Tema
La sociedad tiene un papel más trascendental de lo que popularmente se cree en la lucha contra la delincuencia y ese papel se hace particularmente importante contra el crimen organizado. Superar las tradicionales fórmulas de análisis que parten de la separación del mundo en delincuentes y víctimas nos permitirá entender la interrelación entre los actores afectados por la criminalidad e, irremediablemente, nos hará identificar las herramientas más efectivas para su lucha; la resistencia social es una de ellas.
Resumen
Hace escasas semanas se iniciaba el mayor juicio contra la Mafia calabresa de las últimas décadas en Italia; además de un éxito en el combate contra el crimen organizado, este enorme gesto anti-Mafia lleva aparejado un altísimo impacto social. ¿Qué supone este proceso para la sociedad italiana?; ¿y qué podemos aprender de la lucha contra el crimen organizado?
Estas preguntas plantean el análisis de la respuesta policial y judicial a una organización criminal dedicada a innumerables actividades delictivas interrelacionadas con el tráfico de drogas y la extorsión. Ahora bien, para analizar de forma más adecuada este escenario se hace imprescindible contemplar, además de la actuación y la presión del Estado, también la respuesta de rechazo social, especialmente aquellos aspectos de victimización, rechazo y denuncia que han llevado a una con gran arraigo territorial y fuertes vínculos políticos y policiales ante la justicia italiana. Sin esta respuesta social no habría sido posible asistir a este proceso judicial.
El estudio de la respuesta italiana ante la Mafia permitirá detectar elementos que promuevan el rechazo a las prácticas extorsivas y argumentar por qué la cultura de la legalidad es una vacuna efectiva contra el crimen organizado.
Análisis
La fórmula doblemente ganadora del crimen organizado: la extorsión a empresas
Si bien el crimen organizado cuenta con innumerables maneras de generar ingresos e influencia en un territorio, lo cierto es que el empleo de empresas legales es sin duda una de las más efectivas.
No cabe duda de que el ánimo de lucro puede llevar a una organización, de forma directa o indirecta, a su infiltración en la economía legal de muy diversas formas. De hecho, es habitual la combinación de negocios legales e ilegales como resultado de la búsqueda de maximización de beneficios por parte de los grupos de delincuencia organizada en un territorio concreto. Así pues, permite a la organización invertir para generar beneficios en la esfera legal, bien sea como forma de inversión económica, bien para obtener control o lograr una determinada reputación social en el territorio. Invirtiendo, por ejemplo, en el sector inmobiliario, una organización puede tanto obtener beneficios con apariencia legal como generar influencia en los negocios de la zona e incluso en los decisores políticos.
Además, no debemos olvidar la incesante necesidad de blanquear los beneficios que la organización genera ilegalmente. Se trata de una actividad muy frecuente debido a los enormes beneficios que la delincuencia organizada obtiene por vía ilegal y las enormes dificultades para introducirlo en la economía legal. Un ejemplo ilustrativo de ello es la creación de negocios de restauración que permiten al grupo criminal generar facturas falsas para justificar ingresos obtenidos ilegalmente. En ocasiones el negocio puede convertirse en rentable, constituyendo una nueva vía de financiación o control.
Contar con una empresa puede también facilitar la comisión de delitos: en este supuesto la estructura legal puede actuar como una pieza dentro del engranaje de una actividad delictiva especialmente compleja o que presenta unas necesidades específicas para su ejecución. Es el caso del empleo de empresas legales, cuyo objeto social está vinculado a productos químicos, para facilitar la adquisición de elementos que permiten la producción y el tráfico de fármacos ilegales o la inversión en negocios de transporte para el tráfico ilegal de drogas.
Consecuentemente, los procesos extorsivos a empresas permiten al crimen organizado establecer relaciones predatorias sostenibles, hasta cierto punto, y mantenidas en el tiempo. De hecho, la extorsión se ha considerado tradicionalmente como la actividad propia del crimen organizado, muy extendida en América Latina, particularmente en Centroamérica, 1 y lo cierto es que actualmente constituye una importante actividad delictiva en la UE, que continua en crecimiento.
Independientemente de la región donde opere, se debe considerar que el punto óptimo de aprovechamiento se alcanza cuando la organización criminal se asienta en un territorio, pues los procesos extorsivos resultan especialmente apropiados para la explotación de la zona, debido esencialmente a dos razones.
En primer lugar, obviamente aporta ingresos directos, a través de obligaciones contractuales con negocios de un territorio específico en forma de suministro de bienes o servicios, lo que supone a fin de cuentas una fuente de financiación.
