Tema: La confrontación entre el Presidente de la República, Vicente Fox, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
Resumen: Desde hace aproximadamente un año la vida pública en México ha estado dominada por la confrontación entre el Presidente de la República, Vicente Fox, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. El contenido ostensible del conflicto es la política económica, pero su dinámica ha obedecido a la competencia por la próxima elección presidencial, de julio de 2006. La coyuntura política está definida por tres factores: (1) la debilidad de la Presidencia, incapaz de impulsar un programa de gobierno consistente; (2) las divisiones internas de los partidos políticos, que hacen imposible un acuerdo estable en la actual legislatura; y (3) la polarización de la opinión pública ocasionada por el conflicto entre el Presidente y el Jefe de Gobierno de la capital.
Análisis
1. Gobierno bloqueado
Vicente Fox Quesada llegó a la Presidencia de la República en diciembre de 2000, con una promesa de cambio sumamente general e inconcreta, que aprovechaba sobre todo un clima de opinión contrario al Partido Revolucionario Institucional. La debilidad de su gobierno y el desencanto posterior podían anticiparse desde entonces, tanto por las desorbitadas expectativas puestas en el Presidente como por la precaria posición de su partido (el PAN) en el Congreso, con poco más de un tercio de los diputados.
Los resultados de su política económica han sido mediocres. Se ha mantenido la disciplina fiscal, se han controlado el déficit público y la inflación y se ha conservado la estabilidad financiera y cambiaria, es decir: en términos generales, equilibrio de finanzas públicas y buen orden macroeconómico. No obstante, en los primeros tres años de gobierno la economía no creció –una tasa cercana a cero– y sólo en el cuarto año ha habido una modesta recuperación; lo más grave es un aumento del desempleo: la pérdida de aproximadamente un millón de puestos de trabajo, y el crecimiento de la economía informal. Ésa es, sin duda, la razón fundamental del desencanto.
En los demás terrenos no ha habido tampoco cambios espectaculares. La legislación más importante, para crear un Servicio Civil de carrera y garantizar el acceso a la información pública, no tienen mucha notoriedad ni peso en la opinión general. La política social y asistencial, con un presupuesto reducido, se ha abierto a la crítica sobre todo por declaraciones triunfalistas y autocomplacientes. Ha habido escándalos de corrupción relativamente menores, pero que empañan la imagen del “gobierno del cambio”: en particular, las acusaciones por desvío de recursos de la Lotería Nacional para financiar la organización caritativa que dirige la esposa del Presidente.
La política exterior, que durante mucho tiempo sirvió a los gobiernos posrevolucionarios como recurso adicional de legitimación, ha sido objeto constante de polémica: primero, por las difíciles votaciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con motivo de la guerra de Irak; después por el voto de México contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra; recientemente, por el fallido intento de postular un candidato mexicano para dirigir la Organización de Estados Americanos, con el apoyo de los Estados Unidos, en contra del chileno José Miguel Insulza, impulsado por Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela.
La imagen del gobierno federal se ha deteriorado también considerablemente por los constantes desacuerdos y la falta de coordinación dentro del gabinete; los secretarios de Estado en su mayoría no pertenecen al PAN, no forman un equipo político, con frecuencia llevan sus conflictos y desacuerdos en público, incluso con la filtración de documentos oficiales a la prensa. Sólo como ejemplo: hicieron pública su renuncia, antes de que hubiera comunicación oficial, el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, el representante de México ante la ONU, Adolfo Aguilar Zínser, el secretario particular de la Presidencia, Alfonso Durazo, todos ellos explicando desacuerdos y diferencias con el Presidente. Igualmente ha perjudicado al ejecutivo federal la vacilación en decisiones importantes: el fracaso en el intento de construir un aeropuerto alterno para la Ciudad de México, el fracaso de la propuesta de reforma fiscal, la rectificación en el proceso judicial contra el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
El factor básico de la debilidad del poder ejecutivo ha sido su confrontación con el Congreso, donde el PAN no tiene mayoría. Lejos de intentar un acuerdo político de legislatura, el Presidente decidió desde un principio subrayar su antagonismo con el Congreso, en el intento de gobernar de manera plebiscitaria: en más de una ocasión usó la televisión para dirigirse a la ciudadanía, explicando sus desacuerdos con los diputados, invocando el interés superior de la nación contra los intereses de los partidos. Llevó al extremo la estrategia durante la campaña electoral de 2003, para renovar el Congreso, pidiendo una mayoría absoluta para el PAN que, según el lema de campaña, “quitase el freno al cambio”.
