Tema: Brasil se enfrenta a un decisivo dilema político: asumir que la corrupción es parte inherente de su sistema político y electoral, y aceptarla pasivamente, o proceder a una reforma profunda para fortalecer su democracia. Todo parece indicar que no será el Partido de los Trabajadores (PT) quien lidere este proceso, dada su responsabilidad en la crisis. La legitimidad democrática y la confianza en los representantes políticos están en juego. Las elecciones de 2006 se presentan sin claros favoritos.
Resumen: Durante el invierno sudamericano, en Brasil se registraban altísimas temperaturas producidas por un carnaval de denuncias, escándalos de corrupción y revelaciones de compras de diputados y de pactos políticos inconfesables a cambio de maletas de dinero, que dinamitaron el panorama de aparente calma existente desde la elección de Lula. Brasil se enfrenta a la más grave y profunda crisis política desde el retorno a la democracia en 1985. Sabemos cómo y cuándo se ha originado, pero no podemos afirmar hasta dónde llegará, dado el abismal precipicio al que se ha asomado la clase política brasileña, a pesar de la fortaleza demostrada por las instituciones de la República. La crisis ha impactado de lleno en el PT del presidente Lula, en la base aliada del gobierno en el Congreso Nacional, en el sistema de financiación de las campañas electorales y en las expectativas de Lula para su cada día más improbable reelección. Sólo la política económica, comandada firmemente por el ministro de Hacienda, Antonio Palloci, ha permanecido resguardada de los vaivenes de la crisis. En definitiva, se está poniendo en evidencia el alto grado de corrupción de la política brasileña.
Se puede afirmar que esta crisis, de consecuencias aún impredecibles, ha matado la esperanza de millones de brasileños en un cambio que estaría representado en la figura de Lula y en el partido que enarbolaba, de forma arrogante y con exclusividad según su actual presidente interino, Tarso Genro, el estandarte de la ética y de la lucha contra la corrupción. Lula logró hacer del lema “la esperanza venció al miedo” una bandera que consiguió millones de votos en 2002, principalmente de la clase media centrista y moderada. Esta bandera está hoy hecha harapos, con un PT en proceso de desintegración y lucha entre facciones; con un gobierno desorientado y sin una estrategia definida para enfrentar la oleada de acusaciones y denuncias; y con un presidente que no ha sabido dar la talla ante las denuncias, recurriendo a tácticas escapistas, cuando no abiertamente populistas, sin asumir su responsabilidad o su omisión, denunciando un complot de la oposición y de las elites económicas. Aunque son éstas las más interesadas en mantener a Lula en el poder, una para debilitarle lentamente hasta las elecciones de 2006 y las otras para asegurar la estabilidad macroeconómica que garantice al menos un crecimiento mediocre y un statu quo más seguro y menos arriesgado frente a la amenaza del vicepresidente, José Alencar, o del presidente de la Cámara de Diputados, menos comprometidos con la ortodoxia y que asumirían el gobierno en caso de renuncia o impeachment del presidente Lula.
Análisis: El maestro de la música popular brasileña Antonio Carlos Jobim solía decir que Brasil no era un país para principiantes. La actual crisis política que convulsiona el país desde hace tres meses desafía a los analistas y ratifica sus palabras. No es fácil transmitir todos los vericuetos, personajes y factores que han llevado esta crisis hacia un auténtico marasmo político con implicaciones graves para la economía y la sociedad brasileñas. Su correcta comprensión exigiría presentar detalladamente las características básicas del sistema político y electoral brasileño, del funcionamiento de las campañas y de los principales actores e instituciones involucrados en la difícil tarea de representar los intereses de una compleja sociedad de 184 millones de ciudadanos, y en el más arduo menester de garantizar su gobernabilidad.
La crisis admite varias lecturas e interpretaciones pero todas remiten a la corrupción de la política, a la diseminación de prácticas clientelistas, a las disfunciones de un sistema político y electoral agotado e inviable y a las deficiencias del llamado “presidencialismo de coalición” que, en la práctica, llevan al presidente a realizar arriesgadas piruetas para conseguir la construcción de mayorías y el apoyo, en la Cámara de los Diputados y en el Senado Federal, de los parlamentarios que deben votar la agenda política del gobierno. Es verdad también que, en el seno de esta crisis y sin menoscabo de la veracidad o no de las acusaciones, se encuentra el juego político de una oposición, por la izquierda y por la derecha, que ha visto en las denuncias la oportunidad para golpear al gobierno y al PT, adelantando así un año y medio el debate electoral sobre la reelección de Lula, dada por segura antes de los escándalos. Este ARI busca encontrar el origen de la crisis política y sus principales hechos para luego proceder a su análisis y a la explicación del panorama político brasileño, presentando los escenarios posibles, hasta octubre de 2006, cuando se deberá renovar el poder legislativo y ejecutivo.
