Tema: La evolución que ha sufrido la consideración estratégica del estrecho de Gibraltar para los distintos gobiernos españoles en los últimos veinticinco años.
Resumen: Después de que el Eje estratégico Baleares-Estrecho-Canarias fuera considerado en 1980 el centro de gravedad del planeamiento español, hasta la actualidad, el Estrecho y su zona de influencia han pasado, en los textos oficiales, por distintas fases. Durante la década de los ochenta fue el elemento clave de referencia. En 1992 deja de serlo y el territorio peninsular le sustituye como elemento fundamental, imponiéndose una visión puramente terrestre sobre la anterior, eminentemente aeronaval. En 1996, con el cambio de Gobierno, vuelve a adquirir relevancia, apareciendo destacado en las declaraciones de los responsables políticos y citado expresamente en el Libro Blanco de la Defensa 2000 y en la Revisión Estratégica de 2003.
Análisis: Desde la década de los sesenta del siglo XX, en el seno de la Armada española se elabora, y se enseña a los oficiales que acuden al curso de Comandantes[1], la teoría de que el estrecho de Gibraltar debe ser el elemento fundamental sobre el que pivote el planeamiento estratégico español, no solamente por nuestras propias necesidades, sino porque nuestra contribución en esta parcela será sin duda valorada por el conjunto de las naciones occidentales con intereses en dicha zona, dada su relevancia. Dicha teoría incluía la referencia a una concepción amplia del Estrecho, contemplando como imprescindible un dominio claro de los accesos al mismo y no solamente su zona más angosta. Las circunstancias políticas y económicas del momento no permitieron, ni mucho menos, que dicho análisis pasara de ser un mero ejercicio intelectual.
La Transición política española, en sus primeros años, dejó aparcados los asuntos que tenían que ver con la política exterior[2], más allá de los imprescindibles. Cuando las políticas interior y exterior del país empiezan a adquirir cierta coherencia, la necesidad de diseñar una Política de Defensa acorde con esos parámetros comienza a manifestarse. El planeamiento con alguna visión conjunta, aunque incipiente, no comienza a materializarse hasta que no se crea el Ministerio de Defensa en 1977. Ese mismo año nace la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM). Es precisamente este último organismo, en febrero de 1980, el que establece por primera vez, según desvelaría el almirante Franco González-Llanos, que “el centro de gravedad de nuestra estrategia es la zona del estrecho de Gibraltar con sus accesos prolongados hasta las islas Baleares y las Canarias”[3]. Esta decisión constituye el acta de nacimiento del denominado ya para siempre “Eje Baleares-Estrecho-Canarias”. En esencia es la misma teoría que ya se explicada en los años sesenta en la Escuela de Guerra Naval. La Armada, así, conseguía que su teorización adquiriera carta de naturaleza. El Estrecho, para los marinos, era y sigue siendo mucho más que el nexo de unión entre la Península y nuestras plazas de soberanía en el norte de África. Su relevancia, por incidir en el plano multilateral y de la seguridad global, se centra en la vertiente este-oeste, con lo que la propuesta estratégica española se unía indefectiblemente a la de la Alianza Atlántica.
Solamente dos meses después, en abril de 1980, el presidente Adolfo Suárez firma la primera Directiva de Defensa Nacional (DDN 01/80). Sin tiempo para ver finalizado el proceso al que dio origen, la llegada del PSOE al poder trae consigo la redacción de una nueva Directiva, la DDN 01/84, de julio de 1984. Ésta proclama de forma explícita el Estrecho como uno de los principales objetivos de la Defensa Nacional. Antes de esto se produce el ingreso en la OTAN, aunque sin especificar las condiciones de tal adhesión[4]. Durante las conversaciones para concretarla, el Estrecho y el Eje estratégico iban a estar muy presentes. Finalizadas las tres rondas de conversaciones ante la inminencia de las elecciones en España sin que se hubiera alcanzado un acuerdo, en el documento que se redactó con este motivo se reconocía “la importancia del eje Baleares-estrecho de Gibraltar-Canarias para la seguridad de España”[5].