En segundo lugar, y no por ello menos importante, estas redes funcionan como formas de comunicación entre la organización y los empresarios, lo que supone un control inmediato del entorno, e incluso de la competencia.
Un claro ejemplo de este mecanismo dual de control y financiación es la clásica imposición, por parte de un grupo criminal, de implantar máquinas tragaperras en negocios de restauración, tales como bares y clubs nocturnos en un barrio concreto, constatado ya en zonas de Italia y de México y probablemente muy extendido en otros países también. Esta obligación impuesta a los empresarios de restauración permitió al grupo ejercer su dominio sobre dicho territorio mientras se lucraba con las ganancias de las máquinas. El control se llevaba a cabo a través de las visitas regulares y para aquellos negocios que rechazaban la imposición: se les amenazaba e intimidaba, y a continuación se les exigía el pago de unas cuotas a cambio de protección. En este tipo de casos la protección estatal es realmente limitada, como puede constatarse en España. 2
El impacto social de la extorsión mafiosa
El impacto social y económico derivado de las actividades extorsivas del crimen organizado puede resultar devastador.
Se debe tener presente que cuando un empresario es víctima de un proceso extorsivo, su afectación es doble: por un lado, los aspectos personales vinculados con las amenazas contra su integridad física o la de su familia; por otro lado, los aspectos económicos de una relación parasitaria que absorbe su capacidad decisoria y en ocasiones incluso lucrativa.
Un ejemplo extremo de esta doble afectación tiene lugar en ocasiones ante el impago de la extorsión: en determinadas regiones del sur de Italia cuando un empresario se niega a cumplir las exigencias extorsivas, la Mafia le da por muerto socialmente: los habitantes de la zona no deben relacionarse con él, ni tan siquiera pueden servirle un café en la cafetería del pueblo; además se hacen con las llaves de su casa, pudiendo acudir a cenar o dormir cuando les parezca oportuno a los extorsionadores. Esta respuesta no sólo empobrece al negocio, debido a la ausencia absoluta de clientes y proveedores, sino que genera un significativo daño psicológico para la víctima y sus convivientes.
Este escenario extremo suele derivarse de la intimidación ambiental de una organización criminal que actúa con impunidad dada una cierta reputación, lo que en última instancia genera el denominado silencio social. Se trata del silencio al que deben sumarse miembros, colaboradores y víctimas de una organización criminal, que genera un entorno de inseguridad y deriva en el aislamiento ante el rechazo de las exigencias extorsivas, dando lugar a fuertes reticencias para hacer pública la oposición ante estas prácticas. Es precisamente este escenario el que permite la perpetración de procesos extorsivos a gran escala y con total impunidad, gracias al clima de inseguridad que limita las alternativas al cumplimiento de las exigencias extorsivas e impide de forma efectiva que víctimas y testigos pongan la situación en conocimiento de las autoridades.
En términos económicos, estas prácticas también afectan a la libertad de actuación de los empresarios y a la libre competencia. Frecuentemente, esta limitación consiste en la prohibición de contratar a otros proveedores más competitivos o de abrir segundos locales o la obligación de traspasar el negocio a determinados territorios controlados por el grupo criminal. Así, si deben contratar determinados productos con proveedores concretos se coarta su libertad de contratación y se limita el nicho de mercado que ofrecen otros proveedores que no están vinculados al crimen organizado.
Además, este impacto sobre el mercado también afecta a los usuarios o clientes, particulares que conforman la demanda de un servicio o producto, pues se pueden encontrar una oferta distorsionada, no pagando un precio justo por lo contratado debido al ajuste del mercado con los intereses financieros del crimen organizado. Por ejemplo, los empresarios pueden repercutir en el precio final el coste de los pagos al grupo extorsivo. A medio plazo también se puede producir un aumento de precio generalizado debido a la orientación monopolística provocada por las organizaciones criminales de un territorio.
