Tema: Este análisis evalúa el impacto que las medidas tomadas en el contexto de la lucha contra el terrorismo islamista pudieran tener en el precario proceso de democratización marroquí.
Resumen: La irrupción del terrorismo islamista en Marruecos exige nuevos instrumentos con los que hacer frente a esta amenaza. Los más destacados son la llamada ley antiterrorista y un esfuerzo sin precedentes por recuperar el control del discurso religioso. La eficacia de estas dos medidas está por confirmar, pero ya parece claro que con ellas Marruecos podría sufrir un nuevo giro autoritario. La ley antiterrorista ha supuesto una merma para los derechos y libertades fundamentales mientras que la reforma del campo religioso podría significar el fin de las buenas relaciones entre el sistema y los islamistas moderados, que han recibido el apoyo de amplios sectores del electorado marroquí. Marruecos debe armonizar la eficacia en la lucha contra el terrorismo con su lento proceso de liberalización política.
Análisis: A principios de los años noventa muchos analistas explicaban la inmunidad de Marruecos frente al islamismo por el liderazgo religioso que ejerce el rey, quien también ostenta el título de Comendador de los Creyentes (amir al mu’minin). Tras las elecciones legislativas de 2002, los islamistas moderados del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), formaban grupo parlamentario propio en la Cámara de Representantes. Junto a este grupo coexistía el movimiento islamista moderado más importante del país, Justicia y Caridad (JyC) liderado por Abdesalam Yasín, que ha permanecido desde entonces en el ostracismo político y confinado al asistencialismo social.
El panorama islamista marroquí se completa con una nebulosa de grupos radicales, visibles desde finales de los noventa tras el retorno de los marroquíes que combatieron en la guerra de Afganistán. Muchos de estos grupos pertenecen al llamado salafismo takfirista, variación extremamente violenta del islamismo radical que propugna el aislamiento absoluto de sus miembros respecto de una sociedad que consideran herética en su conjunto. Aunque Selma Belaala estima que los takfiristas marroquíes no pasan de ser unos cientos (Le Monde Diplomatique, noviembre de 2004), estos grupos han sobresaltado a la opinión pública marroquí desde finales de los noventa llenando las páginas de sucesos de los periódicos con noticias sobre lapidaciones y asesinatos. Los grupos takfiristas suelen estar dirigidos por un autodenominado emir que imparte justicia y sentencia por apostasía a todos aquellos que no cumplan con su particular interpretación del islam. Hasta el mes de abril de 2004 unas trescientas personas han muerto en sus acciones, 45 de ellas víctimas de los atentados del 16 de mayo de 2003 en Casablanca. Hay indicios que apuntan a la vinculación de estos grupos con al-Qaeda: en un mensaje grabado en febrero de 2002, Bin Laden citó a Marruecos entre los países musulmanes que estaban listos para ‘liberar’ de la apostasía; y en mayo 2002 se desarticuló una presunta célula durmiente de al-Qaeda en Marruecos que parecía dispuesta para atentar contra buques de la OTAN en el Estrecho de Gibraltar.
La proliferación del salafismo combatiente marroquí y sus posibles vínculos con al-Qaeda, así como la implicación de numerosos marroquíes en los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004 supusieron una doble amenaza para el majzen (el entramado de poder que rodea al monarca). El extremismo radical mermaba la reputación de moderación y occidentalización que Marruecos ha utilizado como un activo para sus relaciones privilegiadas con Occidente. Además, el monopolio que la Corona ejercía sobre el islam desde la independencia se veía en entredicho. Por ello, en el discurso que Mohamed VI dirigió a la nación el 29 de mayo de 2003, pocos días después de los atentados de Casablanca, anunció el fin de lo que calificó como “era de laxitud”. Este discurso estaba dirigido a aquellos “que aprovechan la democracia para minar la autoridad del Estado, que extienden ideas que crean un campo fértil para sembrar el fanatismo y la discordia, y que impiden a las autoridades judiciales responder con la firmeza que la ley requiere”. Los islamistas moderados del PJD y de JyC, no tardaron en percibir que el frágil equilibrio que caracteriza sus relaciones con el sistema comenzaba a resquebrajarse.
