Tema
Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca y puso en marcha sus medidas para reducir la inmigración irregular (en sus palabras, “ilegal”), otros países europeos, como el Reino Unido o Alemania, han puesto en marcha medidas similares e incluso han adoptado discursos análogos. Este análisis se pregunta hasta qué punto este desarrollo puede considerarse como un efecto de la política (anti)migratoria estadounidense en Europa.
Resumen
El contexto europeo refleja un endurecimiento generalizado de las políticas migratorias. El gobierno británico de Keir Starmer ha adoptado un enfoque severo para reducir la inmigración irregular, incluyendo redadas en centros de trabajo y una nueva propuesta de ley sobre Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración. Esta ley ampliaría los poderes policiales, establecería nuevos delitos relacionados con la inmigración ilegal y limitaría el acceso a la ciudadanía para quienes entraron irregularmente al país. En Alemania, la Unión Demócrata Cristiana rompió el “cordón sanitario” colaborando con la extrema derecha en el Bundestag, mientras que en Francia las declaraciones del primer ministro sobre la “sensación de inundación migratoria” han suscitado polémica. Estos movimientos en Europa podrían interpretarse como un “efecto contagio” de la Administración Trump, aunque la tendencia restrictiva en las políticas migratorias europeas se remonta como poco a la “crisis de los refugiados” de 2015. Este análisis sugiere que el discurso y las políticas estadounidenses, aunque no son el origen de estas medidas en Europa, influyen en el marco interpretativo y discursivo utilizado para abordar la inmigración. Se identifican tres efectos principales: en el discurso político, en las posiciones de los partidos y en la opinión pública, que contribuyen a normalizar medidas antes consideradas excepcionales o extremas.
Análisis
Tras su llegada al poder en el Reino Unido en julio de 2024, el primer ministro, Keir Starmer, canceló el primer vuelo con destino a Ruanda y desmanteló el programa de deportaciones de migrantes irregulares a este país, alegando problemas legales y humanitarios, en lo que se percibió como un viraje hacia una política de inmigración más abierta. Lo contrario había hecho en Italia Giogia Meloni al poner en marcha su traslado de solicitantes de asilo a Albania. A pesar de ese cierre del proyecto en Ruanda, es cierto que el gobierno laborista se comprometió desde el principio con la reducción de la inmigración irregular que cruza el Canal de la Mancha y buscó para ello la colaboración con países europeos como Alemania. Sin embargo, en el comienzo de 2025 han sorprendido las redadas en centros de trabajo, restaurantes y otros lugares para detener a inmigrantes sin documentos, así como la propuesta de ley sobre Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración en el Reino Unido.
Las redadas se enmarcan en la lucha contra el trabajo irregular en el país y se han acompañado de la publicación de vídeos y datos por parte del gobierno. Se han confirmado redadas en un total de 828 locales, incluidos salones de manicura, lavaderos de coches y restaurantes, en los que se realizaron 609 arrestos, lo que representa un aumento del 73% en comparación con enero de 2024. A la vez que se informaba que cerca de 19.000 delincuentes extranjeros y personas sin derecho a permanecer en el Reino Unido han sido expulsados desde que el gobierno asumió el cargo, el Ministerio del Interior difundió videos de estas operaciones en plataformas como Youtube y redes sociales, generando una fuerte polémica. La ministra del Interior, Angela Eagle, ha defendido que “la decisión de publicar imágenes de los arrestos tenía como objetivo enviar un mensaje sobre las realidades de trabajar ilegalmente y defendió el enfoque del gobierno calificándolo de “compasivo”. Mientras algunos sectores ven esa difusión de imágenes de redadas y de aviones que expulsan a inmigrantes como una estrategia de disuasión, organizaciones de derechos humanos han criticado la medida por fomentar la estigmatización de los migrantes.
Menos publicidad ha recibido la Instrucción (Guidance) en la que se indica cómo evaluar el “buen carácter” en las solicitudes de ciudadanía de trabajadores extranjeros. En virtud de esta “aclaración” se hace prácticamente imposible que una persona que entre irregularmente en el Reino Unido pueda acceder a la ciudadanía. Hasta ahora, un trabajador extranjero, independiente de si había entrado en los bajos de un camión y solicitado asilo o había entrado como trabajador cualificado, podía, como regla general, solicitar el estatus de ciudadano a los 10 años de residir en el país. Ahora, este derecho se convierte en inaccesible para los solicitantes de asilo que entraron irregularmente en el país, es decir, para la gran mayoría de ellos.
