama político regional hasta el arranque de la próxima década. Doce países celebrarán, al menos, elecciones presidenciales. Si a estos unimos los comicios celebrados en 2024 (El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Venezuela y Uruguay), prácticamente toda la región habrá cambiado o renovado sus gobiernos.
Figura 1. Elecciones presidenciales en América Latina (2025-2027)
| Año | País |
|---|---|
| 2025 | Ecuador – Bolivia – Chile – Honduras – Haití |
| 2026 | Brasil – Perú – Colombia – Costa Rica – Nicaragua |
| 2027 | Guatemala – Argentina |
Estas elecciones se dan en un contexto internacional conflictivo (Ucrania y Gaza) e incierto, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En América Latina, el bajo crecimiento económico desde 2013 y la pérdida de poder adquisitivo más los crecientes niveles de inseguridad aumentan la frustración social. El desencanto de la población provoca un progresivo deterioro de la confianza ciudadana en los Estados, los gobiernos, la clase política y los partidos tradicionales.
La frustración ante la dificultad de concretar la mejora social –personal e intergeneracional– está detrás del comportamiento electoral de una región que desde 2018 votó de forma sostenida contra el gobierno, salvo en Costa Rica, en 2018, Paraguay, en 2018 y 2023, y Nicaragua, en 2021, aunque en condiciones nada democráticas. Desde 2024 la constante anti oficialista, como en Uruguay y Panamá, se une al respaldo de aquellos ejecutivos eficientes en resolver los principales problemas ciudadanos. Esa dinámica explica las victorias oficialistas de Claudia Sheinbaum en México, de Nayib Bukele en El Salvador y de Luis Abinader en República Dominicana. Bukele tuvo éxito en reducir significativamente los índices de inseguridad (de 35 homicidios por 100.000 habitantes en 2019 se pasó a 2,4 en 2024). Andrés Manuel López Obrador redujo la pobreza y mantuvo el poder adquisitivo e hizo posible la victoria de Sheinbaum. Abinader ejecutó unas políticas públicas centradas en el crecimiento económico, sobre todo durante la pandemia y postpandemia (2020-2022), protegiendo al turismo, la principal industria nacional, y sus empleos.
Los resultados de 2023 y 2024 permiten desechar la idea del giro a derecha o izquierda. La población no vota ideológicamente sino con el bolsillo o guiada por un sentimiento de angustia por inseguridad o frustración respecto al funcionamiento del Estado, los partidos y la clase política. Sólo en 2024 hubo las mismas victorias oficialistas que en todo el sexenio 2018-2023. Ideológicamente, la región sigue siendo muy heterogénea.
Figura 2. Voto de castigo vs voto a favor del oficialismo (2018-2024)
| 2018-2023 (23 elecciones, excluidas Venezuela y Nicaragua) | 2024 (6 elecciones) | |
|---|---|---|
| Victorias oposición | 20 | 3 |
| Victorias oficialismo | 3 | 3 |
| Victorias de la izquierda | 6 | 1 (México) |
| Victorias de la derecha | 7 | 2 (El Salvador y Panamá) |
| Victorias del centroizquierda | 5 | 1 (Uruguay) |
| Victorias del centroderecha | 5 | 2 (Venezuela y República Dominicana) |
1. Elecciones presidenciales
La idea del voto pragmático más que ideológico, de apoyo a quienes solucionen los problemas o acaben con la corrupción y la inseguridad estará presente. En 2025 permitirá medir el comportamiento de otras tendencias político-electorales presentes desde 2023 y 2024: el ascenso de candidatos anti-casta (Milei y Bukele) y la consolidación de nuevas dictaduras (Nicaragua y Venezuela). Este año habrá cinco elecciones presidenciales, además de legislativas en Argentina y Venezuela, locales en Uruguay y Venezuela, y judiciales en México.
