Tema: Hace pocas semanas se ha publicado la segunda edición del Índice de Compromiso con el Desarrollo. Los cambios metodológicos alteran sensiblemente la clasificación con respecto a la primera edición del índice, dándose una caída de la posición española del sexto al vigésimo puesto. La magnitud de los cambios metodológicos, la caída de la posición española y la creciente relevancia del índice justifican un nuevo análisis.
Resumen: El Center for Global Development y la revista Foreign Policy han publicado recientemente la segunda edición del Índice de Compromiso con el Desarrollo (ICD) que, al igual que la primera versión del índice, pretende evaluar el esfuerzo de 21 de los países más ricos respecto del desarrollo de los países pobres (se pueden encontrar comentarios a la primera edición del índice en: ARI 77/2004). En la nueva versión del ICD se valoran las políticas de los países donantes en materia de ayuda al desarrollo, comercio, inversión, inmigración, medioambiente, seguridad y tecnología. En este análisis se revisan y comentan los principales cambios metodológicos y su impacto en la valoración del conjunto de las políticas españolas.
Análisis: El Índice de Compromiso con el Desarrollo, elaborado por el Center for Global Development y la revista Foreign Policy, ha sido revisado para su edición de 2004. Las revisiones son de tres tipos: por una parte, se ha alterado sustancialmente la metodología del índice; en segundo lugar, se ha superado la carencia de datos para la medición de algunos de sus componentes; y, por último, se han actualizado los datos para este año. A pesar de los cambios, Holanda sigue ocupando el primer puesto en la clasificación. Sin embargo, algunos países experimentan mejoras sensibles en la valoración de sus políticas. Estados Unidos sube 13 puestos en la clasificación, pasando del 20º puesto al 7º (debido, fundamentalmente, a los cambios en la valoración de las políticas de seguridad y de inmigración). Canadá y Australia también mejoran sus posiciones con el nuevo índice. Por el contrario, Nueva Zelanda, Portugal, España y Suiza pierden varios puestos.
A continuación, se repasan y comentan los principales cambios en cada subíndice y se evalúa el impacto de los mismos para la valoración de las políticas españolas.
La posición de España según el ICD
| Puntuación | Puesto en la clasificación | |||
| ICD-2003 | ICD-2004 | ICD-2003 | ICD-2004 | |
| Ayuda al desarrollo | 2,4 | 2,0 | 12 | 18 ?? |
| Comercio | 6,8 | 5,8 | 8 (a) | 5 (c) ? |
| Medioambiente | 6,0 | 5,5 | 3 (b) | 9 ?? |
| Inversión | 8,2 | 4,5 | 2 | 15 ?? |
| Inmigración | 1,8 | 2,3 | 15 | 20 ? |
| Seguridad / Mantenimiento de la paz | 2,9 | 2,0 | 14 | 19 ? |
| Tecnología | – | 4,0 | – | 18 |
| ICD | 4,7 | 3,7 | 6 (d) | 20 ?? |
(a) Junto con Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia y Alemania
(b) Junto con Alemania
(c) Junto con Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Portugal, Suecia y Reino Unido
(d) Junto con Alemania
Fuente: BIRDSALL, N. y D. ROODMAN (2003): “The Commitment to Development Index: A Scorecard of Rich-Country Policies”, Center for Global Development, Washington D.C., abril; ROODMAN, D. (2004): “The Commitment to Development Index: 2004 Edition”, Center for Global Development, Washington D.C., abril.
Ayuda al desarrollo
Los principales cambios metodológicos que se aplican al subíndice de ayuda internacional al desarrollo son los siguientes.
En primer lugar, se elimina el descuento de los costes administrativos de los flujos brutos de ayuda. El motivo por el que se introdujo este descuento en la anterior versión del índice es que unos altos costes administrativos pueden indicar un cierto grado de ineficiencia en la distribución de la ayuda por parte del donante. Sin embargo, para este año, los autores han considerado que unos bajos costes administrativos también pueden revelar la falta de unos sistemas de seguimiento y evaluación adecuados, lo cual redundaría en una menor eficacia y calidad de la ayuda.
