Tema
El conflicto de Venezuela se ha transformado en una crisis con implicaciones no sólo locales o nacionales, sino también de alcance regional latinoamericano, continental –por el papel de EEUU– y mundial debido al protagonismo asumido por actores extrarregionales como la UE, Rusia y China. En Venezuela se juega tanto su propio futuro como el de los nuevos equilibrios dentro de América Latina, alcanzando incluso ciertas repercusiones geopolíticas internacionales.
Resumen
Al comienzo de 2019, Venezuela se ha convertido en el epicentro de la política internacional debido a que su crisis político-institucional no sólo se ha añadido al colapso económico y social presente desde 2013, sino que también se ha transformado en una crisis regional, por la salida, según algunas estimaciones, de entre tres y de cuatro millones de emigrantes, e internacional, incorporando el pulso mundial entre EEUU, China y Rusia. En este escenario se cuestiona también el papel de la UE como una potencia que basa su política exterior en la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.
Esta crisis pone a prueba el liderazgo hemisférico y mundial de EEUU, la fuerza emergente de China y Rusia, la influencia moral y política de la UE y los equilibrios internos dentro de América Latina. Estos últimos se producen en pleno cambio del ciclo político a causa de la decadencia de los “socialismos del siglo XXI” y el predominio de gobiernos de centroderecha y de derecha. En este contexto, Venezuela supone un grave riesgo para la estabilidad regional: su crisis humanitaria ya afecta principalmente a América del Sur, a la vez que los países vecinos padecen la penetración del crimen organizado y el narcotráfico.
Análisis
La crisis de Venezuela, como cabía esperar por el papel político, geopolítico y energético que ha jugado, se ha transformado en una crisis con implicaciones a escala no sólo nacional, sino también regional, continental –por el papel de EEUU– y mundial, dado el papel relevante y protagónico de la UE, Rusia y China.
La crisis político-institucional venezolana (sumada a la crisis económico-social que se arrastra desde hace más de un lustro) se ha convertido en centro de atención nacional desde 1999 y le proporciona un fuerte protagonismo internacional. Al menos desde mediados de la pasada década, Venezuela ha jugado un papel activo de resistencia a EEUU. Y en torno a su enorme potencial petrolero inicial forjó una amplia coalición “antiimperialista” de alcance regional y extrarregional.
En segundo lugar, dentro de un contexto internacional caracterizado por una creciente multipolaridad, dentro del país se dirimen algunas pugnas geopolíticas que cuestionan el liderazgo estadounidense a escala mundial, con el ascenso de China y el permanente desafío de la Rusia de Vladimir Putin. Y, en tercer lugar, la crisis venezolana se produce en una región profundamente fragmentada, como la latinoamericana, marcada por una heterogeneidad con profundas divisiones. Esto explica la falta de una respuesta latinoamericana unánime y coordinada ante la crisis venezolana, más allá de la actuación de los países del Grupo de Lima en los dos últimos años.
El deterioro de la situación venezolana ha devenido en una crisis multifacética (social, económica y humanitaria). Y a partir del drama social que conlleva la emigración masiva se ha convertido en una crisis regional. La hiperinflación, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos y la crisis político-institucional han empujado a millones de venezolanos fuera del país (según Naciones Unidas han salido unos 3,4 millones, aunque otras estimaciones hablan de entre tres y cuatro millones de emigrantes). Los venezolanos son hoy los cuartos demandantes de asilo, sólo después de Siria, Irak y Afganistán.
Ello ha supuesto un complejo y desconocido desafío para los países sudamericanos, destino de la mayor parte de los emigrantes venezolanos que no pueden ir a EEUU o a Europa. Dada la existencia de importantes colonias de españoles, portugueses (madeirenses) e italianos, sus países de origen se han convertido en destino importante de quienes huyen de Venezuela. En cualquier caso, el flujo más importante se concentra en Colombia y desde allí se derrama por toda la región. De este modo, la llegada masiva de emigrantes presiona a sus débiles economías, caracterizadas por unas inadecuadas infraestructuras sanitarias, educativas, de alojamiento y de transportes. Por eso, no es de extrañar el surgimiento de brotes de xenofobia anti venezolana en algunos países de la región.