Figura 3. Elecciones en América Latina en 2025
| País | Tipo de elección | Fecha |
|---|---|---|
| Ecuador | Presidencial y legislativas | 9 de febrero (primera vuelta) 13 de abril (segunda vuelta) |
| Bolivia | Presidencial y legislativas | 10 de agosto (primera vuelta) Octubre (segunda vuelta) |
| Chile | Presidencial y legislativas | 29 de junio: primarias presidenciales y parlamentarias 16 de noviembre: presidenciales y parlamentarias 14 de diciembre: segunda vuelta de presidenciales |
| Honduras | Presidencial y legislativas | 9 de marzo: internas 30 de noviembre (presidenciales) |
| Haití | Presidencial y legislativas | Fines de 2025 o comienzos 2026 |
| Argentina | Legislativas | 3 de octubre (PASO-primarias) 26 de octubre |
| Venezuela | Legislativas, estaduales y municipales | Por determinar |
| Uruguay | Municipales y departamentales | 11 de mayo |
| México | Judiciales | 1 de junio |
1.1. Ecuador, y la reedición del duelo noboismo vs correísmo
Ecuador inaugurará en febrero el año electoral latinoamericano. Noboa (Acción Democrática Nacional, ADN) se enfrentará, como en 2023, a la oposición correísta liderada nuevamente por Luisa González (Revolución Ciudadana). Las encuestas indican que habrá segunda vuelta, a la que llegarán casi empatados tras sumar cada uno cerca del 30% en la primera. Tras un año y medio de gobierno Noboa parte como favorito, después de ganar en 2023 para completar el mandato de Guillermo Lasso. Pero la crisis de seguridad que no ha logrado encauzar y la persistente crisis energética pueden comprometer sus resultados. La falta de luz ha mejorado y se pudieron celebrar unas navidades relativamente normales, pero el último semestre dejó un profundo malestar por los fallos del sistema eléctrico. La mano dura de Noboa (estados de excepción y despliegue militar) ha estado lejos del resultado de Bukele. Ecuador sigue siendo uno de los países con mayor sensación de inseguridad. La encuesta de Cedatos de diciembre señala que la aprobación de Noboa ha caído del 80% de febrero al 39,7%, con una desaprobación del 52%. Hechos recientes, como el asesinato de cuatro niños y adolescentes por una patrulla militar han elevado la indignación social y pueden afectar sus posibilidades si no se aclara lo ocurrido con rapidez y transparencia.
Su imagen también fue afectada por su enfrentamiento con la vicepresidenta Verónica Abad, quien debía sustituirle durante la campaña electoral. Pero, la animadversión del noboísmo provocó su exclusión no sólo del círculo presidencial (fue nombrada embajadora en Israel) sino también su suspensión en noviembre por falta disciplinaria “grave” al no seguir la orden del Ministerio de Relaciones Exteriores de dejar Israel para Turquía antes del 1 de septiembre. En diciembre un tribunal revocó la suspensión temporal de la vicepresidenta, mostrando los modos autoritarios del gobierno para deshacerse de sus rivales. La última jugada ha sido designar vicepresidenta a Cynthia Gellibert. Finalmente, Noboa no pedirá licencia y combinará la presidencia con la campaña, exponiéndose a la impugnación de su candidatura, pese a que asegure que no es una reelección, pues fue elegido para completar el mandato de Lasso.
La oposición se presenta fraccionada (15 candidatos). Sólo el correísmo, con González, respaldada desde el exilio por el expresidente Rafael Correa, tiene un apoyo significativo. Su suelo electoral es elevado (30%) y roza el 50% en segunda vuelta, como en 2023. Los restantes candidatos sólo llegan al 11% del voto directo, mientras los votos blancos/nulos suman el 10,4%, según la encuestadora Comunicaliza. El tercero es Leónidas Iza, del movimiento indígena Pachakutik, con el 2,2% de intención de voto. El único que podría desafiar la dicotomía noboísmo-correísmo era el bukelista Jan Topic, que rondaba el 10% por su apelación a la mano dura, pero el Tribunal Contencioso Electoral aceptó las impugnaciones en su contra debido a un presunto conflicto de intereses por sus contratos con el Estado.
Ecuador se debatirá entre castigar a Noboa, que no ha logrado, en su corto mandato, solucionar los problemas más graves del país (inseguridad y crisis energética, que han agravado la contracción económica), o rechazar, como en 2021, el regreso del correísmo, al que persigue la sombra de la corrupción y el autoritarismo y el estilo divisivo del expresidente.
1.2. Bolivia, presidenciales con enfrentamiento fratricida
Bolivia votará el 10 de agosto, dividida en una doble fractura: evismo vs antievismo y masismo vs antimasismo. Lo que sucede no es inusual en América Latina ni en otras partes del mundo. Es la historia del hegemónico Movimiento al Socialismo (MAS), en el poder entre 2006 y 2019 y nuevamente desde 2020, liderado por Evo Morales (presidente entre 2006 y 2019). El MAS gobernó desde 2006, salvo entre 2019 y 2020, y es la única fuerza nacional. La oposición está fraccionada y sin capacidad de enfrentar a un partido que llega a todo el país, desde su bastión del Altiplano indígena a la tradicionalmente opositora Media Luna (Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz). Sin una oposición competitiva, el MAS ha generado en su seno diferentes tendencias, que han llevado al enfrentamiento fratricida: el grupo que sigue a Morales contra el que encabeza el presidente Luis Arce, el heredero designado por Morales. Arce, ministro de Economía entre 2006 y 2019 y padre del “milagro económico boliviano”, alcanzó la presidencia en 2020.
