Tema: Aunque Argelia comparta con sus vecinos muchas de las condiciones socioeconómicas y políticas que propiciaron los levantamientos populares que forzaron la marcha de los presidentes de Túnez y Egipto, las protestas y las micro-revueltas que se han extendido desde principios de 2011 por todo el país no se han traducido aún en un amplio movimiento de contestación política contra el régimen.
Resumen: La situación socioeconómica de Argelia es explosiva y desde el principio de año el número de huelgas y revueltas espontáneas ha aumentado considerablemente. Los cambios políticos en Túnez y en Egipto han alentado las protestas y los intentos de coordinación desde la sociedad civil argelina, tratando de articular un movimiento de contestación política. Si bien estos intentos no han conseguido movilizar a la población y canalizar el descontento popular generalizado, diversos partidos políticos, sindicatos autónomos, colectivos de jóvenes y asociaciones están inmersos en un proceso de cambio. Se enfrentan, sin embargo, a muchos retos y obstáculos que inhiben el potencial revolucionario del pueblo argelino.
Análisis: Las revoluciones tunecinas y egipcias están teniendo un poderoso impacto en las sociedades de los países de la región. Desde Marruecos hasta Yemen, pasando por Siria, ningún país árabe ha quedado inmune a la ola de cambios iniciada en diciembre pasado.
En Argelia, tanto el régimen como la sociedad civil han procurado reaccionar. Así, el régimen ha puesto fin al estado de emergencia que estaba en vigor desde enero de 1992, satisfaciendo una de las principales reivindicaciones de la sociedad civil, y ha tratado de dar respuesta a las reivindicaciones socioeconómicas de los diferentes colectivos movilizados (profesores, magistrados, guardias comunales, etc.). Diversos actores sociales han creado algunas plataformas, mientras grupos de oposición se han intentado movilizar, canalizando el descontento social. De momento, sin embargo, no se ha logrado articular un movimiento suficientemente extendido y coordinado capaz de impulsar un cambio político sustancial.
Lo que empezó en Túnez como una protesta social, con demandas económicas específicas, terminó fusionándose en un amplio movimiento político que reivindicaba un cambio de régimen. En Argelia, sin embargo, las revueltas registradas hasta ahora han respondido sobre todo a unas demandas sociales particulares, sin que ninguna plataforma o partido haya logrado transformarlas en un movimiento netamente político. Sirva de ejemplo que la manifestación convocada en Argel el pasado 12 de febrero por la Coordinadora Nacional para el Cambio y la Democracia (CNCD) –que agrupa a distintos partidos y sindicatos autónomos– sólo consiguió congregar a unas 3.000 personas, frente a un despliegue de 30.000 policías.
Es evidente, en resumen, el enorme contraste en Argelia entre, por un lado, el estado latente de explosión social vivido desde hace más de una década (durante el año 2010 fueron censadas 11.500 revueltas populares en distintos puntos del país) y la débil capacidad de movilización de la sociedad civil.
Un contexto socioeconómico propicio a la explosión social
En paralelo al levantamiento popular en Túnez, Argelia experimentó una acelerada sucesión de protestas en enero de 2011, sin precedentes desde finales de los años 80 del pasado siglo, hasta el punto de afectar a unas 20 ciudades.
Aunque el régimen argelino dispone actualmente de una notable renta procedente de la venta de hidrocarburos, con unas reservas de divisas estimadas en torno a los 155.000 millones de dólares, no ha sido capaz de impulsar un proceso de desarrollo económico generador de empleo ni de garantizar mecanismos igualitarios y justos de redistribución de esta renta que sean capaces de satisfacer las demandas sociales. Las recientes revueltas ponen de manifiesto el creciente descontento popular ante un deterioro económico y social que afecta a la mayoría de los argelinos.
En efecto, son muchos los motivos para el descontento popular: la masificación de la pobreza (el 23% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza), el éxodo rural, la carestía de la vida, la falta de una vivienda digna o de acceso a infraestructuras básicas (suministro de agua, sanidad, educación), el ocultismo y arbitrariedad en la gestión de los asuntos públicos y la corrupción que afecta al conjunto del Estado, entre otros motivos.
