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Resumen: El actual proceso electoral mexicano se desarrolla en condiciones de elevada competitividad y una real confrontación entre los partidos políticos, que algunos consideran arriesgada para la estabilidad política del país. Los anteriores procesos electorales presidenciales, el marco legal e institucional vigente y las nuevas medidas adoptadas para esta elección constituyen los elementos que nos permiten afirmar que dichas previsiones no tienen sustento y forman parte de la agenda de los actores políticos durante el desarrollo de las campañas electorales y no una amenaza real e inminente a la estabilidad política nacional. Análisis: La democracia mexicana transita por uno de sus momentos más significativos. Este año se celebrarán elecciones para elegir al presidente de la República, así como senadores y diputados que renovaran íntegramente las dos cámaras que constituyen el Congreso de la Unión. Diversos indicadores muestran que la elección para presidente de la República podría ser la más competida de la historia del país. Es una elección en la que participan tres partidos políticos y dos coaliciones encabezadas por los tres grandes partidos políticos nacionales: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) (en coalición con el Partido Verde Ecologista –PVE– de México) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD, en alianza con otros dos partidos políticos: Convergencia y el Partido del Trabajo –PT–). Tanto por la diversidad de la propuesta político-ideológica y económica, como por la elevada competencia político-electoral y el nivel que ha alcanzado la confrontación electoral, han surgido voces que suponen la existencia de riesgos importantes para la estabilidad política de la nación. A prácticamente un mes de la celebración de los comicios, el próximo 2 de julio, resulta importante hacer un balance del conjunto de circunstancias en que se desarrolla el proceso electoral, ubicándolo en la perspectiva histórica reciente de la vida política mexicana. Desde el fin de la década de los años 80 del siglo pasado, el antiguo sistema de partido hegemónico comenzó a resquebrajarse. La elección clave de 1988, en la que hubo sospechas de fraude electoral nunca despejadas del todo, generó la necesidad de una mayor apertura del sistema político a diversas fuerzas partidarias, contrarrestando así el riesgo de inestabilidad provocado por la ausencia de instituciones y mecanismos que pudieran dar cauce legal a la diversidad de movimientos y fuerzas políticas presentes en el espectro nacional. Desde entonces y hasta la fecha, en cada ocasión en que se han celebrado comicios para elegir presidente (1994, 2000 y 2006) se han vaticinado conflictos postelectorales, inestabilidad política y económica y aún violencia social y política postelectoral. A pesar de dichas previsiones la estabilidad se mantuvo, incluso en años tan complejos como 1994, cuando diversos acontecimientos que rodearon la competencia electoral hacían prever tensiones de mayor magnitud. Se habló desde entonces del “choque de trenes” entre las fuerzas políticas y partidarias en competencia. Se recuerda que el año 1994 se inició con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); ocurrieron varios asesinatos políticos antes y después del proceso electoral, como el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio y el del secretario general del PRI (partido hasta entonces en el poder desde su creación como PNR a finales de la década de los años 20), José Francisco Ruiz Massieu. Asimismo, ocurrieron secuestros de prominentes empresarios, e incluso tuvo lugar la renuncia del secretario de Gobernación y en aquel entonces presidente del Instituto Federal Electoral, si bien ésta fue rechazada. En lo económico, hubo fuertes bajadas en la bolsa mexicana y fuga de capitales. Con todo, las elecciones se desarrollaron con toda normalidad y sus resultados fueron reconocidos por todas las fuerzas políticas en competencia. Ni siquiera una crisis económica sin precedente, estallada al iniciar el nuevo Gobierno, generó inestabilidad social o política. El proceso electoral del año 2000, origen del actual Gobierno, estuvo marcado por una elevada competitividad intensificada por la posibilidad de la alternancia en el poder, nunca ocurrida después de la revolución mexicana. Existían posiciones que cuestionaban, por una parte, la aceptación de los resultados electorales condicionándolos