La idea era aprovechar el deseo de cambio que se había manifestado en la elección del 2000 y capitalizar el sentimiento más o menos general y difuso de hostilidad hacia el PRI. La estrategia fracasó. La elección federal de 2003 dio como resultado nuevamente un congreso sin mayoría absoluta para nadie, pero con un aumento considerable en el número de diputados del PRI y del PRD, y la pérdida de casi cincuenta diputados del PAN. El cambio del electorado es menor de lo que parece si se descuentan los factores anómalos de la elección del 2000, pero hubo sin duda un voto de castigo.
Para la nueva legislatura ofreció el gobierno federal un amplio paquete de reformas: fiscal, energética, laboral y de telecomunicaciones. La única que llegó a concretarse en una iniciativa de ley fue la reforma fiscal, que tenía como uno de sus ejes eliminar la exención del impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas: tanto el PRI como el PRD habían hecho parte de su campaña electoral con la consigna de mantener la exención, no cobrar IVA en alimentos y medicinas, de modo que era previsible que la iniciativa fuese derrotada en el Congreso, como efectivamente sucedió; sólo logró el PAN sumar los votos de una pequeña fracción del grupo parlamentario del PRI. De las demás reformas hablan los miembros del gabinete con relativa frecuencia, encareciendo su importancia, pero ninguna ha llegado a presentarse en la cámara.
A partir de 2004, buena parte de la energía, el prestigio y el capital político de la Presidencia se ha invertido en el conflicto con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, cuyo saldo es negativo en términos generales para el Presidente Fox.
2. Elección anticipada
El campo político se ha visto distorsionado, desde 2002, por una anticipada competencia por las candidaturas para la elección presidencial de 2006. Es un fenómeno difícil de explicar. Influye por una parte el peso que tradicionalmente ha tenido en México la figura del Presidente: buena parte de la política en tiempos del PRI se reducía a la especulación sobre la designación del candidato. Persiste la idea de que la única decisión importante o la más importante de todas es la selección del posible sucesor. Influye también la debilidad del gobierno federal: hay la sensación de que los repetidos fracasos dejaron sin iniciativa a la Presidencia y se puede dar por concluido el sexenio, de modo que lo que cuenta es la próxima elección. Por otra parte, ninguno de los tres partidos mayores ha aceptado el actual empate de fuerzas en el Congreso: todos aspiran a conseguir una mayoría suficiente junto con la Presidencia, en el año 2006. Finalmente, y no es lo de menos, la forma más simple y más directa para medir los movimientos de la opinión mediante encuestas consiste en preguntar a partir de los nombres de personajes concretos, más o menos conocidos: en todos los medios de comunicación –prensa, radio y televisión– se presentan desde 2002 encuestas semanales o mensuales de intención de voto, con los nombres de posibles candidatos.
Esa orientación de la política hacia un futuro relativamente lejano, con la atención puesta en los vaivenes de la opinión, ha dificultado mucho los acuerdos de legislatura. Ninguno de los partidos quiere dar a los otros una ventaja, aceptando sus iniciativas, ni arriesgarse a perder puntos con un voto en el congreso que pudiera ser impopular. Para decirlo en términos muy simples: la sucesión presidencial se ha convertido en un segundo escenario siempre presente, cuya lógica influye sobre todas las demás decisiones políticas.
En general, los partidos políticos aparecen mal valorados en las encuestas de opinión. Ninguno tiene una posición del todo sólida ni suficiente cohesión interna. Su peso electoral y la distribución geográfica de su voto se mantienen básicamente sin cambio en las elecciones locales: tienden a ganar en los estados donde ya gobernaban; como cambio, lo más notable ha sido la victoria del PRD en el estado de Guerrero.