La dificultad de que en Gibraltar existiera un mando subordinado de la Alianza, conocido como GIBMED, con responsabilidad en la zona angosta del Estrecho y uno de sus accesos, planeó durante esas fechas sobre la mesa de conversaciones. Para quien fuera Consejero de Defensa en la Embajada de España ante la Alianza y subdirector general de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, general Martínez-Esparza, en 1982 los aliados en el Mediterráneo habrían tenido que ceder parte de sus áreas de responsabilidad para que España hubiera podido asumir la zona de Baleares y los accesos orientales del Estrecho. Francia, el Reino Unido y Portugal, por motivos diversos, se opusieron a las pretensiones españolas. Quedó claro que el Eje estratégico inspiraba las preferencias estratégicas españolas y los problemas surgieron cuando éstas se plantearon.
Pese a que se asumía que el Estrecho era el más importante de los objetivos estratégicos, la argumentación respecto a la trascendencia del Eje por parte de destacados representantes del Ejército de Tierra se centraba en la necesidad de ligar la Península con las plazas del norte de África[6]. Resultaba paradójico que, pese a hablar todos de lo mismo, no todos se referían al Eje estratégico bajo la misma visión. El teniente general Díez-Alegría dudaba, incluso, en 1983, que la totalidad del Eje pudiera responder a una sola estrategia[7]. Ya hemos visto con anterioridad como para la Armada la vertiente marítima del Estrecho, o lo que es lo mismo, su trascendencia en la relación este-oeste, era lo que en realidad unía los intereses estratégicos aliados y los españoles. Esta disparidad de interpretaciones de una misma estrategia se debía, ni más ni menos, a la ausencia de una doctrina conjunta.
La asunción, al menos en teoría, del Estrecho como referencia estratégica tuvo su repercusión en la distribución de la fuerza. La Armada adopta en 1982 la decisión de trasladar a la base aeronaval de Rota el grueso de la Flota y más tarde su Cuartel General, hasta ese momento en El Ferrol. El Ejército de Tierra, por su parte, en aplicación del Plan META (Modernización del Ejército de Tierra), sufre la primera de una serie de reorganizaciones, con una clara inclinación a concentrar más al sur sus más importantes unidades operativas. Este nuevo despliegue fue explicado en la Memoria de Legislatura del Ministerio de Defensa correspondiente al periodo 1982-1986, como ajustado “a los requerimientos del Plan Estratégico Conjunto”.
En estas fechas el Ejército de Tierra crea una nueva unidad, el Mando de Artillería de Costa del Estrecho (MACTAE), que pretende ser su aportación al control del Estrecho y, por lo tanto, del Eje estratégico. Igualmente, a principios de la década de los ochenta, el Gobierno comienza a construir en la zona más angosta del Estrecho una torre de control marítimo, al amparo del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar (SOLAS), con la intención de asumir esa responsabilidad en la zona.
Siendo coherentes con el planeamiento de esos años, la DDN 01/84, la primera del Gobierno del PSOE, incluye el control efectivo del Estrecho y sus accesos como uno de los cuatro objetivos prioritarios. Además, en la enumeración de las veinte acciones a desarrollar para conseguir esos objetivos, dos se refieren al Estrecho: la que proclama la acentuación del esfuerzo para recuperar la soberanía de Gibraltar y la que incide en la materialización del control militar del Estrecho y del Eje estratégico. En octubre de 1985 es aprobado el Plan Estratégico Conjunto (PEC), introduciéndose respecto a la definición del Eje una novedad: de los tres elementos que lo componen, el Estrecho es sustituido por la Península, por lo que queda definido como Eje Baleares-Península-Canarias. No se trata de un cambio sin importancia, y aunque no supone todavía el abandono del Estrecho como zona de interés preferente o centro de gravedad del planeamiento estratégico, sí nos indica por donde van las preferencias de quienes están en condiciones. La expresión “amenaza no compartida”, que hace fortuna tras la aprobación del PEC, no es más que un eufemismo para definir la posible acción sobre las plazas de soberanía del norte de África, dado que su ubicación las sitúa fuera de la cobertura del Tratado de Washington. Esta circunstancia y la evaluación de dicha amenaza, provocan que se mantenga la atención sobre la zona del Estrecho, aunque con una concepción eminentemente terrestre, por lo que la Península sustituye al Estrecho en la concepción del Eje.