a un margen específico de diferencia en las votaciones y, por otra, se ponía en duda la disposición del Gobierno y del partido en el poder de reconocer una eventual derrota a manos de la oposición. Al final, los comicios se desarrollaron con normalidad y, sin sobresalto alguno, se efectúo la primera alternancia en el poder en 70 años. Los partidos políticos y el Gobierno federal mostraron un comportamiento institucional y no se alteró la estabilidad política y económica del país. El sistema político mexicano se mostró capaz de transitar de un régimen de partido hegemónico a la alternancia en el poder a partir de la construcción de consensos básicos en torno a la forma de operación del régimen político-electoral, el mismo que ha logrado canalizar por la vía institucional las divergencias ideológicas y políticas propias de una sociedad como la mexicana, diversa y plural. Tal capacidad se logró, en buena medida, por los acuerdos alcanzados entre las diversas fuerzas políticas, abriendo un periodo de sucesivas reformas electorales del régimen de partidos en México. Gracias a estas reformas, que hicieron posible la realización de elecciones libres y confiables, garantizadas por autoridades electorales imparciales, los procesos políticos en México, en medio de un largo proceso de transición a la democracia, se han efectuado con estabilidad y sin violencia política y social. Es importante reflexionar en el contenido de dichas reformas, las mismas que a partir de fines de los años 80, han contado con la participación de las diversas fuerzas políticas en su construcción. Con las reformas de 1989-1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) y se estableció que la organización de las elecciones sería una función del Estado que se ejercería por los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, a través de dicho organismo público, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones. A diferencia de los organismos electorales precedentes, el IFE se constituyó como una institución permanente y profesional. Su órgano de dirección, el Consejo General, se integraba por consejeros de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, consejeros magistrados y representantes de los partidos políticos en proporción a su fuerza electoral. El IFE asume desde entonces íntegramente la organización de los comicios. Es responsable también del padrón electoral; del otorgamiento de los derechos y prerrogativas de los partidos políticos; de la preparación y desarrollo de la jornada electoral; y de la capacitación y educación cívica, así como del cómputo de resultados de las elecciones federales. La reforma de 1993 efectuó cambios en temas tan relevantes como la financiación de los partidos, estableciendo prohibiciones y límites al financiamiento público y privado y reglas para el financiamiento de las campañas. Se adoptaron medidas para hacer proporcional la representación de los partidos en las cámaras, aunque se mantuvo un cierto nivel de sobrerrepresentación derivado de las formulas de asignación y de la distritación existente. Se suprimió la autocalificación electoral para diputados y senadores, dejándola en manos del IFE y, en su caso, del Tribunal Federal Electoral, si bien subsistió la calificación presidencial por la Cámara de Diputados conformada mayoritariamente por el partido en el poder. Una de las reformas más importantes de 1993 fue la que hizo del Tribunal Electoral un órgano autónomo, con jurisdicción plena en la materia, estableciendo la última instancia en sus decisiones, algo nunca visto en la historia del país. En 1994 se efectuó una nueva reforma electoral, en buena medida derivada de la inestabilidad política provocada por el levantamiento zapatista. Lo más significativo fue que, en esta ocasión, participaron todos los partidos políticos. Los resultados fueron: la autonomía y ciudadanización del IFE, incorporando a su Consejo General (y en los consejos locales y distritales en todo el país) la figura de los consejeros ciudadanos, con un voto mayoritario respecto de los consejeros del Poder Legislativo. Además, los representantes de los partidos políticos pierden el derecho al voto. Se mantuvo la presidencia en manos del secretario de Gobernación aunque sin voto de calidad. También, se ciudadanizó la organización de las elecciones, al incorporar a los ciudadanos, mediante procedimientos transparentes y capacitación adecuada, como responsables de las tareas en la jornada electoral. Todo