También estamos ante una crisis continental e internacional por las consecuencias políticas y geopolíticas que supone la existencia de dos líderes (Nicolás Maduro y Juan Guaidó) que fungen ante los venezolanos y ante el mundo como presidentes legítimos. Tanto el escenario local como la actuación de los actores internacionales allí involucrados experimentaron un vuelco tras la asunción de las competencias del poder Ejecutivo por la Asamblea Nacional el pasado 22 de enero. El fenómeno se acentuó un día más tarde, cuando Juan Guaidó juramentó como presidente encargado.
El Legislativo venezolano se amparó en el artículo 233 de la Constitución para crear un gobierno interino (“cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo… antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección… Y mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional”); y en el artículo 333 para restablecer la vigencia de la Constitución, al considerar ilegítimas las elecciones del 20 de mayo de 2018 en las que Maduro fue reelegido. La Asamblea rechazó la toma de posesión de Maduro del 10 de enero en la sede del Tribunal Supremo de Justicia y no, como es preceptivo, ante la Asamblea Nacional.
Los apoyos internacionales de Juan Guaidó
Estos hechos desencadenaron la división del tablero mundial en partidarios de Maduro y defensores de Guaidó. Donald Trump fue el primero en reconocer a Guaidó. A partir de ese momento se produjo una cascada inmediata de reconocimientos, producto entre otras cosas de las gestiones internacionales llevadas a cabo en los meses precedentes por importantes dirigentes venezolanos (en especial Leopoldo López, María Corina Machado y Julio Borges) para aprovechar la crisis de legitimidad que se le abría al gobierno de Maduro, ya que los comicios de mayo de 2018 no habían sido reconocidos por las principales potencias mundiales: la UE, EEUU y numerosos países de la región. Tras la rápida decisión de Trump, 11 de los 14 países que conforman el Grupo de Lima (Brasil, Canadá, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay), organismo multilateral creado en 2017 para contribuir a solucionar la crisis venezolana, reconocieron la legitimidad de Guaidó como presidente.
A estos países que se han alineado contra el régimen chavista puede unirse pronto uno de los aliados tradicionales de Maduro, El Salvador. El futuro presidente, el recién electo Nayib Bukele, ya ha mostrado públicamente su apoyo a Guaidó, rompiendo así la política sostenida por el actual mandatario Salvador Sánchez Cerén de la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
La decisión de Trump de romper con Venezuela habría sido más compleja de tomar si no se hubiera producido un cambio a escala latinoamericana, que terminó presionando a Washington y Bruselas. Desde su creación en agosto de 2017 el Grupo de Lima comenzó a jugar un papel cada vez más importante. Al año siguiente endureció su discurso, tendencia que se acentuó a partir de enero de 2019. De este modo se tomó una posición clara respecto al gobierno y a la legitimidad de Maduro, abandonando la tradicional política latinoamericana de no injerencia. El 19 de diciembre, tras una reunión en Bogotá, se anunció que ninguno de los miembros del Grupo reconocería los resultados de las elecciones en las que Nicolás Maduro fue reelegido. El 3 de enero todos los países del Grupo, salvo México, reiteraron en un comunicado que dicho proceso electoral carecía “de legitimidad” al no cumplir con los estándares internacionales. Con una mayoría de países de América Latina negando a Maduro su legitimidad, la respuesta de Trump primero y de la UE no podía alargarse demasiado ni ser demasiado contemplativa.