El origen de la crisis
El detonante de todo este enredo fueron las revelaciones de la revista Veja, en mayo, de una grabación de video en la que unos empresarios sobornaban, con éxito, a un alto funcionario de la empresa estatal de Correos. En la cinta, grabada por agentes de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), el funcionario confesaba la existencia de un sistema de financiación del Partido Laborista Brasileño (PTB), integrante de la base aliada del gobierno Lula, y cuyo principal beneficiado era el diputado Roberto Jefferson. La presencia de funcionarios apadrinados por los partidos progubernamentales en las empresas estatales es una práctica habitual en Brasil y es parte del botín exigido por la voracidad de sus líderes que financian así sus actividades políticas. Jefferson se dio a conocer en Brasil por integrar la llamada “tropa de choque” del ex presidente Collor y su trayectoria política ha estado salpicada de episodios turbios. Acosado por las denuncias y sospechando una conspiración desestabilizadora capitaneada por José Dirceu, ministro de la Casa Civil y por entonces auténtica eminencia gris del gobierno, Jefferson inició el contraataque denunciando la existencia de un “mensalão”, un soborno mensual, pagado a diputados de la base aliada (Partido Liberal –PL– y Partido Progresista –PP–), patrocinado por la cúpula del PT, ordenado desde instancias próximas a Lula y gestionado por el empresario Marcos Valerio, que nutría sus arcas con préstamos bancarios cuya garantía eran contratos publicitarios ganados fraudulentamente en licitaciones de empresas estatales. El “mensalão” pretendía remunerar la fidelidad de los parlamentarios de la base gubernamental y asegurar su voto en los proyectos del gobierno. A partir de este momento los acontecimientos se precipitaron vertiginosamente con un tsunami de denuncias.
El episodio álgido, con niveles de audiencia insospechados en las televisiones, fue la declaración de Jefferson, el 14 de junio, al Consejo de Ética del Congreso, donde hizo un auténtico picadillo de la clase política, confirmando denuncias, citando una lista de políticos beneficiarios directos del “mensalão”, todos de la base aliada, y apuntando a Dirceu como el impulsor de los sobornos. En una frase incorporada a la historia política de Brasil, Jefferson acorraló a Dirceu: “Sal de ahí (del gobierno), sal antes de que hagas reo a un hombre inocente, que es el presidente Lula”. Dos días después Dirceu dimitía y regresaba a la Cámara de Diputados para poder defender su integridad y la del gobierno.
Fueron creadas diferentes Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI), una dedicada al escándalo de los correos, otra al “mensalão” y una tercera, por determinación de la Justicia, para aclarar la implicación de la mafia de los juegos de azar en la financiación de partidos políticos. Las denuncias de corrupción contra el PT ya venían de antiguo y de la mano de dos episodios que aún colean y amenazan con nuevas acusaciones contra el entorno de Lula. En el primer episodio, en febrero de 2004, un asesor directo de Dirceu, Waldomiro Diniz, fue grabado exigiendo dinero para las campañas del PT a Carlinhos Cachoeira, jefe de una red de juegos ilegales en Río de Janeiro. La oposición pidió la cabeza de Dirceu y la instalación de una CPI. Dirceu logró zafarse gracias a la base aliada para evitar la creación de la CPI. El segundo episodio fue más trágico. En enero de 2002, fue asesinado el alcalde de Santo André, Celso Daniel del PT. Inicialmente se creyó en un crimen común, pero investigaciones posteriores han levantado la fuerte sospecha de un crimen político, consecuencia del descubrimiento de una trama de corrupción para la financiación ilegal del PT.