Poco después del referéndum de la OTAN, el presidente del Gobierno Felipe González firma en octubre de 1986 su segunda Directiva de Defensa Nacional, la DDN 01/86, en la que los cuatro objetivos de la anterior quedan reducidos a tres, aunque se mantiene con una redacción muy similar la referencia al Estrecho. El Eje sigue apareciendo como el primer objetivo de nuestra defensa, pero solamente en el papel. En realidad, se carece de los medios adecuados para poder hacer efectivo dicho deseo. Un estudio realizado por un equipo del Instituto Español de Estudios Estratégicos en 1987, que nunca fue publicado, afirmaba categóricamente que España carecía del nivel adecuado de fuerza para ejercer su dominio sobre la zona del Estrecho, señalando que esta circunstancia podía considerarse la principal debilidad de España en el desempeño de su más importante misión estratégica[8]. Pese a los esfuerzos en marcha (Plan META, Programa Naval y FACA), no parecía posible que estos fueran a traer consigo una posición de dominio en la zona estratégica del Estrecho.
De 1986 a 1988, se pondrán las bases para concretar la peculiar participación de España en la OTAN, siguiendo las condiciones establecidas en la pregunta del referéndum. En enero de 1988 y tras quince meses de conversaciones, el embajador de España ante la Alianza, Jaime Ojeda, presenta la que ya es conocida para siempre como “Carta Ojeda”, donde se especifican los seis cometidos a desarrollar por las Fuerzas Armadas españolas, al margen de la estructura militar aliada pero en relación con ella, y como aportación a la defensa común. De estos seis cometidos, al menos tres tienen que ver con el Eje estratégico y de estos uno es, sin ningún tipo de subterfugio, simplemente “el control del Estrecho de Gibraltar y sus accesos”[9]. Tras haber aceptado los aliados el contenido de esta carta, se iniciaron otra serie de conversaciones durante las cuales volvieron a surgir casi los mismos problemas que en 1982, dado que España insiste en protagonizar el control de sus zonas de interés estratégico más relevantes. Sin embargo, es más factible una solución, puesto que no era necesario reorganizar los mandos en el seno de la OTAN, ya que no se planteaba la integración en la estructura militar. En diciembre de 1988 se aprueban las Directrices para la coordinación de las fuerzas españolas con las aliadas, aunque hasta 1992 no se aprueba el último de los acuerdos de coordinación referidos a las seis misiones anunciadas. No por casualidad, la última de las misiones sobre la que se alcanza un acuerdo (el conocido como punto C o “Charlie”) era precisamente la del control del Estrecho y sus accesos.
El final de la década de los ochenta constituye para el profesor Arenal el final de una etapa de transición y el inicio de un cambio en la política exterior española. Este momento, además, propicia que se comiencen a abandonar postulados en materia de política de Defensa que se consideraban propios de la etapa de transición e incluso anteriores. Empieza a materializarse un progresivo abandono del Eje estratégico como único elemento relevante de nuestro planeamiento. Se produce lo que Dionisio García definió como “el abandono de la fijación estratégica en el sur”[10]. La nueva Directiva, la DDN 01/92, primera que se difundió sin restricciones, no incluye ni una sola referencia al Estrecho ni mucho menos al Eje estratégico. Es más, puede interpretarse en alguno de sus párrafos una especie de justificación de esta ausencia, al manifestar que “nuestra seguridad…, no se circunscribe a un espacio territorial propio e inmediato, ya que los intereses de nuestra nación también requieren ser protegidos fuera de los límites de ese espacio”.
El Concepto Estratégico de 1993, fruto inmediato de la Directiva de 1992, constituye una definición claramente terrestre de los postulados estratégicos, donde se afirma que el territorio nacional es una entidad estratégica única, cuyo centro de gravedad reside en el territorio peninsular, base fundamental de proyección de fuerzas. Para corroborar el triunfo de las tesis terrestres sobre las aeronavales, lideradas por la Armada en años anteriores, es la revista oficial del Estado Mayor del Ejército la que proclama la desaparición del Eje estratégico como concepto nucleador de la estrategia nacional. En noviembre de 1994, afirmaba: “Frente a una estrategia centrada en la presencia efectiva en el Eje Baleares-Península-Canarias, se pasa a la definición del territorio español como una entidad estratégica única: su centro de gravedad estaría en el territorio peninsular, que sería la base fundamental de proyección de fuerzas a cualquiera de los ámbitos de actuación definidos en la DDN 1/92”[11]. El Ejército de Tierra recupera así un protagonismo que, en los tiempos en que el Eje estratégico fue el centro de gravedad del planeamiento, había quedado ciertamente disminuido.
