Tema
Oportunidades y desafíos para la influencia de los eurodiputados españoles en el nuevo ciclo institucional de la Unión Europea iniciado plenamente el 1 de diciembre de 2024.
Resumen
Las elecciones europeas, además de afectar a la orientación general de la Unión Europea (UE) durante los cinco años siguientes, prefiguran el poder a ejercer por los eurodiputados de cada Estado miembro. El resultado cuantitativo y cualitativo de las urnas determina la posición organizativa que éstos pueden ocupar con respecto a otros partidos y países, su inserción o no en redes interinstitucionales y, en fin, su capacidad para moldear los contenidos estratégicos y legislativos, a partir de consideraciones ideológicas, pero también de intereses y prioridades nacionales. Por eso, una vez arrancada definitivamente la nueva legislatura, es el momento adecuado para analizar el potencial de influencia española en el Parlamento Europeo hasta 2029.
España no sólo cuenta con la fortaleza del tamaño –cuarta delegación entre las Veintisiete–, sino que es uno de los pocos casos donde los partidos tradicionales de orientación europeísta se impusieron con claridad en junio a las formaciones emergentes, que suelen ser escépticas o incluso hostiles al proceso de integración. Eso permite a los miembros del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) disfrutar de una buena posición de partida para influir en debates y decisiones. En la dimensión organizativa España es tercera, tan sólo por detrás de Alemania e Italia, en el número de nacionales que componen las mesas de las comisiones y subcomisiones. En cuanto a los contenidos, algunos índices sitúan a los representantes españoles como segundos en relevancia, consiguiendo un elevado poder en algunas políticas sectoriales importantes, sin perjuicio de que haya déficits de presencia en otras. También existen ejemplos de cómo los eurodiputados españoles han podido ejercer influencia a través de sus grupos políticos sobre la Comisión Europea.
La preferencia de la sociedad española por opciones europeístas moderadas parece haber favorecido el potencial de influencia de los eurodiputados españoles. Pese a sus diferencias ideológicas, una mayoría clara de los eurodiputados españoles se han integrado desde los años 90 en los grupos de la “gran coalición” (PPE, S&D y, en menor medida, liberal), votando hasta ahora de modo similar. Esto no sólo ha servido para mejorar la capacidad de influencia nacional, sino también como contrapeso a la fuerte polarización interna. Sin embargo, esa tendencia al consenso en la UE está ahora sometida a estrés e incluso podría interrumpirse a raíz de la aparición de alianzas alternativas a la coalición entre populares y socialdemócratas, y la elevación de los debates domésticos a Bruselas y Estrasburgo.
Análisis
Más allá de los primeros titulares de prensa, las elecciones europeas de junio de 2024 arrojaron un resultado de relativa continuidad político-institucional. Es verdad que partidos de derecha nacionalista fueron el primero o segundo más votado en cinco de los seis Estados miembros más grandes –todos menos España– y en cinco de los seis fundadores –la excepción fue Luxemburgo–. Asimismo, dos grupos conformados por esas fuerzas, Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, por sus siglas en inglés) y Patriotas por Europa (PxE), pasaron a constituir el tercer y cuarto grupo político del Parlamento Europeo. A pesar de ello, la gran coalición de centro europeísta –formada por el Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas (S&D) y los liberales de Renew– lograron superar el 50% de los escaños. Eso facilitó que el Consejo Europeo celebrado el mismo mes de las elecciones pudiera asignar rápidamente los principales altos cargos de las instituciones: presidente del Consejo Europeo (António Costa, S&D), presidenta de la Comisión (Ursula von der Leyen, PPE), presidenta del Parlamento Europeo (Roberta Metsola, PPE) y alta representante (Kaja Kallas, Renew).
La gran coalición demostró en verano su buen funcionamiento pues, pese a la creciente fragmentación política, la presidenta de la Comisión fue investida con más votos a favor (401) que en 2019 (entonces sólo 383). Sin embargo, esa mayoría también ha mostrado debilidades en los primeros compases de la legislatura. Así se evidenció en la confirmación del nuevo Colegio de Comisarios el 27 de noviembre, pues sólo 370 eurodiputados votaron a favor (frente a 461 que lo hicieron hace cinco años), lo que supone además 31 menos de los que apoyaron a von der Leyen en julio. Esa votación se produjo en un clima tenso, protagonizado como luego se dirá por los dos grandes partidos españoles y después de que el PPE se alinease en varias votaciones con las fuerzas a su derecha en vez de con sus socios socialdemócratas y liberales: una resolución rechazando el resultado electoral en Venezuela, otra apoyando la creación de barreras físicas para frenar la migración y campos de deportación fuera de la UE, y varias enmiendas al Reglamento sobre Deforestación. Esto ha reavivado el espectro de una mayoría alternativa a la de la investidura de von der Leyen y, concretamente, ofrece al PPE la posibilidad de oscilar entre dos mayorías dependiendo del asunto.