Entre enero de 2010 y enero de 2011 la inflación fue del 3,8% y los precios de algunos productos alimentarios aumentaron en un 23%. Dado que el gasto alimentario representa el 59% del presupuesto de los hogares, el incremento de los precios de los productos de primera necesidad ha reducido drásticamente la renta disponible de las familias.[1] Por otra parte, el salario mínimo en Argelia (fijado en enero de 2010 y equivalente a 150 euros) es tan bajo que no permite a muchos trabajadores tener un nivel de vida decente. Como resultado, las desigualdades económicas son cada vez mayores y la tensión social no hace más que aumentar (un diputado argelino recibe 20 veces el salario mínimo, y un médico en el servicio público cobra cerca de 500 euros).
La cifra oficial de paro estimada en febrero de 2011 por la Oficina Nacional de Estadísticas era de 1.076.000 personas (el 10% de la población activa, aunque la tasa de desempleo de los diplomados universitarios se elevaba al 21,4%). Estimaciones independientes avanzan cifras mucho más elevadas, insistiendo en que el desempleo afecta particularmente a los jóvenes (uno de cada cinco en Argelia), que representan el 70% de la población.
No puede sorprender, en estas circunstancias, que en la clasificación mundial del índice de desarrollo humano, Argelia ocupara en 2009 el puesto 104 de los 182 países contemplados. Ni tampoco que, junto con la incapacidad de impulsar un proceso de desarrollo económico, el régimen –corroído por la depredación sistemática de los clanes próximos al poder y su ostentoso enriquecimiento frente a los niveles de pobreza endémicos en la sociedad– haya ido perdiendo los últimos resquicios de legitimidad de un sistema en el cual se han multiplicado los escándalos de corrupción.
El reto de la articulación de las protestas
Aunque la situación social y económica en Argelia es, como mínimo, tan explosiva como la de sus vecinos de la región, no ha surgido aún ningún levantamiento popular similar al que acabó con los regímenes de Mubarak y Ben Ali. Varias razones específicas de la historia reciente de Argelia, así como de su particular sistema político, explican la dificultad que ha tenido la sociedad civil para articular una movilización general: (1) la violencia de la “década negra”; (2) una sociedad civil desarticulada y fragmentada; y (3) la debilidad de las formaciones políticas.
Elementos inhibidores del cambio
(1) La violencia de la “década negra”. Aunque la juventud argelina comparta con las egipcias y tunecinas un profundo desprecio por las viejas estructuras políticas e ideológicas que dirigen el país, el trauma causado por la cruenta guerra civil de la última década del pasado siglo hace que la barrera de miedo sea mucho más difícil de superar. No hay que olvidar que Argelia fue uno de los primeros países en conocer una “primavera democrática” a finales de los años 80, coincidiendo con la ola de democratización que se expandió por Europa del Este tras la caída del muro de Berlín.
El proceso de apertura política que conoció el país en aquel momento no tenía precedentes en la región. Empezó de forma sangrienta: las revueltas de octubre de 1988 se saldaron con centenares de muertos por la represión del ejército. La interrupción militar del proceso electoral en 1992, del cual los islamistas (el Frente Islámico de Salvación, FIS) iban a salir ganadores, desencadenó una guerra sucia que acabó con la vida de unas 200.000 personas. Las secuelas psicológicas y sociales de esta guerra han sido profundas y todavía no se han curado todas las heridas.
El temor a enfrentarse a nuevos procesos de violencia es un elemento que cohíbe a muchos sectores de la sociedad ante la perspectiva de entrar en una confrontación directa con el ejército. El miedo a la capacidad represiva de éste es, por lo tanto, un elemento disuasorio de peso. A esa inquietud se une el hecho de que el régimen juega directamente a reprimir a la población con fortísimos despliegues policiales ante cualquier posible movilización (en la marcha convocada en Argel por los jóvenes, el 19 de marzo, había 60 policías por cada manifestante).[2]
(2) Una sociedad civil desarticulada y fragmentada. La tragedia interna de los años 90 ha tenido consecuencias negativas sobre el tejido social argelino, provocando la desintegración de los vínculos sociales y reforzando las tendencias individualistas y la fragmentación regional. La sociedad civil ha quedado diezmada de manera que su recomposición, a partir de la década pasada, está siendo lenta y su arraigo popular, más allá de los principales núcleos urbanos del norte del país, es casi inexistente. La vigencia del estado de emergencia[3] durante los últimos 19 años ha restringido considerablemente el ejercicio efectivo del derecho de asociación, las libertades civiles y el derecho a reunirse y manifestarse, entre otras libertades. La fragmentación de la sociedad civil se ha acentuado, por lo tanto, por las estrategias del régimen, que ha sabido explotar estas divisiones para debilitar las estructuras sociales, llevando a cabo una estrategia combinada de cooptación y represión.