Los momentos en que se impone el Eje estratégico coincidieron con los de la peor crisis de identidad y de prestigio del Ejército de Tierra en las últimas décadas. Cuando el Eje desaparece del discurso estratégico oficial, el Ejército de Tierra está comenzando a reponerse de esa aguda crisis y su razón de ser, el territorio peninsular, vuelve a adquirir el peso que había perdido en la definición estratégica una década antes. Sin duda los acontecimientos internacionales influyeron en el cambio de opción. La caída del muro de Berlín, la disolución del Pacto de Varsovia, la distensión internacional y la desaparición del enemigo por antonomasia hicieron que, también para la Alianza Atlántica, el Estrecho y las vías de comunicación marítima que unían el Atlántico Norte con Europa y el Mediterráneo dejaran de ser una preocupación relevante. Todo esto coincide, además, con una decisión política que se desarrolla en un discurso ampliamente difundido por el Gobierno socialista, que aunque consistente en volcar la atención de la política exterior en el Mediterráneo y, más concretamente, en el Norte de África, propicia un cambio sustancial en los fundamentos de la misma. Se trata de poner el énfasis en la cooperación, el diálogo y las relaciones comerciales como las únicas herramientas que el Gobierno socialista esgrimía para disminuir posibles tensiones o riesgos que pudieran proceder del Sur. Si se trataba de crear confianza, se pensaba, había que eliminar del discurso oficial cualquier referencia al uso de la fuerza en una zona en la que se aspiraba a convertir la buena vecindad en el elemento fundamental de las relaciones Norte-Sur.
Eran los tiempos en que se pone sobre la mesa el proyecto de Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo, que nunca se llegó a celebrar. Son también los años en que, coherente con ese planteamiento, los presupuestos de Defensa caen año tras año, hasta situar a las Fuerzas Armadas en una situación de operatividad realmente difícil. En abril de 1995 se aprueba el nuevo PEC, en el que se copia la expresión acuñada por la Alianza en 1991 de la inexistencia de enemigos. Pero en pleno proceso de abandono del Eje estratégico como elemento central del planeamiento español, un acontecimiento internacional viene a poner en solfa todo lo que se estaba haciendo. Se produce la invasión de Kuwait por los ejércitos iraquíes y se pone en marcha el mecanismo de reacción internacional. En la operación de envío de más de medio millón de efectivos con todo su material hasta Arabia Saudí, que dio lugar a la II Guerra del Golfo (1991) y a la liberación de Kuwait, el Estrecho y sus accesos aparecen como una zona clave de paso en las rutas de abastecimiento y despliegue y, además, vulnerable. Tan es así, que las Fuerzas Armadas españolas, como parte de su aportación al esfuerzo internacional, ponen en marcha en la zona, y durante muchos meses, tres operaciones distintas para garantizar el libre tránsito sin dificultades y una navegación sin sobresaltos de los convoyes con destino al otro lado del Mediterráneo (Canal de Suez), para alcanzar así por la ruta más corta el teatro de operaciones.
Con el cambio de Gobierno en 1996, se produce igualmente la redacción de una nueva Directiva, la DDN 01/96, en la que sigue sin aparecer citado ni el Estrecho ni su zona de influencia, pero en la que surgen algunas señales que indican que para el PP existen zonas del territorio nacional que tienen un mayor interés desde el punto de vista estratégico. El ministro Eduardo Serra, por esas fechas, pronuncia una conferencia en la que cita expresamente el Estrecho y el Norte de África como los dos intereses estratégicos directos que España tiene en relación con la Alianza y en los que deberá basarse el diseño de la posición que el país tendrá en la próxima estructura de la OTAN[12]. La apertura de la Alianza a nuevos socios anima al Gobierno Aznar a plantear al Congreso la necesidad de una participación sin restricciones de España en dicha organización. Y en ese proceso, que contó con el respaldo mayoritario de la Cámara, la discusión sobre la delimitación de responsabilidades en el área del Estrecho adquirió de nuevo protagonismo.