El liderazgo carismático de Morales y la buena coyuntura económica explican la hegemonía del MAS. Pero hoy el milagro económico se esfumó y desapareció su carisma para buena parte de la población. En noviembre la tasa anual de inflación fue del 9,5% y en 2023 el déficit fiscal casi el 11% del PIB, debido a la caída del precio del gas, principal rubro exportador, y al agotamiento de los pozos junto con la falta de inversión en exploración. La ausencia de dólares dio lugar a un mercado informal de cambio, en el que la divisa estadounidense puede costar el doble de su valor oficial. Los bancos han limitado la retirada de dinero en cantidades mensuales. JP Morgan situó a Bolivia como el segundo país de la región con más riesgo para la inversión privada, sólo por detrás de Venezuela.
En esta relación persiste una vieja tradición boliviana y latinoamericana: el sucesor (Arce), electo por el dedo del caudillo (Morales) se independiza de la tutela de su mentor, rompe con él, se niega a ser un títere y “mata al padre”. La pelea actual amenaza la gobernabilidad. Entre octubre y noviembre los seguidores de Morales bloquearon las carreteras durante 24 días, buscando detener el proceso penal en su contra Morales para que sea candidato en 2025. En paralelo, salieron a relucir viejas historias de estupro contra Morales, sobre quien pesa una orden de detención. Las autoridades alegan que en 2016, cuando era presidente, habría tenido una hija con una adolescente de 15 años, a cambio de favores políticos y económicos para los padres, también acusados. El caso se abrió en 2019, tras su caída. A comienzos de 2025, Morales seguía atrincherado en su bastión del Trópico de Cochabamba, protegido por sus seguidores.
Morales ha acumulado sucesivas derrotas político-judiciales: perdió el control del MAS y no puede ser reelegido. El Tribunal Constitucional validó el congreso del MAS, realizado por las organizaciones sociales afines a Arce, y Morales dejó de ser el líder del partido después de casi tres décadas. Esto supone reconocer la elección como nuevo presidente del MAS del dirigente campesino Grover García, seguidor de Arce. Además, el Tribunal Constitucional ratificó, en noviembre de 2024, que ninguna autoridad puede postularse para un tercer mandato tras haber cumplido dos períodos, lo que cierra el camino de Morales en 2025. A pesar de estar inhabilitado legalmente, Morales anunció que será el candidato de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba en las elecciones generales.
El éxito del MAS, una coalición amplia y heterogénea de grupos políticos y étnicos, movimientos sociales y cocaleros, lo convirtió en un partido hegemónico. Hoy, esa misma estructura se ha vuelto en su contra. Los dos pilares que sostenían el liderazgo carismático de Morales (los cocaleros y los indígenas) ya no son un frente unido. Los indígenas están divididos entre los que apoyan a Morales y los que no. Esto ocurre en las tierras altas, entre aymaras y quechuas y en las tierras bajas, donde están las restantes 34 nacionalidades reconocidas por la Constitución. De hecho, entre los indígenas han surgido liderazgos alternativos. El actual vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, aymara, pasó de ser aliado del expresidente para apoyar a Arce y convertirse en su enemigo. La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, es otra aymara en ascenso enfrentada a Morales. Por su parte, los productores de coca están enfrentados en dos bandos, los del Chapare y los de los Yungas. Morales es el máximo dirigente del Chapare, en Cochabamba, y los productores de los Yungas, en La Paz, lo acusan de favorecer a sus rivales. La mayor parte de la coca de Los Yungas era legal y se destinaba a usos tradicionales, mientras la del Chapare era ilegal y, según Naciones Unidas, más del 90% no pasaba por los mercados tradicionales. En 2017 Morales aprobó la Ley de la Coca y legalizó los cultivos del Chapare.
Mientras, la oposición de derecha y centroderecha intenta unirse para aprovechar un contexto económico-social desfavorable para el gobierno, la división del MAS y la ausencia de su líder histórico. Parte de la derecha ha alcanzado un pacto de unidad entre los expresidentes Carlos Mesa (2005-2006) y Jorge “Tuto” Quiroga (2000-2001), el exgobernador de Santa Cruz Fernando Camacho, aún en prisión, y el empresario y político Samuel Doria Medina. Todos se comprometen a “hacer realidad la unidad” opositora, con una sola candidatura. Fuera del pacto queda el partido de Manfred Reyes Villa, APB Súmate, quien lidera las encuestas como principal opositor y ya ha lanzado su candidatura. Tampoco han entrado en el pacto Vicente Cuéllar y Branko Marinkovic. Todos son viejos conocidos de la política local y siempre han quedado a más de 10 puntos del masismo en las presidenciales.