esto se completó con el establecimiento de candados de seguridad en todos los materiales y procedimientos del proceso electoral. Se admitió, asimismo la observación electoral nacional y extranjera sobre el proceso electoral y se estableció la verificación externa al padrón electoral y las listas nominales de electores, así como los mecanismos de vigilancia de los partidos políticos sobre esos instrumentos y sobre la credencial para votar con fotografía. En materia de medios, se incrementó el acceso gratuito de los partidos políticos a los mismos y se destinó presupuesto para la propaganda política por la vía del IFE, propiciando una mayor equidad en la competencia electoral. Estas reformas, resultado de acuerdos políticos, evitaron que las difíciles condiciones en que ocurrieron las elecciones de 1994 derivaran en inestabilidad política. Con todo, después de las elecciones, se comenzó a trabajar en una reforma electoral concretada en 1996 y que ha servido de marco para la alternancia en el poder ocurrida en el año 2000 y para el proceso electoral actual. La reforma electoral de 1996 fue determinante para la plena confianza en la organización de las elecciones, al atacar tres puntos básicos: • La plena autonomía del IFE, separándolo completamente del Poder Ejecutivo y ciudadanizando plenamente la toma de decisiones de sus órganos de dirección (Consejo General y consejos locales y distritales). Los partidos políticos y los representantes del legislativo participan en el Consejo General, con voz y sin voto. El actual proceso electoral La primera garantía de comicios limpios en México la constituye el hecho de que son los ciudadanos los que hacen posible, con su participación, la recepción y recuento de los votos, así como la vigilancia de la jornada electoral. Esto complementa la participación de los partidos políticos en todos los órganos electorales y la presencia de observadores electorales y visitantes extranjeros, que hacen de las elecciones mexicanas uno de los procesos más vigilados y escrutados del mundo. El 2 de julio, casi un millón de ciudadanos conformarán las mesas directivas de casilla, seleccionadas y capacitadas por la autoridad electoral mediante una estrategia de capacitación y asistencia electoral desplegada en los 300 distritos electorales del país. Esta estrategia se basa en un proceso de enseñanza-aprendizaje necesario para motivar una participación responsable y desarrollar competencias específicas en casi un millón de ciudadanos, seleccionados de manera aleatoria Se trata de ciudadanos capacitados y dispuestos a asumir la responsabilidad de la recepción, cuidado y recuento de los votos de sus vecinos. Aquí radica, en buena parte, la ciudadanización en la organización de las elecciones en México y la acción imparcial del IFE, que genera confianza y certeza en el proceso y en el sistema electoral, en nuestra democracia e instituciones. Por otra parte, habrá miles de observadores electorales y cientos de visitantes extranjeros testimoniando los comicios; los partidos políticos y coaliciones tendrán representantes en las más de 130.000 casillas, pudiéndose asegurar que prácticamente en todas habrá partidos vigilando desde la apertura de las casillas hasta el recuento y escrutinio de los votos. También, los partidos políticos han participado en todos los procesos relevantes de la organización electoral, desde la actualización del padrón y la lista nominal, el diseño e impresión de los materiales electorales, la redistritación electoral y la diversa serie de acuerdos adoptados para garantizar elecciones limpias. La organización de los comicios en México ha sido reconocida por los ciudadanos y los actores políticos como confiable, legal, imparcial y transparente. Estudios recientes, efectuados por empresas ajenas al IFE, demuestran que la ciudadanía confía en la institución como garante de la limpieza e imparcialidad de los comicios. Cifras de uno de esos estudios, realizado por la empresa IPSOS-BIMSA señala que el 78% de los mexicanos confía en el IFE y el 76% lo ubican como una institución con la máxima credibilidad. El IFE tiene, además, el reconocimiento internacional por lo que ha sido llamado por la ONU y otros organismos internacionales y nacionales para efectuar 52 misiones de asistencia técnica en 26 países en los últimos 16 años. En México hemos pasado de la discusión sobre la imparcialidad de la autoridad electoral y la organización confiable de los comicios, a la