Tema: La expulsión por el gobierno francés de varios miles de inmigrantes gitanos rumanos ha avivado el interés de las instituciones europeas por los programas para su integración.
Resumen: Desde los primeros años 90 se ha producido en Europa una migración de población gitana o “roma” desde los países del Este hacia los Occidentales. Esta población roma vive en toda Europa en condiciones de vivienda, trabajo, salud y educación peores que las de la mayoría, con una diferencia que es más notable en los países más pobres de Europa del Este. Su migración hacia Europa Occidental plantea a los Estados receptores un difícil reto.
Análisis
La población gitana o “roma” europea
La población gitana constituye la minoría étnica más grande de Europa, estimada en unos 12 millones de personas. Llegaron al continente hace más de 500 años, entre los siglos XIV y XV, tras una peregrinación que les llevó desde la India –donde los historiadores cifran su origen y su expulsión tras la conquista musulmana del subcontinente en el siglo X– hasta Oriente Medio, pasando por Persia y Egipto. A diferencia de otras minorías étnicas, ésta no tiene aspiraciones de autonomía territorial ni un Estado de referencia.
El primer problema con que se tropieza al abordar la situación de la población gitana es la inexistencia de datos sobre su tamaño. Todo lo que se diga sobre este tamaño se basa en estimaciones que comparten un mismo problema: en la mayoría de los casos sus fuentes son estudios realizados para los servicios sociales de atención a las situaciones de pobreza, infravivienda, marginalidad espacial y fracaso escolar, y por tanto suelen quedar fuera de ellos los gitanos que viven en condiciones de “normalidad”, asimilados a la población mayoritaria europea.
De este modo, la imagen del colectivo permanece siempre ligada a la marginalidad, sin información sobre los gitanos que consiguen salir de ella. Quizá el éxito en la integración social de algunos gitanos explique que, pese a su alta natalidad, las estimaciones de la UE respecto a su tamaño hayan disminuido en los últimos años: en 2008 señalaban una población de entre 12 y 15 millones, que en 2010 reducían a 10-12 millones. Por otra parte, este origen de los datos sobre los gitanos tiene un importante efecto político negativo, al hacer invisibles los logros de la integración y quedar condenado por tanto a repetir imágenes de exclusión y de fracaso en las políticas de integración.
¿Cuáles son los rasgos que definen a los gitanos europeos, de acuerdo con estos estudios? La población gitana, o roma, como se denomina en su propio idioma –un idioma de origen sánscrito, perdido entre los gitanos españoles, pero vivo en Europa del Este– se encuentra en la peor posición de la estructura social en todos los países europeos, con mayor pobreza, subempleo, paro, concentración en infravivienda, índice de delincuencia y rechazo social. Geográficamente se concentra en el Este y el Sur de Europa, con mayor presencia en Europa Oriental, tanto en números absolutos como en relación con la población total.
Estimaciones sobre el tamaño de la población roma/gitana
| Estimación del tamaño | Estimación del porcentaje sobre la población total | |
| Rumanía | Entre 1,4 y 2,5 millones | 14 |
| España | 680.000 | 1,7 |
| Hungría | 570.000 | 6 |
| Bulgaria | Entre 550.000 y 1 millón | Entre 5 y 10 |
| Eslovaquia | 400.000 | 7 |
| Francia | Entre 250.000 y 300.000 | 0,4 |
| Alemania | 200.000 | 0,2 |
| República Checa | Entre 160.000 y 200.000 | Entre 1,6 y 2 |
| Grecia | Entre 160.000 y 350.000 | Entre 1 y 2,5 |
| Reino Unido | Entre 200.000 y 300.000 | Entre 0,3 y 0,5 |
| Italia | Entre 120.000 y 150.000 | Entre 0,2 y 0,3 |
Fuente: Ethnic Minority and Roma Women in Europe. A Case for Gender Equality?, Comisión Europea 2007. Las estimaciones más recientes para España evalúan en 460.000 el número de gitanos.
En cuanto a sus rasgos demográficos, la natalidad de esta población es mayor que la media del resto y el matrimonio se produce a edades más tempranas, con una media de 15 años para las mujeres y 18 para los hombres, pero las condiciones de salud son peores y, por tanto, la mortalidad más alta y la esperanza de vida menor. Las oportunidades de empleo de la población gitana o roma son menores que las de la mayoría porque su nivel educativo es significativamente más bajo, con un alto abandono escolar y fracaso educativo, incluso en los países en que, como España, la lengua de la escuela y la lengua materna son las mismas.