Además de la fragmentación y falta de cohesión, el Parlamento Europeo afronta otros desafíos de cara al próximo ciclo. Quizá el mayor reto es la escasa capacidad del Parlamento para moldear la agenda y marcar el debate. Aunque su poder institucional no había dejado de crecer entre 1979 y 2014, cuando desplegó sus plenos efectos el Tratado de Lisboa, a partir del ahí ha habido cierto reflujo a favor de los gobiernos nacionales que se plasmó sobre todo en el abandono del sistema de spitzenkandidaten para elegir a la presidenta de la Comisión hace cinco años. En la legislatura 2019-2024 esa dinámica se ha reflejado en el escaso éxito de sus llamamientos para que la Comisión fuese más exigente en la defensa del Estado de derecho o, por poner otro ejemplo, para que el Consejo Europeo pusiera en marcha una Convención para reformar los tratados.
De cara a 2024-2029, las prioridades las volverán a marcar otras instituciones y actores. Ya no es sólo la Agenda Estratégica del Consejo Europeo o las orientaciones políticas de la presidenta de la Comisión Europea y las cartas de mandato de los futuros comisarios, sino también informes como los de Draghi, Letta y Niinistö, que emanan de la solicitud de la Comisión o del Consejo Europeo, y en donde el protagonismo del Parlamento Europeo ha sido escaso. Asimismo, sus competencias en muchas cuestiones que están en el centro de la agenda, como la ampliación o la política exterior y de seguridad común, son muy limitadas. Y allí donde el Parlamento Europeo es más poderoso, que es en el ámbito legislativo, el nuevo ciclo arranca con cierto cansancio regulador y es posible que la Comisión prefiera centrarse en la aplicación de las numerosas normas aprobadas en los últimos cinco años antes que en lanzar nuevas propuestas.
Con todo, el Parlamento Europeo sigue siendo una institución central de la actividad política y regulatoria. Es auténtico colegislador con el Consejo en las políticas comunes, con un efecto directo en la regulación nacional. Baste anotar que entre 2019 y 2024, el 53% de la legislación aprobada en las Cortes Generales procedía a su vez de las normas europeas. Por eso, y tras la investidura parlamentaria de la nueva Comisión que ha empezado a trabajar el 1 de diciembre de 2024, tiene sentido conectar el análisis de la relevancia del Parlamento en la toma de decisiones de la UE con el de la influencia de España en el nuevo ciclo institucional.[1]
La delegación española es la cuarta de los veintisiete por número de eurodiputados. Además, al contrario que lo ocurrido en otros países, el resultado de las elecciones de junio ha dejado en las dos primeras posiciones a los dos grandes partidos que forman parte del PPE y S&D (respectivamente, PP y PSOE) lo que permite a éstos influir en sus respectos grupos y, por tanto, en la gran coalición. Ese poder potencial se refleja, sobre todo, en dos dimensiones: por un lado, en su capacidad para defender y trasladar al Parlamento Europeo intereses y prioridades nacionales –y cómo interactúa esto con la ideología–; y, por otro, su capacidad para moldear las nuevas prioridades estratégicas, el proceso legislativo y en el equilibrio institucional. Este análisis ayuda así a completar y mejorar el conocimiento sobre la influencia nacional en la UE, yendo más allá de su peso en los órganos intergubernamentales (Consejo y Consejo Europeo) o del estudio de la cartera de la comisaria española.[2]
1. La influencia en la dimensión organizativa e institucional
España es actualmente el cuarto Estado miembro por tamaño en el Parlamento Europeo. El número de escaños con los que ha contado España desde 1986 ha ido variando y también lo ha hecho el número de eurodiputados totales a medida que sucesivas reformas y ampliaciones de la UE han tenido lugar. En un principio, España obtuvo 60 eurodiputados, cuando el Parlamento contaba con 518 escaños, pasando a 64 en 1999 (626 eurodiputados totales). Con el Tratado de Niza (2001), el entonces presidente Aznar prefirió sacrificar escaños en la Eurocámara en favor de mayor influencia en el Consejo de la UE. Desde entonces, España contó con 54 eurodiputados (de 732 tras las elecciones de 2004). Tras el Brexit, la representación española ascendió hasta los 59. De cara a las elecciones de 2024, se aprobó que el Parlamento Europeo pasase de 705 escaños a 720, de los que España obtenía dos eurodiputados más, es decir, en este ciclo institucional España cuenta con 61 escaños.[3]
Los eurodiputados españoles representan en la actualidad el 8,47% de los eurodiputados totales elegidos, por detrás de Alemania (13,33%), Francia (11,25%) e Italia (10,56%) (Figura 1). En otras palabras, de los países que formaban parte de la UE en las elecciones de 2004, las primeras tras la firma del Tratado de Niza, España es el país que más peso ha ganado en el Parlamento Europeo: 1,09 puntos porcentuales.[4]
Figura 1. Porcentaje de escaños de cada Estado miembro, 2004 y 2024