Otro elemento a destacar es que la oposición política en Argelia es débil y con escasa credibilidad. El desapego de la población por el conjunto del sistema político ha quedado de manifiesto en las cifras de la participación electoral en los últimos comicios celebrados. Así, en las elecciones legislativas y locales de 2007 la tasa de participación sólo alcanzó el 35%, mientras que en las presidenciales de abril de 2009 y de acuerdo con las cifras oficiales la tasa alcanzó el 74,56% (aunque según otras fuentes no superó el 40%).[4]
En cuanto a los islamistas, tanto el peso electoral del Movimiento por la Sociedad y la Paz (integrante de la coalición gubernamental) como el de las dos formaciones opositoras legalizadas (Ennahda y El-Islah) ha ido decayendo con los años. Por su parte, el islamismo político contestatario encarnado por el FIS, disuelto en 1992, ha perdido su arraigo popular, como cabe deducir del hecho de que los jóvenes de Bab el Oued, un barrio marginado de Argel, echaran a Ali Benhadj, el líder del FIS en los años 90, con malas formas cuando éste intentó canalizar las revueltas que tuvieron lugar en este barrio a principios de enero, invitando a los jóvenes a participar en una marcha pacífica (una estrategia que durante las revueltas de 1988 había tenido éxito para el FIS).[5] Al mismo tiempo, la reislamización social y cultural ha seguido su curso en Argelia sin los islamistas. Una reislamización alentada, por otra parte, también desde el propio régimen a través de la reintroducción de los referentes islámicos en el discurso político y en las prácticas sociales (persecución de los que no respetan el ayuno durante el mes de Ramadán o del proselitismo de las comunidades cristianas, entre otras medidas).
(3) La debilidad de las formaciones políticas. En general, el conjunto de la clase política argelina no ha superado las brechas y divisiones que provocó la guerra civil entre, por un lado, los “erradicadores”, que se alinearon con los generales en su lucha contra los islamistas, y, por otro, los “conciliadores”, partidarios de una estrategia de inclusión y negociación con los islamistas como los que constituyeron la “plataforma de San Egidio”. La lógica de la seguridad alimentada desde el propio régimen ha encerrado el discurso político en esta polarización y ha impedido la emergencia de discursos independientes capaces de responder a las preocupaciones reales de la sociedad argelina. Como resultado de la combinación de su propia debilidad y de la represión del régimen, los partidos políticos que mantienen una línea crítica han visto muy restringido su margen de maniobra. Además, las estrategias de confrontación les han llevado a quedarse totalmente fuera del juego político, como es el caso del Frente de Fuerzas Socialistas, que ha boicoteado sistemáticamente todos los comicios electorales desde las elecciones presidenciales de 1995.
La debilidad de las formaciones políticas y del tejido asociativo también tiene que ver con la falta de conexión con la juventud, el autismo de la elite respecto a las necesidades y demandas de las diferentes capas sociales de la sociedad argelina y el mantenimiento de una cultura patriarcal y de obediencia y lealtad que provocan el rechazo de los jóvenes, relegados o alejados de los centros de decisión. Es significativo en este sentido que el manifiesto que acompañaba la convocatoria por un colectivo de jóvenes el 19 de marzo mencionara expresamente su rechazo a cualquier vinculación partidista.