Enseguida emergieron una serie de teorías conspirativas que veían en la estrategia de Trump un intento de EEUU de apoderarse de la riqueza petrolera venezolana. Maduro abundó en esta explicación al asegurar que el presidente estadounidense “está obsesionado, enfermizo con la patria noble de Venezuela ¿Tiene una explicación la obsesión de Donald Trump por Venezuela? Están desesperados por robarle el petróleo a los venezolanos”. Sin embargo, no parece que la estrategia y las decisiones de la Administración Trump hayan pivotado sobre el petróleo. De hecho, es mayor la dependencia petrolera de Venezuela respecto a EEUU que viceversa, sin olvidar el enorme interés de China y Rusia en los hidrocarburos venezolanos. En las dos últimas décadas, bajo la hegemonía del chavismo, Venezuela ha duplicado su dependencia respecto a las exportaciones a EEUU, que han pasado de representar el 20% del total en 1997 al 40% actual; mientras, EEUU disminuyó ese porcentaje del 17% al 13%.
Además, conviene relativizar la importancia geoestratégica del petróleo venezolano por tres razones: en primer lugar, porque los países del Golfo Pérsico juegan un papel mucho más relevante en el abastecimiento mundial; en segundo lugar, EEUU es prácticamente autosuficiente en lo relativo a hidrocarburos, gracias al fracking y al shale oil (petróleo de esquisto), que ha reducido sensiblemente, cerca de un 30%, las importaciones estadounidenses de petróleo; y, finalmente, están los graves problemas que atraviesa la industria petrolera venezolana dada la falta de inversiones y recursos, sin olvidar la politización de la gestión de a PDVSA, convertida en un apéndice del gobierno para financiar sus proyectos. A esto hay que agregar la enorme inversión que supondría la reactivación del sector petrolero venezolano y el tiempo de maduración de muchas de las inversiones que pudieran realizarse.
Las decisiones de la Administración Trump se explican mejor teniendo en cuenta la pérdida de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Con el control de los demócratas el Ejecutivo ha visto como su gran proyecto político y su discurso emblemático –la construcción del muro– quedaban encallados tras semanas de cierre de la Administración. En busca de retomar la iniciativa perdida (más factible en estos momentos en la política internacional que en la nacional), Venezuela resulta funcional para Trump. Allí ha encontrado un discurso alternativo para dirigir a su base electoral, y para captar y reencantar al votante de estados clave con vistas a 2020. Es el caso de Florida, donde el histórico votante anticastrista convive ahora con la oleada de emigrados venezolanos antichavistas. Ese electorado sabe que propiciar el deterioro del régimen bolivariano supone acelerar la decadencia del principal aliado y soporte de Cuba desde 1999.
La respuesta de EEUU y los países latinoamericanos fue inmediata, lo cual contrastó con la estrategia desplegada por la UE. El proceso de reconocimiento europeo a Guaidó ha marchado por otros carriles y ha tenido sus propios tiempos. La postura europea, en la que pesó de forma decisiva la posición del gobierno español, fue en un primer momento más prudente sobre la actitud a adoptar en la crisis venezolana. Tras numerosas reuniones y negociaciones para encontrar una posición común, el gobierno de Pedro Sánchez marcó el tenor de la respuesta comunitaria cuando dio ocho días a Maduro para que pusiera en marcha un proceso que concluyera en elecciones presidenciales.
La Declaración de la alta representante Federica Mogherini respaldó totalmente a la Asamblea Nacional como “la institución democrática legítima de Venezuela”, teniendo en cuenta que sus “poderes deben ser restablecidos y respetados, incluyendo las prerrogativas y protección de sus miembros”. No sólo no reconocía a Maduro, sino que también certificaba su ilegitimidad al considerar que sostenía su mandato sobre unas elecciones que “no fueron libres, justas ni creíbles”, resultando urgente contar con “un gobierno que represente la voluntad del pueblo”. En ningún momento la UE le pidió a Maduro que convocara elecciones, al no tener prerrogativas para hacerlo. Sólo reclamaba “encarecidamente la celebración de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles de acuerdo con los estándares democráticos internacionales y el orden constitucional venezolano”, sin pedírselo a ninguna autoridad en concreto.