En segundo lugar, aunque se mantiene el descuento de los intereses de la ayuda reembolsable, se modifica ligeramente el descuento de la ayuda ligada y se sofistica el componente de selectividad geográfica de la ayuda. Recuérdese que en la anterior versión del índice, se premiaba a aquellos donantes que asignan geográficamente la ayuda en función del “buen gobierno” y de la baja renta per cápita del país receptor. En la actual versión del índice, se matiza este premio y se considera que el “buen gobierno” debería guiar en mayor medida el destino de los programas de ayuda –en los que buena parte de la gestión de la ayuda se realiza por parte de los receptores– que el destino de los proyectos de menor envergadura –en los que la gestión local es menor–. No obstante, el peso del “buen gobierno” en la selección geográfica del conjunto de la ayuda sigue teniendo un fuerte peso. Asimismo, en dicho componente se premia, también en la nueva versión del índice, a los donantes que destinan la ayuda al desarrollo a los países con menor renta per cápita.
En tercer lugar, se introduce un nuevo corrector de los flujos de ayuda, una penalización por lo que los autores denominan la proliferación de proyectos. Concretamente, se penaliza cada proyecto de importe inferior a 100.000 dólares. Con este nuevo corrector, los autores pretenden cubrir algunas de las carencias que caracterizan la anterior versión del índice. Y es que con el antiguo ICD, no se premiaba a los donantes por reforzar la apropiación de los beneficiarios, la participación de la sociedad civil, la armonización de procedimientos, ni la coordinación de donantes en la gestión de la ayuda internacional al desarrollo. La inclusión de una corrección por la proliferación de proyectos penaliza a los donantes que sobrecargan a las Administraciones receptoras de la ayuda con la gestión de un gran número de proyectos –desviando de este modo los recursos humanos más cualificados de la Administración de la planificación del desarrollo en su país a la mera gestión de la ayuda internacional– y premia, de este modo, la armonización de procedimientos.
En cuarto lugar, la versión del ICD de 2004 contempla las aportaciones privadas para la ayuda al desarrollo que se derivan de una política de incentivos por parte del gobierno donante. Así, se estima qué proporción de las aportaciones privadas se deriva de incentivos fiscales (como exenciones).
Una de las críticas a la anterior versión del ICD consistía en que se premiaba el “buen gobierno” del receptor en la asignación geográfica de la ayuda y que dicho “buen gobierno” podía y debía ser uno de los objetivos de la ayuda al desarrollo pero no un criterio de asignación de la misma. Con el nuevo diseño del índice, se matiza este criterio de selectividad, admitiendo que los países con “mal gobierno” pueden no tener la capacidad de gestionar grandes programas de ayuda. Sin embargo, al igual que la baja renta per cápita, se sigue valorando positivamente el “buen gobierno” como criterio de selección geográfica. Los dos nuevos componentes del subíndice de la ayuda al desarrollo suponen un avance. Aunque algunos pequeños proyectos de asistencia técnica pueden tener un gran impacto en el desarrollo, la excesiva dispersión de la ayuda supone una merma clara a la eficacia y el impacto de la misma. No obstante, algunas carencias señaladas acerca de la versión del ICD de 2003 siguen presentes en la nueva versión del índice. Además de unos criterios de selección geográfica discutibles, los autores aún no han incorporado buena parte de los “nuevos” principios de la ayuda (participación de la sociedad civil o apropiación de receptores y beneficiarios). Aún más criticable es el hecho de que se siga evaluando el “cómo” y el “cuánto” se ayuda, sin tener en consideración el “para qué”: los objetivos de la cooperación internacional al desarrollo siguen escapando a la valoración de un índice que, sin embargo, pretende medir el compromiso general de los donantes con el desarrollo y la coherencia de sus políticas.
A pesar de los cambios metodológicos, el nuevo subíndice de ayuda sigue dependiendo, sobre todo, de la proporción de ayuda oficial al desarrollo de cada donante respecto del tamaño de su economía (al igual que la versión anterior). Los países nórdicos y Holanda siguen encabezando la clasificación mientras que Estados Unidos y Japón siguen recibiendo puntuaciones bajas. No obstante, el nuevo componente de proliferación de proyectos sí altera sustancialmente las puntuaciones de algunos países. Los países que donan menor volumen de fondos para la cooperación al desarrollo (ya sea porque el tamaño de sus economías es pequeño o porque destinan un bajo porcentaje de su Producto Nacional Bruto a la cooperación al desarrollo) se ven fuertemente penalizados por este nuevo componente. Y esto se debe a que, por lo general, con un bajo nivel de ayuda es menos frecuente la concentración de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) en proyectos mayores de 100.000 dólares. Por lo tanto, donantes como Grecia, Irlanda, Nueva Zelanda o España pierden varios puestos en la clasificación.