El PAN ha tenido una relación muy complicada con el Presidente Fox, que no incluyó prácticamente a ningún miembro de su partido en su primer gabinete. Han sido ostensibles y muy ruidosos los desacuerdos entre el Presidente y el líder del PAN en el Senado de la República, Diego Fernández de Cevallos; el pésimo resultado en la elección federal de 2003 fue un motivo más, y más grave, de desavenencia: para el partido el problema está en haber cargado con el desgaste del gobierno sin participar directamente en la toma de decisiones; no obstante, las mayores tensiones han surgido con motivo de la declarada ambición de la esposa del presidente, Marta Sahagún, de ser candidata del PAN a la presidencia en 2006. Vuelve a perfilarse, como en otras ocasiones en la historia del partido, una división entre “doctrinarios” y “pragmáticos”, señalada por alguna renuncia y declaraciones en prensa de líderes tradicionales, aunque no es previsible una ruptura. De momento, tienen la iniciativa los pragmáticos, con el apoyo del Presidente; sin embargo, para la próxima elección, donde el candidato más probable es Santiago Creel, secretario de Gobernación, el gobierno será más un lastre que un apoyo.
El PRI tiene el mayor grupo parlamentario en el Congreso y gobierna la mayoría de los estados, pero su apoyo electoral es mínimo en la Ciudad de México y los conflictos internos han ocasionado rupturas y retrocesos electorales considerables en estados importantes, como Oaxaca, Veracruz y estado de México. No ha encontrado una fórmula para seleccionar candidatos sin la autoridad arbitral del Presidente de la República, de modo que cada proceso implica un desgaste serio, que con frecuencia resulta en la separación de líderes locales. Hay en el PRI muchas y profundas divisiones: entre una izquierda nacionalista y una derecha liberal, entre partidarios de la colaboración con el gobierno y partidarios de la obstrucción, entre quienes buscan un electorado urbano, moderno, de clase media, y quienes tienen el apoyo de un electorado tradicional; se complican todas ellas con serias enemistades personales y ambiciones enfrentadas. El líder nacional, Roberto Madrazo, controla el aparato del partido pero no ha sido capaz de mediar en los conflictos: es el candidato más probable para el 2006, pero no tiene una buena imagen pública.
El PRD ha tenido buenos resultados en los estados que gobierna, pero su electorado sigue estando muy concentrado en la Ciudad de México y el centro del país (en los estados de Michoacán, Zacatecas, Oaxaca y Guerrero). En un tercio de los estados no llega al 10% de la votación y en el conjunto está alrededor del 20%. Para ganar la próxima elección presidencial tendría que duplicar los votos de su mejor resultado histórico. El actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, suele ser muy bien valorado en las encuestas y ofrece la mejor oportunidad para el año 2006; se ha impuesto dentro del partido en un conflicto apenas disimulado con el líder histórico, Cuauhtémoc Cárdenas. El problema estratégico fundamental para López Obrador es que necesita al partido, pero necesita también atraer a otros votantes, que no se inclinarían por la imagen y propuestas tradicionales del PRD; eso lo pone en tensión permanente con algunos de los notables del partido.
3. La polarización
En los últimos dos años se ha producido una creciente polarización de la opinión pública a partir del enfrentamiento entre el Presidente Fox y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Se explica por muchos factores: son los dos cargos políticos de mayor visibilidad y se encuentran, Fox y López Obrador, en polos opuestos del espectro político; en algunos temas básicos sus ideas son irreconciliables: en particular, en los proyectos de reforma energética, fiscal y del sistema de pensiones; tienen además un estilo similar: muy personal, desenfadado, de mucho atractivo mediático; ambos han tratado de aprovechar la polarización, recrear el clima de la “gran confrontación” del año 2000, identificando a su adversario con el pasado priísta –el PRI populista, de los setenta, o el PRI liberal, de los ochenta–; finalmente, no hay que desechar una importante dosis de animadversión y antipatía puramente personal.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México no ha sido espectacular ni muy distinto de los anteriores, ni para bien ni para mal. Lo más notable de su administración: la construcción de un aparatoso paso a desnivel, un extenso puente de varios kilómetros como segundo piso de la principal vía rápida de la ciudad; una pensión general para las personas mayores de 65 años (aproximadamente 50 euros al mes). Su mayor problema: la inseguridad pública, el crecimiento de la delincuencia y la ineficacia y corrupción de los cuerpos de policía.