No se debe olvidar que se trata de una actividad criminal claramente explotadora, pues se lucra, sin desarrollar actividad económica alguna, de personas que desarrollan actividades económicas, normalmente en la economía legal. Consecuentemente, a medio y largo plazo, el control del crimen organizado puede conllevar una tendencia hacia el monopolio, lo que implica la distorsión de la economía del mercado en un sector o territorio concreto, además de tener un impacto significativo en el crecimiento económico de las regiones concernidas. Esto puede afectar no sólo a las empresas directamente victimizadas sino a los negocios dentro del sector o a las empresas proveedoras, que ven limitada su actividad económica. En última instancia, los procesos extorsivos arraigados, en un territorio pueden terminar empobreciendo la zona y haciendo desaparecer sectores empresariales a nivel local: cuando un gran grupo de negocios, concentrado físicamente en un entorno, sufre procesos extorsivos durante un tiempo prolongado, se puede superar la capacidad explotadora que es capaz de soportar la zona, es decir, que los negocios dejen de ser rentables y ya no puedan aportar los beneficios que el crimen organizado busca. En tal momento, los grupos organizados tenderán a desplazar sus actividades extorsivas a otras regiones o negocios explotables que puedan dar la rentabilidad deseada, a la vez que desaparecerán de forma generalizada los negocios previamente victimizados y las actividades económicas en una zona o en un sector específico.
La respuesta italiana en la lucha contra la extorsión
Lo cierto es que Italia, por razones evidentes, ostenta una durísima experiencia contra el crimen organizado y, concretamente, contra los procesos extorsivos mediante los que la Mafia solicitaba el pago denominado pizzo.
Uno de los aspectos más destacables es, sin duda, la implicación del Estado en la lucha contra la extorsión mafiosa a través de medidas específicas contra este fenómeno; 3 buenos ejemplos de ello son el programa de protección de testigos, la interceptación legal de las comunicaciones, el agente encubierto o la incautación de bienes. Sin embargo, lo cierto es que existen otras herramientas más específicas, como se expone a continuación:
- Los colaboradores con la justicia han demostrado ser el factor más efectivo e importante de la lucha contra la Mafia en Italia, asumiendo la protección personal, económica y judicial mediante un acuerdo con el Estado italiano.
- La confiscación de bienes previa a la condena, que separa las medidas cautelares del proceso penal y centra los recursos estatales en la lucha contra la financiación, en lugar de contra sus integrantes, extremo que resulta altamente efectivo en la lucha a medio y largo plazo.
- La reutilización social de activos confiscados, que compensan a las comunidades afectadas por las actividades ilícitas de la organización criminal. Esta medida, además de económica, contiene un importante simbolismo social, pues hace partícipe a la sociedad de la efectividad de las investigaciones policiales y judiciales.
Ahora bien, existen dos tipos de medidas especialmente interesantes para el presente análisis: el apoyo económico a los negocios y la salvaguarda física de la víctima y su familia.
Como es lógico, se hace necesaria la protección física para las víctimas de la extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada, así como para colaboradores y testigos siempre que haya un peligro inminente frente a la Mafia, provocado por el testimonio que se presta. Dicho testimonio deberá ser fiable y crucial para una investigación o procedimiento penal. Además de servicios de protección y dispositivos técnicos de seguridad, se pueden aplicar medidas de mayor intensidad mediante un programa especial de protección, que incluya el traslado de las personas protegidas y sus familias a un lugar seguro, la prestación de asistencia personal y económica, el cambio de identidad e incluso el apoyo necesario para comenzar una nueva vida.
Sin olvidar que las víctimas son empresarios, y con el propósito de garantizar la continuidad de sus negocios y, en definitiva, su forma de vida, Italia cuenta con un fondo de solidaridad para con las víctimas del crimen organizado, la extorsión y la usura. La cuantía de las ayudas económicas depende de las pérdidas económicas directas sufridas por las víctimas, el lucro cesante, las lesiones sufridas por la víctima o su familia y ayudas que pueden consistir en una compensación económica o un préstamo. Ahora bien, tal asignación sigue un procedimiento estipulado: se requiere de las víctimas, como primer paso, una denuncia formal a las autoridades, tras lo cual se les puede conceder el acceso al fondo. Esta exigencia de poner la actividad delictiva en conocimiento de las autoridades competentes es clave en la eficacia de la lucha contra la extorsión mafiosa, pues rompe la impunidad con la que opera habitualmente la Mafia.
Se trata, por tanto, de un doble enfoque: el crimen organizado dedicado a la extorsión es un objetivo de la represión, especialmente en términos de financiación e impunidad, pero también las víctimas directamente afectadas son objeto de protección.