La puntuación de España con el nuevo subíndice de ayuda es menor que la que recibía con la antigua metodología y su puesto en la nueva clasificación, sensiblemente peor. España que, según el ICD de 2003 recibía una puntuación de 2,4 en materia de ayuda al desarrollo y se colocaba en la 12ª posición, recibe ahora una puntuación de 2,0, cayendo al 18º puesto de 21. Y el principal motivo de esta fuerte caída es la penalización por la proliferación de proyectos (http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=2540&page=8).
Comercio
Los elementos básicos del subíndice de comercio siguen siendo los mismos. El impacto de la política comercial de los países ricos en los países en desarrollo se sigue midiendo en función de las barreras a las exportaciones de los países en desarrollo mediante la combinación de una medida agregada de protección sobre las variedades de productos más importantes en las estructuras productivas y exportadoras de los países en desarrollo (agrícolas, textiles…) y la apertura revelada (barreras tácitas a la importación) sobre todo tipo de productos en la que pesan, particularmente, las barreras a la compra de productos provenientes de países con menor renta per cápita.
Por lo tanto, las mismas carencias del antiguo subíndice comercial son aplicables a la nueva edición y la fundamental es que se está ponderando en exceso la penalización a las barreras comerciales a los países con menor renta per cápita, obviando la magnitud del impacto de las políticas comerciales de los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en otros países de renta baja y en países renta media.
Dada la levedad de los cambios, la clasificación no se ha alterado sustancialmente respecto del año pasado. Las barreras a los productos agrícolas siguen siendo el componente que determina en mayor medida la puntuación final del subíndice. Estados Unidos sigue ocupando el primer puesto de la clasificación (con una puntuación de 6,7/10). Por lo que respecta a España, se trata del único subíndice en el que gana puestos respecto de la antigua clasificación. España pasa de una puntuación de 6,8 a 5,8 pero la menor puntuación se debe a cambios metodológicos que afectan a los 21 países por lo que sube del 8º al 5º puesto (compartiendo este puesto con buena parte de los países miembros de la Unión Europea).
Inversión
El subíndice de inversión ha sido totalmente revisado en la nueva edición. Con la antigua metodología, se utilizaba como principal componente un proxy del apoyo de los gobiernos de los países donantes a la inversión en los países en desarrollo que era el volumen de inversión extranjera en estos últimos. Para asegurar que se está midiendo la política de inversión y no la inversión misma, en el nuevo diseño, el subíndice se basa en una encuesta a los gobiernos donantes sobre el apoyo a la inversión en países en desarrollo en lugar de una corrección de los datos de la inversión misma. La encuesta, de 18 preguntas, pretende evaluar la política de los gobiernos sobre cinco puntos: (1) provisión de seguros de riesgo político en las inversiones; (2) procedimientos para evitar la doble imposición de beneficios; (3) acciones para evitar comportamientos corruptos; (4) apoyo concreto a la inversión en países en desarrollo (apoyo a la creación, en el terreno, de agencias de promoción de inversión, asistencia en la identificación de oportunidades de negocio, mecanismos de resolución de conflictos…); (5) políticas que afectan a los flujos de cartera (como restricciones a la inversión en países en desarrollo de fondos de pensiones).
Ya se señaló en los comentarios a la anterior versión del índice que los autores estaban valorando positivamente el apoyo a la inversión en cartera en países en desarrollo aunque existe un creciente consenso acerca de la vulnerabilidad e inestabilidad financiera (y, por tanto, económica) que dicho tipo de inversión ha provocado en los países en desarrollo en los últimos años (especialmente a finales de la década pasada y principios de la actual). Sin embargo, se sigue considerando beneficioso cualquier tipo de inversión en los países en desarrollo.