Como subrayó Michael Penfold, un economista venezolano, la declaración de Mogherini colocó a Maduro ante un dilema imposible ya que, cualquiera que fuera su decisión, afectaría negativamente a sus intereses. Para Penfold, si Maduro convocaba unas nuevas elecciones estaba aceptando que carecía de legitimidad de origen, de modo que le tocaba “reconocer las decisiones de la Asamblea Nacional y su salida del poder”. Pero, si rechazaba la petición europea, Bruselas podía reconocer a la Asamblea Nacional como el único actor capaz de “restaurar el orden constitucional” al tiempo que reconocía “formalmente la presidencia interina de Guaidó”. Para Penfold, la UE actuó “con mucha inteligencia diplomática y no está “comprando tiempo”. Si Maduro lo rechaza, entonces la posición europea converge con la posición de EEUU y el Grupo de Lima. Si la acepta, igual implica su salida del poder. El círculo está cerrado internacionalmente”.
Tras expirar el plazo, 20 de los 28 países de la UE, incluyendo el Reino Unido, reconocieron a Guaidó como presidente encargado. La negativa, entre otros, de Italia, Grecia y Austria (que finalmente optó por el reconocimiento), impidió una postura unánime dentro del bloque comunitario. A España, Francia y Alemania se sumaron Portugal, el Reino Unido, Dinamarca, los Países Bajos, Hungría, Austria, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, la República Checa, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Suecia, Croacia y Eslovenia. La postura de Grecia se explica por la proximidad política e ideológica de su gobierno con el venezolano, pero en los casos de Austria e Italia hay que añadir la buena sintonía que ambos gobiernos tienen con Vladímir Putin.
Si bien fueron evidentes las dificultades a la hora de encontrar una postura común, la mayor parte de los países europeos reconoció a Guaidó y el comunicado conjunto de los 28 trazó una posición clara: la de tomar “nota de que Nicolás Maduro ha optado por no poner en marcha el proceso electoral. Por ello, y de acuerdo con los preceptos de la Constitución venezolana, reconocen y apoyan a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, como presidente encargado de Venezuela, a fin de que convoque elecciones presidenciales libres, justas y democráticas”.
Al margen de lo ocurrido en el hemisferio americano y en la UE, Guaidó ha recibido otros importantes respaldos, como el de Israel, Marruecos y Australia, de buena relación con EEUU. También es remarcable la actitud de Ucrania, dada su difícil relación con Rusia.
Los apoyos internacionales de Maduro
Por su parte, Maduro cuenta con importantes apoyos internacionales. Una heterogénea gama de países entre los que sobresalen los históricos y menguantes socios del chavismo en América Latina (Cuba, Bolivia y Nicaragua) y algunos de los países caribeños dependientes de Petrocaribe. A estos se suman los clásicos aliados extrarregionales en la lucha contra “el imperialismo”, como Irán y Turquía y dos potencias emergentes con intereses y actitudes muy disímiles como China y Rusia.
Xi Jinping y Vladimir Putin, con formas y estrategias muy diferentes, desafían a EEUU y se han convertido en los dos principales apoyos internacionales del gobierno de Maduro. El petróleo venezolano es clave en la estrategia de desarrollo y expansión mundial china. Para Rusia, por su lado, Venezuela representa una pieza más dentro del juego de Putin frente a EEUU y su objetivo de debilitar la hegemonía estadounidense. Estas dos potencias emergentes tienen importantes intereses económicos, financieros y geopolíticos en Venezuela. Desde 2006, Rusia le prestó cerca de 20.000 millones de dólares. Por su parte, China ha concedido entre 2007 y 2016 más de 60.000 millones de dólares en créditos, conservando un riesgo cercano a los 30.000 millones y unas inversiones por 19.000 millones.