agenda de la equidad y la mayor transparencia en las campañas político-electorales. Si bien en los años recientes no ha habido reformas legales, el IFE ha reforzado las medidas reglamentarias y los instrumentos para incrementar la confiabilidad de los resultados y lograr una mayor equidad y transparencia en el proceso electoral. Para estos comicios se ha propiciado, mediante convenios con diversos organismos públicos y privados, una mayor transparencia de diversos procesos vinculados al proceso electoral. Destacan los efectuados con TELEVISA, la principal empresa de medios de comunicación electrónicos en México, para lograr mayor transparencia en los gastos que realizan los partidos políticos en propaganda televisiva para las campañas electorales; con Transparencia Mexicana para vigilar los procedimientos de adquisición y reducir el riesgo de irregularidades en los concursos o adjudicaciones de bienes y servicios; con Talleres Gráficos de México como una medida de blindaje institucional para garantizar absoluta transparencia y legalidad en la adquisición de boletas, actas, urnas y canceles electorales, entre otros, y con la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República para obtener asesoría jurídica electoral para el personal del IFE y orientar a la ciudadanía respecto a la forma de proceder ante posibles conductas delictivas en materia electoral federal. Finalmente, se firmó un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas para poder efectuar la supervisión de las erogaciones en las campañas por concepto de propaganda y materiales impresos. Por otra parte, el IFE aprobó un Acuerdo de Neutralidad aplicado a los servidores públicos, que establece las limitaciones que dichos funcionarios tienen para poder participar en las campañas electorales, evitando el uso de recursos públicos y aprovechamiento de espacios en medios para influir en ellas. También, se emitió un acuerdo para fiscalizar las precampañas, mediante entrega de informes detallados, lo que se complementó con la monitorización de los medios de comunicación. Derivado de ese acuerdo, se impusieron fuertes sanciones financieras a los partidos políticos que lo incumplieron. Se reformó el Reglamento de Fiscalización para que los partidos presenten informes de su contratación de promocionales en medios y de las tarifas pagadas, prohibiéndose las bonificaciones y condonaciones de deuda a favor de los partidos. Esta medida ha contribuido significativamente a hacer más transparente el gasto de los partidos en sus campañas ya que, a diferencia de otras elecciones, en que se conocía hasta el año siguiente el ejercicio de estos gastos, ahora es público en el mismo momento en que se desarrollan las campañas. Con el objetivo de propiciar la equidad de los medios en la cobertura de las campañas, el IFE realiza monitoreos en radio, televisión, medios impresos y espectaculares en la vía pública. Se busca inducir a los medios de comunicación a dar un tratamiento equitativo a los contendientes respecto al tiempo y forma que están expuestos al público, a través del escrutinio ciudadano, así como fortalecer los elementos para la fiscalización. Este proceso electoral representa muchos retos, pero también incluye muchos avances en materia tecnológica e informática. Así, el día de la jornada electoral estarán en marcha programas tales como el Sistema de Información de la Jornada Electoral, que permite a las autoridades y los partidos contendientes seguir paso a paso el desarrollo de los comicios y detectar situaciones anormales para poder darles respuesta oportuna; el Conteo Rápido que la propia autoridad efectúa para conocer las tendencias de la votación al cerrar las casillas, y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que permite contar con información precisa del recuento de votos en las casillas para poder proporcionar resultados la misma noche de la elección, dando certeza a los contendientes. Conclusión: Con todos estos elementos, podemos concluir que el sistema electoral y las condiciones políticas imperantes de estabilidad económica y cauces institucionales operantes en la vida política nacional conforman un escenario capaz de dar cauce a las demandas ciudadanas y a la competencia político electoral. Las elecciones mexicanas transitan ya por el camino de la estabilidad. Alejandra Latapi y Teresa González Luna |
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La democracia mexicana en el camino de la estabilidad (ARI)