Satisfacer los intereses estratégicos españoles era el objetivo general que el presidente del Gobierno anunció en el Parlamento, concretándolo en que “tanto las islas Canarias como los accesos atlántico y mediterráneo al estrecho de Gibraltar habrán de quedar en el área de responsabilidad del mando aliado ubicado en España”, definiendo como “nuestro inmediato interés estratégico” el que se encontraba proyectado “en la estabilidad del Mediterráneo y la garantía de los accesos al estrecho de Gibraltar”[13]. De los cuatro objetivos militares que el Gobierno definió durante la negociación, tres se referían al Estrecho o a su área de influencia: la desaparición del mando aliado en Gibraltar, que ambos accesos al Estrecho quedaran integrados en una sola unidad estratégica (hasta el momento no era así) y que todo el territorio nacional (Canarias incluidas) quedaran bajo un solo mando dependiente de SACEUR. Una vez más, y van tres, cuando España planteó en el seno de la Alianza sus intereses y preferencias estratégicas con el Estrecho como centro, surgieron problemas y con los mismos socios.
No solamente por las pretensiones españolas, sino también porque en otros países surgían conflictos bilaterales ante la nueva estructura, la Cumbre de Madrid de la Alianza (julio de 1997) no pudo aprobar la nueva estructura. Con Portugal, afectado porque se le reducía parte de la zona de influencia, hubo acuerdo, quedando salvado el asunto referido a las Islas Canarias. Pero con el Reino Unido quedaba por resolver el tema de Gibraltar. El titular del Foreign Office, Robin Cook, señaló el mismo día en que se iniciaba la Cumbre de Madrid que si España no levantaba las restricciones militares que mantenía sobre Gibraltar, el Reino Unido estaba dispuesto a vetar la plena integración española en la Alianza. Tras el acuerdo con Portugal y habiendo limado sus diferencias Grecia y Turquía, solamente el conflicto sobre Gibraltar entre España y el Reino Unido impedía que la nueva estructura aliada pudiera concretarse. La tensión, durante los meses previos al Consejo Atlántico de diciembre, fue aumentando hasta tal punto que la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, tuvo que intervenir. Las restricciones españolas sobre el uso militar de la base de Gibraltar correspondían al acervo de medidas establecidas por España en su contencioso bilateral con el Reino Unido y nada tenían que ver con la Alianza, argumentaba el Gobierno español. Londres opinaba que al pasar España a formar parte de la estructura militar, no era aceptable que sobrevivieran restricciones militares sobre instalaciones de un aliado.
El 1 de diciembre, el Consejo Atlántico se reunió en Bruselas con la perspectiva de que no iba a ser posible aprobar la nueva estructura aliada. De forma sorpresiva, el titular británico comunicó a su homólogo español el levantamiento de sus objeciones. Al día siguiente, la nueva estructura fue aprobada. Seis meses después, habiéndose conseguido que desapareciera el submando aliado en Gibraltar (como todos los de cuarto nivel en la Alianza), se unificaran estratégicamente los accesos oriental y occidental del Estrecho y España consiguiera un mando de tercer nivel en su territorio, España y el Reino Unido anunciaban los términos de un “entendimiento” para desbloquear las restricciones militares sobre Gibraltar en ejercicios de la OTAN.
Pero quedaba por ver si la pretendida asunción de la responsabilidad sobre el Estrecho, por parte del mando establecido en Retamares (el Mando Conjunto Subregional Sudoeste, JSRC-SW, en siglas aliadas), que tan insistentemente habían reivindicado y anunciado no solamente el presidente del Gobierno y el ministro de Defensa, sino los máximos responsables militares españoles, se concretaba. Aunque los Términos de Referencia del Comandante en Jefe del Cuartel General Subregional Sudoeste incluían entre sus misiones la de contribuir a la salvaguarda de las líneas de comunicación, incluyendo los accesos desde y hacia el Mediterráneo, la realidad puso de manifiesto que esa era una función para la que el referido mando no estaba dotado. Además, los mandos subregionales (como el español) no tenían zonas de responsabilidad asignadas.