Al mismo tiempo que el gobierno tomaba estas medidas, se debatía en el Parlamento británico una ley sobre Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración, con la que se trata de reforzar la lucha contra la inmigración no autorizada. El nuevo proyecto de ley ampliaría los poderes y capacidades de la policía y otras agencias en relación con infracciones de la legislación sobre migración y delitos graves en general.
Entre los cambios propuestos, se incluyen nuevos tipos penales, como el suministro o manejo de cualquier objeto destinado a facilitar la inmigración ilegal (por ejemplo, lanchas neumáticas), así como la recopilación de información para organizar un viaje no autorizado al Reino Unido, medidas inspiradas en la Ley de Terrorismo de 2000. También se introduciría como nuevo delito: poner en peligro a otra persona durante un cruce ilegal del Canal de la Mancha, lo que el gobierno justifica como una forma de desalentar comportamientos peligrosos, mientras organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes critican la medida por penalizar a los migrantes en lugar de a los traficantes de personas.
Además, se otorgarían nuevos poderes a los agentes de inmigración y a la Policía para confiscar teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos de migrantes no autorizados si se sospecha que contienen información sobre redes de inmigración ilegal y se facilitaría el acceso a los datos aduaneros de la Agencia de Impuestos y Aduanas (HMRC) para fortalecer la inteligencia. El proyecto de ley convertiría en un cargo oficial la figura del comandante de Seguridad Fronteriza, responsable de coordinar la respuesta gubernamental en materia de seguridad fronteriza y establecer prioridades estratégicas en consulta con agencias asociadas. Martin Hewitt fue nombrado para este cargo en septiembre de 2024.
Así, a pesar de que el discurso sobre los inmigrantes del gobierno laborista del Reino Unido es radicalmente diferente al de la Administración de Donald Trump, no sólo en el fondo sino también en la forma, ya que no se habla de ellos como delincuentes ni como peligrosos ilegales sino como migrantes no autorizados, cabe destacar ciertos paralelismos con las medidas de la nueva Administración estadounidense: el reforzamiento de la autoridad policial, el énfasis en el control de la frontera con el comandante de Seguridad Fronteriza y la “propaganda” sobre las deportaciones o la limitación del acceso a la ciudadanía. Estas medidas guardan un claro parecido con las imágenes de los primeros días de gobierno de Trump en Estados Unidos (EEUU), que ha llenado los telediarios con aviones militares llevando inmigrantes esposados, redadas (especialmente en las ciudades santuario), fotos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de los centros de detención. Todo ello unido al protagonismo otorgado al zar de la frontera, Tom Homan, y a la seguridad fronteriza.
En Alemania, a pocas semanas de las elecciones federales, se produjo un hecho inédito desde el final de la Segunda Guerra Mundial: la Unión Demócrata Cristina (CDU) de Friedrich Merz votó con el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en el Bundestag. Esta votación apoyó una proposición no de ley que buscaba restringir la reagrupación familiar para los refugiados, ampliar las competencias de la Policía para detener a personas sin documentación válida en los puntos de entrada al país, implementar controles fronterizos permanentes para prevenir la entrada ilegal y denegar la entrada a personas sin documentos válidos, incluyendo a solicitantes de asilo que llegan desde países vecinos considerados seguros. Aunque la propuesta no prosperó, esta alianza parlamentaria ha desatado una gran controversia en Alemania por la colaboración de Merz con la AfD, rompiendo por primera vez el denominado “cordón sanitario” a la extrema derecha. Además, esta votación se ha producido en un contexto electoral en el que la inmigración se consolidó como uno de los temas más debatidos y polarizantes. El líder de la CDU, Friedrich Merz, abogó por políticas migratorias más estrictas, incluyendo el cierre de fronteras a inmigrantes indocumentados y la deportación de solicitantes de asilo sin documentación válida.
En esta línea, la AfD, por su parte, centró su campaña en una retórica antiinmigración, promoviendo la deportación masiva de inmigrantes y oponiéndose a la puesta en marcha de nuevas medidas y a la mejora de las políticas de integración. Su creciente apoyo electoral, consolidándose como la segunda fuerza en el Parlamento, ha generado preocupación entre las comunidades inmigrantes y organizaciones de derechos humanos, que temen un aumento de los ataques racistas y la normalización de discursos xenófobos en la sociedad alemana.