Los roma forman sociedades patriarcales y clánicas, con una fuerte solidaridad entre los que pertenecen al mismo linaje, y rivalidad con los que forman parte de otros linajes. Practican una marcada división sexual del trabajo y una asignación a las mujeres de puestos secundarios, de subordinación a los hombres. La virginidad femenina tiene una gran importancia y, en caso de separación, los hijos pertenecen al padre y a la familia de éste.
La endogamia es muy alta, cercana al 95%, y la boda fuera del grupo gitano/roma constituye un comportamiento muy rechazado y sancionado socialmente. Esta endogamia sostenida a lo largo de los siglos es el principal mecanismo de impermeabilidad cultural y sin él no puede explicarse que este grupo, muy pequeño en su origen, haya conseguido mantener señas de identidad propias en la sociedad europea durante más de 500 años. Esa impermeabilidad cultural es parte del atractivo que el romanticismo del siglo XIX sintió hacia los gitanos y que se ha mantenido en algunas manifestaciones culturales desde entonces.
Casi desde su llegada a suelo europeo el modo de vida de los gitanos provocó el rechazo de las sociedades mayoritarias, una actitud que se mantiene incólume en el siglo XXI: tanto las encuestas de ámbito nacional como las europeas muestran que éste es el grupo más rechazado, por encima de cualquier otro, incluyendo aquí a los inmigrantes de cualquier origen. El rechazo es superior en Europa del Este, donde la población roma supone un porcentaje mayor del total y donde su nivel de integración social es notablemente menor que en España, el otro gran país de residencia gitana. En Europa del Este gran parte de la población roma mantiene su lengua, lo que entorpece la integración de los niños en el sistema educativo y, como consecuencia ulterior, provoca mayores dificultades laborales. Un alto porcentaje de niños roma son derivados a escuelas especiales pensadas para niños con problemas de aprendizaje o con dificultades psíquicas o físicas. Durante la etapa comunista, los Estados intentaron la asimilación de los roma, obligándoles al sedentarismo, la asistencia a la escuela y el trabajo asalariado regular, pero la crisis económica que puso fin a la experiencia comunista se cebó en primer lugar con los puestos de trabajo menos cualificados, en parte ocupados por los roma, cuyo nivel de desempleo creció de modo desorbitado en los años 90 y no se ha recuperado desde entonces.[1] A la vez, el desmoronamiento del Estado socialista relajó el sistema de control institucional sobre esta población, lo que combinado con su desempleo, resultó en un notable aumento de la delincuencia protagonizada por gitanos. También en los años 90, en parte como consecuencia de esa crisis económica, comenzó la emigración roma hacia países de Europa Occidental, especialmente desde Rumanía, una migración que se ha encontrado desde el comienzo con dificultades de integración y que ha originado varias formas de intervención pública para evitar algunos fenómenos que la han acompañado, como la aparición de nuevos núcleos de chabolas, el aumento de la mendicidad o la pequeña delincuencia de adultos y menores.
El “antigitanismo” en Europa del Este es, a diferencia del Occidental, explícito y no coartado en su expresión. Tanto entre las elites intelectuales y políticas como entre las clases “populares” es frecuente escuchar que los gitanos son los principales responsables de su situación de especial pobreza y que la sociedad mayoritaria no tiene ninguna obligación particular hacia ellos. La violencia en la relación entre gitanos y payos es esporádica pero no excepcional y en algunas ocasiones ha provocado intentos de eliminación física de poblados gitanos enteros (en Rumanía y Bulgaria) o, como ocurrió en la República Checa, ha conducido al intento de aislamiento entre la población gitana y la mayoritaria mediante la construcción de muros de separación.