Si bien los jóvenes han empezado a movilizarse a través de las redes sociales para poner en marcha diferentes iniciativas, como “Acción para el cambio en Argelia” que cuenta con unos 4.500 seguidores en Facebook (Algérie plurielle, Arab Youth Mouvement, Citoyen Algérien réveillé, 5 janvier jaccusedz), cabe concluir, sin embargo, que no cuentan con el mismo potencial que sus vecinos. Su influencia es, de momento, residual en parte debido a que el uso de Internet está menos extendido en Argelia que en Túnez o Egipto (según una encuesta, Argelia se sitúa en la decimotercera posición de los 17 países árabes clasificados por su nivel de utilización de Internet, y sólo un 13% de los argelinos usan Internet y el 3% utilizan las redes sociales, frente al 34% en Túnez, al 20% en Egipto y al 32% en Marruecos).[6]
A pesar de estas dificultades, la sociedad civil argelina está inmersa en un proceso de transformación y recomposición. Así debe entenderse a partir de la creación, a principios de este año, de plataformas como la Coordinadora Nacional para el Cambio y la Democracia (CNCD), que ha convocado las manifestaciones de febrero. En todo caso, esa iniciativa no ha conseguido movilizar a la población por dos razones fundamentales. En primer lugar, por el perfil y la trayectoria de las personalidades y organizaciones que la Coordinadora agrupa. Algunas están muy próximas al poder, como los representantes de la Reagrupación para la Cultura y la Democracia (las filtraciones de Wikileaks ponen de manifiesto las relaciones privilegiadas que ha mantenido su presidente, Said Sadi, con el máximo responsable de la seguridad militar argelina, Toufik Mediene) y los islamistas de Ennahda. Otras son formaciones virtuales, como el Partido de la Laicidad y de la Democracia (PLD, no legalizado), y, por último, otras asociaciones se han mantenido en la oposición, como la Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), liderada por Mustafa Buchachi, y las asociaciones de víctimas de octubre de 1988, SOS Disparus y el Comité Nacional para la Libertad de Prensa, así como varios sindicatos autónomos. En esas condiciones, la plataforma no ha resistido más de dos semanas, terminando por dividirse en dos estructuras.
En segundo lugar, las reivindicaciones de la Coordinadora han sido algo confusas. En Túnez y en Egipto las demandas sociales y económicas lograron trascender los intereses particulares y converger en un objetivo claro y preciso: derrocar a las viejas gerontocracias y sus respectivos clanes que pretendían perpetuarse en el poder. En el caso argelino la situación es más difusa y opaca. La salida de Buteflika no constituye en sí misma un objetivo que pueda realmente modificar la naturaleza del sistema, ya que todos los argelinos son conscientes de que son los militares, y más particularmente la Dirección de Información y Seguridad (DRS), quienes siguen moviendo todos los hilos. Ante esta realidad, las demandas de la CNCD han sido un tanto ambiguas pues se han limitado a pedir la salida de Buteflika sin insistir demasiado en el papel del ejército.
A estas iniciativas habría que añadir otras como la creación de un nuevo Frente del Cambio Nacional (FCN), impulsado por un grupo de unas 40 personas, principalmente universitarios, periodistas y otros profesionales libres, cuyo objetivo es “movilizar” a los argelinos con vistas a un “verdadero cambio del sistema político”.
La emergencia de un movimiento social autónomo
Aunque las iniciativas de la sociedad civil no hayan conseguido articular, de momento, todas las reivindicaciones sociales y económicas en un movimiento de calado político cabe destacar, sin embargo, que el movimiento social está en marcha, traduciéndose en una multiplicación de las protestas sociales y de las huelgas en regiones donde hasta fechas recientes no había habido contestación social relevante.
Es precisamente en las regiones más ricas de Argelia –que albergan los principales campos petrolíferos y yacimientos de gas, desde Ouargla a Hassi Messaoud– donde han comenzado a articularse movimientos de protesta que reivindican mejoras salariales. Los trabajadores de las unidades de producción de Sonatrach han liderado estas movilizaciones, que incluyen la huelga de hambre, en diferentes localidades como Hamra, a la que se han sumado unos 1.400 trabajadores de la misma empresa en Hassi R’mel.
La novedad en este caso es que empieza a emerger una coordinación autónoma entre todas las unidades de producción del sur del país al margen del sindicato oficial, la Unión General de Trabajadores Argelinos (UGTA). Para ello se ha elegido a cinco representantes encargados de presentar las reivindicaciones a la empresa. Aunque las protestas se limitan a demandar mejoras salariales, sigue siendo destacable esa voluntad de contar con estructuras autónomas para representar sus intereses colectivos.