Buena parte de las acusaciones giran en torno a la figura polémica de Dirceu, que controla la tendencia del Campo Mayoritario, la principal del PT, que tiene muchas posibilidades de ganar la presidencia del partido en las elecciones internas de septiembre de 2005 y a la que pertenecen todos los implicados en la crisis que, a día de hoy, ni han sido castigados ni expulsados del partido. No cabe duda de la responsabilidad de Dirceu en la crisis, sea como personaje imán de los principales escándalos, desde el caso Waldomiro hasta la articulación de las desastrosas alianzas partidarias, sea como factor desestabilizador por sus discrepancias públicas con la política económica de Palloci.
Las interpretaciones
Hasta aquí, en trazos gruesos, el núcleo central de las denuncias, pero es conveniente intentar analizar el origen profundo de la crisis. Para muchos analistas, es necesario retroceder a las elecciones de 2002, ya que Lula y su núcleo estratégico más cercano estarían pagando el precio de las malas compañías. Casi sin percibirlo, el gobierno Lula se fue volviendo prisionero de una alianza nefasta que nunca pudo controlar y que acabó escapándosele de las manos, convirtiéndose finalmente en su rehén. Para atraer al electorado de centro, Lula desarrolló una estrategia con dos líneas principales de acción. La primera, sintetizada en la “Carta al Pueblo Brasileño”, supuso su compromiso con la estabilidad económica, renunciando a algunas promesas históricas del PT, como la suspensión del pago de la deuda o la ruptura con el FMI. La segunda, materializada en la alianza con el Partido Liberal (PL), lanzaba al electorado el mensaje de la moderación y atraía hacia su órbita a la clase empresarial y a los sectores productivos de Brasil.
En realidad, la crisis remite a errores en la estrategia de construcción de una mayoría, a una pésima gestión política en las relaciones con la base aliada y a graves fallos del gobierno de Lula. Mientras que la base de apoyo del gobierno Cardoso la constituían dos grandes partidos, el Partido del Frente Liberal (PFL) y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y algunos pequeños, que le garantizaban el 80% del Senado y el 62% de la Cámara de Diputados, la coalición de Lula fue montada a partir de la estrategia de hinchar artificialmente a pequeños partidos (PL, PP y PTB), incentivando la infidelidad partidaria y la emigración desde siglas menores a la pequeña constelación de agrupaciones de la base del gobierno. En apenas dos años, el PP creció de 43 a 54 diputados, el PTB de 41 a 47 y el PL de 34 a 54. El problema es que estos partidos y sus miembros carecen de compromisos programáticos y representan el clientelismo y las prácticas corruptas al servicio del gobierno, lo que en Brasil se llama “fisiologismo partidario”. La pérdida del control de la base de apoyo parlamentaria se comprobó en la elección del presidente de la Cámara de Diputados, en febrero de 2005. Fue la primera señal de que algo no funcionaba en la coordinación política del Planalto con el Congreso, al mismo tiempo que revelaba las luchas intestinas en el PT.
Al fracasar una enmienda para reelegir al presidente João Paulo Cunha (PT), se abrió el proceso electivo. El PT se dividió entre dos candidatos del partido, Virgilio Guimarães, candidato disidente, y Luiz Eduardo Greenhalgh, candidato oficial. Desde el Planalto, Aldo Rebelo (Partido Comunista do Brasil), en la dirección de la coordinación política, no logró fraguar un consenso y ante la división del voto petista la oposición inflingió un duro golpe al gobierno y eligió a Severino Cavalcanti (PP), un político pernambucano polémico por su confesado y defendido nepotismo, y que representaba en la Cámara al llamado “bajo clero”. Para atraer a Severino hacia la órbita del gobierno, Lula fue obligado a ofrecer el ministerio de las Ciudades a Marcio Fortes, un político del PP apadrinado por el presidente de la Cámara. Con el estallido de las denuncias, la coordinación política, que ya era pésima, se hizo insostenible, alcanzando un alto grado de descomposición que no garantiza ninguna fidelidad en aras de la gobernabilidad. La aprobación por el Senado de una enmienda que elevaba el salario mínimo de 300 a 384 reales contra la voluntad del gobierno, con un coste de 6.000 millones de euros para las cuentas públicas, ejemplifica la indisciplina en la base aliada.