Los cambios metodológicos también alteran sensiblemente la clasificación de países en este subíndice. Australia, Canadá, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos e Italia suben entre 8 y 18 puestos mientras que Austria, Bélgica, España, Suecia y Suiza pierden varios puestos. Con una caída en su puntuación de 8,2 a 4,5, el nuevo subíndice sitúa a España en el 15º puesto de 21, descendiendo desde el 2º puesto. Las peores puntuación y clasificación significarían entonces que el fuerte volumen de inversión directa española comprometido en los países en desarrollo (en América Latina, sobre todo) sería más el fruto de la iniciativa privada que de un apoyo claro por parte de las autoridades. No obstante, esta valoración está sujeta a la hipótesis de que las encuestas realizadas a las autoridades de cada país donante permiten revelar con cierta fiabilidad la magnitud del apoyo de las autoridades a la inversión de las empresas privadas en los países en desarrollo y, además, que dicho apoyo se da para inversiones que efectivamente promueven el desarrollo en los países pobres. En este sentido, cabe destacar que España obtiene una bajísima puntuación en el apoyo a la inversión extranjera en cartera.
Inmigración
Para el subíndice que mide el apoyo (o la permisividad) de las administraciones de los donantes con la entrada de inmigrantes provenientes de países en desarrollo, los cambios también son sustanciales. De medir, básicamente, el número de inmigrantes legales en el país de destino, el ICD pasa a evaluar una combinación de: (1) la proporción del flujo bruto de inmigrantes provenientes de países no-miembros del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo) respecto del flujo bruto de población inmigrante total; (2) la proporción del flujo neto de inmigrantes (durante los últimos cinco años) respecto de la población total; (3) la proporción de estudiantes extranjeros de países no-miembros del CAD respecto del total de estudiantes extranjeros; y, por último (4) el índice del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que evalúa las contribuciones a la ayuda para refugiados y exiliados políticos.
La medición de flujos netos, en lugar de brutos, en uno de los componentes del subíndice, incide en la nueva clasificación. Según los autores, los países tradicionalmente más receptivos como Estados Unidos, Australia o Canadá ganan varios puestos, desplazando a, por ejemplo, Suiza, que cuenta con un gran flujo bruto de inmigrantes pero un flujo neto proporcionalmente bajo (lo cual se debe, probablemente, al gran número de organismos internacionales con sede en Suiza). España también pierde puestos con la nueva metodología. A pesar de que su puntuación en materia de inmigración aumenta de 1,8 a 2,3, su puesto en la clasificación desciende de 14 a 19.
Medioambiente
Los esfuerzos de los países ricos en materia medioambiental se siguen evaluando en función de su contribución a la merma de los recursos naturales mundiales (con un peso de 67% en el indicador) y de su contribución a los esfuerzos internacionales en materia medioambiental (33%). Sin embargo, en esta segunda versión, se eliminan del subíndice medioambiental los esfuerzos de los países donantes en materia tecnológica –esfuerzos que ahora quedan recogidos en el nuevo subíndice tecnológico–, puntuándose únicamente los esfuerzos en materia de cooperación gubernamental (participación en instituciones multilaterales medioambientales y contribuciones financieras a dichas instituciones). Otros cambios incluyen el mayor peso de las emisiones de gases invernadero o la inclusión de los impuestos sobre el consumo de gasolina.
Ya se señaló que, en la anterior versión del índice, España obtenía una alta puntuación en materia medioambiental debido, en gran parte, a las inversiones públicas en energías renovables. De este modo, aunque los cambios en este subíndice no inciden significativamente en la antigua clasificación del conjunto de los países más industrializados, España sí se ve penalizada por los cambios en la valoración de las políticas medioambientales. La puntuación de España en este campo desciende de 6,0 a 5,5, colocándose, junto con Italia, en el 9º puesto (3º en el antiguo subíndice). Si bien España obtiene una valoración relativamente buena en lo que respecta a las emisiones de gases invernadero y ha ratificado los principales acuerdos internacionales en materia medioambiental, sus contribuciones financieras a los organismos internacionales son, comparativamente, escasas y, por encima de todo, se ha eliminado de este subíndice el componente que situaba a España en la tercera posición.