| Estado miembro | % escaños 2004 (Niza) | % escaños 2024 | Variación del peso (en pp.) |
| Alemania | 13,52 | 13,33 | -0,19 |
| Francia | 10,66 | 11,25 | 0,59 |
| Italia | 10,66 | 10,56 | -0,10 |
| España | 7,38 | 8,47 | 1,09 |
| Polonia | 7,38 | 7,36 | -0,02 |
| Rumanía | – | 4,58 | N/A |
| Países Bajos | 3,69 | 4,3 | 0,61 |
| Bélgica | 3,28 | 3,05 | -0,23 |
| Suecia | 3,28 | 2,92 | -0,36 |
| Rep. Checa | 3,28 | 2,92 | -0,36 |
| Grecia | 3,28 | 2,92 | -0,36 |
| Hungría | 3,28 | 2,92 | -0,36 |
| Portugal | 2,60 | 2,92 | 0,32 |
| Austria | 2,46 | 2,78 | 0,32 |
| Bulgaria | – | 2,36 | N/A |
| Dinamarca | 1,91 | 2,08 | 0,17 |
| Eslovaquia | 1,91 | 2,08 | 0,17 |
| Finlandia | 1,91 | 2,08 | 0,17 |
| Irlanda | 1,78 | 1,94 | 0,16 |
| Croacia | – | 1,67 | N/A |
| Lituania | 1,78 | 1,53 | -0,25 |
| Eslovenia | 1,23 | 1,25 | 0,02 |
| Letonia | 0,96 | 1,25 | 0,29 |
| Estonia | 0,82 | 0,97 | 0,15 |
| Malta | 0,82 | 0,83 | 0,01 |
| Chipre | 0,82 | 0,83 | 0,01 |
| Luxemburgo | 0,68 | 0,83 | 0,15 |
| Reino Unido | 10,66 | – | N/A |
Los eurodiputados españoles tienen, además, un peso importante en los principales grupos parlamentarios. Tras las elecciones de 2024, los dos primeros partidos españoles se sitúan como la segunda delegación más grande en los dos grupos de mayor tamaño en la Eurocámara: en el PPE, el PP cuenta con 22 eurodiputados –por detrás del alemán CDU/CSU, con 31 escaños– y, en el grupo S&D, el PSOE tiene 20 eurodiputados –siguiendo al italiano PD, con 21–. Es más, la presencia de los diputados españoles en el PPE y S&D ha crecido en comparación con otros países (Figuras 2 y 3).
España además se ha convertido en los últimos años en el segundo país más importante de la coalición de centro europeísta tradicional (S&D, PPE y Renew). Como se observa en la Figura 4, en el Parlamento Europeo saliente de 2019, España (8%) ocupaba el cuarto puesto, por detrás Alemania (14%), Italia (10%) y Francia (9%). Pero ahora se ha incrementado la representación española en la coalición hasta alcanzar el 11%, por detrás sólo de Alemania (13%) y ello a pesar de la salida de Ciudadanos, que entre 2014 y 2024 tuvo presencia en el grupo liberal.
Todo esto se traduce en puestos de responsabilidad en los respectivos grupos políticos. Como ya ocurrió en 2019: Iratxe García preside el grupo S&D; asimismo, Dolors Montserrat ha sucedido a Esteban González Pons en la vicepresidencia del PPE. España también ostenta vicepresidencias en otros grupos que no forman parte de la gran coalición, como PxE, Los Verdes y La Izquierda.
También hay alto protagonismo en los órganos del Parlamento Europeo. España ha ocupado la presidencia de la Eurocámara tres veces[5], sólo por detrás de Alemania, que ha tenido cinco presidencias. En término de vicepresidencias, hasta el ciclo institucional que comenzó en 2019, España iba a la cabeza con 28 vicepresidencias, seguido de los alemanes con 27. En el periodo 2019-2024, no fue elegido ningún español como vicepresidente; sin embargo, en la nueva legislatura, hay dos españoles entre los 14 vicepresidentes elegidos –el máximo dado a una misma nacionalidad, al igual que Alemania e Italia–. España también tiene presencia en la Secretaría General del Parlamento Europeo[6] y en el gabinete de la presidenta Metsola.[7]
En cuanto a la representación en las comisiones y subcomisiones (Figura 5), España tiene tres presidencias de comisión: Carmen Crespo (PPE), presidenta de la Comisión de Pesca; Javier Zarzalejos (PPE), presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; Lina Gálvez (S&D), presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Esto sitúa a España solo por detrás de Alemania, que tiene la presidencia de seis comisiones.
Figura 5. Nacionalidad de las presidencias en las 20 comisiones y cuatro subcomisiones del Parlamento Europeo, 2024-2029
| Estado miembro | Eurodiputados en presidencias |
| Alemania | 6 (+1) |
| España | 3 |
| Polonia | 2 (+1) |
| Francia, Italia | 1 (+1) |
| Bélgica, Bulgaria, Rep. Checa, Finlandia, Grecia, Irlanda, Rumanía | 1 |
| Otros 15 Estados miembros | 0 |
Si se atiende a puestos en las mesas de las comisiones y subcomisiones (presidencias y vicepresidencias), los españoles están sólo por detrás de Alemania e Italia (Figura 6). En comparación con la anterior legislatura, tras las elecciones en 2019, España obtuvo la presidencia de dos comisiones: Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y Peticiones, y, con la salida del Reino Unido, sumó posteriormente la presidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Figura 7). Junto a esto, la importante delegación de españoles en los dos grandes partidos mencionada anteriormente, también se traduce en que haya más eurodiputados españoles coordinadores[8] en las diferentes comisiones: por parte de S&D, hay seis coordinadores españoles –seguido de los alemanes, con cuatro–; en el PPE, hay cuatro coordinadores españoles –sólo por detrás de los alemanes, con nueve–.