Esta especificidad en la respuesta del Estado, que ha posibilitado el rechazo a las exigencias extorsivas y limitado el espacio de impunidad en el que el crimen organizado se desenvuelve con soltura, ha permitido consecuentemente que emerja poco a poco un elemento esencial en la lucha contra este fenómeno: el rechazo en bloque. 4 Ahora bien, aunque las víctimas se junten y resistan, deben asumir un doble riesgo ante la denuncia: la muerte física suya o las de sus familiares y la muerte social, al ser aislados o ignorados por la sociedad como castigo de la organización criminal. Nace así la idea de que la implicación de la sociedad civil es claramente relevante.
La implicación civil como elemento clave contra la Mafia
Como se desprende de la argumentación sobre el impacto social de la extorsión mafiosa, cuando se extorsiona a un empresario se ataca doblemente a sus ámbitos físico y económico, lo que supone una agresión contra el entramado socioeconómico, la legalidad de las actividades económicas de la zona y, en última instancia, la libertad y la democracia de la región. La proactividad institucional en la protección a las víctimas y el rechazo en bloque han requerido una ayuda imprescindible de la sociedad: la verdadera eficacia en la lucha contra la extorsión radica en el rechazo social, bajo la premisa de que quien paga la extorsión carece de valor social.
En un significativo esfuerzo por dar respuesta a esta necesidad, diversas asociaciones italianas antiextorsión han realizado una titánica tarea triple: agrupar empresarios para la resistencia conjunta, involucrar a la sociedad en el rechazo generalizado a la Mafia y cooperar con las autoridades policiales y judiciales, especialmente apoyando a las víctimas en la dura decisión de denunciar la extorsión.
A través de diversas entidades cubren necesidades sociales, como hace la Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane (FAI) que, además de agrupar las asociaciones en la lucha contra la extorsión y la Mafia, tiene otras actividades relevantes como promover el consumo de bienes y servicios en negocios que no se someten a la Mafia, apoyar a las víctimas en los procedimientos penales y dar asistencia financiera a través de centros específicos, además de emprender acciones civiles contra la Mafia en procedimientos penales de extorsión. Otro ejemplo es Libera, una red que también se dedica a la agrupación de asociaciones y está muy orientada hacia la promoción de la cultura de la legalidad en entornos empresariales y sociales. Uno de los principales compromisos de Libera es la reutilización social de activos de la Mafia para la educación en la legitimidad democrática, la lucha contra la corrupción, los campamentos de educación y las actividades anti-Mafia. Por su parte, Addiopizzo es una asociación que centra sus esfuerzos en apoyar a víctimas de la extorsión y promover una nueva forma de comportamiento en el mercado. Una de sus propuestas más destacadas es el denominado Consumo Crítico, que consiste en un pacto entre ciudadanos, consumidores y actores económicos destinado a crear una economía independiente de la Mafia, promoviendo el consumo en forma de recompensa a aquellas empresas que rechazan las extorsiones de la Mafia. Derivado de ello, esta asociación ha creado un Mapa sin Extorsión que muestra la distribución geográfica de los negocios que cumplen el consumo crítico y no pagan a la mafia. Para formar parte de este mapa el empresario solicita el alta y la asociación evalúa su situación a través de determinada documentación e información que el empresario debe aportar, además de suscribir una declaración formal de legalidad y un compromiso solemne de no someterse a la mafia en el futuro.
En conclusión, el crimen organizado y la sociedad no son entes separados e independientes a pesar de que en ocasiones los investigadores departamentalizamos los ámbitos de estudio; así pues, asumir que los fenómenos vinculados con la delincuencia organizada están en permanente diálogo con la ciudadanía en su conjunto permite razonar que la actuación del Estado requiere también medidas sociales que promuevan el rechazo en ese diálogo implícito.
Cabe señalar, por tanto, que,a tenor de la experiencia italiana, la inclusión de medidas que mejoren la protección de las víctimas y de iniciativas orientadas hacia la implicación civil aportarían a cualquier realidad afectada por esta lacra una mayor eficacia en su incansable lucha contra el crimen organizado.
Carmen Jordá Sanz
Profesora de la Universidad Camilo José Cela
1 “Formas de extorsión”, InSight Crime, 3/IV/2019.
2 Véase Carmen Jordá (2021), “La protección penal frente a los procesos extorsivos del crimen organizado en España: una aproximación teórica y empírica”, Editorial Jurídica BOE.
3 Elena Sciandra y Antonio Iafano (2016), “Contrasto all’estorsione organizzata: l’esperienza italiana”, Transcrime.
4 “Empresarios contra la mafia”, El País, 2/IX/2009.
Centro comercial en la ciudad de Nápoles (Italia). Foto: Paul Postema (@paulpostema)