En Francia, las declaraciones del primer ministro, François Bayrou, sobre la “sensación de inundación migratoria”, han provocado también un intenso debate público y oposición. Sin duda, sus palabras recuerdan las afirmaciones de la campaña electoral de Trump sobre la “invasión migratoria” que sufría el país y que provocaron tanto reacciones de apoyo como de rechazo en la esfera política y mediática, pero que fueron un acicate para su victoria electoral.
Este recuento de medidas y discursos en diferentes países europeos puede incluir Italia, Hungría y Austria y muestra que el año 2025 ha comenzado con medidas políticas restrictivas en el ámbito migratorio o políticas antiinmigración, que pueden continuar e imponerse frente a visiones más inclusivas y respetuosas con la legislación y convenios internacionales y los derechos humanos. Ante este panorama, cabe preguntarse si esto es un efecto de la política de la nueva Administración Trump en las políticas migratorias de los países europeos; esto es, si se está produciendo una “trumpización” de las políticas migratorias en un “efecto contagio”. La evidencia indica que no, pero también que sí.
Es verdad que en sus primeros 10 días de gobierno Trump firmó al menos 21 órdenes ejecutivas que incluían aspectos restrictivos de política de inmigración; una política antiinmigración en muchos y variados aspectos, promulgada como oleada de medidas para descolocar a los opositores y evitar o dilatar las demandas judiciales contra ellas. La declaración y las órdenes firmadas abordan la “evaluación reforzada” de los solicitantes de visados, el fin de la ciudadanía por nacimiento, el incremento de la seguridad fronteriza y la declaración de una emergencia nacional y la paralización de programas de asilo y refugiados, y de los programas de protección temporal.
En este contexto, el repaso de las parecidas medidas y políticas migratorias recientes, y no tan recientes, de muchos países europeos permite observar su gran semejanza. Sin embargo, es justo reconocer que la senda restrictiva de sus políticas migratorias y de asilo en muchos países europeos, como Italia, empezó con anterioridad a esta segunda Administración Trump e incluso a la primera. Para muchos esta tendencia restrictiva podría situarse en el inicio del milenio en algunos países, pero, aunque es difícil precisar una fecha concreta, sin duda, un punto de inflexión en Europa lo constituye la “crisis de los refugiados” de 2015 y las sucesivas medidas y declaraciones en Hungría, Austria y Polonia. Todo ello ha provocado el denominado dilema democrático para las políticas de inmigración.
Sin embargo, aunque la revisión histórica no permite responsabilizar al gobierno Trump de las políticas y medidas restrictivas de la inmigración de otros países del continente europeo, tampoco se puede obviar la influencia de los marcos normativos e interpretativos que se están utilizando para la definición de la inmigración ni de las medidas tomadas. Sus discursos, políticas y decisiones influyen en las opciones y discursos en otros países, tanto por lo que hace como por lo que deja de hacer; por lo que dice y lo que deja de decir. En los primeros pasos de la “nueva” política migratoria de EEUU no han aparecido las medidas para posibilitar la inmigración legal o los programas de apoyo a la integración. Las decisiones, pero también el discurso del presidente estadounidense, evidencian una consideración y definición de la inmigración como fenómeno que impacta la criminalidad, el tráfico de drogas y el gasto público, sin contemplar ni destacar ningún posible aspecto ni efecto positivo en términos de empleo, riqueza y diversidad cultural, contribución a la economía y a la innovación.
Un clásico en el estudio de la polarización y el extremismo es precisamente el análisis de cómo ideas (y medidas) “extremas” logran conquistar el centro político y convertirse en puntos centrales del debate. Básicamente, se pueden analizar tres efectos:
- Efecto en el discurso político: las ideas, medidas y discursos extremos (antiinmigración, en este caso) determinan qué temas se debaten en la agenda política (por ejemplo, operaciones masivas de deportación) y en qué términos se discuten. La sucesión de medidas y órdenes ejecutivas de Trump le ha permitido controlar la agenda y ha impedido el debate sobre otras cuestiones o desde puntos de vista distintos.
- Efecto en las posiciones de los partidos: al situar los temas en términos “extremos” y polarizados (a favor o en contra) en la discusión, los partidos tradicionales ven afectadas sus posiciones y deben centrar sus esfuerzos en discutir esas cuestiones desde una posición defensiva, reduciendo el espacio para posiciones contrarias a la restricción o para alternativas más inclusivas.