A los intereses económicos hay que añadir los geopolíticos. La rivalidad con EEUU explica la actitud rusa en esta crisis. Venezuela es otra piedra en el zapato que el Kremlin trata de colocar a EEUU. El apoyo de Moscú y Pekín a Caracas se evidenció en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrada a petición de EEUU el pasado 26 de enero. El embajador ruso Vasily Nebenzia acusó a Washington de “iniciar un golpe de Estado” contra Maduro mientras que el representante chino Ma Zhaoxu rechazó la “interferencia extranjera en los asuntos de Venezuela” y se opuso a que la situación del país fuera incluida en la agenda del Consejo. Finalmente, Rusia y China, con el apoyo de Sudáfrica y Guinea Ecuatorial, bloquearon la adopción de una declaración de apoyo a la Asamblea Nacional venezolana.
El papel de China y Rusia en la crisis venezolana es muy diferente. La reacción de China ha sido mucho más sutil y comedida que la de Rusia. El gobierno de Putin busca continuada y persistentemente chocar con Washington, obstaculizar su liderazgo y desgastar a las diferentes Administraciones que ocupan la Casa Blanca. En realidad, a Moscú lo que ocurre en Venezuela le resulta funcional en tanto crea problemas a EEUU en su ámbito de influencia (el famoso “patio trasero”). Tampoco hay que olvidar que la situación venezolana pone en riesgo las inversiones y los préstamos rusos. En 2017 la compañía estatal energética Rosneft asumió el control del 49,9% de Citgo (la filial de la venezolana PDVSA en EEUU). La capacidad de disrupción de Rusia tiene unos límites muy claros ya que como señala Ana Palacio “a medida que la crisis se extiende, el apoyo a Maduro se ha suavizado. El Kremlin ahora respalda los llamados al diálogo entre el régimen y la oposición… el compromiso ruso con Maduro también se debilita porque los vecinos de Venezuela han adoptado una posición unificada sobre el tema. Esto contrasta fuertemente con el conflicto sirio, donde las divisiones profundas entre Turquía, Arabia Saudí e Irán han creado oportunidades para la irrupción… En Siria, como en Ucrania, Rusia llenó un vacío dejado por un Occidente que no estaba dispuesto a actuar. En Venezuela, en contraste, EEUU ha indicado que responderá agresivamente a una provocación… No hay un vacío de Occidente en Venezuela y Rusia está retrocediendo”.
En el caso chino, si bien el pasado 24 de enero su cancillería mostró su apoyo a Nicolás Maduro y censuró la “intrusión en asuntos internos” por EEUU, posteriormente su Ministerio de Asuntos Exteriores anunció que mantiene “estrechos contactos con todas las partes” involucradas en la crisis “a través de varios canales” e incluso se ofreció como mediador. Se trata de la prueba de que China piensa a largo plazo y también de un reconocimiento tácito de negociaciones para garantizar la continuidad de sus intereses en caso de un cambio de gobierno, aunque de momento estas no se confirman públicamente.
Putin no posee el músculo (ni capacidad económica ni militar) para sostener a Maduro. China, por el contrario, posee el músculo económico suficiente, pero el gobierno de Xi Jinping aspira a ser visto como un actor internacional confiable y proactivo y no como un rogue state, papel que parece cumplir la Rusia de Putin que en realidad trabaja para salvaguardar su inversión y también el acceso al petróleo venezolano que le resulta vital.
También es reseñable el respaldo a Maduro de Irán y Turquía. La relación con el gobierno turco, que busca aumentar su presencia económica en América Latina, se ha incrementado políticamente desde 2016, cuando el ejecutivo de Recep Tayyip Erdoğan sufrió un golpe de Estado que derivó en un empeoramiento de sus relaciones con EEUU. Se trata de una alianza basada en comunes intereses geopolíticos (rechazo a EEUU) a los que se han unido vínculos económicos: la venta de oro venezolano a Turquía a cambio de alimentos y medicinas.
Más fuertes son los vínculos con Irán, otra nación petrolera con la que Venezuela comparte membresía en la OPEP, y que tiene una agenda latinoamericana de apoyo y cercanía hacia los regímenes y gobiernos opuestos a EEUU, como Bolivia. Venezuela e Irán sellaron en tiempos de Chávez y Mahmoud Ahmadinejad una sólida alianza, que aún sigue vigente pese a haber perdido fuerza. Guaidó ha denunciado la presencia de Hezbollah en Venezuela y en plena crisis se acaba de reunir la Comisión Bilateral Irán-Venezuela, con el objeto de fortalecer las relaciones de cooperación entre ambas naciones.