Figura 4. Resultados de la oposición antievista en Bolivia (2009-2020)
| Año | MAS | Oposición |
|---|---|---|
| 2009 | Evo Morales 65% | Manfred Reyes Villa 26% Samuel Doria Medina 5,6% |
| 2014 | Evo Morales 61% | Samuel Doria Medina 24% Jorge Quiroga 9% |
| 2019 | Evo Morales 47% | Carlos Mesa 36% |
| 2021 | Luis Arce 55% | Carlos Mesa 28% Luis Fernando Camacho 14% |
1.3. Chile, elecciones para una nueva época
Las elecciones presidenciales de 2022, el fallido proceso de reforma constitucional y la muerte del expresidente Sebastián Piñera han ido gestando un nuevo sistema de partidos. Las dos viejas coaliciones (Chile Vamos –centroderecha– y la antigua Concertación), que se alternaron en el poder entre 1990 y 2022, siguen existiendo, pero con formas y componentes diferentes. Mientras, conviven con actores políticos emergentes: la nueva izquierda que llegó al poder con Boric, el Partido Republicano, ultraconservador, de José Antonio Kast, los libertarios como Johaness Kaiser, los populistas de Franco Parisi, los Demócratas de Ximena Rincón y los amarillos (ex DC) de Cristián Warnken, etc.
La izquierda llega debilitada a las próximas presidenciales. Las fuerzas más cercanas a Boric han sido incapaces de impulsar los cambios estructurales propuestos. Los dos intentos de reforma constitucional fueron rechazados en sendos plebiscitos, manteniendo la Constitución de 1980, que se quería cambiar tras las protestas de 2019. Sin reformas sociales (las esperanzas actuales pasan por el sistema de pensiones), Boric terminó gobernando con el centro izquierda concertacionista, pese al rechazo inicial de la izquierda más radical. Pero los resultados de las municipales de octubre pasado muestran que la izquierda sigue teniendo un fuerte respaldo, aunque es complicado extrapolar los resultados de las elecciones locales a las generales. Incluso, el panorama económico, de bajo crecimiento, es poco alentador para el gobierno.
Las dos izquierdas buscan candidato. En la centroizquierda concertacionista sobresalen la ministra del Interior Carolina Tohá y la expresidenta Michelle Bachelet. Bachelet parece más competitiva, pero su tercera candidatura supondría una vuelta al pasado. Tohá, una de las figuras más brillantes del centroizquierda, está lastrada por la mediocre labor del gobierno. Más a la izquierda la indefinición es mayor. De momento se perfilan Tomás Vodanovic (alcalde de Maipú) y las ministras comunistas Camila Vallejo y Jeannette Jara.
Por primera vez desde 2005, Piñera no es presidente o candidato del centroderecha. Evelyn Matthei parte como favorita para ser candidata del amplio espectro que va del centro a la derecha y la única capaz de derrotar a la izquierda. Su trayectoria política se remonta a los años 90. Fue candidata en 2013 y perdió en el balotaje con Bachelet. Fue alcaldesa de Providencia. Se presenta como la mujer capaz de llevar al poder a Chile Vamos, superando a Kast desde la derecha y luego derrotando a la izquierda en segunda vuelta. El estilo sereno y reformista de Matthei se opone a Kast, que aboga por la mano dura frente a la inseguridad, un tema central. Matthei también atacó al gobierno ante la escalada de la inseguridad, señalando que “nadie asume responsabilidades”.
En diciembre, en medio de fuertes presiones desde su derecha, Matthei entró de lleno en la pelea política con algunas posiciones fuertes. Comenzó por la reforma más emblemática de Boric, las pensiones, con la que busca mejorar la imagen del gobierno. El movimiento de Matthei consiguió marcar la agenda: el gobierno salió en defensa del proyecto y Kast, acosado por el avance del diputado libertario Kaiser y por el crecimiento de Matthei en las encuestas (que ya le aventajar en 18 puntos, y no en los ocho previos), redobló sus ataques contra el gobierno “populista”.
Las elecciones municipales y regionales de 2024 mostraron que, si bien la derecha mejoró sus resultados de hace cuatro años y pasó de 87 a 123 alcaldes, la izquierda tuvo un desempeño mejor de lo esperado, ganando localidades como Maipú –en la periferia de la capital–, Viña del Mar y Valparaíso. La fortaleza de la izquierda la da el número de gobernadores (nueve para las izquierdas y seis para las derechas), si bien perdieron cuatro respecto a 2021 y las derechas pasaron de uno a seis. El viento a favor contribuye a que Matthei se consolide primera en las encuestas: un 26% de intención de voto. Más atrás, Kast, con el 8%, Bachelet, con el 7%, Kaiser, con el 5% y Vodanovic, con el 3%. Matthei se impone en todos los escenarios de segunda vuelta. Supera a Bachelet por 12 puntos (51% / 39%), a Claudio Orrego por 23 (56% / 33%), al expresidente Eduardo Frei por 28 (57% / 29%), a Kast por 36 (57% / 21%), a Tohá por 41 (62% / 21%) y a Kaiser por 51 (64% / 13%).