- Efecto en la opinión pública: medidas antes consideradas extremas pasan a ser percibidas como “posibles”, como opciones viables. Comienza a ser familiar el vocabulario (redadas, deportaciones masivas, impermeabilizar la frontera…) y entran en el debate cotidiano, según las lealtades partidistas, para acabar siendo vistas como “normales”, necesarias o inevitables.
Estos efectos pueden analizarse también a la luz de estrategias políticas utilizadas en otros contextos. La repetición de discursos restrictivos sobre migración, la generación de debates en torno a medidas extremas y la saturación del espacio mediático con imágenes de redadas y deportaciones permiten introducir ideas y propuestas que antes parecían impensables en el debate público. Estas estrategias desplazan las posturas más moderadas y legitiman opciones radicales, incluso cuando no son viables en términos legales o políticos, o cuando su eficacia para conseguir los objetivos previstos se anticipa como escasa o nula. Así, el debate sobre la inmigración se transforma y traslada desde una cuestión de derechos y gestión hacia una cuestión de control y criminalidad o seguridad.
En definitiva, aunque la nueva Administración estadounidense no pueda ser considerada como responsable del origen de todas estas medidas restrictivas en Europa, su discurso y políticas, con las que se alinean diversos gobiernos europeos, sí tienen un efecto global en la forma en que los gobiernos definen, enmarcan y justifican sus decisiones migratorias, especialmente en un contexto de políticas restrictivas como el existente en muchos países europeos.
Las políticas migratorias restrictivas no sólo tienen implicaciones directas en la gestión de flujos migratorios, sino que también influyen en el discurso político y en la percepción pública. La aplicación de medidas severas y la difusión de narrativas específicas moldean la atención y el contenido de la opinión pública, legitimando enfoques más duros y desplazando perspectivas más moderadas.
Conclusiones
En conclusión, aunque el gobierno laborista del Reino Unido ha mantenido un discurso más moderado respecto a la inmigración en comparación con administraciones anteriores, sus acciones recientes evidencian un giro significativo hacia políticas migratorias más restrictivas. A pesar de la cancelación inicial del programa de deportaciones a Ruanda, las redadas en centros de trabajo y la propuesta de la nueva ley de Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración reflejan un enfoque centrado en la seguridad y el control, alineándose con una tendencia europea más amplia. Este endurecimiento de las políticas migratorias no es un fenómeno aislado; en países como Alemania, la reciente votación en el Bundestag, donde la CDU de Friedrich Merz se alió con el partido de extrema derecha AfD para apoyar propuestas que restringen la reagrupación familiar y amplían las competencias policiales en materia migratoria, revela cómo la cuestión de la inmigración se ha convertido en un tema central en las elecciones federales. En Francia, las declaraciones del primer ministro François Bayrou sobre la “sensación de inundación migratoria” refuerzan esta narrativa de control y seguridad sobre los derechos humanos.
Aunque no puede atribuirse directamente a la Administración Trump la responsabilidad de estas políticas restrictivas en Europa, su influencia es innegable. El discurso y las decisiones del gobierno estadounidense contribuyen a definir el marco interpretativo con el que se abordan las políticas migratorias en otros países. Este efecto se percibe en cómo se establece la agenda política, en la presión ejercida sobre los partidos tradicionales para adoptar posturas más duras y en la opinión pública, que comienza a normalizar discursos y medidas previamente consideradas extremas. La narrativa del control y la seguridad ha desplazado el debate migratorio desde una perspectiva de derechos y gestión hacia un enfoque en la criminalización y la seguridad.
Finalmente, esta evolución en las políticas migratorias plantea serios desafíos no sólo para la gestión de los flujos migratorios, sino también para la cohesión social y el respeto a los derechos humanos. Al legitimar planteamientos más duros y desplazar perspectivas inclusivas, se corre el riesgo de erosionar las bases democráticas y los principios humanitarios que han guiado históricamente la política migratoria en muchas democracias occidentales. Además, los contextos electorales en los que la inmigración se convierte en un asunto politizado y un problema central, a la vez que se aboga por políticas antiinmigración, podrían seguir alimentando este tipo de políticas, especialmente si los partidos tradicionales consideran necesario competir con la extrema derecha en la narrativa migratoria para captar votos.