La ley antiterrorista 03/03
Tras los atentados del 11-S, Marruecos decidió impulsar la elaboración de una ley antiterrorista. Esta iniciativa fue promovida por el sector más duro del Ministerio del Interior y la Dirección de Seguridad Territorial (DST). Su proceso de tramitación parlamentaria ha sido uno de los más complejos de los últimos años por la oposición que el proyecto suscitó en amplios sectores del espectro político marroquí. Ya en febrero de 2002 se creó una Red Nacional Contra el Proyecto de Ley Antiterrorista que aglutinó a grupos tan diversos como la Asociación Marroquí pro Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Attac Maroc y el partido conservador Istiqlal, entre otros. Pero quienes ejercieron una oposición más férrea contra la ley fueron los islamistas del PJD. La tramitación parlamentaria del proyecto puso en evidencia que aumentaba la distancia entre el PJD y el majzen. Los atentados de Casablanca terminaron con los largos debates parlamentarios y la ley fue aprobada apenas una semana después de los atentados (22/V/2003).
El aspecto más controvertido de la ley es la vaga definición de los delitos de ‘terrorismo’ y de ‘apología del terrorismo’. En opinión de muchos, esto da capacidad al sistema para arrinconar a ciertos sectores de la oposición política. Se considera que la ley 03/03 acentúa un proceso de repliegue de las libertades y los derechos fundamentales cuyo hito hasta entonces había sido la promulgación del Código de la Prensa de 2001, y que posteriormente ha continuado con la desaparición del Ministerio de Derechos Humanos (08/VI/2004). Este código facilita el espionaje oficial, recorta las libertades procesales de forma flagrante y amplía el delito de difamación –que llevó al periodista Ali Lmrabet a ser condenado a cinco años de prisión acusado de criticar a la institución monárquica– a la religión y la unidad territorial.
La primera aplicación de la ley antiterrorista en julio de 2003, en el juicio celebrado contra los responsables de la matanza de Casablanca, concluyó con diez condenas a muerte, entre otras penas. Se reactivaba así la pena capital en Marruecos, donde no se había ejecutado a ningún reo desde 1993, aunque en fecha de la sentencia las cárceles marroquíes contaran con 64 condenados sin ajusticiar. Para muchos esta ley ha permitido al Gobierno llevar a cabo detenciones masivas de islamistas de todo signo, incluidos los moderados. Se estima que en los cinco primeros meses después de los atentados de Casablanca, se detuvo a unas cuatro mil personas, de las que 838 fueron encarceladas y 390 condenadas en firme. Fuentes no oficiales calculan que la cifra de detenidos e interrogados desde que se cometieron los atentados podrían llegar a los ocho mil.
La aplicación de esta ley ha provocado numerosas protestas de organismos como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que en noviembre de 2003 manifestó su inquietud por la aplicación de esta norma, así como por algunos principios del derecho penal marroquí tales como el de la exoneración penal cuando las torturas se cometen en cumplimiento de órdenes de un superior o de una autoridad pública. El Comité también recomendó a Marruecos la inclusión en su derecho positivo de una definición unívoca de la tortura. Igualmente, en su informe del 24 de junio de 2004, Amnistía Internacional denunció la existencia de malos tratos y torturas físicas y psicológicas en el curso de las investigaciones de los atentados de Casablanca, en el conocido centro de detención de la DST en el bosque de Temara, cerca de Rabat.
El control del campo religioso
La reforma de la política religiosa marroquí llevada a cabo tras los atentados de Casablanca es un tema de candente actualidad al otro lado del Estrecho. Esto responde a la creencia, comúnmente extendida, de que el entramado institucional conocido como islam oficial puede reducir los apoyos de los movimientos de contestación política de base religiosa. La política religiosa ha adquirido un peso excepcional en los dos últimos discursos que Mohamed VI ha pronunciado con motivo de la fiesta nacional del Trono. El monarca se ha esforzado en subrayar su monopolio sobre el campo religioso al declarar que “la relación entre el Estado y la religión ya ha sido zanjada en nuestro país al establecer la Constitución que el Reino de Marruecos es un Estado islámico, y que el rey es el comendador de los creyentes” (30/VII/2003). En su discurso de 2003, el rey recordó la unidad doctrinal del islam marroquí, de inspiración exclusivamente malekí –una de las cuatro grandes escuelas jurídicas del islam, y quizá la más flexible–. De esta forma el majzen rechaza la implantación de asociaciones wahabíes, minoritarias pero bien implantadas en Marruecos desde 1979, cuando las relaciones bilaterales con Arabia Saudí eran muy fluidas, por su apoyo financiero a las operaciones militares de Marruecos en el Sáhara Occidental, y por su ayuda doctrinal para contrarrestar el impacto de la Revolución iraní.