1.4. Honduras y la tentación bukelista
Las elecciones en Honduras son a una sola vuelta (30 de noviembre). El 9 de marzo, en unas internas, los partidos elegirán candidatos. De las dos tendencias político-electorales latinoamericanas consolidadas desde 2023 y 2024 (ascenso de candidatos anti-casta y consolidación de nuevas dictaduras), en Honduras se podría repetir la primera con Salvador Nasralla. La crisis del Partido Nacional (PN), hegemónico entre 2010 y 2022, se relaciona con la penetración del crimen organizado y los cárteles del narcotráfico que lograron cooptar al dos veces presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), detenido a petición de EEUU menos de un mes después de dejar el cargo. Fue extraditado y condenado a 45 años por narcotráfico. La sombra de Hernández va a perseguir y lastrar a cualquiera de los cuatro aspirantes de su partido que lucharán por la candidatura en las primarias: Ana García, mujer del expresidente Hernández, el exalcalde capitalino Nasry Asfura, el diputado Jorge Zelaya y el abogado Carlos Portillo.
La crisis del PN permite el renacimiento del Partido Liberal (PL), hegemónico durante casi un siglo desde su creación en 1891. El PL entró en crisis cuando el presidente Manuel Mel Zelaya (2006-2009) se alió con Hugo Chávez e intentó reformar la Constitución para ser reelegido, dividiendo al partido. Tras los sucesos de 2009, el zelayismo abandonó el PL, creó Libertad y Refundación (Libre), el principal rival del PN, y con su esposa, Xiomara Castro, como candidata alcanzó el poder en 2022. Ahora, con el PN debilitado, los liberales aspiran a recuperar su posición dominante. El PL inscribió cuatro candidatos a las primarias: Nasralla, antiguo aliado de Libre, los diputados Maribel Espinoza y Jorge Cálix, y el excandidato presidencial Luis Zelaya. Sobresale Nasralla, al que le puede pesar no ser un hombre del PL pero con gran popularidad desde sus tiempos de periodista deportivo en televisión y su estilo de liderazgo. Su mensaje se emparenta con la nueva hornada populista global. Candidato presidencial en 2013 y 2017, es personalista y mesiánico (en 2021 creó el partido Salvador de Honduras), tiene un mensaje anti-casta (en 2013 fundó el Partido Anticorrupción), que fue aliado de Libre. En 2022 fue vicepresidente de Castro, con la que finalmente se distanció. El desafío de Nasralla pasa por que el PL admita a un candidato de fuera del partido. Los liberales deberán optar entre la popularidad de un outsider (Nasralla) que puede conducirlos al poder o regresar a las esencias con una figura del aparato como Zelaya u otro recuperado tras pasar por Libre, como Calix.
Libre, oficialista y de izquierda, presenta dos candidatos a la interna: Rixi Moncada, ministra de Defensa y extitular de Finanzas con Castro, y Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional. Las últimas encuestas dan una ventaja significativa a Moncada, que tiene el respaldo mayoritario del zelayismo, que busca dar continuidad a su gestión. Pero, sobre Libre pende la sombra de la corrupción y del narcotráfico. En 2024 se conoció el caso del narcovideo, una reunión en 2013 entre narcotraficantes y Carlos Zelaya, cuñado de Castro. El video, publicado por Insight Crime, muestra a varios narcotraficantes ofreciéndole 650.000 dólares a Zelaya para una campaña política de Libre, el partido de Castro y su marido, el expresidente Zelaya. Los liberales han acusado a Libre de financiar su campaña con dinero del narcotráfico.
La relación de Honduras con EEUU, Donald Trump y sus políticas antiinmigratorias serán, junto con la corrupción, la inseguridad, el narcotráfico y la situación económico-social, el centro de la campaña. De hecho, la idea de Castro de cerrar la base estadounidense de Palmerola si Trump expulsa masivamente a inmigrantes hondureños ha provocado los ataques de Nasralla, acusando al gobierno de ser aliado de China. Nasralla ya empezó a acusar al gobierno de buscar reeditar lo ocurrido en Venezuela, para diseñar un fraude y garantizar la victoria oficialista. Un triunfo de Libre podría desencadenar una crisis institucional, como en 2017 cuando venció de forma cuestionada el PN de Hernández.