El proceso de acercamiento de estos países a las instituciones comunitarias en los años 90 y primeros de este decenio provocó la aparición de diferentes iniciativas relacionadas con la población gitana en el Consejo de Europa, la OSCE y la Comisión Europea, con la elaboración de informes, recomendaciones y programas. La iniciativa más global es la Década para la inclusión social de la población gitana (2005‐2015) en la que participan todas estas instituciones más el Banco Mundial, la Open Society Foundation y ocho países de Europa del Este. Durante el proceso de negociación para la integración de estos países en la UE, la presión de la Comisión obligó a los aspirantes a preparar programas de integración específicos para los roma. En la actualidad, todos los países de Europa del Este en la UE tienen programas de apoyo a la población gitana, a lo que hay que añadir los tres del sur (España, Italia y Grecia) y Finlandia. El presupuesto total de estos programas asciende a 17.500 millones de euros, en los que están incluidos 13.300 millones provenientes del Fondo Social Europeo.
Sin embargo, el desinterés de la mayoría de los Estados europeos hacia “la cuestión gitana” quedó de manifiesto en la II Cumbre Europea sobre la población roma, celebrada en Córdoba en abril de este año, bajo la Presidencia española de la UE: a ella sólo acudieron un ministro de Finlandia, un secretario de Estado de Francia y dos ministros del gobierno español. Entonces Francia llevaba ya meses procediendo a la expulsión-devolución de gitanos rumanos y búlgaros que se encontraban irregularmente en territorio francés y Alemania había devuelto también a Kosovo a gitanos que habían abandonado la zona durante la época del conflicto armado, pero no se había producido aún el escándalo surgido al revelarse que el Ministerio del Interior francés mencionaba explícitamente a los gitanos en sus órdenes de desmantelar los poblados ilegales habitados por inmigrantes irregulares. El revuelo causado por esta noticia ha desencadenado una pequeña tormenta política en la que el Parlamento Europeo ha reprochado a la Comisión su pasividad, hasta que ésta, en la figura de la Comisaria Viviane Reding, ha reaccionado con una dura condena verbal a Francia y una amenaza de sanciones, sólo para ser acallada poco después por el Consejo, es decir, por los representantes de los ejecutivos nacionales, que unánimemente han apoyado a Francia, mostrándose así mucho más cerca de las opiniones públicas de sus respectivos países que de las opiniones publicadas en los medios de comunicación o de las expresadas en el Parlamento Europeo.
Por otra parte, la división de la población gitana en linajes ha hecho imposible hasta ahora su organización política y la defensa común de sus intereses ante las instituciones públicas. Incluso en los países donde las normas electorales han favorecido su presencia parlamentaria, asignando diputados nacionales a la minoría, ésta se ha fragmentado políticamente en grupos identificados con linajes familiares.
La integración de la población gitana española: una larga historia de dificultades
Tal como cuentan las crónicas y recogen los historiadores,[2] los primeros indicios de presencia gitana en España sitúan su llegada en 1425 cuando varios cientos de gitanos, encabezados por “condes de Egipto” se presentaron ante los diferentes reinos de la península para solicitar permiso para cruzarla como peregrinos a Santiago. Algunas décadas después, en 1499, los Reyes Católicos iniciaron lo que sería una larga serie de medidas para asimilarlos o expulsarlos. La población gitana, sin oficio o tierras, recurría con frecuencia al robo para subsistir, y esta práctica ocasionó la primera Pragmática contra gitanos que obligaba a abandonar el país a todos los gitanos que no tuvieran oficio o “señor al que servir”. La debilidad del aparato estatal del siglo XV impidió entonces ejecutar la orden contra una población nómada y por tanto difícil de localizar. Carlos I, en el siglo XVI, intentó de nuevo en tres ocasiones la expulsión que, como en el caso de los Reyes Católicos, no pretendía afectar a todos los gitanos sino sólo a los “vagantes y sin oficio”. Tampoco entonces la Corona tuvo éxito en su intento y la posición de los sucesivos monarcas fue endureciéndose, desde la leva forzosa de gitanos para servir de galeotes en la Armada de Felipe II hasta nuevos decretos de expulsión con mayores sanciones a los gitanos que los incumplieran.