Seguridad
Aparte del cambio de nombre, el subíndice de mantenimiento de la paz sufre otros cambios. El que más afecta a los resultados para los 21 países de la muestra es la ampliación de la serie temporal de dos a diez años. Aunque el índice pretende medir las políticas de los donantes con el mundo en desarrollo en el presente, se ha considerado, este año, que las intervenciones militares en los países en desarrollo no son suficientemente frecuentes como para ser evaluadas sobre periodos de dos años. De este modo se evitan, en principio, fuertes caídas y subidas de determinados países de un año a otro. Al igual que en el ICD-2003, se considera que no todas las intervenciones militares en países receptores de ayuda pueden ser calificadas de operaciones de mantenimiento de la paz (y, por tanto, con un claro objetivo de desarrollo).
El filtro para determinar qué intervenciones tienen un objetivo de desarrollo se amplía: de considerar solamente las operaciones dirigidas o amparadas por Naciones Unidas, el índice considera ahora que pueden ser promotoras del desarrollo todas las intervenciones militares respaldadas por el consejo de seguridad de Naciones Unidas, la OTAN o la Unión Africana. Lo cierto es que, a pesar de la modificación del filtro, se excluyen del cómputo las intervenciones estadounidense y francesa en Ruanda tras el genocidio de 1994. Los autores han considerado que aunque estas intervenciones obtuvieron el respaldo del consejo de seguridad de Naciones Unidas, los países desarrollados pecaron de una excesiva pasividad durante el genocidio. Al margen de que el filtro elegido sea más o menos acertado, o de la valoración que se pueda hacer de la actuación de la comunidad internacional ante la situación en Ruanda, puede decirse que la arbitrariedad en el uso del filtro es una de las principales deficiencias del mismo: la valoración de las políticas de seguridad está dependiendo, en última instancia, de la valoración personal de los autores.
Con los cambios en el subíndice de seguridad, la puntuación y la posición de Estados Unidos en la clasificación aumentan sensiblemente (pasando del 18º al 11º puesto). Otros países que mejoran su posición son Australia (del 15º al 3º) y Reino Unido (del 10º al 2º). Algunos de los países que pierden posiciones son Grecia (1º a 14º), Alemania (8º a 18º) o España. Por lo que respecta a España, su puntuación cae de 2,9 a 2,0, descendiendo cinco puestos en la clasificación (del 14º al 19º).
Tecnología
Otra novedad del ICD es que se incorpora un nuevo subíndice que pretende evaluar los esfuerzos de los países miembros del CAD en materia tecnológica. Partiendo de la idea de que la tecnología es un componente básico del desarrollo, se valoran tanto los esfuerzos de los gobiernos por apoyar la generación de nuevas tecnologías (incentivos fiscales para la inversión privada en I+D e inversión pública en I+D –con descuento parcial de los gastos militares–) como en su difusión a los países en desarrollo. No obstante, dadas las dificultades para medir el apoyo de los gobiernos a la transferencia de tecnología a los países pobres, se ha optado, en esta edición, por evaluar exclusivamente el apoyo público a la generación de tecnología, eliminando el componente de difusión. Al margen del descuento parcial de los gastos militares en la inversión pública en I+D (descuento del 50%), no se discrimina entre variedades de inversión tecnológica, con lo que se está partiendo del supuesto de que todas las innovaciones tecnológicas pueden beneficiar de la misma manera a las condiciones de vida en los países en desarrollo.
Si bien es cierto que resulta sumamente difícil saber, a priori, cuáles van a ser los resultados de las inversiones en investigación y desarrollo y, más difícil aún evaluar sus consecuencias para los países en desarrollo, la no inclusión del componente de difusión en el subíndice tecnológico resta fiabilidad al ICD a la hora de valorar las políticas de los países más ricos en materia tecnológica. La generación de tecnología es, sin duda alguna, una parte importante de la política de los países más industrializados en este terreno, aunque sólo sea porque consiste un paso previo imprescindible para su posterior difusión. Pero la transferencia de tecnología (que está en la base de procesos de desarrollo como el de Japón, Corea del Sur o China) es quizás el elemento más importante de esta política si con ella se pretende medir el compromiso de los donantes con el desarrollo. La exclusión de esta transferencia tecnológica distorsiona las valoraciones que se puedan obtener con este subíndice.