1.5. Haití, Estado fallido, elecciones y bandas armadas
En 2024 Haití no logró estabilidad institucional, ni paz ni gobernabilidad. Desde 2021, tras el asesinato de Jovenel Moïse, no tiene presidente. El magnicidio aumentó la crisis de gobernabilidad presente desde hace 40 años, profundizada tras el terremoto de 2010 y las traumáticas y últimas elecciones de 2015 y 2016. Institucionalmente, Haití se dotó en 2024 de un Consejo Presidencial para la Transición, que no tiene una fácil convivencia con el gobierno. Destituyó al primer ministro, Garry Conille (mayo-noviembre de 2024), y en su lugar nombró al empresario Alix Didier Fils-Aime, en medio de acusaciones de corrupción y disputas sobre la legalidad del proceso.
El deterioro de la seguridad y el horror han seguido creciendo. Haití es hoy un Estado fallido. Las bandas armadas, especialmente Vivre Ensemble, un poder fáctico liderado por Jimmy Cherisier, Barbecue, controla casi el 80% de Puerto Príncipe. Su estrategia clientelar para ganarse a la población convive con acciones terroristas contra otras bandas rivales y matanzas para amedrentar a la población. La ONU calcula en 5.000 las víctimas mortales de 2024 y en 800.000 los desplazados internos. La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) carece de medios materiales y humanos. En junio llegaron 400 soldados kenianos, un número inferior a los 12.000 miembros de las pandillas haitianas. La llegada de 150 soldados guatemaltecos y salvadoreños poco ayuda a restablecer el monopolio estatal de la violencia. Cuando la ONU autorizó la misión, se previó una fuerza de 2.500 efectivos, que supuestamente llegarían en noviembre, pero aún no han arribado.
En este contexto de crisis de gobernabilidad (política y de seguridad), el Consejo de Transición quiere que en 2025 Haití tenga Constitución y elija presidente, objetivos muy difíciles. La Comisión de Venecia, un organismo de constitucionalistas del Consejo de Europa, califica de “sorprendentemente rápido” el calendario del Consejo de Transición, con un referéndum constitucional en marzo de 2025 para organizar elecciones presidenciales y legislativas entre finales de año y comienzos de 2026. En febrero de 2026 Haití debería tener presidente. A la Comisión de Venecia no le parece realista convocar a corto plazo tres elecciones: un referéndum y dos vueltas para las presidenciales.
2. Elecciones legislativas y locales
Además de las elecciones presidenciales, habrá legislativas en Argentina y Venezuela, locales en Venezuela y Uruguay, y judiciales en México.
2.1. Argentina, un examen para Milei y el mileismo
El 26 de octubre Argentina renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 escaños) y un tercio del Senado (24) y habrá elecciones legislativas provinciales en 12 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. También se elegirá gobernador en Corrientes y Santiago del Estero y convencionales para reformar las constituciones provinciales en Santa Fe y Formosa.
Milei quiere eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para senadores y diputados nacionales previstas para el 3 de agosto. Aduce razones económicas, un ahorro entre el 35% y el 40%” del coste total de las elecciones. En Salta, Chaco y San Luis ya se han eliminado o suspendido las PASO para las elecciones provinciales. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quiere hacer lo mismo. De momento habrá PASO en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Chaco y Catamarca y no habrá en Jujuy, San Luis, Misiones, Formosa, La Rioja, Corrientes y Santiago del Estero. Salta está en duda.
Hasta el momento, cinco provincias desdoblaron sus comicios legislativos para separarlos de los nacionales, intentando evitar que la dinámica nacional influya en la provincial: Salta (4 de mayo), Chaco (11 de mayo), San Luis (11 de mayo), Santa Fe (29 de junio) y Ciudad de Buenos Aires (6 de julio). Por primera vez se implementará la Boleta Única de Papel. Esta modalidad de votación busca garantizar mayor transparencia al presentar toda la oferta electoral de un distrito en una sola boleta en lugar de una por partido. Se vota marcando el casillero correspondiente a la opción escogida en cada categoría.
Otra novedad podría ser la aprobación del proyecto de Ficha Limpia, según el cual aquellas personas condenadas en segunda instancia por delitos relacionados con el patrimonio público y la corrupción no podrán desempeñarse en la función pública. Esto dejaría a Cristina Kirchner fuera de la carrera electoral (aspira a ser diputada por la provincia de Buenos Aires). En noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena de la causa Vialidad, por la que ya había recibido una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En las elecciones legislativas de medio término Milei se juega mucho: ¿serán leídas como un aval de su gestión? Sus éxitos económicos (reducción a un dígito de la inflación mensual, tras alcanzar el 25% en diciembre de 2023) se contraponen al coste social del ajuste y a la profundización de las fracturas políticas por el estilo presidencial autoritario, provocador e incluso grosero. El estudio de Poliarquía de diciembre arroja un crecimiento de tres puntos en la aprobación de Milei, con un 59%. Otra encuesta, de Analogías, cercana a la kirchnerista La Cámpora, también lo favorece: el 60,6% cree que Argentina estará mejor en los próximos años.