Los escenarios posibles
Todo puede suceder en la política brasileña. A partir de esta premisa cualquier análisis respecto al futuro exige cautela, ya que la crisis puede tornarse crónica, debiendo esperarse nuevas revelaciones y denuncias o, por lo menos, que las diferentes CPI alcancen conclusiones que permitan determinar la veracidad o no de las acusaciones y el grado de responsabilidad, por acción u omisión, de los implicados, principalmente en la base aliada, en el PT, en el propio gobierno y, last but not least, en el presidente. Al mismo tiempo, la proximidad de las elecciones presidenciales de 2006 complica la crisis pues cualquier intento de Lula por defenderse es interpretado como un acto de campaña y cualquier discurso como una manifestación propia de quien intenta aferrarse al poder diciendo ignorar todo lo que sucedía a su alrededor para eximirse de responsabilidades y presentarse a la reelección. De aquí las reiteradas peticiones a Lula, desde la oposición y desde su propio partido, para que anuncie su renuncia a la reelección.
¿Qué escenarios nos deparará el futuro? Un primer escenario imaginable, pero poco probable, es la renuncia o el impeachment de Lula, acorralado por las denuncias o por evidencias de falta de integridad administrativa, si se demuestra que conocía los manejos de José Dirceu y no intervino. La cuestión clave es si Lula sabía o no de la existencia del “mensalão” y si, como parece probado, dio su visto bueno a la alianza con el PL en las elecciones de 2002, pero sin saber los detalles para formar la coalición. El PL exigió del PT 3 millones de euros para su campaña, como relató el presidente del PL, el ex-diputado Waldemar Costa Neto, en la revista Epoca. Existen tres episodios poco esclarecidos que pueden comprometer a Lula: la compra por la operadora telefónica Telemar de una pequeña empresa propiedad de uno de los hijos de Lula, según la oposición por favoritismos políticos y a un precio por encima de su valor de mercado; un extraño préstamo privado del PT a Lula por 10.000 euros, que podría proceder de los turbios manejos financieros del ex-tesorero petista Delubio Soares y de su prestamista, el omnipresente empresario Marcos Valerio; y el pago ilegal por el PT al publicitario de la campaña de Lula, Duda Mendonça, de 4 millones de euros, con recursos provenientes del exterior, abonados en las Bahamas. Por ahora nada está probado, pero en la mejor de las hipótesis, Lula llegará al final del mandato malherido y bajo fuego cruzado. Este escenario no interesa a nadie, salvo a los partidarios del “cuanto peor mejor”. Es principalmente en las filas de la oposición responsable y moderada donde Lula recoge los principales apoyos para terminar su mandato. El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) sabe que puede ser el principal beneficiario de los votos que dejen de ir a Lula y no le conviene gobernar el país en 2007 con una economía deteriorada por las incertidumbres de una renuncia.
Un segundo escenario, bastante probable, es el de una solución de compromiso entre las diferentes fuerzas políticas que garantice a Lula un mínimo de tranquilidad para acabar su mandato y salir honrosamente del panorama político y también asegure a la oposición que no se investigará demasiado en la compra de votos para la aprobación de la enmienda constitucional que garantizó a Cardoso el derecho de reelección en 1998. En esta especie de arreglo institucional, tan del gusto de la clase política brasileña, se ofrecería a la sociedad la cabeza de algunos culpables, una decena de diputados corruptos que perderían su mandato y el derecho político de presentarse a elecciones en ocho años. Al mismo tiempo se aprobaría en el Congreso a toque de corneta, pues cualquier modificación de la ley electoral debe aprobarse un año antes de las elecciones, una mini-reforma política que camuflase las urgencias del momento, con énfasis en la reducción de los exorbitantes gastos de las campañas electorales, reduciendo de 90 a 45 días el período de campaña, prohibiendo grandes producciones de los candidatos en la televisión e imponiendo manu militari fondos neutros para todos los políticos, evitando así la pirotecnia del marketing político y obligando al elector a prestar atención al discurso y programa de los políticos, con el peligro de hacer del interés por la res publica un asunto tedioso. Se aumentarían las penas para los casos de financiación ilegal de las campañas a través de la famosa “caja dos” o contabilidad paralela y se exigiría de los partidos la publicación de las donaciones recibidas y la justificación de los gastos. Desde luego, nada de ir al fondo de la cuestión, lo que quedaría relegado a un tiempo más oportuno. Esta mini-reforma no atajaría uno de los principales tumores del sistema político: el troca-troca, el transfuguismo de muchos diputados que emigran de los partidos por los que fueron elegidos a partidos próximos al gobierno de turno, produciendo de esta forma tan atípica la deseada gobernabilidad que caracteriza el desafío máximo de este sistema de presidencialismo de coalición. En definitiva, se estará incentivando el papel personalista y disgregador del político-candidato como generador de votos, en detrimento del fortalecimiento de los partidos, del debate programático-ideológico y de la identificación del candidato con su agremiación. Ni una palabra sobre la urgente corrección de las distorsiones en la representación política de los estados de la Federación y amplio desacuerdo sobre el establecimiento de cláusulas de barrera que reduzcan la sopa de letras partidaria.