Otra novedad, comparada con otros movimientos o protestas sociales anteriores, es que se localizan en la región más rica de Argelia (los campos petrolíferos), la cual ha conocido desde hace unos años un recrudecimiento del descontento social. Así, en Ouargla, la capital petrolífera del sur, el comité de parados ha realizado una marcha hacia las oficinas de Sonatrach. También en Hassi Mesaud, colectivos de parados se concentran diariamente frente a las oficinas de Sonatrach, ante la indiferencia de las autoridades y de los medios de comunicación.
Esta movilización de los trabajadores de Sonatrach es significativa en la medida en que afecta al mismo corazón económico de Argelia y podría ser, en paralelo a lo ocurrido en la región tunecina de Sidi Buzid, el verdadero epicentro de una futura “revolución argelina”.
Esa búsqueda de estructuras de coordinación independientes es un rasgo común que aparece también en otros sectores, como en el ámbito universitario, que ha sido igualmente escenario de numerosas protestas. En su seno ha surgido un movimiento autónomo de los estudiantes argelinos. Este movimiento funciona sin líderes y con representantes delegados elegidos democráticamente en asambleas, teniendo que cumplir únicamente el requisito de no pertenecer a ninguna de las desprestigiadas organizaciones estudiantiles ya existentes: UNEA, UGEL y UNJA. Estas iniciativas han encontrado, además, el respaldo de los sindicatos autónomos, que por su parte han adquirido una mayor visibilidad y han protagonizado numerosas protestas, en particular en los sectores de la educación y de la salud.
Cabe recordar, para contextualizar adecuadamente lo que ahora ocurre, que desde 1962 hasta la “primavera argelina” de finales de los 80, el único sindicato autorizado era la UGTA, que actuaba bajo la tutela del Estado. El pluralismo sindical fue legalizado por la reforma constitucional de 1989, lo que permitió la creación de varios sindicatos como el Sindicato Nacional Autónomo del Personal de la Administración Pública (SNAPAP), el Sindicato Nacional de la Enseñanza Superior (SNES), el Sindicato Autónomo de los Trabajadores de la Educación y de la Formación (SATEF) y el Consejo Nacional Autónomo de los Profesores de la Enseñanza Segundaria y Técnica (CNAPEST), entre otros.
Por su parte, para contrarrestar la influencia de esos sindicatos autónomos, así como de otras organizaciones de derechos humanos, el régimen argelino ha usado varias estrategias. Una de ellas ha sido la “clonación”, mediante la cual el Estado ha tratado de crear sindicatos similares, bajo su tutela, para sembrar la confusión entre los afiliados, creando así disidencias y manipulando a los militantes más oportunistas o más frágiles. Tal “clonación” ha obligado a los sindicatos autónomos a modificar sus propias estrategias de acción, lo cual ha llevado incluso al cierre de alguno de ellos o a su resistencia a la admisión de nuevos miembros por temor a la infiltración y manipulación desde el aparato estatal. Todo ello ha debilitado en buena medida su capacidad real de actuación y de apoyos tanto internos como externos. Asimismo, este procedimiento ha dificultado a las organizaciones internacionales la identificación de los interlocutores argelinos verdaderamente representativos de la sociedad.