Figura 6. Nacionalidad en las mesas (presidencia y vicepresidencias) de las 20 comisiones y las cuatro subcomisiones en el Parlamento Europeo, 2024-2029[9]
| Estado miembro | Eurodiputados en mesas |
| Alemania | 17 |
| Italia | 15 |
| España | 11 |
| Polonia | 10 |
| Francia, Rumania | 8 |
| Suecia | 6 |
| Bulgaria | 5 |
| Grecia | 4 |
| Bélgica, Eslovaquia, Estonia, Países Bajos, Hungría | 3 |
| Croacia, Rep. Checa, Dinamarca, Irlanda, Lituania, Luxemburgo | 2 |
| Austria, Finlandia, Letonia, Portugal | 1 |
| Chipre, Malta, Eslovenia | 0 |
| Vacantes | 5 |
Figura 7. Evolución de la presencia española en Presidencias de comisiones y subcomisiones parlamentarias
| 2019-2024 (saliente) | 2024-2029 (constitutivo) | |
|---|---|---|
| Número de Presidencias | 3 | 3 |
| Presidencias en comisiones y subcomisiones | Asuntos Jurídicos; Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; Peticiones | Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género; Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; Pesca |
| Número de Vicepresidencias | 10 | 8 |
| Vicepresidencias en comisiones y subcomisiones | Agricultura y Desarrollo Rural; Asuntos Económicos y Monetarios; Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género; Desarrollo Regional; Empleo y Asuntos Sociales; Industria, Investigación y Energía; Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria; Pesca; Peticiones | Asuntos Constitucionales; Asuntos Exteriores; Cultura y Educación; Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (x2); Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; Medio Ambiente, Salud Pública y Salud Alimentaria; Peticiones |
2. La influencia en los contenidos
Medir la influencia de los eurodiputados individuales en relación con distintos dosieres es un ejercicio más complicado y subjetivo que cuantificar presidencias o vicepresidencias de comisiones parlamentarias, pero existen métricas y modelos que intentan hacerlo. En el pasado, algunos estudios académicos (como votewatch.eu) o de consultoría (BCW Influence Index) pusieron de manifiesto que los representantes españoles en el Parlamento Europeo han sabido aprovechar su potencial de influencia, superando a franceses e italianos y colocándose segundos, tras Alemania, en impacto legislativo.
Según un índice más reciente, el EU Matrix MEP Political Influence Index 2024,[10] en la pasada legislatura España fue el segundo país junto con Rumanía (10) en el top 100 de eurodiputados influyentes, sólo detrás de Alemania (13). De las 14 políticas sectoriales que analiza el índice, en nueve de ellas hay un español entre los cinco más influyentes. Los eurodiputados españoles sobresalieron en áreas que han tenido y seguirán teniendo un papel central en la agenda, como comercio internacional, migración y asuntos de interior, y energía. España, sin embargo, no destacó en sectores fundamentales, y en los que el Parlamento Europeo tiene mayores competencias, como mercado interior, competitividad e impuestos. Sí hubo, en cambio, eurodiputados españoles influyentes en presupuestos y finanzas, y mercados de capitales. En política exterior, defensa y ampliación, la influencia de los eurodiputados españoles fue reseñable –por encima de alemanes y franceses–. Aunque las competencias del Parlamento Europeo en estos ámbitos son escasas, la creación de un comisario de defensa, los planes de la Comisión von der Leyen de reforzar el presupuesto comunitario destinado a la financiación de defensa, el desarrollo de una estrategia europea industrial de defensa europea o la incipiente elevación de la subcomisión de seguridad y defensa del parlamento a comisión auguran una revalorización en esta política en la próxima legislatura.
Por otro lado, la alta presencia de españoles en las mesas de las comisiones no implica que se extienda a todos los sectores estratégicos para el interés nacional. Por ejemplo, de cara al nuevo ciclo, destaca el liderazgo en las comisiones sobre Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior –un presidente y una vicepresidenta– y en la de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género –una presidenta y dos vicepresidentas–; sin embargo, no hay españoles presidentes ni vicepresidentes en comisiones tan importantes como Industria, Investigación y Energía, Mercado Interior, Presupuestos o Asuntos Económicos y Monetarios. Este hecho es especialmente relevante dada la marcada agenda de competitividad que se anticipa para el nuevo ciclo institucional y más si cabe teniendo en cuenta que España ocupa la poderosa cartera de Competencia en la Comisión y que la presencia en comisiones relevantes en el Parlamento podría generar oportunidades de triangulación y refuerzo de la influencia de España en la UE (ver más abajo). La situación no difiere mucho de la de 2019, si bien España contaba con una vicepresidencia en la comisión de Industria, Investigación y Energía (Figura 7).
Esto, sin embargo, se ve en parte compensado porque en los dos principales partidos, PPE y S&D, se ha seleccionado a españoles como coordinadores en muchas de estas temáticas. Por ejemplo, en el PPE se han designado a españoles para coordinar –como coordinador o vicecoordinador– las áreas de seguridad y defensa, asuntos fiscales, mercado interior, presupuestos y comercio internacional. Por el lado de S&D, también hay españoles coordinando las áreas de mercado interior, además de la de asuntos económicos y monetarios, y asuntos exteriores –Comisión en la que la primera vicepresidencia la ocupa igualmente una española del S&D–.