En América Latina, Cuba, Bolivia y Nicaragua, los restos de lo que en su día fue una gran alianza regional que reunía a socios y aliados del régimen bolivariano, son el eje del apoyo a Maduro. Chávez logró construir una amplia coalición regional basada en su liderazgo personal, un proyecto alternativo a la hegemonía estadounidense, apoyado en la abundante capacidad financiera que tuvo gracias a la escalada de los precios del petróleo. Esto le permitió crear Petrocaribe y el ALBA (Alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América, originalmente Alternativa bolivariana de las Américas), funcionales a sus proyectos de liderazgo regional.
El “imperio” chavista fue decreciendo desde 2009, a medida que le abandonaban socios y aliados (Honduras en 2009, Paraguay en 2012, Argentina en 2015, Brasil en 2016, Ecuador en 2017 y El Salvador en 2019), disminuía su capacidad económica y de financiación a causa de la crisis venezolana y el país perdía liderazgo regional y mundial tras la desaparición de Chávez (2013). Este vacío nunca lo pudo llenar Maduro. El aislamiento del proyecto bolivariano en América Latina se ha profundizado desde 2015, coincidiendo con el inicio de un nuevo ciclo político en la región, traducido en la emergencia de partidos y liderazgos de centroderecha y derecha. La Colombia del uribista Iván Duque y el Chile de Sebastián Piñera han liderado la iniciativa de reconocer a Guaidó y el gobierno de Bogotá está cumpliendo un papel estratégico a la hora de dar cobertura a la entrega de ayuda humanitaria.
Por último, Maduro también cuenta con el respaldo y la solidaridad de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, pues no en vano estas fuerzas actúan en territorio venezolano sin ser molestadas por las autoridades y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Los vínculos entre el ELN y el régimen son de tipo ideológico (la guerrilla se declara bolivariana), económicos (el ELN se encuentra presente en los estados claves del conocido como Arco Minero del Orinoco, donde cobra extorsiones para permitir la salida de oro) y estratégico (Venezuela funciona para la guerrilla como un santuario desde el que planear acciones en Colombia).
Intentando una cierta equidistancia entre Maduro y Guaidó están México y Uruguay. Ambos trabajaron al comienzo de esta crisis a favor de un diálogo entre las dos partes sin pedir nuevas elecciones ni reconocer a Guaidó. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ampara en el corolario de la Doctrina Estrada, basado en la “no intervención” y “el derecho de autodeterminación de los pueblos”, para no reconocer a Guaidó. López Obrador ha explicado que “ya pasó el tiempo en el que desde el extranjero se ponían o quitaban presidentes al antojo de las hegemonías. Eso no. O sea, son otros tiempos. Los pueblos tienen que autodeterminarse. Eso es lo más adecuado, no es estar a favor o en contra, es no intervención, autodeterminación de los pueblos”. Uruguay, que mantenía una postura similar a la de México, se ha acercado a la posición europea de solicitar un “diálogo” junto a elecciones “con todas las garantías”.
Por último, cabe reseñar la postura de la diplomacia del Vaticano y, en concreto, del Papa Francisco, quien ha admitido su predisposición a mediar siempre que lo soliciten ambas partes. El papa ha recibido una carta de Maduro reclamando “la mediación” del pontífice y Guaidó le ha pedido su “colaboración” para hallar una salida a la crisis. Francisco, que anunció que el Vaticano no tomará partido en este conflicto por considerarlo “imprudente”, no desea verse envuelto en otra mediación que no conduzca a buen puerto, sin duda escarmentado por anteriores mediaciones en diálogos fracasados. Pese a este intento de equidistancia resulta muy significativa la carta que Francisco ha dirigido a Maduro y que ha publicado el Corriere della Sera. A diferencia de otras misivas que tienen como destinatarios a mandatarios, esta se inicia con un “Excelentísimo señor Nicolás Maduro” y no le nombra como “presidente”. Además, Francisco le indica que las condiciones no están dadas para una mediación del Vaticano.