En el siglo XVII, durante el reinado de Felipe IV, la Corona cambió de estrategia e intentó la asimilación forzosa (“enmendarlos, no expulsarlos”) y convertirlos en súbditos indistinguibles del resto, prohibiéndoles usar “ropas de gitanos”, vivir en barrios separados o utilizar su lengua, entonces aún cercana al tronco romanò. Felipe V continuó esta política de asimilación coercitiva, obligando a los gitanos a residir en ciertas ciudades y prohibiéndoles el ejercicio de oficios diferentes al agrícola. Fernando VI fue más allá e intentó la extinción de la minoría, deteniendo en 1749 a todos los gitanos que el reinado anterior había concentrado en las ciudades, separando a hombres de mujeres y niños y enviando a todos los hombres de más de 12 años a trabajar en las minas de Almadén y los arsenales de Cádiz, Cartagena y El Ferrol. Pero la lluvia de reclamaciones que esto provocó por parte de gitanos que argumentaban vivir cumpliendo las normas obligó al Consejo a dar marcha atrás y permitir la libertad de los gitanos que pudieran demostrar una vida ordenada con informes de los párrocos y las “justicias” de sus pueblos. Aunque la mayoría de los gitanos fueron liberados de sus trabajos forzosos en los primeros meses tras su detención, los últimos no abandonaron las minas y arsenales hasta 1763. Esta experiencia provocó un nuevo cambio de política hacia los gitanos. La Pragmática de 1783, de Carlos III, intentó la asimilación por otras vías: concedió por primera vez a los gitanos la igualdad de derechos con los demás súbditos, permitiéndoles elegir sus oficios y lugares de residencia, pero mantuvo la prohibición de la lengua y el traje gitanos y del nomadismo. A la vez, prohibió el uso de la palabra “gitano” para referirse a ellos, por considerar que se había convertido en un término injurioso.
El Censo de la población gitana que se elaboró durante el reinado de Carlos III recoge unas 10.000 personas, con profesiones variadas entre las subalternas, en las que destacan los herreros, arrieros y esquiladores. Estos parecen haber sido los principales oficios gitanos durante varios siglos hasta que el proceso de industrialización los convirtió en obsoletos. La crisis de los oficios tradicionales causada por la industrialización y urbanización ha tenido efectos más persistentes entre la población gitana que entre la paya, quizá porque la adaptación a los nuevos oficios exigía un nivel de alfabetización que sólo ahora la población gitana está alcanzando.
La discriminación legal contra esta población en España no terminó por completo hasta 1978, cuando las Cortes democráticas anularon los últimos vestigios de ella, los artículos 4 y 5 de las “Disposiciones para los distintos servicios del Cuerpo de la Guardia Civil”, por lo demás claramente obsoletos:
“Art. 4. Se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de reconocer todos los documentos que tengan, confrontar sus señas particulares, observar sus trajes, averiguar su modo de vivir y cuanto conduzca a formar una idea exacta de sus movimientos y ocupaciones, indagando el punto a que se dirigen en sus viajes y el objeto de ellos”.
“Art. 5. Como esta clase de gente no tiene, por lo general, residencia fija, se traslada con mucha frecuencia de un punto a otro en que sean desconocidos, conviene tomar de ellos todas las noticias necesarias para impedir que cometan robo de caballerías o de otra especie”.[3]
Las características de la población gitana hoy
Como ocurre en el resto de Europa, sobre el tamaño de la población gitana sólo existen estimaciones. En 1978, según recogía la proposición parlamentaria para derogar las mencionadas disposiciones de la Guardia Civil, el número de gitanos en España era de 400.000, una cifra que las estimaciones de 1999 elevaban a 600.000 y las del 2007 deja en 460.000.[4] Hay muchos factores que dificultan realizar estimaciones convincentes, empezando por el hecho de que no se cuenta con un censo previo del que partir y acabando por la inexistencia de una definición de en qué consiste ser gitano. Esto último es un rasgo compartido por muchas otras minorías étnicas o culturales, ante el que suele recurrirse a la autodefinición como alternativa metodológica: es gitano el que se define a sí mismo como tal. Pero ninguna encuesta de ámbito nacional a la población en conjunto ha incluido una pregunta de autoidentificación como ésta. Por otra parte, si desde la perspectiva de los propios gitanos, según muestran los estudios antropológicos, “ser gitano” exige el mantenimiento de ciertos rasgos como la pertenencia a un linaje, el respeto a las decisiones tomadas por los mayores, la endogamia, la virginidad de las mujeres antes de la boda y la subordinación de éstas a los hombres, muchos individuos gitanos, sobre todo mujeres, pueden dejar de ser identificados como tal a resultas del proceso de integración que están experimentando.[5] Por otra parte, si las fuentes sobre las condiciones de vida de la población gitana siguen siendo, como se señalaba al principio, las provenientes de los estudios realizados por o para los servicios sociales, puede ocurrir que los individuos integrados desaparezcan de la imagen y que, por tanto, en apariencia los avances sean escasos.