La determinación de un cambio en la política religiosa se hizo más evidente en el discurso de Trono de 2004, cuando el rey habló de la necesidad “de una separación total entre la política y la religión […] para frenar toda instrumentalización de la religión con fines políticos”. En abril de 2004 el monarca anunció una profunda reestructuración del Ministerio de Habús y Asuntos Islámicos, por la que se creaban dos nuevas direcciones generales, una dedicada a la enseñanza religiosa y otra al control de la construcción y financiación de mezquitas. También anunció la creación de consejos regionales y provinciales de ulemas, en los que por vez primera se incluiría a mujeres. Estos consejos están coordinados por un consejo supremo, única institución habilitada para la emisión de fatuas (pronunciamientos legales de carácter religioso), “para evitar la intrusión en la religión de individuos ajenos a la ley”. Este consejo supremo está bajo el patronazgo del monarca.
Además, el majzen pretende reforzar sus relaciones con el islam tradicional de base sufí. Esto se ha plasmado en la organización del I Encuentro Internacional Sufí en Marrakech en octubre de 2004 y la sustitución al frente del Ministerio de Asuntos Religiosos de Ahmed Taufiq, más cercano al sufismo popular que su predecesor Abdelkadir M’dagri, acusado de permisividad con el wahabismo. En su afán por controlar el campo religioso, el monarca incluso ha inaugurado la nueva emisora Radio Coránica Mohamed VI, que “velará por la unidad doctrinal de la fe y del rito marroquí” y que funcionará como una filial de la Radio-Televisión Marruecos (MAP, 16/X/2004).
Las relaciones con los islamistas moderados
Estas medidas presagian el fin de las buenas relaciones entre el majzen y los islamistas moderados del PJD y, en menor medida, de JyC. Ya en su discurso posterior a los atentados de Casablanca, el rey hizo advertencia a los diputados del PJD por su oposición durante la tramitación de la ley 03/03: “[…] consciente de los peligros de la amenaza terrorista, el Estado ha luchado por evitar este riesgo por medio de la fuerza de la ley y el envío de un proyecto al Parlamento hace algunos meses [ley antiterrorista]. Sin embargo, algunos círculos han recurrido a [su] obstaculización sistemática, coartando los planes del Gobierno”.
En realidad, la poca coherencia ideológica interna del PJD ya había supuesto una fuente de fricciones entre el partido y el majzen antes de los atentados. El sector más radical del PJD siempre ha estado representado en puestos clave a través de personajes como Mustafá Ramid –líder del grupo parlamentario– o Ahmed Raisuni. Este sector duro es el más cercano a los principios del movimiento Reforma y Unicidad, uno de los grupos que se fusionaron para formar el actual PJD. En los últimos tiempos este sector más conservador maniobra para adquirir el control total del partido, marginando al sector moderado y próximo a Abdelkrim Jatib. Entre los desafíos que este frente conservador lanzó al Gobierno están la publicación de resultados electorales paralelos a los oficiales en la revista At Tajdid, las presiones para endurecer la legislación anti-alcohol, la petición de cierre de los centros de enseñanza extranjeros, las sonadas protestas contra actores como Laurent Gerra o el director de cine Nabil Ayuch, y el hecho de que Raisuni cuestionara la entidad religiosa del monarca. Esto último abrió una profunda crisis en el seno del PJD que acabó con la dimisión de Raisuni, tras retractarse en una carta abierta en la que calificó sus declaraciones de error personal del que él era el único responsable (15/VI/2003).
Desde los atentados de Casablanca, el PJD ha tratado de limar asperezas con el majzen. Como otros grupos, no tardó en condenar los atentados. Raisuni, dirigente del sector más duro del PJD, incluso declaró que “estos actos suponen un grave atentado contra el islam y justifican la intervención extranjera en los asuntos de los países islámicos”. Días después, el PJD permitió la aprobación de la ley antiterrorista en su trámite parlamentario. Desde entonces, los islamistas moderados han denunciado la persecución que han sufrido desde la promulgación de la ley, un acoso que ha llegado al mismo Abdlekrim Jatib –en otro tiempo, un hombre cercano a Palacio– por su relación con una cuenta bancaria abierta para recaudar ayuda humanitaria para Palestina. Para evitar toda confrontación con el sistema, el PJD ha relajado su perfil de oposición en muchos otros frentes. Para no alarmar a los sectores laicos del país, el partido sólo se presentó en el 18% de las circunscripciones en las elecciones municipales de 2003, tras las que aún así se convirtió en la segunda fuerza electoral urbana del país. Más significativo aún fue el fin de su feroz oposición a la reforma del estatuto personal, la mudawwana, antes de su aprobación a finales de 2003. La voluntad de moderación del PJD se ha hecho más evidente tras el congreso del partido en abril de 2004, cuando el moderado Saad Eddine el Othmani se hizo con la secretaría general del partido, relegando así al ala más radical.