En este panorama de fragmentación internacional y contradicciones internas entre los diferentes actores emergen tres propuestas diferentes para encauzar la crisis venezolana: la del Grupo de Lima, la del Grupo Internacional de Contacto y la conocida como Iniciativa de Montevideo. Ninguna de las tres cuenta, en su interior, con el pleno consenso de los países que lo integran. En el Grupo de Lima, favorable a Guaidó, hay tres miembros que no lo reconocen (México, Guyana y Santa Lucía). Por eso, 11 de los 14 países que lo forman, tras reunirse a comienzos de febrero en Ottawa, suscribieron una declaración reiterando su apoyo al presidente encargado, rechazando el “uso de la fuerza” y apuntando que toda iniciativa diplomática debe estar dirigida a poner en marcha la hoja de ruta propuesta por Guaidó. Esta busca promover una transición democrática, inmediata y pacífica, que logre la salida de Maduro y un proceso electoral transparente y justo. Asimismo, rechazaron el diálogo con el régimen por considerar que Maduro ha utilizado las iniciativas de diálogo “transformándolas en maniobras dilatorias para perpetuarse en el poder”.
Uruguay, México y la Comunidad del Caribe (Caricom) pusieron en marcha el Mecanismo de Montevideo, que busca la paz en Venezuela en cuatro etapas: diálogo inmediato, negociación, compromisos e implementación. México y Uruguay, atendiendo el llamado de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, coincidieron en que “la única vía para abordar la compleja situación que prevalece en Venezuela es el diálogo para la negociación, desde una perspectiva de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos”.
El tercer mecanismo es el del Grupo Internacional de Contacto impulsado por la UE y que resume los tres pilares de la propuesta europea, comenzando por la convocatoria de elecciones libres. Segundo, la UE no contempla a Maduro como presidente legítimo y, tercero, los países europeos sostienen que hay que mantener los puentes de diálogo entre oposición y chavismo.
La UE ha puesto en marcha un grupo de contacto, con un plazo de 90 días, para intentar alcanzar una “solución venezolana” mediante la convocatoria de elecciones presidenciales “libres, transparentes y creíbles”. El Grupo de Contacto está formado por países miembros de la UE (Francia, el Reino Unido, Alemania, Portugal, España, los Países Bajos, Italia y Suecia) y con integrantes latinoamericanos (Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia). La UE, sin negar legitimidad a la oposición, intenta mantener abiertos canales de diálogo porque la situación sigue siendo muy fluida, con un final incierto y probabilidades de que aumente la represión, con una salida traumática. En ese contexto se inscribe que este Grupo acordara enviar una misión técnica y volver a reunirse en marzo para seguir trabajando en un proceso que permita llegar a una “solución venezolana” del conflicto.
Conclusiones
El futuro de Venezuela se va a decidir en sus calles e instituciones. La presión internacional es determinante pero no decisiva. Es determinante en el caso de los países que respaldan a Guaidó para agrandar las grietas del régimen y que pueden incrementarse a medida que se profundice el aislamiento de Maduro. Y también lo es para los países cercanos al régimen bolivariano para disminuir la sensación de aislamiento internacional que sufre Venezuela.
Pero los actores internacionales no son decisivos porque su capacidad de incidir en la realidad venezolana es acotada y limitada. EEUU ha coqueteado con la posibilidad de intervenir militarmente, aunque todo indica que es más una estrategia para incrementar la presión a la que está sometida el régimen que una iniciativa que se contemple seriamente.
Una intervención militar estadounidense se antoja compleja, desgastante y poco conveniente desde un punto de vista económico. De ejecutarse, EEUU se arriesgaría a perder una parte sustancial del respaldo con el que cuenta su actual política hacia el régimen de Maduro, ya que tanto los países de América Latina como la UE proponen y trabajan por conseguir una solución pacífica de la crisis.