Conviene tener esto en cuenta al leer los resultados de los estudios sobre la población gitana en España.[6] Según éstos, el bajo nivel educativo es el problema más grave y el principal handicap que afronta este grupo. De acuerdo con los datos del 2005, siete de cada 10 adultos gitanos son analfabetos absolutos o funcionales.[7] La encuesta que el CIS dedicó en 2006 a esta población mostraba que el 37% de los mayores de 16 años no tienen ningún estudio y el 60% sólo tiene la primaria. Es decir, sólo el 3% tiene algún estudio superior a la primaria. Esta situación, pese a ser mala, es un avance importante en comparación con la de décadas anteriores, cuando la mayoría de los niños gitanos abandonaban sus estudios antes de acabar los primarios. Es, además, un éxito importante de las administraciones educativas y locales, y una ventaja muy notable de los gitanos españoles en comparación con los de Europa del Este.
Sin embargo, la escolarización en la educación secundaria a partir de los 11 años, pese a ser obligatoria hasta los 16, sigue siendo muy escasa entre los niños gitanos, especialmente entre las niñas, de las que sus familias esperan que dediquen su tiempo a ayudar en las tareas domésticas. En cuanto a su actividad, predomina el trabajo informal, con sólo un 7,4% de la población activa ocupada en un empleo fijo por cuenta ajena. La venta ambulante y la recogida y venta de chatarra son las dos ocupaciones más frecuentes. La tasa de ocupación es baja si se tiene en cuenta que gran parte de los ocupados lo son sólo durante algunas horas diarias o semanales (cuatro de cada 10 ocupados trabaja menos de 30 horas semanales).
La vivienda en chabolas u otras formas de infravivienda, como cuevas o barracones, es ahora una práctica minoritaria entre la población gitana (12%) a resultas de los planes de realojamiento que desde finales de los años 70 han ido acabando con los barrios de chabolas y alojando a la población gitana en bloques de vivienda pública o protegida (el 59% de la población gitana ocupa viviendas de protección pública, ya sea en alquiler, propiedad o cesión).[8] La práctica inicial de realojo conjunto de la población chabolista en barrios, que se han convertido en guetos marginales, ha sido sustituida gradualmente por la dispersión de las familias gitanas en pisos de bloques habitados por no-gitanos, con el objetivo de mejorar su integración.
La impermeabilidad cultural de esta minoría parece haber disminuido de modo importante en las últimas décadas: la generalización de la asistencia a la escuela, al menos durante el período de la educación primaria, la convivencia con payos en los barrios y bloques, y la presencia de la televisión en todos los hogares, ha tenido un efecto de erosión de algunas de las normas sociales y hábitos del grupo. La natalidad está descendiendo, la edad al contraer matrimonio se ha elevado y los hogares están cada vez más compuestos por familias nucleares (padres e hijos) del mismo modo que en la sociedad mayoritaria. En otro orden de cosas, la extensión del consumo y el tráfico de drogas entre algunos grupos de gitanos ha supuesto un duro golpe a la cohesión social y al tradicional respeto a los mayores y ha producido una importante presencia en las cárceles, especialmente de las mujeres, que representan un 25% de las presas españolas.[9]
Esta participación de una pequeña parte de la población gitana en el tráfico de drogas y otras actividades delictivas ha contribuido a empeorar aún más la imagen del colectivo, que se encuentra en España con una opinión pública muy desfavorable. Según muestran los datos del CIS de 2005,[10] la convivencia vecinal con gitanos es la más rechazada, por encima de la convivencia con alcohólicos o ex presidiarios, los siguientes en la lista de rechazo, y muy por encima de las personas con problemas psíquicos o los inmigrantes.
Sobre este panorama descrito por los estudios se produce la llegada desde principios de este siglo de gitanos procedentes de Rumanía, sobre cuyo volumen no existen datos estadísticos. Su llegada es muy visible por su atuendo diferente, por su ejercicio de la mendicidad –casi del todo abandonada por los gitanos españoles– y por la formación de nuevos núcleos de chabolas o la reactivación de antiguos núcleos. Estos gitanos hablan el romanò, llegan en grupos familiares grandes y en su mayor parte pasan a depender de la caridad privada o de la pública institucionalizada a través de los servicios sociales. Su llegada supone un desafío importante para los órganos, en su mayoría locales, ocupados de la erradicación del chabolismo o la integración educativa y social de la población marginal.