A pesar de todo, la amenaza del rey sobre una posible prohibición de los partidos de base religiosa se ha plasmado en el mes de noviembre de 2004 en el anuncio de una reforma de la ley de partidos. Aunque la reforma pudiera tener efectos positivos sobre el sistema de partidos marroquí –atomizado por numerosos grupos políticos con escasas raíces en el electorado–, también prohibiría la existencia de partidos religiosos o regionalistas. El ministro de Asuntos Islámicos ha declarado que “el referente religioso se puede sobrentender en las aspiraciones de ciertos partidos que obran dentro de la legalidad, pero en lo esencial la especificidad [de los partidos] debe ser la ideología” (Le Matin, 16/XI/2004). Parece que el proyecto de ley tendrá una rápida y fácil tramitación parlamentaria. Aunque el PJD no ha querido ver una agresión en el anteproyecto de ley, lo cierto es que la interpretación de lo que es o no un partido de base religiosa queda en manos del Ministerio del Interior. Othmani, nuevo secretario general del PJD, ha dicho que su partido no teme verse afectado porque “no es ni religioso ni islamista, sino un partido de referente islámico”. Sin embargo, en las mismas declaraciones quedó patente el potencial enfrentamiento con el majzen cuando Othmani negó el derecho de ningún actor a monopolizar la religión (Le Matin, 10/XI/2004).
Aunque de forma más limitada, JyC también ha evitado su enfrentamiento con el sistema desde los atentados de Casablanca. Para rebajar tensiones, el grupo también moderó su oposición a la modificación de la mudawwana. Su portavoz, Nadia Yasín, no alabó el resultado final de la reforma como hizo el PJD, pero aclaró que JyC no ejercería oposición ya que la mudawwana no es un texto sagrado. A pesar de la moderación de su tono opositor y del acoso al que muchos de sus simpatizantes dicen estar sometidos desde los atentados de Casablanca, JyC no ha dejado de reclamar un espacio en la vida política marroquí. El movimiento es miembro, junto con otros grupos y ONG, de la llamada Célula Marroquí contra el Foro del Porvenir. Todos ellos organizaron la manifestación del 28 de noviembre en Rabat en apoyo a las víctimas de los conflictos de Irak y Palestina, y para rechazar la celebración del Foro, que en diciembre de 2004 llevó a Colin Powell a la capital marroquí para analizar, junto a otros líderes mundiales, las perspectivas de reforma en Oriente Medio. Significativamente, el grupo de Yasín participó de forma diferenciada en la manifestación, quizá con la intención de evidenciar la amplitud de sus apoyos. En la misma manifestación participó también el PJD, aunque de forma mucho más discreta.
Conclusiones: Los instrumentos que el Gobierno marroquí decida utilizar en su lucha contra el terrorismo islamista no deberían traducirse en un retroceso en el proceso de democratización del país. La ley antiterrorista supone un recorte serio de los derechos fundamentales y de las libertades procesales. Muchos han acusado al Gobierno de utilizar esta medida para reducir a ciertos sectores de la oposición política, especialmente al islamismo moderado. Por otra parte, en su afán por controlar el campo religioso, el majzen no puede ignorar que la paz relativa conseguida con JyC y la integración de los islamistas moderados del PJD en las instituciones representativas, son dos de los mayores logros políticos recientes del país. Desde las elecciones legislativas de 2002, un amplio sector del electorado marroquí ha mostrado su apoyo continuado al PJD y, por ello, ningún proceso democratizador con pretensiones de éxito debería excluirles. Si eso sucediera tras la reforma de la ley de partidos anunciada en noviembre de 2004, sería un grave retroceso en el renqueante proceso de democratización marroquí. Por otra parte, la represión del islamismo moderado puede resultar contraproducente y encumbrar a los sectores más conservadores del PJD y JyC, grupos que han rechazado con claridad diáfana el uso de la violencia como estrategia política.
Héctor Cebolla Boado, Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM), Universidad Autónoma de Madrid