Si atendemos a esta presencia de eurodiputados españoles en comisiones y subcomisiones parlamentarias desde una perspectiva temática, los eurodiputados españoles están distribuidos en los contenidos de manera relativamente más equilibrada que en la anterior legislatura (Figuras 8 y 9). Anteriormente, la comisión de Asuntos Exteriores contaba con la presencia de nueve eurodiputados, mientras que otras comisiones muy relevantes como Presupuesto, Control Presupuestario y Mercado Interior y Protección al Consumidor sólo incluían a uno o dos representantes españoles. En la nueva legislatura, aunque en minoría relativa al resto de países grandes de la Unión, la mayor representación se concentra en comisiones como Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria; Industria, Investigación y Energía; y Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Esto es relevante, ya que en ellas se debatirán asuntos clave de la agenda legislativa y política del nuevo ciclo, como la competitividad de la industria europea, e instrumentos y programas para la descarbonización.
Una vez que se han repartido estas posiciones temáticas, es la asignación de rapporteurs a dosieres clave la mejor vía para ejercer influencia en regulaciones y políticas concretas. Esta figura da un protagonismo particular al eurodiputado que es elegido para una propuesta legislativa concreta, pues al final es reconocido como el responsable último de dialogarla con otros actores interesados, acordar una posición en la comisión correspondiente y defenderla en el pleno, así como en las negociaciones con el resto de las instituciones europeas.
Para poder ser nombrado rapporteur de undosier, es necesario pertenecer a la comisión o subcomisión a la que corresponde dicho expediente. En términos absolutos, España es el cuarto país en cuanto a su presencia en las comisiones y subcomisiones del Parlamento Europeo en la legislatura que comienza, por lo que la probabilidad de que sus eurodiputados sean elegidos rapporteurs es mayor (Figuras 8 y 9). España está presente 91 veces en las comisiones y subcomisiones, una menos que en el Parlamento saliente. Esto quiere decir que, pese a tan sólo tener 61 eurodiputados, cada uno participa en 1,49 comisiones y subcomisiones. En comparación, Alemania lo está 137 veces (1,43 comisiones por eurodiputado), Francia 122 (1,51) e Italia 115 (1,51). La presencia promedio de los eurodiputados españoles en comisiones y subcomisiones ha bajado en 0,07 respecto al anterior ciclo, mientras que Alemania e Italia han aumentado su presencia (0,21 y 0,20[11] comisiones por eurodiputado, respectivamente).
Figura 8. Eurodiputados en las comisiones y subcomisiones del Parlamento Europeo de los principales países de la UE al fin de la legislatura 2019-2024
| Nombre de la Comisión Parlamentaria | DE | FR | ES | IT | PL |
| Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria | 9 | 9 | 5 | 10 | 7 |
| Presupuesto | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Derechos Humanos | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Desarrollo | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Control Presupuestario | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| Industria, Investigación y Energía | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| Mercado Interior y Protección del Consumidor | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Transporte y Turismo | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| Asuntos Constitucionales | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Asuntos Económicos y Monetarios | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| Salud Pública | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Agricultura y Desarrollo Rural | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| Pesca | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Peticiones | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Seguridad y Defensa | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Comercio Internacional | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Asuntos Fiscales | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Cultura y Educación | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Asuntos Jurídicos | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Empleo y Asuntos Sociales | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Desarrollo Regional | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 |
| Asuntos Exteriores | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 |
| Total[12] | 117 | 125 | 92 | 100 | 78 |
| Total de eurodiputados | 96 | 79 | 59 | 76 | 52 |
| Número de comisiones medias/Eurodiputado | 1,22 | 1,58 | 1,56 | 1,32 | 1,50 |
Figura 9. Eurodiputados en las comisiones y subcomisiones del Parlamento Europeo de los principales países de la UE, 2024-2029
| Nombre de la Comisión Parlamentaria | DE | FR | ES | IT | PL |
| Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria | 12 | 8 | 6 | 11 | 6 |
| Presupuesto | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Derechos Humanos | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| Desarrollo | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Control Presupuestario | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Industria, Investigación y Energía | 9 | 8 | 6 | 14 | 7 |
| Mercado Interior y Protección del Consumidor | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Transporte y Turismo | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Asuntos Constitucionales | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Asuntos Económicos y Monetarios | 11 | 7 | 4 | 7 | 1 |
| Salud Pública | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Agricultura y Desarrollo Rural | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 |