Algunas preguntas sobre la migración intraeuropea de la población gitana y su integración
Las normas europeas proclaman el derecho a la libre circulación y a la residencia de los ciudadanos comunitarios dentro de los territorios de la UE. En ejercicio de esa libertad, varios cientos de miles de gitanos del Este de Europa se han trasladado en los últimos años a países de Europa Occidental, en busca de mejores condiciones de vida y un ambiente social de menor rechazo. Dada la ausencia de cifras y estudios, no sabemos cuántos de estos gitanos han emigrado del mismo modo que sus compatriotas, es decir, residiendo en pisos y ocupándose en trabajos en la construcción, la industria, la agricultura o los servicios. Si existen, han pasado desapercibidos, mientras que la cara conocida de esa emigración roma hacia el oeste es la ofrecida por el chabolismo, la mendicidad o la pequeña delincuencia, a menudo protagonizada por niños. Tampoco existe información sistemática sobre la respuesta de los diferentes Estados Occidentales, especialmente de las administraciones locales, a esta peculiar forma de inmigración. Las políticas que han saltado a la luz pública son las que han causado escándalo, como la decisión italiana de desmantelar campamentos ilegales y expulsar a unos 12.000 gitanos sin permiso de residencia en 2008 o la francesa de hacer lo mismo este año. Pero poco o nada ha trascendido sobre lo que ocurrió antes de que esas decisiones fueran tomadas, es decir, sobre el modo de vida de la población gitana en Italia y Francia, sobre la posición de los servicios sociales ante esta inmigración y sobre su incorporación al trabajo y a la escuela. Sabemos, eso sí, que el 79% de los franceses apoyaban la decisión de la expulsión, un nivel de apoyo que exige una explicación más allá del argumento sobre la manipulación de la opinión pública por la derecha en el poder.
Rumanía, el principal país de origen de la migración gitana, ha pedido un plan europeo para la integración de esta población, mostrando así que no tiene capacidad económica para solucionar por sí sola el problema de la integración de su minoría roma, ni siquiera con la ayuda de los Fondos Sociales europeos. En medio de la grave crisis económica que vive el país, la integración de la población gitana no es la prioridad para el gobierno rumano. En el conjunto de Europa del Este, donde sus condiciones de vida son peores que en Europa del Sur y las relaciones con la mayoría más conflictivas, sólo el desarrollo económico a largo plazo podrá permitir que los Estados dediquen los recursos extra necesarios para apoyar la integración educativa, laboral y de vivienda de esta minoría. Esas políticas que en España, Francia e Italia han tenido éxito tras varias décadas de esfuerzos para integrar a los gitanos españoles, franceses e italianos son costosas, aunque no existe ninguna cuantificación de las mismas. ¿Cuántos trabajadores sociales y “educadores de calle” españoles dedican su tiempo a asegurar la escolarización de los niños gitanos en la ESO? ¿Cuánto han gastado las diferentes administraciones en los planes de erradicación del chabolismo, convertido en los años 80 y 90 en una realidad casi exclusivamente gitana? O, en Francia, ¿qué coste tiene para los ayuntamientos la obligación legal de reservar suelo para “la gente del camino”, como se denomina a los gitanos aún nómadas?