Mucho más efectivas –y menos costosas económica y humanamente– son las sanciones promovidas por la Administración Trump, en especial las referidas al bloqueo de los ingresos venezolanos provenientes del petróleo. Cuanto más cierre EEUU ese grifo, menor será el margen de acción del régimen chavista. Por eso el mayor golpe que ha recibido el régimen de Maduro en las últimas semanas ha sido el paquete de sanciones contra la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que incluían la congelación de sus fondos en EEUU, por valor de unos 7.000 millones de dólares. Fue un misil en la línea de flotación de un régimen que acumulará pérdidas en exportaciones por 11.000 millones de dólares, según el asesor de Seguridad Nacional John Bolton. Si EEUU afronta estos importantes límites a su capacidad de intervención directa en Venezuela, los obstáculos son mucho más evidentes para la UE y los países latinoamericanos, así como para Rusia y China por lejanía geográfica, falta de medios materiales y económicos (Rusia) y voluntad para involucrarse (China).
Si bien la comunidad internacional puede resultar determinante respecto al futuro venezolano, será decisivo lo que ocurra dentro del país. La posibilidad de que colapsen los respaldos que tiene el régimen (en especial el apoyo militar) ante la doble presión internacional y nacional es en 2019 más factible que nunca. En ese contexto, la ayuda humanitaria que los países que han reconocido a Guaidó tratan de hacer llegar a Venezuela puede resultar altamente desestabilizante al crear al interior del régimen (que rechaza esa ayuda) y entre los militares fuertes disensiones y controversias a la hora de tomar una decisión sobre cómo actuar. La estrategia de Guaidó de prometer indultos y “leyes del olvido” y tender puentes con sectores descontentos del chavismo, de las Fuerzas Armadas, e incluso su promesa de pagar las deudas que el régimen mantiene con China y Rusia, posibilitan un desenlace desfavorable para Maduro.
El gobierno de Venezuela, tanto en época de Chávez como en la actual, y la oposición antichavista mantienen una larga “guerra de desgaste” que hasta ahora se ha saldado a favor del chavismo. Hoy ambas partes continúan la misma guerra pero, a diferencia de situaciones anteriores, la balanza parece inclinarse a favor de la oposición. ¿Qué es lo que lo hace diferente respecto a 2002-2003 o a lo ocurrido entre 2014 y 2018? Fundamentalmente, cuatro factores: (1) a diferencia de lo acontecido desde 2014, la oposición se encuentra unida, apegada a una hoja de ruta, sin diferencias internas en torno a la estrategia ni sobre quién debe asumir el liderazgo, pues Guaidó reúne un amplio consenso; (2) la comunidad internacional, como nunca anteriormente, se ha posicionado mayoritariamente al lado de la oposición, sumiendo a Venezuela en un aislamiento sin precedentes; (3) al aislamiento internacional se ha unido la fuerte presión interna producto de las movilizaciones sociales y de una pérdida de respaldo popular hacia el gobierno, consecuencia de la profunda crisis económica; y (4) como resultado de todo lo anterior, las grietas dentro del oficialismo y de las Fuerzas Armadas parecen estar aumentando y, de forma paralela, tensionando al gobierno y reduciendo el margen de acción del régimen.
Como apunta Luis V. León, el mandatario venezolano afronta “un dilema nada fácil y podría negociar la ayuda humanitaria, pero distribuida internamente por organizaciones de cooperación internacional no controladas por EEUU”. Incluso si ese escenario no cumpliera con el cometido teórico de sus ejecutores, la estrategia de sus adversarios seguiría su curso: retar el poder de Maduro dentro del país y ponerlo cada vez más cerca de momentos de quiebre y de reconocimientos propios de debilidad. Algo que nunca es bueno para el poder retado.
Carlos Malamud
Investigador principal, Real Instituto Elcano | @CarlosMalamud
Rogelio Núñez
Profesor colaborador del IELAT, Universidad de Alcalá de Henares