| Pesca | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Peticiones | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Seguridad y Defensa | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Comercio Internacional | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| Asuntos Fiscales | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Cultura y Educación | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Asuntos Jurídicos | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 |
| Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Empleo y Asuntos Sociales | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| Desarrollo Regional | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Asuntos Exteriores | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 |
| Total | 137 | 122 | 91 | 115 | 77 |
| Total de eurodiputados | 96 | 81 | 61 | 76 | 53 |
| Número de comisiones medias/Eurodiputado | 1,43 | 1,51 | 1,49 | 1,51 | 1,45 |
En el análisis sectorial anterior, y para entender mejor la influencia de los representantes españoles en contexto comparativo, hay que considerar también la dimensión cualitativa individual. Más allá del número de eurodiputados en la gran coalición, es importante atender a sus habilidades políticas y técnicas. En el pasado, España ha desaprovechado potencial pues los factores que tradicionalmente más han pesado para elaborar las listas electorales del PP y PSOE al Parlamento Europeo han sido equilibrios territoriales y decisiones discrecionales por interés orgánico, sin que se haya tenido en cuenta como es debido el dominio de idiomas, las habilidades negociadoras y redes, el conocimiento de la integración europea o la especialización en ámbitos sofisticados de regulación europea. La experiencia adquirida por los partidos sobre la importancia de estas consideraciones y la veteranía progresiva de algunos eurodiputados individuales ha permitido a España mejorar, pero existe todavía margen adicional para mayor excelencia.[13]
3. La influencia en el equilibrio institucional
Pese a la influencia organizativa y en contenidos analizada anteriormente, la influencia en el Parlamento Europeo siempre debe contemplarse desde la perspectiva del entramado institucional de la UE, donde el Parlamento tan sólo es una de las instituciones. Esto tiene dos implicaciones en el análisis de la influencia española, tanto en el Parlamento Europeo como en el contexto más amplio de la política europea. Por un lado, la influencia no se expresa únicamente en la medida y calidad en que los eurodiputados españoles están presentes en el Parlamento; también en su capacidad de incidir en los debates y actividad de otras instituciones en materias que no son necesariamente de su competencia. Encontramos un ejemplo de ello en la conformación de las carteras de la nueva Comisión. El poder del Parlamento sobre el nombramiento de la nueva Comisión Europea se limita a la aprobación o rechazo de comisarios individuales y del Colegio en su totalidad, pero no incluye determinar la asignación de carteras, la creación de nuevas y el contenido de éstas. Sin embargo, la aparición de un comisario de Pesca y una comisaria de Agua es gracias, en buena medida, a la presión que el PP español ha hecho a través del PPE en el Parlamento. Estos son dos temas fundamentales en la agenda estratégica española dada la importancia de los recursos marinos en su economía y los problemas de desertificación. De la misma manera, el PSOE español, vía el grupo parlamentario S&D, ha reivindicado la necesidad de un comisario de Vivienda, que por primera vez forma parte del diseño de la Comisión.
La segunda implicación es que la capacidad de influencia de los eurodiputados españoles en la política europea está limitada a la presencia de apoyos con sensibilidades similares en otras instituciones europeas y a otros niveles. En este sentido, un ejemplo paradigmático de la interrelación de las instituciones es el caso de Francia y Emmanuel Macron, que carece de acompañamiento en el Parlamento Europeo. Pese a que Francia es el segundo Estado miembro con mayor representación en el Parlamento Europeo y pese a su peso en las votaciones del Consejo, el grupo de Macron, Renew, es el quinto en número de eurodiputados, por detrás de ECR y PxE. Renaissance, el partido de Emmanuel Macron, tan sólo representa el 16% de los eurodiputados franceses, igual que los socialistas y muy por debajo del 37% de los europarlamentarios franceses de derecha euroescéptica integrantes de PxE. Esto limita la capacidad de tracción de iniciativas estratégicas propuestas por el presidente francés y de su grupo político de centrar el foco político y mediático en debates que pueden ser relevantes para el interés nacional.
Otro ejemplo de cómo el equilibrio institucional afecta a la influencia, en este caso en negativo para España, se encuentra en el diseño de la nueva Comisión. Ursula von der Leyen ha reorganizado las carteras con responsabilidades que se solapan en gran medida, como se observa en las cartas de mandato de los distintos comisarios. Por ejemplo, una de las grandes iniciativas legislativas anunciadas para el nuevo mandato, el llamado Acuerdo Limpio Industrial, estará bajo el liderazgo de al menos cuatro miembros del Colegio de Comisarios: la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva; el vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y Estrategia Industrial; el comisario para el Clima, Emisiones Netas Cero y Crecimiento Limpio; y el comisario de Energía y Vivienda. Este solapamiento implica, en primer lugar, una mayor necesidad de coordinación entre los miembros del Colegio y, al mismo tiempo, apunta a potenciales fricciones respecto a las responsabilidades y liderazgo político de las iniciativas. Al crear dudas políticas, la indefinición otorga mayor poder al nivel técnico, especialmente a los directores generales de cada una de las Direcciones Generales de la Comisión. Esto dificulta el control y seguimiento que ejerce el Parlamento Europeo sobre los comisarios, de manera que, pese al peso que puedan tener los eurodiputados españoles en otros ámbitos, su influencia sobre el trabajo de la Comisión puede verse reducida.