El poder y los elementos de resistencia frente al cambio
Tanto en Argelia como en Egipto, el Ejército ha desempeñado un papel determinante en la vida política nacional. Lejos de ser una entidad monolítica, su historia ha estado marcada por sangrientas divisiones y ajustes de cuentas. Tras las masacres colectivas que, a finales de la última década del siglo pasado, marcaron los episodios más oscuros de la denominada “década negra”, el Ejército se retiró del devant de la scène, sin que nunca haya quedado clara su responsabilidad en las mismas. A pesar del retorno a la celebración de comicios electorales, de la llegada a la presidencia de Buteflika y de la restauración de una aparente normalidad institucional, no se ha producido todavía un cambio profundo en el papel del Ejército (ni siquiera de una parte del mismo, “los generales”, ni, más particularmente, de los responsables de la seguridad militar, con Toufik Mediene a la cabeza). Eso les permite seguir controlando las riendas del poder en Argelia, a pesar de los intentos del presidente de afianzar su posición en el seno del sistema a través de la consolidación de su propio clan.[7]
Por su parte, la opacidad que caracteriza al régimen argelino contribuye a cierta despersonalización del poder, lo que dificulta también la identificación de un objetivo claro susceptible de aglutinar el descontento de las distintas capas de la población, a diferencia de lo ocurrido en Túnez y Egipto, donde las demandas se focalizaron en las figuras de Ben Ali y Mubarak. Bien es cierto que Buteflika ha tratado, durante sus dos últimos mandatos, de afianzar su poder e incrementar los poderes de la presidencia, pero aún así no encarna ni simboliza, al régimen argelino, al contrario que sus homólogos tunecino y egipcio. No obstante, no hay que descartar tampoco que el Ejército argelino, basándose en el caso egipcio, trate de acelerar un cambio y “haga su propia revolución para evitar una verdadera revolución”.[8]
Cabe señalar igualmente, como poderoso elemento de resistencia al cambio, la extensión de las redes de clientelismo y de compra de lealtades, consolidadas desde hace años gracias a la abundante renta energética. Este factor dificulta, por sí solo, la emergencia de una demanda de democracia capaz de superar las inercias generadas en el seno de estas redes y de los cuerpos sociales intermediarios. Sin embargo, ni la capacidad represiva, ni las redes clientelistas son elementos capaces de frenar el avance de las aspiraciones de cambio (los ejemplos tunecinos y egipcios lo han puesto claramente de manifiesto). Ya no sirven, en definitiva, para ocultar la debilidad de un Estado gangrenado por la corrupción, con un sistema inoperante de redistribución de la renta.
En lo que respecta a las respuestas del régimen, frente a la contestación social, y para intentar contener la ola de violencia, éste ha multiplicado las promesas. En esa línea ha anunciado, en primer lugar, que seguirá subvencionando los precios de los productos de consumo básicos y que pondrá en marcha medidas para regular el sector del comercio (acusado de ser el responsable de la situación actual). Aunque el régimen consiga restablecer momentáneamente el orden y amortiguar las demandas expresadas durante estas revueltas, la brecha entre los detentadores del poder y el pueblo argelino es cada vez más grande y la legitimidad del sistema está cada vez más cuestionada.
Conclusión: La dificultad para impulsar un proceso de cambio irreversible en Argelia reside en que tanto los partidos políticos como la sociedad civil han sido amordazados durante décadas por el régimen. La ausencia de un movimiento asociativo organizado y la debilidad de los partidos políticos han convertido la revuelta social espontánea y anómica en el único medio de protesta que tiene la población para manifestar su descontento. La sociedad civil está muy desestructurada y se enfrenta a un aparato de seguridad omnipresente.
La ausencia de libertades, combinada con las cada vez más importantes privaciones económicas, y la falta de perspectivas de futuro para una juventud desengañada, configuran un panorama explosivo. Las medidas económicas de contención y los gestos políticos que pueda adoptar el régimen para mitigar las últimas revueltas servirán de parches durante algún tiempo, pero el cambio en Argelia, como en los otros países de la región, está en marcha.
Laurence Thieux
Investigadora asociada del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma y del Grupo de Estudios sobre las Sociedades Árabes y Musulmanas (GRESAM) de la Universidad de Castilla-La Mancha
[1] De acuerdo con un estudio de 2005 del Centre National d’Études et d’Analyses pour la Population et le Développement (CENEAP). Véase la página web del CENEAP (www.ceneap.com.dza) y el informe “La mal-vie”: rapport sur la situation des droits économiques, sociaux et culturels en Algérie, FIDH, CFDA, LADDH, abril de 2010.
[2] Véase “Algérie les jeunes ne marchent pas”, Jeune Afrique, 20/III/2011.
[3] El presidente Abdelaziz Buteflika firmó el 23 de febrero el decreto que lo deroga.
[4] Ver el informe de la misión de observación del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid, en http://www.observatorioelectoral.es.
[5] Véase “En direct des quartiers”, El Watan, 7/I/2011.
[6] Encuesta web realizada en julio-agosto de 2010 sobre una muestra de unos 18.064 internautas, citada en Jeune Afrique, 4/II/2011.
[7] El intento de Buteflika de reorganizar el polo de seguridad en torno a Yazid Zehrouni (próximo al presidente) fue abortado por la DRS con el cambio gubernamental de junio de 2010.
[8] Véase la entrevista a Lahoauri Addi, La Croix, 11/II/2011.