En la práctica, su política es muy similar a la del viejo PRI. Mediante diversas concesiones y un uso clientelista de los recursos públicos ha consolidado el apoyo de una extensa red de vendedores ambulantes, taxistas irregulares, grupos de colonos y organizaciones vecinales; para financiar el gasto ha aumentado la deuda de la ciudad en un 15% o 20% por ciento; ha privilegiado a algunos grupos de empresarios mediante la asignación directa de contratos públicos y promueve su imagen con un abultado presupuesto de publicidad, distribuido discrecionalmente. Mantiene una muy buena relación con la iglesia católica, a la que ofrece trato de favor. Como protección, el PRD ha usado su mayoría en el congreso local para dificultar o impedir el acceso a la información del gobierno. Sus críticos insisten airadamente en la arbitrariedad de las decisiones y el manejo irresponsable del gasto: no obstante, en términos generales ha sido una política eficaz para consolidar el voto del PRD y construir la imagen nacional de López Obrador que es, sin duda, el político mejor valorado en las encuestas.
Lo más llamativo del Jefe de Gobierno es su estilo personal. Es hábil y enérgico para maniobrar en la política burocrática, no tiene muchos reparos para arreglar alianzas, pero sobre todo se maneja bien en los medios de comunicación. En ruedas de prensa es hablador, dicharachero, jactancioso y bromista, aficionado a desplantes: emplea un lenguaje popular, con frecuencia pone sobrenombres a sus adversarios y ofrece una imagen de la política caricaturesca, pero que sintoniza muy bien con el sentido común de la gente. Como orador es agresivo, simplista y vehemente.
En la primavera de 2004 inició su confrontación abierta con el gobierno federal, a partir de la difusión de una serie de grabaciones de video que mostraban al secretario de Finanzas de su gobierno jugando en un lujoso hotel de Las Vegas y al líder del PRD en la asamblea local recibiendo en varias ocasiones maletas llenas de dólares de un empresario de la construcción. López Obrador decidió tomar la ofensiva y denunciar a quienes habían orquestado la difusión de las imágenes: según su explicación, se trataba de un complot para desacreditarlo e impedirle que llegase a la Presidencia. Implicó en el intento al Presidente, a Carlos Salinas de Gortari, incluso al gobierno de los Estados Unidos. Tuvo que radicalizar su discurso y subrayar su antagonismo con todos los poderes fácticos, que por eso trataban de minar su prestigio.
Continuaron las fricciones casi con cualquier motivo: la actuación de la policía local durante un linchamiento, la firma de acuerdos fiscales o de financiamiento de la educación pública local. Llegó a su punto culminante cuando la Procuraduría General de la República pidió el desafuero de López Obrador para que pudiera ser juzgado por el desacato de un mandato judicial, en el caso de una expropiación; era un caso dudoso, por una falta menor, movido por obvias intenciones políticas: si hubiese sido sometido a juicio, López Obrador podría haber perdido sus derechos políticos. El caso sirvió para acentuar la confrontación, dándole un objetivo concreto a la movilización del PRD. Después de dos o tres semanas de manifestaciones multitudinarias, plantones, amenazas y violentos intercambios en la prensa, el Presidente decidió detener la acción de la fiscalía y archivar el caso.
El saldo del largo enfrentamiento entre la Presidencia y el Gobierno del Distrito Federal ha sido por mucho favorable a López Obrador. Ha conseguido mucha mayor visibilidad, la atención de todos los medios de comunicación durante meses, ha terminado de disciplinar a su partido y unificarlo en torno a su candidatura, ha construido un aparato alternativo de agitación y ha obligado finalmente a retroceder al gobierno federal. Lo más importante es que la abierta hostilidad del Presidente, el PAN y el PRI le ha servido para acreditar su imagen de opositor radical, representante de una opción completamente distinta, sin necesidad de adquirir compromisos claros. Ha publicado un libro con su “proyecto alternativo de nación”: lo único concreto es la idea de emplear el petróleo como motor del desarrollo y utilizar el gasto público para reactivar la economía, a través de la industria de la construcción.
Conclusiones: La anticipación de la campaña presidencial, las dificultades internas de los partidos y la confrontación con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal han contribuido a debilitar definitivamente al gobierno federal. No es probable que en la actual legislatura se apruebe ninguna de las iniciativas que ha anunciado el Presidente. El año entero, hasta julio de 2006, estará dominado por la próxima elección presidencial.
Es de esperarse que continúen los ataques contra López Obrador, aunque no es razonable pensar que la Presidencia vuelva a tomar la iniciativa. Habrá seguramente nuevos escándalos. Al PRD, por otra parte, le ha resultado rentable la polarización: necesita mantener la imagen de oposición intransigente pero sin ahuyentar a los posibles electores que rechazan el estilo tradicional, de confrontación y agitación callejera, típico de algunas corrientes del partido.
Fernando Escalante Gonzalbo
Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México