Un tercer escenario que no se puede descartar, aún pareciendo muy difícil, es la superación de la crisis con una victoria política de Lula y su gobierno, que no del PT. La premisa necesaria es la demostración de que, al menos las denuncias de Roberto Jefferson sobre la existencia de sobornos mensuales pagados por Marcos Valerio, a instancias del PT, a diputados para aprobar proyectos de ley del gobierno o para emigrar a partidos de la base aliada, son falsas y que todo se limitaba a un esquema ilegal de financiación de las campañas electorales del PT y sus aliados, lo que sólo implica un delito electoral por el que nadie paga en Brasil y ser una práctica habitual de todos los partidos. En este caso Lula tendría capacidad de defender ante la opinión pública que fue víctima de un juego sucio para derribarle del poder y podría recuperar su capital político en una parte del electorado todavía receptiva a su discurso y a su liderazgo carismático. El problema para Lula sería encontrar un partido para concurrir con garantía de éxito a las elecciones. Como afirmaba una periodista brasileña “Ni Lula tiene un partido, ni el PT tiene a Lula”. Por otra parte, Lula podría caer en la tentación de un giro que afectase de lleno a la política económica. Estos cantos de sirena vienen patrocinados por sectores empresariales del área industrial cansados de una política económica centrada en la contención de la inflación y el mantenimiento de altos tipos de interés que favorecen a los sectores no productivos y colocan a Brasil en el furgón de cola del crecimiento de los países emergentes.
Las elecciones de 2006
El panorama es bastante confuso y los escenarios propuestos sólo tienen un carácter especulativo dada la sucesión de denuncias y escándalos. Marzo de 2006 está en la mira de los analistas al ser la fecha tope para que los candidatos a las elecciones legislativas y presidenciales cambien de partido y abandonen los cargos públicos para entrar en la batalla electoral. Es el mes en el que se realizarán la mayoría de las convenciones nacionales de los partidos para elegir a sus candidatos presidenciales. La carrera presidencial ya ha comenzado y los candidatos buscan los primeros puestos en la parrilla de salida. Curiosamente, los principales codazos se dan dentro de los partidos, entre candidatos teóricamente amigos.
En el PSDB, el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, busca alianzas con Aecio Neves, gobernador de Minas Gerais, para refrenar los ímpetus de José Serra, actual alcalde de São Paulo, que hoy ya ganaría a Lula en un segundo turno. El ex presidente Cardoso trabaja en un discreto segundo plano acariciando el sueño de presentarse como candidato en una situación de emergencia nacional. En el PFL, la derecha tradicional que tiene su caladero electoral en el deprimido Nordeste, despunta Cesar Maia, actual alcalde de Río de Janeiro, pese a que sus probabilidades de éxito son pequeñas y que muchos en el PFL verían con buenos ojos una coalición con el PSDB si el candidato fuese Geraldo Alckmin. El PMDB vive una batalla interna entre los gubernistas que apoyan a Lula, capitaneados por el ex presidente José Sarney y por el presidente del Senado Renan Calheiros, y los partidarios de presentar una candidatura propia a presidente después de 20 años. Todo indica que el PMDB, el partido con el mayor número de cargos electos, opte por un candidato propio, aunque debe considerarse la posibilidad de una alianza con el PSDB. El problema será decidir entre tres opciones, sin que ello suponga una nueva ruptura interna. Anthony Garotinho, ex gobernador de Río, puede ser el casus belli. Figura polémica por su populismo teñido de religiosidad, aderezado por una verborrea que le vuelve un político simpático e irreverente, desembarcó en el PMDB después de haber disputado las elecciones de 2002 con el PSB. Su talante despierta recelos en el PMDB que no le reconoce como un político comprometido con el partido. Germano Rigotto, gobernador de Río Grande do Sul, es una opción alternativa a Garotinho, pero es un personaje irrelevante a escala nacional. Como candidato de consenso viene maniobrando en la sombra Nelson Jobim, presidente del Supremo Tribunal Federal, que fue barajado como candidato suprapartidario para asumir la presidencia en caso de renuncia o impeachment de Lula y del vicepresidente Alencar.