A la cabeza de la clasificación, se sitúan Austria, Canadá y Australia. España obtiene un 4,0 en su política tecnológica, ocupando el 18º puesto de la clasificación. Por detrás de España están Bélgica, Grecia e Irlanda. Los esfuerzos gubernamentales en materia de energías renovables que habían dado a España una alta puntuación en materia medioambiental en 2003 parecen diluirse en el conjunto de los elementos que permiten valorar los esfuerzos tecnológicos. Los elevados incentivos fiscales para la inversión en I+D se compensan con una inversión privada en I+D moderada y con un bajo nivel de inversión pública en innovación tecnológica (de la cual una proporción comparativamente elevada se destina a inversión militar).
Conclusiones: Con la segunda versión del ICD, el índice sintético que pretende medir el mayor o menor compromiso de los donantes con el desarrollo se ha hecho aún más complejo. Se ha introducido un nuevo subíndice –el tecnológico– y se han añadido nuevos componentes para determinar los subíndices que valoran las demás políticas –como la proliferación de proyectos en la política de ayuda al desarrollo, los impuestos sobre gasolina en la política medioambiental o la proporción de estudiantes de países no-miembros del CAD en la política de inmigración–. Y es que, en un índice de estas características, los autores habrán de enfrentarse al dilema de reflejar de la manera más fiable posible el conjunto de las relaciones entre los países desarrollados y los países en desarrollo –con el riesgo de complicar en exceso el índice– o, por el contrario, de crear una medida de valoración sencilla –con el riesgo de caer en un excesivo reduccionismo–.
Asimismo, al “cargar” el índice sintético con nuevos subíndices y componentes se están trasladando al mismo nuevos debates sobre el signo y la magnitud del impacto de las políticas de los países desarrollados en los países en desarrollo. Por ejemplo, cabe preguntarse si la barrera de los 100.000 dólares es el límite a partir del cual un proyecto o programa de cooperación internacional al desarrollo permite obtener una mayor eficacia y un mayor impacto en las condiciones de vida en los países en desarrollo en cualquier sector, cualquier país y cualquier circunstancia. Tampoco existe consenso acerca de cuál es el impacto exacto de la inversión extranjera en los países en desarrollo. Si bien la inversión extranjera directa puede ser promotora de desarrollo económico mediante la financiación de inversión productiva, la transferencia de tecnología o la creación de empleo, una entrada excesiva de flujos de capital puede provocar la apreciación del tipo de cambio, la pérdida de competitividad y el recalentamiento de la economía. Llevando este razonamiento al extremo, podría decirse que por cada nuevo componente que se añada al ICD, habrá un debate paralelo sobre el impacto de una u otra política en el desarrollo de los países pobres. Y a medida que el índice se vaya haciendo más complejo, será también más discutible y discutido.
En definitiva, intentar resumir buena parte del conjunto de las relaciones internacionales en 21 cifras (una para cada país evaluado) arrastra serios problemas metodológicos. Pero el ICD no es un mero ejercicio intelectual, o al menos intenta ser más que eso. Desde su creación hace un año, ha recibido comentarios y valoraciones de los medios de comunicación y desde el ámbito académico. En su Informe de Desarrollo Humano de 2003, el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) señala que el ICD debería contribuir a estimular el debate en la medición de las políticas de los donantes. Asimismo, la Cooperación Holandesa ha recurrido al ICD para valorar su coherencia de políticas con los países receptores de ayuda al desarrollo. Por tanto, si con este índice se pretende guiar, en cierto modo, las políticas de los países miembros del CAD respecto de los países en desarrollo, su diseño y uso deberán realizarse con suma cautela: ¿Realmente la señal que se ha de enviar a las autoridades estounidenses es que su política comercial con los países en desarrollo es, con un 6,7/10, más que aceptable? Una de las críticas más antiguas y recurrentes a ciertos organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional consiste, precisamente, en que su ayuda al desarrollo ha quedado condicionada, en muchas ocasiones, a la adopción de políticas, por parte de las Administraciones de los países en desarrollo, cuyo impacto en el desarrollo era más que discutido en el ámbito académico (tanto desde el punto de vista teórico como desde el empírico) y cuyos resultados no han sido siempre positivos para los países receptores de ayuda.
Iliana Olivié, Investigadora Principal, Área de Cooperación Internacional y Desarrollo, Real Instituto Elcano