Además del respaldo a la gestión presidencial, se sabrá quién domina en la derecha y cuál es la capacidad de supervivencia de Kirchner, líder del Partido Justicialista (PJ). En el espacio político que va del centroderecha a la derecha conservadora, el duelo será entre el Pro de Mauricio Macri y La Libertad Avanza (LLA) de Milei. El presidente ve estas elecciones como el inicio de la construcción territorial de LLA para crecer en presencia institucional con más diputados y senadores. La votación podría convertirse en la relegitimación para Milei, cuyo liderazgo se basa en un fuerte personalismo y en la apelación a la polarización, que recuerda a otros que han marcado la historia argentina desde Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón al menemismo y al kirchnerismo. Milei ha logrado dividir al PRO entre un sector que le es fiel (Patricia Bullrich, su ministra de Seguridad) y otro que respalda al gobierno pero desde una postura crítica (Macri). Milei quiere que el PRO se subordine a su liderazgo mientras el macrismo busca fortalecerse en su bastión de la ciudad de Buenos Aires. Milei exige que ambas fuerzas vayan unidas a las elecciones y el macrismo lucha por conservar su margen de acción. Milei también busca seducir a ciertos sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), que junto a PRO integraron la Alianza para el Cambio –centroderecha–, como una forma de ganar aliados con fuerza institucional o territorial. Igualmente quiere destruir a una Alianza que, si bien le ha respaldado en el Parlamento, compite por la hegemonía del centro y la derecha.
En la oposición, el PJ busca renacer de sus cenizas y presentarse como la única alternativa a Milei. El peronismo pondrá en juego 44 de sus 98 diputados y 14 de los 34 senadores. El mayor desafío de Kirchner será ordenar el frente interno, organizando un espacio político cohesionado, capaz de enfrentarse a Milei. Pero, en el kirchnerismo también hay brechas. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, busca un liderazgo alternativo al de la expresidenta, provocando fuertes tensiones internas en el peronismo-kirchnerismo. Kicillof, que ha visto como La Cámpora se unía al mileismo en el legislativo bonaerense para echar atrás el presupuesto provincial, también aspira, como Jorge Macri, a desdoblar las elecciones legislativas provinciales de las nacionales para capitalizar su posible triunfo y evitar que Kirchner se lo apropie. Kirchner busca consolidarse políticamente ante su compleja situación judicial, con diversas causas de corrupción pendientes, así como el juicio relativo a Irán.
2.2. Legislativas y locales en Venezuela
Tras la toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero, la oposición vuelve a enfrentarse a un dilema recurrente desde 1999: acudir a las elecciones (legislativas, regionales y municipales) y ocupar los espacios que el régimen consienta o apelar al boicot electoral para deslegitimarlo, con el riesgo de quedar fuera del juego político. En 2021 la oposición conquistó casi 100 alcaldías (frente a 210 del chavismo) y tres gobernaciones de 23, destacando Zulia –importante centro petrolero– y Barinas, tierra natal de Chávez.
Para Maduro, estas macro elecciones (Asamblea Nacional y gobiernos locales), son importantes para relegitimar un mandato que nació herido tras las presidenciales del 28 de julio, cuyas actas aún no se conocen. El gobierno se declaró ganador, pese a que el 85% de las actas presentadas por la oposición decían lo contrario. Estas elecciones son la oportunidad para Maduro de acentuar la debilidad de la oposición, que no ha podido evitar la toma de posesión del presidente, con Edmundo González Urrutia en el exilio en Madrid, y María Corina Machado escondida en Venezuela. La oposición no tiene capacidad de movilizar a una sociedad agotada ni a los militares, por ahora fieles al régimen.
2.3. Departamentales y municipales en Uruguay
Las elecciones locales van a ser leídas como un termómetro para el gobierno de Yamandú Orsi, que tomará posesión en marzo. Todo apunta a que el Frente Amplio (FA), consolidará su posición en sus dos bastiones de Canelones y Montevideo, departamentos que explican la victoria frentista en 2024. Si bien es complejo extrapolar los resultados de la presidenciales a las locales, sólo entre Montevideo y Canelones, el FA le sacó al entonces oficialismo casi 200.000 votos en 2024. En el interior, la pugna entre los partidos que conforman la Coalición Republicana, pero que en esta ocasión, como en tantas otras, acuden en solitario, girará en torno al duelo entre el Partido Nacional y el Colorado, que quiere recuperar su papel de referente en el centro.