El caso del PT es más complicado pues vive un imprevisible proceso de descomposición alimentado por las disputas entre los partidarios de José Dirceu, que se niegan a castigar a los culpables, y los proclives a un proceso de refundación del partido capitaneados por Tarso Genro y por el senador Aloizio Mercadante. El enfrentamiento entre las alas más radicales del partido y el Campo Mayoritario, la tendencia de Lula, Dirceu y Genro, agudizado por las prácticas de corrupción reveladas y por el carácter inexorable de la política económica de Palloci, pueden conducir a una desbandada hacia partidos de extrema izquierda y, principalmente, hacia el Partido del Socialismo y la Libertad (PSOL) creado por los ex petistas expulsados por negarse a votar la reforma de la seguridad social. La senadora Heloisa Helena, candidata del PSOL, aparece en las encuestas con un 7% del voto, porcentaje nada despreciable habida cuenta de su potencial de crecimiento. Sin Lula las posibilidades del PT se diluyen y hoy se da por cierto que, aún contando con el efecto arrastre de Lula, el partido sufrirá una debacle en las elecciones de 2006. Cualquier otra candidatura del PT que no sea la de Lula parece hoy inviable. Las encuestas publicadas en agosto reflejan que los escándalos de corrupción han hecho mella en Lula, que perdería las elecciones en el segundo turno contra José Serra del PSDB. Pero a 15 meses de los comicios nadie aventura una predicción, sobre todo porque el factor clave que decidirá las posibilidades de cualquier candidato reside en las alianzas políticas que se vayan fraguando en el segundo trimestre de 2006. En cualquier caso, parece conjurado definitivamente el peligro del surgimiento de algún candidato aventurero al estilo Collor de Melo.
Conclusiones: La amenaza que se cierne sobre Brasil es la frustración y la desesperanza de un electorado que camina a pasos agigantados hacia la apatía y la decepción pero que, obligado constitucionalmente a votar, puede optar por expresar su rechazo a la corrupción y a la clase política anulando su voto en las urnas. Esta forma de protesta, puede ser la alternativa más contundente contra la desmoralización que sufren los partidos políticos implicados en las denuncias y contra las componendas que se tejen en el Congreso Nacional y buscan justificar la mayoría de las ilegalidades cometidas. La viabilidad de la reelección de Lula pasa por la recomposición interna del PT, incluso por su refundación, bajo pena de que el partido transmita a la sociedad una imagen inmovilista y de indolencia frente a la corrupción. El castigo de la anterior cúpula petista y la renovación de sus cuadros dirigentes son condición indispensable para salvar al PT del naufragio y crear las condiciones para la candidatura de Lula a la presidencia. La renuncia de Tarso Genro a presentarse a las elecciones internas para la presidencia del PT, anunciada el 29 de agosto, supone una dura derrota para Lula que apoyaba sus pretensiones y una victoria de Dirceu y sus partidarios del Campo Mayoritario. Ricardo Berzoini, ex ministro de Trabajo, parece la opción de consenso para superar la crisis interna, aunque se apunta un crecimiento de las tendencias más a la izquierda. Los analistas políticos brasileños destacan que existe hoy en Brasil un gobierno sin partido y un partido sin gobierno. El futuro del PT pasa por aferrarse a la figura de Lula, el factor aglutinador de las diferentes tendencias en su historia de 25 años. La cuestión es que no sabemos hasta dónde y hasta cuándo Lula necesitará del PT. Lula encarnó la esperanza de 52 millones de ciudadanos. Puede que muchos de ellos hagan suya, en octubre de 2006, la bienaventuranza de Swift: “Bienaventurados los que nada esperan, porque no se verán decepcionados”.
Bruno Ayllón
Investigador posdoctoral en el Núcleo de Pesquisa en Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo (Brasil)