En diciembre de 2000, el presidente del Gobierno firmó una nueva Directiva, la DDN 01/2000, sin referencias directas a zonas de esencial interés estratégico, mas allá de la dimensión mediterránea de la defensa europea. Paralelamente a la elaboración de la Directiva, sin embargo, se elaboró un documento novedoso en el seno del Ministerio de Defensa, que dio como resultado el Libro Blanco de la Defensa 2000, en el que aparecen definidas como zonas de interés estratégico para España, el estrecho de Gibraltar, el Mediterráneo occidental y el Norte de África. Se trata de la primera vez, desde 1992, en que en un texto oficial público, aunque no doctrinal, vuelve a aparecer citado expresamente como zona de interés estratégico el estrecho de Gibraltar. La dependencia energética, en concreto del gasoducto magrebí que atraviesa el Estrecho y entra en España por Tarifa, es uno de los elementos destacados por el Libro Blanco como vital para los intereses españoles.
En 2003, un nuevo documento novedoso en el desarrollo de la Política de Defensa española fue la Revisión Estratégica, en la que, como en el Libro Blanco, vuelve a aparecer el Estrecho y sus zonas de influencia de forma explícita. Tras ligar la seguridad española a la estabilidad general en el área mediterránea, plantea como un riesgo para nuestra seguridad la condición del Estrecho como paso de las líneas de comunicación por las que fluyen los recursos básicos energéticos para España. Plantea también que la presencia de la colonia británica en este punto constituye “una limitación al ejercicio de la soberanía” española sobre sus zonas de interés estratégico. En los anexos que acompañan al texto principal de la Revisión se incluyen numerosas referencias al Estrecho, a las comunicaciones marítimas y a la trascendencia de los intercambios energéticos, así como una reflexión sobre la necesidad de asunción de un protagonismo en la zona “para evitar menoscabos de la eficacia en el ejercicio de las misiones que desarrollen en ella nuestras Fuerzas Armadas a título nacional y como miembro de la Alianza Atlántica”[14]. Pero cuando habla de los riesgos y las amenazas, se extiende en los perjuicios que estratégicamente puede ocasionar la presencia británica, dado que en el Estrecho y sus proximidades “pueden desarrollarse operaciones estratégicas de carácter defensivo sin contar con España, lo que afecta directamente, entre otros aspectos, a la soberanía española sobre los espacios marítimos que rodean la Península. Por ello, España debe mantener una capacidad operativa propia suficiente que le permita mantener el control del Estrecho”[15]. Esta toma de postura supone un claro cambio de rumbo en la consideración del Estrecho dentro del discurso estratégico.
Tras los acontecimientos de los últimos años, en los que la acción indiscriminada ha puesto en evidencia que la amenaza se ha convertido en absolutamente imprevisible, que el enemigo juega con la ventaja de la total asimetría en cuanto a sus métodos de actuación y sus consecuencias, además de no compartir los valores que hacían de alguna manera racional el uso de la fuerza y que, como hemos podido comprobar en carne propia (Madrid, 11 de marzo de 2004), convierten en objetivo a batir cualquier escenario; tras todo esto, se impone de manera clara un reforzamiento de las tareas de control e información de las vías de penetración de la amenaza.
En la actualidad, y desde hace años, España mantiene en su zona de mayor interés estratégico distintos sistemas y dispositivos que aportan una trascendente información, capacidad de control y de acción sobre el Estrecho y sus accesos. Al menos cuatro sistemas, en ocasiones redundantes, pero con finalidades distintas, actúan en permanencia en beneficio del país y de sus aliados: (1) el Centro Zonal de Coordinación de Salvamento (CZCS) de Tarifa, de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, autoridad internacional ante la que tienen obligación de identificación todos los buques mercantes que atraviesan el Estrecho, aporta una información fundamental y de primera mano, de un alto valor estratégico y operacional; (2) el Centro de Operaciones del Mando de Artillería de Costa (COMACTA), del Ejército de Tierra, con un despliegue permanente de sensores de todo tipo a ambos lados del Estrecho, y que bajo el control operativo del Almirante de la Flota, mantiene un control militar de superficie y aporta seguridad al paso del Estrecho; (3) el Sistema Integral de Vigilancia Electrónica (SIVE) de la Guardia Civil, de reciente activación, que mediante un despliegue de equipos de alta sensibilidad, se dedica a la lucha diaria contra el paso clandestino del Estrecho, ya sea en forma de tráfico de personas como de estupefacientes; y (4) los sistemas de captación de señales electromagnéticas del “Sistema Santiago”, dependiente del Estado Mayor de la Defensa, que con su despliegue en la zona del Estrecho aporta la necesaria información estratégica al JEMAD.