2.4. Elecciones judiciales en México: peligra el equilibrio de poderes
En 2025, México vivirá un experimento sin precedentes: las elecciones judiciales. En América Latina, sólo en Bolivia existe algo similar. Las reformas constitucionales de Andrés Manuel López Obrador obligan, desde septiembre, elegir a los jueces, magistrados y ministros en todo el país. Con 1.650 jueces federales y algo más de 5.000 estaduales involucrados, no sólo se politizará la justicia, sino que también se abre la puerta a que los partidos de mayor implantación, como el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), impulsen a candidatos afines para copar el poder judicial. Esto ha provocado malestar en sectores políticos y empresariales de EEUU ante las amenazas a la seguridad jurídica.
El riesgo es que MORENA controle todos los poderes del Estado y se convierta en un nuevo PRI: contaría con el Ejecutivo (Sheinbaum), el Legislativo, donde MORENA y sus aliados tienen mayoría absoluta, y tras estas elecciones el Judicial. El 1 de junio se elegirán nueve ministros de la Suprema Corte, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 15 de las salas regionales del máximo tribunal electoral de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca. También se votará por 464 magistrados de los tribunales de circuito y apelación y 386 jueces de distrito.
El proceso electoral ya comenzó. En octubre el Senado designó, mediante sorteo, los primeros puestos sometidos a elección popular: 464 magistraturas y 386 juzgados federales. Luego se conformaron los Comités de Evaluación. El 31 de enero se seleccionarán a los finalistas de entre los casi 18.500 inscritos y el 5 de febrero se publicarán las tres candidaturas propuestas por cada poder del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para cada cargo de ministro de la Suprema Corte, magistrado electoral y magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y dos candidaturas para juez de distrito y magistrado de circuito. Del 30 de marzo al 18 de mayo será la campaña, el 1 de junio, la elección y el 1 de septiembre asumirán los nuevos cargos. En 2027 se prevé una segunda elección, con los 800 jueces restantes.
Conclusiones
Las elecciones de 2025 ofrecerán un retrato político-institucional de la región, en un momento marcado, como en el resto del mundo, por la polarización entre alternativas irreconciliables. El contexto es también imprevisible y heterogéneo. Las coyunturas locales hacen que en algunos lugares el oficialismo de derecha sea favorito (Argentina), en otros lo sea la oposición de centro derecha (Chile) o el oficialismo de centro izquierda (Uruguay).
Cuatro mega-tendencias marcan el momento latinoamericano: la convivencia del voto de castigo al oficialismo con respaldo de ciertas gestiones gubernamentales; la consolidación de regímenes autoritarios; el ascenso de candidatos anti-casta; y el peligro de la “haitianización”. Los giros, meras simplificaciones, hacia un lado o hacia el otro del espectro ideológico o el voto de castigo al oficialismo han dado paso a situaciones más diversas, donde las victorias opositoras (Panamá y Uruguay) conviven con respaldos plebiscitarios al oficialismo (El Salvador, República Dominicana y México).
La segunda dinámica es la “nicaragüización”, entendida como la consolidación de dictaduras como en Nicaragua y Venezuela. Venezuela pasó de legitimarse en las urnas (1999-2013) en tiempos de Hugo Chávez, a vaciar de contenido las instituciones conquistadas por la oposición, como ocurrió con la alcaldía de Caracas y Antonio Ledezma en 2008, diseñar elecciones a su medida (2018) o cometer un gigantesco fraude (2024). Los comicios de 2025 se perfilan como la ocasión para encubrir un régimen que persigue a la oposición y la acorrala en la periferia del sistema sin elecciones transparentes. Además, en Honduras y Bolivia el riesgo de quiebra institucional y conflicto civil no es descartable.
Otra dinámica es la de la emergencia de candidatos anti-establishment, ahora anti-casta. Bukele en El Salvador y Milei en Argentina continúan la tendencia encarnada por Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Chaves en Costa Rica y Donald Trump en EEUU y que en 2025 puede continuarse con Nasralla en Honduras. Son fenómenos mesiánicos, partidarios del populismo anti-política, la mano dura y el desprecio de la pluralidad y las instituciones democráticas.
Finalmente, Haití recuerda al resto de la región el peligro de seguir su camino. El Estado se deteriora institucionalmente mientras el crimen organizado se empodera y sustituye la institucionalidad democrática por su control territorial, extensivo a la población. Este peligro por ahora no es inminente para otros países de la región, pero hay determinadas tendencias y dinámicas, como en Ecuador y Honduras, que muestran que el riesgo es posible.
En 2025, Brasil conocerá un intenso ambiente preelectoral. Toda la atención estará puesta en si “Lula” da Silva busca la reelección y si Bolsonaro logra ser candidato pese a su inhabilitación. También se irán definiendo las candidaturas en Perú, que tiene inestabilidad institucional desde 2017, y Colombia, con Gustavo Petro buscando un heredero y la derecha un liderazgo unificador.