4. La erosión del consenso entre los eurodiputados españoles
Como se ha dicho ya, el gran factor que ha jugado tradicionalmente a favor de la mayor influencia española en el Parlamento es la orientación proeuropea de su ciudadanía y el reflejo que esto ha tenido en los buenos resultados de los dos grandes partidos europeístas: PSOE y PP; y en menor medida, por su tamaño o por haber desaparecido, PNV, Ciudadanos o CiU. Los eurodiputados españoles han tendido a votar desde 1989 (cuando Alianza Popular se refundó en el PP e ingresó en el PPE) en la misma dirección y con un grado de cohesión mayor que los de otras nacionalidades, donde las formaciones que cuestionan el fondo y/o la forma del proceso de integración europea obtienen mejores resultados. De esta manera, en los españoles ha dominado más una orientación al consenso europeísta que a la competición ideológica izquierda-derecha o al antagonismo con la UE.
La actual legislatura arrancó con un buen ejemplo de esa dinámica, pues España fue el segundo Estado miembro con mayor número de eurodiputados que votó en julio a favor de reelegir a von der Leyen como presidenta de la Comisión. Sin embargo, fueron luego los dos grandes partidos españoles quienes protagonizaron un enfrentamiento a cuenta de la confirmación de la socialista Teresa Ribera como vicepresidenta que ha supuesto al final que la delegación española en el Parlamento sea, junto a la húngara, la de peor ratio en el apoyo al colegio en su conjunto (sólo 22 de los 61 eurodiputados). El episodio no es únicamente un conflicto interno español pues, ya a principios de octubre, el PPE votó junto a otros partidos a su derecha el orden de evaluación de los candidatos a Comisarios, colocando a Teresa Ribera (la representante de mayor peso de S&D) la última en someterse al examen. De esta manera, se protegía el futuro de Raffaele Fitto, también candidato a vicepresidente de la Comisión por parte de Italia, perteneciente al grupo ECR. Su vicepresidencia constituía una de las líneas rojas de S&D en la conformación del Colegio. Más tarde, los líderes de los grupos parlamentarios PPE, S&D y Renew decidieron realizar la evaluación de los seis propuestos como vicepresidentes en bloque, no de manera individual. En este contexto, el PP hizo valer su influencia en el PPE para posponer la decisión de las comisiones relevantes sobre el futuro de la candidata española hasta que compareciera en el Congreso de los Diputados a cuenta de su actuación durante la DANA de Valencia del 29 de octubre. El desbloqueo llegó una semana más tarde e incluía la aprobación de Ribera y de Raffaele Fitto como vicepresidentes, aunque finalmente, en la votación del Colegio, el PP español votó en contra.
Este conflicto, si bien resuelto sin efecto sobre la propuesta de la presidenta de la Comisión, es una muestra tanto de una mayor politización izquierda-derecha en el conjunto del Parlamento Europeo como, sobre todo, de un traslado a la UE de la polarización interna española. De confirmarse esa dinámica, y si se siguen alejando PPE y S&D, se perjudicará la posición de España, al perder esa ventaja comparativa de influencia al sumar a sus dos grandes partidos en una dinámica general consensual. Además, también se perdería otro desarrollo político positivo al haber servido Bruselas y Estrasburgo hasta ahora como contrapeso a la alta confrontación que se observa en el Congreso de los Diputados. De hecho, en la anterior legislatura, PP y PSOE votaron conjuntamente a favor de algunos de los dosieres clave: la Ley de Servicios Digitales, la Directiva de Eficiencia Energética, de Energía Renovable, el Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, el Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración o el Régimen global de sanciones en materia de derechos humanos de la UE, entre muchos otros.[14]
De todos modos, el “caso Ribera” no es nuevo pues refleja una dinámica que lleva gestándose en la delegación española en el Parlamento Europeo desde, al menos, 2014 y que se acentuó en 2019, con la llegada de Carles Puigdemont como eurodiputado. La explicación, más allá de la creciente polarización interna, reside posiblemente en la aparición de nuevos partidos en España que, desde la izquierda o la derecha, son críticos con el proceso de integración europea (aunque tengan menos éxito que en otros países de la Unión). Los nuevos partidos, antes Podemos y ahora Vox, observan el hecho de que PP y PSOE voten a menudo de manera conjunta en el Parlamento Europeo como una confirmación de su razón de ser: aportar soluciones y discursos diferentes desde la lógica centrífuga. Esto produce una tensión en el eje interés nacional/consenso europeo frente a ideología/confrontación, que incentiva políticamente al PP y al PSOE a no cooperar en el Parlamento Europeo para evitar las narrativas de que ambos representan lo mismo. De hecho, algo parecido a la actual conducta del PP ya se observó en 2014, cuando Podemos irrumpió en el Parlamento Europeo y el PSOE votó en contra de la investidura de Juncker, se abstuvo en la confirmación del colegio y se opuso a la candidatura de Miguel Arias a Comisario de Acción Climática y Energía como respuesta diferenciadora.
La elevación a la UE de debates internos la han practicado últimamente los dos partidos. El PSOE ha liderado la crítica al PPE en el Parlamento Europeo, acusándole de flirtear con la extrema derecha, y el presidente del gobierno Pedro Sánchez se enfrentó con su líder, Manfred Weber, en una tensa comparecencia al final de la presidencia del Consejo de 2023. No obstante, el PP tiene ahora más incentivos de política nacional para profundizar en ese alejamiento del consenso tradicional al estar en la oposición y sufrir la competencia de Vox. Antes de lo sucedido el pasado noviembre, el PP nunca se había opuesto a la investidura de una Comisión y tampoco había objetado a los comisarios españoles propuestos por el PSOE, que fueron Joaquín Almunia en 2004 y 2009, y Josep Borrell en 2019. Un choque como el actual implica, por último, otro problema potencial para la influencia de España en un previsible medio plazo: una mala relación, en caso de llegar el PP al gobierno, con la comisaria española.