Conclusión: No parece que, en el futuro, la especialización en la zona del Estrecho vaya a perder interés, sino más bien todo lo contrario. Es por eso que los sistemas actualmente en servicio, junto con la necesaria colaboración política, económica, comercial y cultural con los países de la zona, además del imprescindible intercambio en materias como la inteligencia, la policial y la judicial, deben permitir a España y al resto de Europa mantener un adecuado grado de seguridad, en un sentido amplio del término, para no renegar del lugar geográfico que ocupamos. Nada debe alejarnos de la responsabilidad y de la relevancia de planear, desde tiempo de paz (si este término sigue teniendo el mismo significado que en el pasado), nuestra defensa ante las nuevas amenazas, de origen diverso y probablemente distante, que nadie habría podido prever en 1989 iban a ser las que hoy son. La ausencia de previsión y de dedicación al cuidado de una determinada posición geográfica, así como la falta de una resuelta decisión de asumir responsabilidades en una zona de claro interés estratégico nacional e internacional, sólo pueden traer consigo que otros decidan asumir los espacios y las tareas que por propio interés y geografía debería liderar España.
Luis Romero Bartumeus
Periodista y master en “Paz, Seguridad y Defensa” por el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” (UNED); autor de “El Estrecho en la política de seguridad española del siglo XX”, Ed. APCG, Algeciras, 2003.
[1] Ángel Liberal Lucini, Valoración estratégica de Gibraltar, conferencia pronunciada en la Escuela de Guerra Naval, 1/XII/1964, al 5º Curso de Comandantes.[2] Celestino del Arenal, “La posición exterior de España”, en Ramón Cotarelo (ed.), Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986), Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1992.[3] Hermenegildo Franco González-Llanos, “La Zona Marítima del Estrecho”, en “El Estrecho de Gibraltar”, Revista General de Marina, tomo 204, mayo de 1983, p. 672.[4] F. Pardo de Santayana, El ingreso de España en la OTAN y el modelo español, conferencia pronunciada en el Curso “Nueva OTAN, nueva UEO. ¿Nuevo modelo español?”, Almería, 23/VI/1996.[5] Ver el texto íntegro de dicho documento en Javier Rupérez, “Cuando entramos en la OTAN”, Revista Española de Defensa, nº 112, junio de 1997.[6] Eduardo Munilla Gómez, Introducción a la estrategia militar española, Servicio de Publicaciones del EME (Colección Adalid), Madrid, 1984.[7] Manuel Díez-Alegria, “La integración en la OTAN. B) Aspectos militares de la integración”, en Bernhard Hagemeyer, Javier Rupérez y Francisco Javier Peña (eda.), España, Europa, Occidente. Una política integrada de seguridad, Distribución y Comunicación S.A., Madrid, 1984.[8]El Estrecho de Gibraltar (estudio de zona), Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, diciembre de 1987 (ejemplar multicopiado).[9] Ver el texto íntegro de la “Carta Ojeda” en Juan Martínez-Esparza Vaqliente, “España en la Alianza Atlántica: siete años después”, en Revista de Aeronáutica y Astronáutica, abril de 1989.[10] Dionisio García Flórez, Ceuta y Melilla. Cuestión de Estado, Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, 1999, p. 382.[11] Jesús R. Argumosa Pila, “El nuevo marco estratégico”, Ejército, nº 656, noviembre de 1994.[12] Eduardo Serra Rexach, “Integración de España en la OTAN”, en Cuartas Jornadas de Defensa Nacional, Monografías del CESEDEN, nº 20, Madrid, 1977.[13] El debate parlamentario que se produjo tras la “Comunicación del Gobierno sobre la Participación de España en la Alianza Atlántica Renovada”, está recogido en Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente. VI Legislatura, nº 38 y 39, de 13 y 14/XI/1996.[14]Revisión Estratégica de la Defensa, Ministerio de Defensa, Madrid, 2003, p. 134 (el paginado de la Revisión corresponde al de la versión electrónica disponible en la página web del Ministerio de Defensa español (www.mde.es/mde/politica/pdf/red.pdf).[15]Ibidem, p. 147.