Y, sobre todo, ¿pueden los Estados de Europa Occidental asumir una ampliación de esos costes para que el esfuerzo de integración se ocupe no sólo de sus propios gitanos sino también de la población gitana que podría emigrar a ellos? A falta de datos, y en el contexto actual de restricción general de los gastos sociales, la respuesta intuitiva es negativa. ¿Qué pueden entonces hacer los Estados de Europa Occidental ante la llegada de una inmigración de muy baja cualificación y difícil integración laboral y, por ello, social? La única respuesta posible es la aplicación de la ley. Las normas comunitarias condicionan la libre estancia de un extranjero comunitario en un país miembro de la UE –más allá de los tres meses de estancia libre inicial– a la posesión de medios de vida propios (trabajo u otros recursos económicos) y el incumplimiento de esta condición es motivo de expulsión.[11] Difícilmente podría ser de otra forma en el contexto de sistemas nacionales de bienestar social, sufragados con impuestos y contribuciones de la población de cada Estado. Por otra parte, las normas urbanísticas prohíben en toda Europa construir viviendas sobre terrenos no urbanizados y sin conexión a los servicios básicos de agua, luz y alcantarillado, lo que convierte en ilegales los campamentos chabolistas. En definitiva, la emigración de un alto número de roma de Europa del Este a Europa Occidental sólo es sostenible si se realiza en condiciones de normalidad laboral y habitacional. De la misma forma, los Estados miembros, Occidentales u Orientales, deben vigilar y castigar cualquier forma de discriminación contra la población gitana en el acceso al trabajo o a la vivienda.
Conclusión: A menudo los textos sobre la población gitana parecen transmitir un mensaje rotundo: la situación de esta población es la consecuencia de la exclusión y discriminación a que se ve sometida. Este discurso tiene un importante efecto negativo porque desresponsabiliza a la población gitana, que aparece aquí como sujeto pasivo de su devenir. Por otra parte, ese discurso que deja caer toda la responsabilidad en la sociedad mayoritaria no es sostenible políticamente y conduce a resultados como el fracaso de la II Cumbre europea sobre gitanos y a una cada vez mayor distancia entre las opiniones públicas y las instituciones que se erigen en defensoras de la minoría. A medio y largo plazo, un modelo que se dirija en los países europeos al conjunto de la población para erradicar la pobreza, la infravivienda y el abandono escolar sin privilegiar a un grupo étnico sobre los demás, es más sostenible políticamente que los programas dirigidos específicamente a este grupo. De hecho, esto es lo que se ha hecho en España, a la que podemos considerar un modelo de éxito en este terreno. Esa política universalista, que atiende a todos los necesitados teniendo en cuenta sus particularidades, pero sin conceder derechos especiales por pertenencia a una minoría, es la única que puede encontrar el apoyo de las poblaciones mayoritarias y evitar a la larga el efecto negativo de reforzar la segregación del grupo.
Carmen González Enríquez
Investigadora principal, Real Instituto Elcano
[1] Sobre la población gitana en Europa del Este, puede verse David M. Crowe (1994), A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia, St. Martin`s Press, y Zoltán Barany (1998), “Orphans of Transition. Gypsies in Eastern Europe”, Journal of Democracy, vol. 9, nº 3.
[2] Véanse María Helena Sánchez Ortega (1978), “Historia de una represión”, Historia 16, nº 22, y María Helena Sánchez Ortega (1986), “Evolución y contexto histórico de los gitanos españoles”, en Teresa San Román Espinosa (comp.), Entre la marginación y el racismo, Alianza Universidad.
[3] http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/CONG/BOCG/BOC_096.PDF. La proposición está firmada por Juan de Dios Ramírez Heredia, el primer diputado gitano español.
[4] Esta última cifra es la recogida por el Mapa de la Vivienda Gitana elaborado por el Ministerio de Vivienda y la Fundación Secretariado Gitano en 2007.
[5] Elisenda Ardèvol (1986), “Vigencia y cambio en la cultura de los gitanos”, en Teresa San Román Espinosa (comp.), Entre la marginación y el racismo, Alianza Universidad.
[6] Miguel Laparra Navarro (coord.) (2007), Informe sobre la situación social y tendencias de cambio en la población gitana. Una primera aproximación, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El texto recoge y sistematiza los estudios sobre la población gitana realizados en España en las últimas décadas.
[7] Población gitana y empleo: un estudio comparado, Fundación Secretariado Gitano, Madrid, 2005.
[8] “Encuesta sociológica a hogares de población gitana”, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006.
[9] Equipo Barañí (2001), Mujeres gitanas y sistema penal, Meytel.
[10] “Encuesta barómetro de noviembre de 2005”, Centro de Investigaciones Sociológicas.
[11] Los familiares de residentes que cuenten con esos medios de vida quedan excluidos de la obligación de contar con medios propios. Véase Cristina Gortázar Rotaeche (2010), “La medida de expulsión como excepción al derecho de libre circulación de ciudadanos de la UE”, Memorando OPEX 149/2010.