Conclusiones
La influencia española en el Parlamento Europeo se encuentra en un punto de inflexión. Por un lado, los datos muestran un alto potencial de poder de sus eurodiputados, medido por el peso que tienen en las comisiones y la dirección de los grandes grupos parlamentarios, por la presencia en temáticas relevantes (aunque en lo relativo a mercado interior, competitividad e impuestos haya margen de mejora) y por la capacidad de interlocución con otras instituciones. Esa buena posición de España se explica por la combinación entre el alto número de representantes que obtienen los dos principales partidos, que se integran en los grupos de la gran coalición europeísta, y dos importantes factores cualitativos: la mejora progresiva de su experiencia y una orientación más centrada hasta ahora en las políticas europeas que en el debate político nacional.
Sin embargo, ese panorama tiene un futuro incierto por el auge de partidos euroescépticos a nivel nacional y europeo –que han alcanzado delegaciones nada desdeñables tras las últimas elecciones de junio de 2024– y la proyección al Parlamento Europeo del clima polarizado doméstico. La nueva legislatura arrojará luz sobre si un enfoque centrípeto proeuropeo sigue pesando más que la confrontación ideológica. El desenlace estará marcado por el papel que quieran desempeñar los eurodiputados españoles que se integran en el PPE y S&D, pero especialmente por los primeros, que son quienes tienen la opción de un cambio de socios más hacia su derecha en el Parlamento Europeo. Ésta sería una estrategia política legítima, aunque la colaboración entre los dos grandes partidos españoles en los dos grandes grupos que diseñan juntos la mayoría política y regulatoria en la UE ha sido un activo del que España se ha beneficiado hasta ahora. En este sentido, la posible interrupción de dicha colaboración plantearía una serie de riesgos para la influencia de España en el Parlamento y en Europa.
[1] Simón, Luis; Ignacio Molina y Raquel García Llorente (2024), “La Comisión Europea ante el nuevo ciclo institucional 2024-2029: implicaciones para España”, ARI 85/2024, Real Instituto Elcano.
[2] Molina, Ignacio; Luis Simón y Raquel García Llorente (2024), “La relevancia de la Vicepresidencia de Transición Limpia, Justa y Competitiva en la nueva Comisión Europea”, ARI 125/2024, Real Instituto Elcano.
[3] García Llorente, Raquel (2024), “La presencia de españoles en las instituciones europeas: ¿un instrumento para la influencia?”, La política europea de España: elaboración y prioridades, pp. 79-86, Real Instituto Elcano.
[4] Bulgaria, Croacia y Rumanía no formaban parte de la UE en 2004 y el Reino Unido la abandonó en 2020. En esos casos, no aplica variación de peso de 2004 a 2024.
[5] Enrique Barón (1989-1992, José María Gil Robles (1997-1999) y Josep Borrell (2004-2007).
[6] Al frente de la Dirección General de Seguridad y Protección. En la anterior legislatura también se lideraba la Dirección General de Comunicación.
[7] De hecho, en la anterior legislatura, una española fue su directora de gabinete.
[8] Los coordinadores son los eurodiputados encargados de organizar el trabajo del grupo político en cada comisión.
[9] No incluye las dos vicepresidencias del Parlamento Europeo. Los datos están actualizados a 15 de diciembre de 2024.
[10] Este índice mide la influencia de los eurodiputados en función de cuatro variables: liderazgo, actividad legislativa, resultados en las votaciones y su red política. En la variable de liderazgo, se refleja si el eurodiputado ocupa posiciones de liderazgo dentro del Parlamento Europeo y de su grupo político; en la actividad legislativa, si el eurodiputado ha actuado como ponente, ponente alternativo o de opinión, y los tipos de expediente en los que lo ha hecho; en el resultado de votaciones, se atiende a si los eurodiputados han participado en votaciones relevantes, en qué sentido y si votaban de acuerdo a la posición de su grupo; y, finalmente, en su red política se incluyen consideraciones de antigüedad, el color político del gobierno nacional y la colaboración con eurodiputados fuera de su grupo político. Para más información se puede consultar https://eumatrix.eu/en/blog/MEP-influence.
[11] En el caso de Italia, pese a que la diferencia parece también 0,21 en las figuras, la cifra correcta es 0,20. La discrepancia se debe al redondeo de decimales en las figuras.
[12] El número de eurodiputados por nacionalidad en esta figura es mayor que el total representado en figuras anteriores debido a que un eurodiputado puede estar presente en más de una Comisión.
[13] Molina, Ignacio (2019), Un casting en el que nos jugamos mucho: las candidaturas para las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, Real Instituto Elcano.
[14] En otros importantes, como la Ley Climática Europea o la Directiva de Emisiones Industriales, no han votado de manera coordinada.
